Sentencia TC/0058/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de marzo de 2015 · Expediente TC-05-2013-0208

recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Denny F. Silvestre, procurador fiscal de la Unidad de Litigios Final de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, contra la Sentencia núm. 140-2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0058/15?

El recurso se interpuso dentro del plazo franco y hábil de cinco días y reviste especial trascendencia constitucional porque permite continuar desarrollando el criterio sobre la afectación del derecho de propiedad por la retención injustificada de un vehículo (TC/0058/15, numeral 10, a–d, pág. 15; TC/0058/15, numeral 10, e–f, pág. 16). El procurador fiscal tenía calidad para recurrir en representación de la Procuraduría Fiscal, en aplicación de los principios de unidad de actuación e indivisibilidad del Ministerio Público (TC/0058/15, numeral 10, g–h, pág. 16; TC/0058/15, numeral 10, i, pág. 17).

El acta de inspección que señala discrepancias en los números de chasis no basta por sí sola para retener indefinidamente el vehículo. La Ley núm. 241 prevé un procedimiento en el que corresponde a un juez decidir sobre las sanciones y la confiscación, con oportunidad para que las partes presenten sus pruebas. Al no constar un proceso penal en curso ni una denuncia de robo, la negativa a devolver el vehículo fue injustificada (TC/0058/15, numeral 11, c–d, pág. 18; TC/0058/15, numeral 11, e, pág. 19; TC/0058/15, numeral 11, f–g, pág. 20). El astreinte debe imponerse a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y no al fiscal personalmente, pues este actuó en representación de esa institución (TC/0058/15, numeral 11, h, pág. 20).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge parcialmente el recurso para modificar el ordinal segundo de la Sentencia núm. 140-2013 y fijar el astreinte contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, a favor del Cuerpo de Bomberos de la provincia Santo Domingo, en RD$10,000.00 por cada día de retraso una vez vencido el plazo de cinco días hábiles para cumplir. Confirma la sentencia en lo demás, incluida la devolución del vehículo, y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“El Ministerio Público es único e indivisible.” (TC/0058/15, numeral 10, i, pág. 17)
“el acta no puede, por sí sola, producir la retención y confiscación de un bien de manera indefinida, sin que se genere, a tenor de ella, el curso de una acción penal.” (TC/0058/15, numeral 11, e, pág. 19)
“al retener el vehículo actuó en representación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, no de manera personal” (TC/0058/15, numeral 11, h, pág. 20)

Normas interpretadas

Constitución: artículo 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 93, 95 y 100.

Ley núm. 834: artículo 44.

Ley núm. 133-11: artículos 22 y 23.

Ley núm. 241: artículos 27, numeral 14, y 28, literal g).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0007/12 y TC/0084/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos que figuran en el expediente así como de los argumentos y hechos invocados por las partes, se desprende que el conflicto tiene lugar cuando el señor Sócrates Pérez Brito se dirigió a la Fiscalía del sector Hondura (Plan Piloto) para hacer la revisión correspondiente a un vehículo de motor que había comprado, a los fines de hacerse expedir la matrícula de propiedad en la Dirección General de Impuestos Internos. A raíz de la solicitud de verificación que hiciera el señor Sócrates Pérez Brito, el vehículo fue retenido por el fiscal coordinador para Asuntos de Vehículos de Motor Robados, Adolfo Féliz, debido a la presunta alteración y modificación de los sellos de seguridad y de la diferencia presentada en el número de chasis fijo en la parte frontal y de los sellos de seguridad ubicados en los guardalodos del vehículo, conforme se desprende del Acta de inspección de vehículo de motor núm. 3987-13, del nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), expedida por el segundo teniente de la Policía Nacional, Robin Ramírez Jiménez, perteneciente a la Subdirección Central de Investigaciones de la Policía Científica. A raíz de esto, le fue retenido el vehículo de motor al señor Sócrates Pérez Brito, quien, al no obtener respuesta de la solicitud de devolución que le realizara al doctor Adolfo Féliz, procedió a accionar en amparo ante la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el seis (6) de septiembre de dos mil trece (2013). El referido tribunal concedió el amparo y ordenó la devolución del vehículo en cuestión, mediante la Sentencia núm.140-2013 del diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). Con motivo de la referida sentencia, Denny F. Silvestre, procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional, director de la Unidad de Litigación Final, procedió a interponer un recurso de revisión constitucional de la Sentencia núm. 140-2013.

TC/0058/15, numeral 8, pág. 13 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo

a. En la especie, estamos apoderados de un recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la Sentencia núm. 140-2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013).

b. A los fines de determinar la admisibilidad del recurso, se hace necesario verificar si el mismo fue interpuesto en tiempo hábil y si reviste de especial trascendencia o relevancia constitucional para que este tribunal lo examine y decida sobre el asunto planteado. Al respecto, el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 dispone que el recurso de revisión debe ser interpuesto en el plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia, plazo que ha sido interpretado por este tribunal mediante la Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), en el sentido de no computarse el primer y último día de la notificación de la sentencia, y los días no laborales, por lo que el término se considera franco y hábil.

c. En efecto, se verifica que el recurso cumple con el plazo establecido por la Ley núm. 137-11, pues la sentencia objeto de impugnación fue notificada mediante el Acto núm. 362/2013, del primero (1º) de octubre de dos mil trece (2013), y el recurso fue depositado el ocho (8) de octubre de dos mil trece (2013).

d. Además de lo anterior, la admisibilidad del recurso de revisión de amparo está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, conforme lo dispone el artículo 100 de la Ley núm. 137-11.

TC/0058/15, numeral 10, a–d, pág. 15 — PDF oficial

e. Si bien esta disposición legal es de naturaleza abierta e indeterminada, este tribunal, en la Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), procedió a precisar el concepto al indicar los supuestos que deben verificarse para el cumplimiento del requisito establecido en este artículo: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

f. En lo que respecta a la especial trascendencia a la que se refiere el artículo 100 de la citada ley núm. 137-11, el Tribunal entiende que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo satisface este requisito, pues le permitirá continuar desarrollando la cuestión relativa a la vulneración del derecho de propiedad por efecto de la retención de un vehículo sin causa que justifique la limitación del goce, disfrute y disposición de su bien mueble; razón por la cual el recurso deviene admisible y este tribunal procede a examinarlo.

TC/0058/15, numeral 10, e–f, pág. 16 — PDF oficial

g. Respecto a la falta de calidad del señor Denny F. Silvestre, procurador fiscal de la Unidad de Litigios Final de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, para recurrir en revisión la Sentencia núm. 140-2013, y que ha sido invocada por la parte recurrida, señor Sócrates Pérez Brito, este tribunal procede a examinarla haciendo uso del carácter supletorio del derecho común y en virtud del artículo 44 de la Ley núm. 834, del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), que modifica varias disposiciones del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad (…)”.

h. En ese sentido, resulta necesario precisar que la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público del nueve (9) de junio de dos mil once (2011), establece en el artículo 23 el principio de unidad de actuaciones, que prescribe: El Ministerio Público es único para todo el territorio nacional. Cada miembro del Ministerio Público encargado de la investigación actúa ante toda jurisdicción competente, impulsa la acusación o cualquier otro acto conclusivo, sustenta los recursos que correspondan y lo representa íntegramente en todo el territorio de la República. El Procurador General de la República puede emitir instrucciones generales para homogeneizar las actuaciones del Ministerio Público. Los miembros del Ministerio Público deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.

TC/0058/15, numeral 10, g–h, pág. 16 — PDF oficial

i. Ese principio se sustenta en el principio de indivisibilidad establecido en el artículo 22 de la referida ley núm. 133-11, el cual indica que: “El Ministerio Público es único e indivisible. Sus miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y representación del Ministerio Público”. En ese sentido, procede rechazar el medio de inadmisibilidad propuesto por la parte recurrida, pues el señor Denny F. Silvestre, procurador fiscal de la Unidad de Litigios Final, al recurrir la Sentencia de amparo núm. 140-2013, del diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), lo hace en representación de la Procuraduría Fiscal y en virtud de los principios de unidad y de indivisibilidad del Ministerio Público.

TC/0058/15, numeral 10, i, pág. 17 — PDF oficial

11. Análisis de fondo del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo

a. El recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Denny F. Silvestre, procurador fiscal de la Unidad de Litigios Final de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, pretende la anulación de la Sentencia núm. 140-2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), mediante la cual acogió la acción de amparo interpuesta por Sócrates Pérez Brito y, en consecuencia, ordenó la devolución del vehículo retenido por la Fiscalía del sector Honduras (Plan Piloto), en manos de Adolfo Féliz, fiscal coordinador para Asuntos de Vehículos de Motor Robados.

b. Uno de los argumentos presentados por la parte recurrente en revisión fue la imposibilidad que tuvo el accionado de asistir a la jurisdicción de juicio y de presentar las pruebas que justifican la retención del vehículo objeto del litigio; sin embargo, conviene precisar que Adolfo Féliz, fiscal coordinador para Asuntos de Vehículos de Motor Robados, fue debidamente citado para comparecer a la audiencia del diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), mediante el Acto núm. 341/2013, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), instrumentado por Víctor Cuello, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual fue notificado el Auto de fijación de audiencia núm. 226/2013, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013).

TC/0058/15, numeral 11, a–b, pág. 18 — PDF oficial

c. El ahora recurrente en revisión, Denny F. Silvestre, al apoderar el Tribunal Constitucional para la revisión constitucional de la sentencia de amparo, depositó el Acta de inspección de vehículo de motor núm. 3987-13, del nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), expedida por el segundo teniente de la Policía Nacional, Robin Ramírez Jiménez, perteneciente a la Subdirección Central de Investigaciones de la Policía Científica, en la cual se indica que los sellos de seguridad del vehículo fueron desprendidos y que el vehículo presenta un número de chasis fijo en la parte frontal distinto al de los sellos de seguridad ubicados en los guardalodos.

d. Si bien la referida acta refleja una diferencia en los números de chasis ubicados en la parte frontal y en los guardalodos del vehículo Honda, marca Civic, color blanco, el año de fabricación que allí se indica es mil novecientos ochenta y siete (1987), mientras que en el certificado de propiedad del vehículo de motor, expedido el veintisiete (27) de octubre de dos mil ocho (2008), que también consta como prueba documental, se señala que el año de fabricación es mil novecientos noventa y seis (1996).

TC/0058/15, numeral 11, c–d, pág. 18 — PDF oficial

e. Al respecto, conviene precisar que el acta no puede, por sí sola, producir la retención y confiscación de un bien de manera indefinida, sin que se genere, a tenor de ella, el curso de una acción penal. En ese sentido, resulta importante indicar que de los documentos presentados a este tribunal, se pudo constatar que la retención del vehículo fue realizada sin que existiera un proceso penal en curso que tuviera como objeto el bien descrito en esta sentencia, por lo que la negativa de entrega es injustificada, tal como lo determinó la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en la Sentencia núm. 140-2013, del diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013). Además, la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor del veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y siete (1967), en el artículo 28, literal g), establece un procedimiento para la incautación y posterior confiscación del bien, en caso de exista una alteración de la información identificativa del vehículo, en cuyo caso compete a un juez determinar la suerte del bien y del propietario del mismo, situación que no se produjo en virtud de que no se inició una acción penal por violación a dicha ley núm. 241.

TC/0058/15, numeral 11, e, pág. 19 — PDF oficial

f. De lo anterior se colige que la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor del veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos sesenta y siete (1967), ha establecido un procedimiento en el que se concluya con una sentencia de un juez que se pronuncie sobre la sanción pecuniaria, privativa de libertad y de confiscación del vehículo en caso de violación de la disposición del artículo 27, numeral 14 1 , en aras de salvaguardar el debido proceso y darle la oportunidad a las partes -propietario y Procuraduría Fiscal- de presentar las pruebas que avalen sus pretensiones, por lo que el procurador fiscal, Adolfo Féliz, no podía retener el vehículo de manera arbitraria sin dar curso a una acción penal.

g. Este tribunal fijó posición a través de la Sentencia TC/0084/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), que expresa que corresponde al juez de la instrucción determinar la procedencia de la devolución de bienes incautados, por ser un juez de garantías que dispone de los medios pertinentes sobre la investigación penal de que se trate. En la especie, al no constar prueba alguna de que exista un proceso penal abierto contra el señor Sócrates Pérez Brito o una denuncia de robo del vehículo de motor envuelto en la disputa, procede rechazar el recurso de revisión constitucional y confirmar la sentencia en los términos que más adelante se indicarán.

TC/0058/15, numeral 11, f–g, pág. 20 — PDF oficial

h. Finalmente, en relación con el astreinte impuesto por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, resulta necesario precisar que el señor Adolfo Féliz, fiscal coordinador para Asuntos de Vehículos de Motor Robados, al retener el vehículo actuó en representación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, no de manera personal, razón por la cual el juez de amparo debió imponer un astreinte contra la Procuraduría 1 Queda prohibido borrar, alterar o tapar el número de serie o identificación del motor o el del chasis de un vehículo de motor o el de un remolque. Fiscal, en lugar de hacerlo en perjuicio del señor Adolfo Féliz. Es por ello que para garantizar la ejecución de la presente sentencia, el astreinte se fijará en la forma y modalidad que se indicará en el dispositivo de esta sentencia, en virtud de lo previsto en el artículo 93 de la Ley núm. 137-11. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, así como el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0058/15, numeral 11, h, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Denny F. Silvestre, procurador fiscal de la Unidad de Litigios Final de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, contra la Sentencia núm. 140-2013, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ACOGER parcialmente el recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia: a) MODIFICAR el ordinal segundo de la Sentencia núm. 140-2013, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), a los fines de fijar el astreinte contra la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y a favor del Cuerpo de Bomberos de la provincia Santo Domingo, por un monto de diez mil pesos con 00/100 (RD$10,000.00) diarios por cada día de retraso en el cumplimiento de esta sentencia, a partir del plazo de cinco (5) días hábiles otorgado para el cumplimiento de esta decisión; y b) CONFIRMAR, en los demás aspectos, la Sentencia núm. 140-2013.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Denny F. Silvestre, procurador fiscal de la Unidad de Litigios Final de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, y la parte recurrida, Sócrates Pérez Brito, así como al señor Adolfo Féliz, fiscal coordinador para Asuntos de Vehículos de Motor Robados.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0058/15, del 30 de marzo de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0058-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.