Sentencia TC/0067/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de mayo de 2019 · Expediente TC-08-2014-0027
Relativo al recurso de casación interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el doce (12) de enero de dos mil once (2011).
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0067/19?
El Tribunal admite el recurso por su especial trascendencia constitucional, pues el caso le permite continuar desarrollando su jurisprudencia sobre el derecho al nombre y a la identidad. Aunque, por regla general, el amparo dirigido a ejecutar una sentencia es inadmisible por notoria improcedencia, el Tribunal distingue este caso sin dejar sin efecto el precedente. La falta de expedición del acta de nacimiento rectificada afecta los derechos al nombre, al apellido y a la identidad, que ameritan una tutela judicial diferenciada. La distinción se justifica, además, por la protección especial y reforzada que requiere el menor de edad conforme al principio de su interés superior (TC/0067/19, numeral 9, c, pág. 23; TC/0067/19, numeral 10, j–g, pág. 28; TC/0067/19, numeral 10, l–m, pág. 29; TC/0067/19, numeral 10, n–p, pág. 30; TC/0067/19, numeral 10, 10.2.3, pág. 31).
La negativa de la Junta Central Electoral a inscribir la rectificación ordenada judicialmente fue arbitraria, pues privó a los afectados del ejercicio de sus derechos a la identidad, al nombre y a los apellidos. La Junta debía cumplir la sentencia aunque no la compartiera, y en el expediente no constaba prueba de la apelación que afirmó haber interpuesto. Por ello, el Tribunal confirma la sentencia de amparo y considera innecesario examinar la solicitud de suspensión, por carecer de objeto e interés jurídico (TC/0067/19, numeral 10, q–u, pág. 32; TC/0067/19, numeral 10, v, pág. 33).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de la Junta Central Electoral, lo rechaza y confirma la Sentencia núm. 00026/11, que había acogido la acción de amparo. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“Respecto de la acción de amparo que tiene como finalidad la ejecución de una sentencia, como ocurre en la especie, este tribunal ha establecido que la misma es notoriamente improcedente y, en consecuencia, inadmisible en aplicación del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.” (TC/0067/19, numeral 10, j–g, pág. 28).
“Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal Constitucional no observará el referido precedente, es decir, que aplicará la técnica del distinguishing (distinción) tomando en cuenta que la no expedición de un acta de nacimiento constituye una afectación en el derecho al nombre, al apellido y a la identidad.” (TC/0067/19, numeral 10, l–m, pág. 29).
“Este tribunal constitucional considera, además, que la Junta Central Electoral obró de manera incorrecta, en razón de que, ante una sentencia de un tribunal, el deber de dicha institución es dar cumplimiento a la misma, aunque no la comparta.” (TC/0067/19, numeral 10, q–u, pág. 32).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 55, numerales 7 y 8; 56; y 72, in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.4, 7.6, 66, 70.3, 100 y 104.
Ley núm. 136-03: principio V.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/0183/15, TC/0147/13, TC/0188/14, SU047/99 (Corte Constitucional de Colombia), TC/0011/13, TC/0051/13, TC/0034/13 y TC/0030/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
En la especie, conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y alegatos de las partes, de lo que se trata es de un conflicto que se origina en ocasión de la ejecución de una sentencia que ordenó la rectificación de dos actas de nacimiento. Dicho conflicto consiste en que la Junta Central Electoral se niega a realizar la referida rectificación, alegando que el tribunal que dictó la sentencia no era el competente para ello, en lo que se refiere al menor de edad. Ante tal eventualidad, el señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez interpuso una acción de amparo en contra de la Junta Central Electoral, por entender que le estaban violando sus derechos fundamentales y el de su hijo menor de edad. El tribunal apoderado acogió la acción de amparo mediante la sentencia objeto del recurso que nos ocupa.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En este sentido:
a. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo al derecho al nombre y a la identidad de las personas.
10. Sobre el fondo del presente recurso
a. En la especie, se trata de un conflicto que se origina con ocasión de la ejecución de una sentencia que ordenó la rectificación de dos actas de nacimiento. Dicho conflicto consiste en que la Junta Central Electoral se niega a realizar la referida rectificación, alegando que el tribunal que dictó la sentencia no era el competente para ello, en lo que se refiere al menor de edad.
b. Ante tal eventualidad, el señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez interpuso una acción de amparo en contra de la Junta Central Electoral, por entender que le estaban violando sus derechos fundamentales y el de su hijo menor de edad. El tribunal apoderado acogió la acción de amparo mediante la sentencia objeto del recurso que nos ocupan.
c. La Junta Central Electoral se niega a ejecutar la Sentencia núm. 10/01211, dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de junio del dos mil diez (2010). Según la indicada institución, de las dos actas de nacimiento rectificadas, el tribunal de referencia solo podía rectificar la que correspondía al mayor de edad, no así la relativa Vladimir Alexander, quién era menor de edad y, en consecuencia, le correspondía al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional realizar esta última rectificación.
d. Es oportuno destacar que la Junta Central Electoral ha manifestado su disposición de ejecutar parcialmente la sentencia de referencia, en particular, la parte del dispositivo que concierne al señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez, quien era mayor de edad en el momento que tuvo lugar el proceso de rectificación que nos ocupa.
La acción de amparo que nos ocupa fue acogida, mediante la sentencia recurrida, la cual se fundamenta en los alegatos que se copian a continuación: CONSIDERANDO: Que en definitiva la actitud asumida por el órgano del Estado alegando una legalidad absurda, retrograda, irracional alejada de la verdadera función de un órgano del Estado, con el fin y propósito agilizar y viabilizar los procesos de rectificación como el caso de la especie, queres obvio que se trata de una simple corrección de MONTISANO por MONTESANO, cuestión que se verificó con las actas de nacimientos de los progenitores del primero, que como consecuencia conlleva la corrección de su vástago, en ese escenario lo que fomenta la Junta Central Electoral por medio de su departamento de litigio es la cultura del subterfugio, la excusa o pretexto de no resolver las cuestiones que atañen a su entorno de trabajo, porque resulta hartamente necio pretender la no ejecución de la sentencia que sirve de base a la rectificación argumentado que el menor debe de acudir por ante su jurisdicción especializada, o como pretenda el muy legalista que se ejecuta parcialmente una sentencia y en cuanto al menor que se dirija por ante la jurisdicción que corresponda, o en el peor de los escenario que renuncie al beneficio de la rectificación del menor, ignorando ex profeso que el menor esta representado por sus padres, o que se impone la prorrogación judicial de la competencia, porque hay que distinguir que el Tribunal que esta llamado a conocer de la rectificación es el del Distrito Nacional, suerte distinta si hubiese sido un Tribunal ajeno al oficial civil que corresponde realizar la rectificación por ahí se materializa una incompetencia de orden público, pero no como el caso de la especie, que por el hecho de ser el padre, y una rectificación afecta directamente a la de su hijo el mismo Tribunal que conoce de la rectificación válidamente podrá conocer ambas sin actuar en desmedro de la Ley, por el contrario quien con su accionar actúa en menosprecio al principio del Interés Superior del Niño es precisamente el representante de la Junta Central Electoral que se niega a rajatabla a la ejecución de la decisión bajo el prisma de la desidia, indolencia e impenitencia de un ciudadano que ha cumplido y satisfecho el voto de la Ley, y que a nuestro juicio es procedente la presente acción de amparo, porque es un abuso por parte de la Junta Central Electoral que bajo ese primor, destreza, habilidad o maña perfectamente hilvanada niegue la ejecución de la sentencia que versa sobre el estado de una persona;
CONSIDERANDO: Que en el dossier del expediente reposa la sentencia No. 10/01211, de fecha Treinta (30) del mes de Junio del Dos Mil Diez (2010), dictada por la OCTAVA SALA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL, la cual calcada al pie de la grafía dice lo siguiente: (…) 2 CONSIDERANDO: Que en la fase de la actividad probatoria las partes depositan los siguientes documentos: “1.- Copia de la sentencia dictada por la 8va. Sala; 2.- Copia de la cédula del recurrente LEONEL VLADIMIR MONTISANO JIMENEZ•, 3.- copia del acta de nacimiento de • recurrente LEONEL VLADIMIR MONTISANO JIMENEZ; 4. copia del acta de nacimiento del menor VLADIMIR ALEXANDER; 5.- Volante de expedientes 2 Dispositivo copiado en otra parte de esta sentencia. Nos. 2010018117 y 2010018118, expedidos por la Junta Central Electoral en fecha 02/07/2010.- 6.- copia de la cedula del señor GIORDANO MONTESANO RODRIGUEZ; 7.- copia de la cedula de la señora MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ CERDA; 8.- copia del Acta de nacimiento de la señora MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ CERDA; 9.- copia del Acta de nacimiento del señor GIORDANO MONTESANO RODRIGUEZ; 10.- Acto No. 1310/10, de fecha Veintitrés (23) del mes de Diciembre del año Dos Mil Diez (2010), instrumentado por el Ministerial WILSON ROJAS, de Estrado de la Segunda Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional;
CONSIDERANDO: Que el contenido que resulta del artículo 149 párrafo de la actual Constitución Política Dominicana proclamada el 26/01/2010, sobre el derecho a la ejecución de las decisiones judiciales se enmarca sin lugar a dudas dentro de los derechos fundamentales resultante de la tutela judicial efectiva, ya que no puede existir un Estado de Derecho, sino una mera apariencia de Estado de Derecho, cuando actúan en menosprecio a las decisiones de los jueces, o mecanismos o sofismas administrativos que constituyan obstáculo a la ejecución de las decisiones de los jueces, porque bien que mal, ha sido juzgado y decidido, y la administración electoral no está para desobedecer o desacatar el contenido de lo decidido, que no es el asunto a debatir, porque nada impide que la propia Junta Central Electoral ejerza recurso alguno, nada obstaculiza que acudan a foro o sede judicial, pero no como en la especie, pues su actitud resta merito a su función actuando en desconocimiento deliberado o adrede, y en menosprecio a las decisiones de los jueces, y su negativa a la ejecución de las decisiones judiciales, no son mas que fábulas bajo argumentos bizantinos, de ser así.
h. No conforme con esta decisión, la Junta Central Electoral interpuso el presente recurso de revisión, alegando, para justificar el mismo, lo siguiente: (…) que no es la Junta Central Electoral el órgano que se ha inventado una 'excusa" o que ha encausado una serie de maniobras a fin de acomodar una situación ilícita dentro de un texto legal vigente que no corresponde. Es la Ley a la que todos nos debemos la que establece la competencia del Tribunal y que hace a la junta, como institución, solicitar a la parte demandante, a remitirse por ante el tribunal competente y luego, a proponer al tribunal apoderado de la acción de amparo a ponderar esta situación legal como el impedimento de dicha institución para la ejecución de la sentencia.
i. Como se observa, la acción de amparo que nos ocupa tiene como finalidad la ejecución de la Sentencia núm. 10/01211, dictada por la Octava Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de junio del dos mil diez (2010), mediante la cual se resolvió lo siguiente: Primero: acoge la solicitud de rectificación de actas de nacimiento realizada por la Licda. Mercedes A. Garcia Vargas, por las consideraciones expuestas precedentemente, en consecuencia, ordena lo siguiente: Rectificar las siguientes actas del estado civil A) actas de nacimiento correspondiente a Leonel Vladimir, registrada con el No. 05346, libro 00275, folio 0146, del año 1991, Expedida por el oficial del estado civil de la Sexta Circunscripción de Santo Domingo Distrito Nacional, para que sea corregido el error material en que se incurrió y en lo adelante se inscriban los nombres de los padres del inscrito del modo siguiente: Giordano Montesano Rodríguez y Maria Altagracia Jiménez Cerda; y B) Acta inextensa de nacimiento correspondiente a Vladimir Alexander, registrada con el No. 00132, Libro 0001, folio 0132, s Mil Seis, expedida por el oficial del estado civil de la Tercera Circunscripción de Santo Domingo, Distrito Nacional, pare ser corregido el error material en que se incurrió y en lo adelante se inscriba el nombre del padre del inscrito del modo siguiente: Leonel Vladimir Montesano Jiménez, y así en lo adelante se lean y escriban en las formas descritas precedentemente, por ser lo que corresponde; Segundo: Ordena a los Oficiales del Estado Civil antes indicados, proceder a transcribir la presente sentencia en los registros correspondientes, haciendo mención de ello al margen de las actas cuya rectificación ha sido ordenada; Tercero: Ordena que una copia certificada de la presente sentencia sea comunicada por secretaría a los oficiales del estado civil correspondientes, como al secretario de la Junta Central Electoral Correspondiente, para que estos a su vez las hagan llegar a sus superiores a los fines de lugar; Cuarto: Prohibimos que para el porvenir, los oficiales del estado civil correspondientes expidan ningún acta, extracto o certificación sin las correcciones precedente mente dispuestas; g) Que en virtud de la sentencia anteriormente expuesta, en fecha dos (02) de Julio del año Dos Mil Diez (2010), fue presentado un oficio al Presidente de la Junta Central Electoral Vía Consultoría Jurídica, la sentencia señalada, certificada y registrada, las actas de nacimiento de los involucrados así como las copias de las cedulas y actas de nacimiento de los padres;
j. Respecto de la acción de amparo que tiene como finalidad la ejecución de una sentencia, como ocurre en la especie, este tribunal ha establecido que la misma es notoriamente improcedente y, en consecuencia, inadmisible en aplicación del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.
k. En efecto, mediante la Sentencia TC/0183/15, de catorce (14) de julio, este tribunal estableció:
f) De igual forma, la parte recurrente persigue por medio de una acción de amparo la ejecución de la Sentencia núm. 3182/2013, dictada por la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, por lo que este tribunal constitucional debe determinar si real y efectivamente es procedente la interposición de una acción de amparo para procurar la ejecución de una sentencia.
g) Para este tribunal constitucional, no es procedente la acción de amparo que procura la ejecución de una decisión judicial, en virtud de que la figura del amparo está reservada para tutelares derechos fundamentales, que es distinta a la del amparo de cumplimiento, consagrada en el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, por lo que el juez de amparo, al estar apoderado de una acción cuya finalidad era la ejecución de una decisión judicial, no podía ordenar su cumplimiento, toda vez que la ejecución de una decisión, es atacada por los medios y procedimientos establecidos en las leyes sobre la materia. En ese sentido se pronunció este tribunal en la Sentencia TC/0147/13.
l. Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal Constitucional no observará el referido precedente, es decir, que aplicará la técnica del distinguishing (distinción) tomando en cuenta que la no expedición de un acta de nacimiento constituye una afectación en el derecho al nombre, al apellido y a la identidad. Tales derechos están previstos en el artículo 55, numerales 7 y 8, de la Constitución, cuyo contenido es el siguiente: Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos; 8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley;
m. Igualmente, la aplicación de la técnica del distinguishing (distinción) se justifica en el hecho de que los menores de edad requieren de una protección especial y reforzada, tal y como se evidencia de la previsión consagrada en el artículo 56 de la Constitución, cuyo contenido es el siguiente: Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes.
n. En este mismo orden, en el principio V de la Ley núm. 136-03, Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se establece lo siguiente: INTERÉS SUPERIOR DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales
o. El tribunal quiere destacar qué si bien todos los derechos previstos en la Constitución requieren de una protección urgente, aquellos derechos relativo a la identidad de la persona, como los que nos ocupan, ameritan de una tutela judicial diferenciada, toda vez que una persona sin identidad es un muerto civil, en la medida que legalmente no tiene existencia.
p. Sobre la aplicación de la técnica de la distinción, este tribunal constitucional mediante la Sentencia TC/0188/14, del veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), estableció lo siguiente:
10.2.3. (…) Sin embargo, el Tribunal hace uso de lo que en derecho constitucional comparado se ha denominado, en materia de precedente constitucional, la técnica del distinguishing, es decir, la facultad del juez constitucional de establecer excepciones al precedente constitucional por existir, respecto de un caso, elementos particulares que ameritan una solución diferente, sin que dicha circunstancia suponga la derogación del precedente anterior. Esta técnica del distinguishing, derivada del derecho constitucional norteamericano, ha sido empleada por otras cortes y tribunales constitucionales del hemisferio, como el Tribunal Constitucional de Perú y la Corte Constitucional de Colombia, señalando esta última lo siguiente: en algunos eventos, el juez posterior “distingue” (distinguishing) a fin de mostrar que el nuevo caso es diferente del anterior, por lo cual el precedente mantiene su fuerza vinculante, aunque no es aplicable a ciertas situaciones, similares pero relevantemente distintas, frente a las cuales entra a operar la nueva jurisprudencia [Sentencia SU047/99, de la Corte Constitucional de Colombia el veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)]. Esta técnica además, tendría asidero jurídico en el ordenamiento dominicano en virtud del principio de efectividad que le permite al juez constitucional el ejercicio de una tutela judicial diferenciada cuando –como en la especie– lo amerite el caso [Art. 7.4; Ley núm. 137-11 del dos mil once (2011)].
q. En este sentido, el tribunal considera que la motivación dada por el juez de amparo es correcta, ya que el hecho de que la Junta Central Electoral se haya negado a la inscripción de la rectificación ordenada por la referida sentencia, supone un acto de arbitrariedad que es a todas luces intolerable en un estado social y democrático de derecho, particularmente, en una especie como la que nos ocupa, en la cual se le niega el derecho a la identidad, al nombre y a los apellidos del padre y la madre.
r. Este tribunal constitucional considera, además, que la Junta Central Electoral obró de manera incorrecta, en razón de que, ante una sentencia de un tribunal, el deber de dicha institución es dar cumplimiento a la misma, aunque no la comparta.
s. En este punto, cabe destacar que la Junta Central Electoral indica que recurrió la referida sentencia de rectificación, en efecto, dicha parte establece en su recurso que “(…) el juez a quo NO PONDERÓ la existencia del recurso de apelación en contra de la sentencia 10-01211 que ordenaba la rectificación, sino muy por el contrario, adujo de manera muy particular la ejecutoriedad de la sentencia, sin siquiera observar si ciertamente existía o no el recurso contra la sentencia”.
t. A pesar de lo alegado por la parte recurrente, este tribunal se encuentra imposibilitado de valorar tal aspecto, es decir, si ciertamente fue interpuesto un recurso de apelación, ya que, aunque la parte recurrente lo alega, no consta en el expediente el escrito contentivo de recurso de apelación ni ningún documento que compruebe tales alegatos. Tampoco consta mención en la sentencia recurrida de tales documentos.
u. En virtud de las motivaciones anteriores, procede rechazar el recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida en revisión.
v. Respecto de la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, solicitada por la parte recurrente, el Tribunal considera que carece de objeto y de interés jurídico examinarla y decidirla, en razón de la decisión que tomará sobre el recurso de revisión, por lo que resulta innecesaria su ponderación, criterio este que fue establecido en la Sentencia TC/0011/13, de once (11) de febrero de dos mil trece (2013). [Véase también las sentencias TC/0051/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013); TC/0034/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013); TC/0030/14, del diez (10) de febrero de dos mil catorce)] Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso interpuesto por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 00026/11, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el doce (12) de enero de dos mil once (2011).
SEGUNDO: RECHAZAR el recurso anteriormente descrito y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 00026/11.
TERCERO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, a la recurrente, Junta Central Electoral, y al recurrido, señor Leonel Vladimir Montisano Jiménez.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: ORDENAR que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0067/19, del 17 de mayo de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0067-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.