Sentencia TC/0068/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 26 de abril de 2013 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0056
recurso de revisión constitucional de decisión en materia de amparo incoado por el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez y compartes contra de la sentencia TSE-024-2012, dictada por el Tribunal Superior Electoral, de fecha quince (15) de junio de dos mil doce (2012).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0068/13?
El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite fijar un criterio sobre la competencia del Tribunal Superior Electoral en materia de amparo electoral y delimitar el alcance de la tutela judicial efectiva y del debido proceso en esos casos (TC/0068/13, numeral 9, 9.1–c, pág. 11). El Tribunal Superior Electoral es competente para conocer el amparo contra la expulsión sumaria de miembros de un partido político, pues el derecho fundamental invocado guarda relación directa con su ámbito jurisdiccional. El Tribunal Constitucional descartó, además, que se hubiera vulnerado el derecho de defensa de los recurrentes, porque el Tribunal Superior Electoral aplazó la audiencia para regularizar las citaciones de todas las partes (TC/0068/13, numeral 10, d–e, pág. 13; TC/0068/13, numeral 10, f–j, pág. 14; TC/0068/13, numeral 10, 10.1–c, pág. 12).
El Tribunal Superior Electoral puede ejercer el control difuso de constitucionalidad, aun de oficio, e inaplicar al caso concreto las normas que vulneren derechos o garantías fundamentales en el ámbito electoral. Los literales c) y d) del artículo 35 de los estatutos generales del PRD contravienen las garantías del debido proceso aplicables a los procedimientos disciplinarios de los partidos políticos, entre ellas el derecho a ser oído, a un juicio público, oral y contradictorio en igualdad y con respeto al derecho de defensa, y a recurrir la decisión sancionadora (TC/0068/13, numeral 10, c–l, pág. 15; TC/0068/13, numeral 10, p–q, pág. 17; TC/0068/13, numeral 10, r–t, pág. 18).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la sentencia TSE-024-2012. Declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“El amparo en materia electoral es concebido como mecanismo de protección de derechos fundamentales, para tutelar efectivamente los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, así como de los partidos políticos y sus miembros frente a situaciones concretas de amenazas o lesión a derechos fundamentales en el plano electoral.” (TC/0068/13, numeral 10, f–j, pág. 14)
“Es por ello que el Tribunal Superior Electoral tiene la facultad para declarar, aun de oficio, la inconstitucionalidad de una norma que vulnere derechos o garantías fundamentales en el plano electoral, lo cual, devendría en la inaplicabilidad de las indicadas disposiciones al caso en particular.” (TC/0068/13, numeral 10, c–l, pág. 15)
“Es por lo anterior, que en la actualidad la protección a los derechos y garantías fundamentales, referentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso deben ser salvaguardadas, incluso en los procesos sancionadores administrativos y disciplinarios.” (TC/0068/13, numeral 10, r–t, pág. 18)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 6, 69 (párrafo capital y numerales 2, 4, 9 y 10), 72 (in fine), 188, 214 y 216.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 52, 66, 74, 100 y 114.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 8.
Estatutos generales del PRD: artículo 35, literales c) y d), examinados en control difuso.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional vs. Perú (Serie C núm. 71), Ivcher Bronstein vs. Perú (Serie C núm. 74) y Baena Ricardo y otros vs. Panamá (Serie C núm. 72).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el caso de la especie se contrae a que los señores Aníbal García Duvergé, Julio Mariñez Rosario, Víctor Gómez Casanova y Rafael Francisco Vásquez Paulino interpusieron una acción de amparo por ante el Tribunal Superior Electoral, en contra de la resolución de fecha uno (1) de junio de dos mil doce (2012), emitida por la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que los expulsó de dicho partido político. El tribunal acogió dicho amparo, restituyendo a los accionantes sus derechos vulnerados y declarando inconstitucionales, por la vía difusa, los literales c) y
d) del artículo 35 de los estatutos generales del Partido Revolucionario Dominicano, por lo cual los hoy recurrentes incoaron la presente revisión.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo
9.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión en amparo es admisible por las siguientes razones:
a) El recurso de revisión satisface los requerimientos previstos en el artículo 100 de la Ley No.137-11, que, de manera taxativa y específica, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: “ (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución”
b) Este Tribunal fijó su posición respecto a la trascendencia y relevancia constitucional en su sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), la cual es aplicable al presente caso.
c) En efecto, el recurso de revisión que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que el Tribunal Constitucional no ha establecido criterios sobre la competencia del Tribunal Superior Electoral para conocer de amparos electorales. Además, permitirá delimitar el ámbito de aplicación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso de ley en estos casos.
10. Fondo del recurso de revisión de amparo
10.1. En cuando al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a) En el presente caso, los recurrentes alegan que el Tribunal Superior Electoral no es competente para conocer de la acción de amparo sometida. Asimismo, plantean violación a la tutela judicial efectiva por no salvaguardarles su derecho de defensa.
b) Con relación al argumento sobre la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso alegado por los recurrentes, en el entendido de que se les vulneró el derecho de defensa al no realizarse la notificación a todas las partes, se puede comprobar, tanto en la sentencia como en la documentación depositada, que contrario a lo alegado por los recurrentes, el Tribunal Superior Electoral realizó un aplazamiento a la audiencia para regularizar las citaciones a todas las partes envueltas en el proceso, por lo cual debe descartarse la violación a su derecho de defensa.
c) Con relación a la competencia del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional deja constancia de que el artículo 214 de nuestra Carta Magna establece lo siguiente: El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.
d) Respecto de los argumentos que invocan los recurrentes tendentes a que sea decretada la incompetencia del Tribunal Superior Electoral, para conocer y decidir respecto al caso, conviene precisar que tales alegatos se remiten a la competencia del referido órgano en el ámbito contencioso electoral, mas no de amparo en materia electoral, como ocurre en la especie, en que los amparistas invocaron alegada violación al derecho fundamental al debido proceso.
e) En la especie, la lesión invocada involucra violación al debido proceso en el juicio disciplinario que culminó con la expulsión de varios miembros de un partido político inobservando principios de la democracia interna y la transparencia, valores que deben radicar en la conformación y funcionamiento de dichas organizaciones conforme lo prevé el artículo 216 de la Constitución, que dispone lo siguiente: La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.
f) Además, el artículo 74 de la referida Ley No. 137-11, con relación al amparo en jurisdicciones especializadas establece: Los tribunales o jurisdicciones especializadas existentes o los que pudieran ser posteriormente establecidos, deberán conocer también acciones de amparo, cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a este tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento previsto por esta ley.
g) En el mismo orden de ideas, el artículo 114, de la referida Ley No. 137- 11, establece: El Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de las acciones en amparo electoral conforme a lo dispuesto por su Ley Orgánica.
h) El amparo en materia electoral es concebido como mecanismo de protección de derechos fundamentales, para tutelar efectivamente los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, así como de los partidos políticos y sus miembros frente a situaciones concretas de amenazas o lesión a derechos fundamentales en el plano electoral.
i) Del análisis de lo anterior se desprende que la acción de amparo en materia electoral, como ocurre en el presente caso (donde la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano expulsó sumariamente a los hoy recurridos) es competencia del Tribunal Superior Electoral.
j) En otro sentido, los recurrentes alegan que el Tribunal Superior Electoral usurpó funciones partidarias, al declarar la nulidad de los literales c) y d) del artículo 35 de los estatutos generales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que disponen lo siguiente:
c) Decidir sumariamente sobre cualquier caso que a su juicio, dadas las circunstancias, haga pasible de expulsión a cualquier (a) miembro (a) del partido, debiéndose someter esta decisión al organismo correspondiente, vale decir, al Comité Ejecutivo Nacional.
d) Suspender a cualquier (a) miembro (a) del partido que cometiese falta grave, disponiendo su sometimiento al organismo disciplinario correspondiente; vale decir, al Consejo Nacional de Disciplina. El sometimiento deberá ser enviado en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la suspensión, o de lo contrario esta quedará sin efecto.
k) Sin embargo, este Tribunal estima que, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 188 de la Constitución (que prescriben, respectivamente, la supremacía de la Constitución y la atribución a los tribunales de la República del control difuso de la constitucionalidad), así como el artículo 52 de la referida ley No. 137-11, que dispone: El control difuso de la constitucionalidad debe ejercerse por todo juez o tribunal del Poder Judicial, aún de oficio, en aquellas causas sometidas a su conocimiento; disposición que resulta aplicable a las jurisdicciones especializadas. Es por ello que el Tribunal Superior Electoral tiene la facultad para declarar, aun de oficio, la inconstitucionalidad de una norma que vulnere derechos o garantías fundamentales en el plano electoral, lo cual, devendría en la inaplicabilidad de las indicadas disposiciones al caso en particular.
l) En ese sentido, el Tribunal Constitucional no ha verificado los vicios que invocan los recurrentes, los cuales han sido atribuidos al Tribunal Superior Electoral.
m) Los artículos 69, párrafo capital y 69, numeral 10, de nuestra Carta Magna disponen respectivamente lo siguiente: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación (…). 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
n) De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 8: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
o) Cabe mencionar al respecto que al aplicar esta última norma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tribunal Constitucional v. Perú, ha afirmado que: De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. 1
p) Y en el mismo sentido, en el caso Baena Ricardo y otros v. Panamá, ha precisado que: (…) en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los 1 CIDH; Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 31 de enero del año 2001. Serie C No. 71, párr. 71; Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 6 de febrero del año 2001. Serie C No. 74, párr. 104. administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. 2
q) De lo anterior, se evidencia claramente que los indicados literales c) y d) del artículo 35 de los estatutos generales del Partido Revolucionario Dominicano, tal y como determinó el Tribunal Superior Electoral, irrespetan el debido proceso de ley que debe regir cualquier proceso sancionador, como el de expulsión de miembros de un partido político, ya que dichas disposiciones contravienen las garantías previstas en el artículo 69 de la Constitución, entre otras: el derecho del procesado a ser oído por la autoridad sancionadora (69.2); el “derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa” (69.4); y el derecho a recurrir la decisión que le condene, de conformidad con la Constitución (69.9).
r) A pesar de ello, muy por el contrario, los referidos textos estatutarios disponen que se podrá “decidir sumariamente” sobre la expulsión de miembros del Partido, con lo cual se desconocen todas las garantías previamente aludidas. Al efecto, cabe recordar que la sumariedad fue un mecanismo frecuentemente ejercido por regímenes no democráticos, épocas que han sido notoriamente superadas.
s) Es por lo anterior, que en la actualidad la protección a los derechos y garantías fundamentales, referentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso deben ser salvaguardadas, incluso en los procesos sancionadores administrativos y disciplinarios.
t) En conclusión, el Tribunal Constitucional estima que los partidos políticos, al imponer sanciones disciplinarias a los miembros a los que se 2 CIDH; Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores) Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 2 de febrero del año 2001. Serie C No. 72, párrs. 126 y 127. impute la comisión de un hecho contrario a sus estatutos, deben respetar los cánones constitucionales relativos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Por tanto, en aplicación de dicho principio, procede el rechazo del presente recurso de revisión de amparo y la confirmación de la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Jottin Cury David, Juez, y Víctor Gómez Bergés, Juez, por motivo de inhibición voluntaria. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez y compartes contra la sentencia número TSE-024-2012, dictada por el Tribunal Superior Electoral el quince (15) de junio del dos mil doce (2012).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia descrita en el acápite precedente.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez y compartes; así como a las partes recurridas, Aníbal García Duvergé, Julio Maríñez Rosario, Víctor Gómez Casanova y Rafael Francisco Vásquez Paulino.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0068/13, del 26 de abril de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0068-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.