Sentencia TC/0072/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de febrero de 2017 · Expediente TC-04-2015-0006
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Héctor Lirio Galván Conde, contra la Sentencia núm. 4153, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0072/17?
El recurso de revisión cumplía los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y revestía especial trascendencia constitucional porque permitía examinar cuándo una interpretación errónea de la ley vulnera el debido proceso. La notificación del recurso fuera del plazo de cinco días previsto en el artículo 54.3 de esa ley no acarrea su inadmisibilidad, pues el legislador no estableció expresamente esa consecuencia (TC/0072/17, numeral 10, a–d, pág. 10; TC/0072/17, numeral 10, e–f, pág. 11).
La inadmisibilidad de la casación vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en particular el doble grado de jurisdicción. Conforme al artículo 11 de la Ley núm. 302 y al artículo 254 del Código Procesal Penal, la impugnación del estado de gastos y honorarios aprobado por la corte penal correspondía al Pleno de la propia corte, no a su presidente. La prohibición de recurrir la decisión que resuelve la impugnación no era aplicable al auto que se limitó a declarar de oficio la incompetencia sin identificar la jurisdicción competente, en contravención del artículo 3 de la Ley núm. 834. Al desconocer su propio precedente en un caso similar, la Suprema Corte de Justicia también inobservó el principio de seguridad jurídica (TC/0072/17, numeral 11, e, pág. 12; TC/0072/17, numeral 11, f–i, pág. 13; TC/0072/17, numeral 11, j–k, pág. 14; TC/0072/17, numeral 11, l, pág. 14; TC/0072/17, numeral 11, m–o, pág. 15; TC/0072/17, numeral 11, p–r, pág. 16).
Decisión
Admite el recurso de revisión constitucional, lo acoge en cuanto al fondo y anula la Sentencia núm. 4153 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Ordena el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para que conozca el recurso de casación conforme al criterio fijado y declara el recurso de revisión libre de costas.
Citas textuales clave
“las inadmisibilidades son propuestas expresamente por ley y solo cuando así resulta se puede aplicar un medio de esta naturaleza ante una inobservancia legal.” (TC/0072/17, numeral 10, e–f, pág. 11).
“La lectura del artículo antes citado nos permite considerar que cuando se produce la impugnación a un estado de gastos y honorarios, la parte con interés en la cuestión puede recurrir ante el tribunal o juez inmediato superior, concluyendo con que, al tratarse de un estado de gastos y honorarios aprobado por una corte de apelación o por una Sala de la Suprema Corte de Justicia, su revisión está reservada al Pleno de estas cortes.” (TC/0072/17, numeral 11, f–i, pág. 13).
“De lo anterior se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al momento de declarar inadmisible el recurso de casación, afectó la garantía fundamental de tutela judicial efectiva y el debido proceso de que era acreedor el ciudadano Héctor Lirio Galván Conde.” (TC/0072/17, numeral 11, p–r, pág. 16).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 69, 72 y 277.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53.3 y su párrafo, 54.3, 54.9, 54.10 y 66.
Ley núm. 302 sobre Honorarios de Abogados, modificada por la Ley núm. 95-88: artículo 11.
Ley núm. 834: artículo 3.
Código Procesal Penal: artículo 254.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0331/14; Sentencia núm. 637-2007 de la Suprema Corte de Justicia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
El presente caso tiene su origen en una demanda en liquidación de gastos y honorarios interpuesta por los señores Juan Tomás Polanco Céspedes y Francisco del Rosario, mediante el cual se le autorizó un estado de gastos y honorarios mediante el Auto de aprobación núm. 80-2013, emitido por la Corte Penal del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, a ser pagado por el señor Héctor Liriano Galván Conde, el cual fue impugnado mediante el Auto núm. 509-2013, emitido por la corte antes mencionada, que declaró la incompetencia de esta corte para conocer de la referida impugnación. Inconforme con este auto el hoy recurrente interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que fue declarado inadmisible mediante la Sentencia núm. 4153, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a) El artículo 277 de la Constitución de la República establece: Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.
b) El artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, otorga facultad a este tribunal para conocer de las revisiones constitucionales de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre y cuando dichas decisiones se encuentren comprendidas en las causales del referido artículo.
c) El artículo 53, numeral 3, de la indicada ley núm. 137-11 establece los requisitos que se deben cumplir para conocer el recurso de revisión constitucional relativo a una decisión jurisdiccional, sujetándolo a que exista una violación a un derecho fundamental, a saber:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y, c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. Párrafo. La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
d) Haciendo un análisis de los requisitos establecidos por el artículo antes mencionado, estamos ante una decisión que cumple los requisitos indicados en el párrafo anterior: la parte recurrente alega que en el caso se ha vulnerado el debido proceso, la igualdad procesal y hay una errónea aplicación de la ley, y que tales violaciones han sido invocadas por ella; se han agotado los recursos en la vía jurisdiccional y tales violaciones son imputables de manera directa e inmediata al órgano jurisdiccional, de modo que se consideran satisfechas las exigencias previstas en el numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
e) Luego de estudiar y ponderar los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, arribamos a la conclusión de que el caso tiene relevancia y trascendencia constitucional, la cual radica en que le permitirá a este tribunal continuar analizando la situación jurídica que se genera cuando, como consecuencia de una errónea interpretación de la ley, se incurre en una violación al debido proceso.
f) En tal virtud, procede rechazar la inadmisibilidad planteada por el recurrido, alegando al respecto que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional se le notificó pasados los cinco (5) días que establece el artículo 54, numeral 3, de la referida ley núm. 137-11, toda vez que el legislador no estableció que el cumplimiento de este precepto fuese a pena de inadmisibilidad, pues la intención del legislador procura la protección del derecho a la defensa de las partes envueltas en el proceso; las inadmisibilidades son propuestas expresamente por ley y solo cuando así resulta se puede aplicar un medio de esta naturaleza ante una inobservancia legal.
11. Sobre el recurso de revisión de decisión jurisdiccional
Para decidir el fondo del presente recurso de revisión jurisdiccional, el Tribunal Constitucional tiene bien exponer las consideraciones siguientes:
a) La Sentencia núm. 4153, objeto del presente recurso, fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) y declaró la inadmisibilidad del recurso al considerar que la Ley núm. 302 prohíbe recurrir la decisión que verse sobre gastos y honorarios; por tanto, consideró que la sentencia fue correctamente emitida, toda vez que la instancia no fue dirigida al presidente de la Corte de Apelación, como preceptuaba la ley.
b) La Constitución de la República dispone en la parte capital del artículo 69: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto al debido proceso (…)”.
c) En la especie, el hoy recurrente alega que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró el debido proceso, el derecho de igualdad entre las partes y que realizó una incorrecta aplicación de la ley.
d) Por su lado, la parte recurrida solicita que se rechace por improcedente el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, mientras que la Procuraduría General de la República solicita se anule la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues existe una errónea aplicación de la norma y, en consecuencia, desprotege derechos fundamentales.
e) La Suprema Corte de Justicia basó su decisión en la aplicación de lo establecido en el artículo 11, de la Ley núm. 302, sobre Honorarios de Abogados [Gaceta Oficial núm. 8870, modificada por la Ley núm. 95-88, del veinte (20) de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988)], cuyo texto establece: Cuando haya motivos de queja respecto de una liquidación de honorarios o de gastos y honorarios, se recurrirá por medio de instancia al tribunal inmediato superior, pidiendo la reforma de la misma, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación. El recurrente, a pena de nulidad, deberá indicar las partidas que considere deban reducirse o suprimirse. La impugnación de los causados, ante la Corte de Apelación y ante la Suprema Corte de Justicia, se harán por ante esas Cortes en pleno. El Secretario del tribunal apoderado, a más tardar a los cinco (5) días de haber sido depositada la instancia, citará a las partes por correo certificado, para que el diferendo sea conocido en Cámara de Consejo por el Presidente del Tribunal o Corte correspondiente, quien deberá conocer del caso en los diez (10) días que sigan a la citación. Las partes producirán sus argumentos v conclusiones v el asunto será fallado sin más trámites ni dilatorias dentro de los diez (10) días que sigan al conocimiento del asunto. La decisión que intervenga no será susceptible de ningún recurso ordinario ni extraordinario, será ejecutoria inmediatamente y tendrá la misma fuerza y valor que tienen el estado de honorarios y el estado de gastos y honorarios debidamente aprobados conforme al artículo 9. (…).
f) Es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró la inadmisibilidad del recurso, estableciendo que legalmente no procedía recurso para recurrir un auto que se limita a aprobar un estado de gastos y honorarios; además, porque la instancia recursiva debió ser dirigida al presidente de la Corte de Apelación, y no al Pleno, como lo hizo la parte recurrente.
g) Este tribunal constitucional, al revisar la sentencia objeto del recurso y los argumentos de las partes, verifica que ciertamente existe una errónea e incongruente aplicación de la ley, lo que entraña una violación a la garantía fundamental del debido proceso, como resulta en la especie el doble grado de jurisdicción, conforme lo establece la propia ley.
h) La lectura del artículo antes citado nos permite considerar que cuando se produce la impugnación a un estado de gastos y honorarios, la parte con interés en la cuestión puede recurrir ante el tribunal o juez inmediato superior, concluyendo con que, al tratarse de un estado de gastos y honorarios aprobado por una corte de apelación o por una Sala de la Suprema Corte de Justicia, su revisión está reservada al Pleno de estas cortes.
i) De los motivos ofrecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y el contenido del referido artículo 11 de la Ley núm. 302, permite adviertir un desacierto al calificar como incorrecta la instancia dirigida al Pleno de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, toda vez que la ley obliga que cuando el estado de gastos haya sido emitido por la corte, su revisión debe realizarse en sede del Pleno, tal y como lo precisa el citado artículo de la ley sobre honorarios del abogado.
j) Conviene precisar, además, que el Auto núm. 509-2013, emitido por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, no se contrae a resolver un estado de gastos, sino que cuanto hace es declarar la incompetencia de la corte para conocer el recurso y no indica cuál es entonces el tribunal competente.
k) En el caso que nos ocupa, no era la incompetencia lo que correspondía declarar; además, al fallar en el sentido en que se hizo, contravino lo establecido en el artículo 3 de la Ley núm. 834, del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), el cual indica: “Si se pretende que la jurisdicción apoderada es incompetente, la parte que promueva esta excepción debe, a pena de inadmisibilidad, motivarla y hacer conocer en todos los casos ante cuál jurisdicción ella demanda que sea llevado”. Esta disposición legal le es aplicable al tribunal por cuanto fue este que de oficio pronunció la excepción de incompetencia.
l) De igual forma la Suprema Corte de Justicia inobservó el principio de seguridad jurídica al no aplicar un precedente sentado por ese mismo tribunal, cuando mediante la Sentencia núm. 637-2007, dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de mayo de dos mil siete (2007) (Boletín Judicial núm. 1158), en un caso similar precisó: Considerando, que en la especie se trata de un recurso de casación contra una decisión de la Juez interina de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional del 3 de noviembre del 2006, que declaró su incompetencia para conocer de la impugnación de un estado de gastos y honorarios aprobado por el Juez de Paz Especial de Tránsito, Sala III, del Distrito Nacional; Considerando, por otra parte, que si bien es cierto que el artículo 11 de la Ley 302 expresa que las decisiones adoptadas por un Juez o Tribunal que resuelva una impugnación no son susceptibles de ningún recurso, es no menos cierto que en la especie el Juez a-quo apoderado de ella no resolvió nada, sino que se declaró incompetente de manera errónea, tal y como hemos visto, por lo que se trata de un recurso en contra de una decisión sui generis; Considerando, por último, que ningún tribunal apoderado de un caso puede declarar su incompetencia alegando oscuridad o insuficiencia de la ley.
m) Es oportuno consignar que el estado de gastos y honorarios fue liquidado por una corte de orden penal; en consecuencia, la aplicación de la norma que le corresponde, sin desmedro de la referida ley, es el Código Procesal Penal, el cual en su artículo 254, indica: El secretario practica la liquidación de las costas en el plazo de tres días, regulando los honorarios que correspondan y fijando los gastos judiciales. Se puede solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de cinco días, ante el juez o tribunal que tomó la decisión o ante el ministerio público en su caso.
n) Este precepto deja claro que la revisión es posible y que la ley nos ha de indicar cómo proceder al hacer la revisión de liquidación de gastos y honorarios cuando se trate de una Corte, en la especie, ante el Pleno de la Corte a la cual la misma haya sido sometida.
o) Este tribunal constitucional, mediante la Sentencia TC/0331/14, del veintidós (22) diciembre de dos mil catorce (2014), definió lo concerniente al debido proceso al expresar: El debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador, es por ello que la Constitución lo consagra como un derecho fundamental y lo hace exigible mediante la acción de amparo, la cual puede ser ejercida por todas las personas físicas o moral contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
p) Es decir, que esta garantía, desde la óptica de los aplicadores de la ley, impone que todo proceso se lleve a efecto de conformidad con el mandato legal; esa aplicación no se limita a cuando estos no realizan lo que indica la ley, sino que obliga también a exigir a toda persona que actúa en justicia a acogerse al rigor de la norma legal.
q) De lo anterior se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al momento de declarar inadmisible el recurso de casación, afectó la garantía fundamental de tutela judicial efectiva y el debido proceso de que era acreedor el ciudadano Héctor Lirio Galván Conde.
r) En tal virtud, en la especie, procede anular la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y, conforme lo establece el artículo 54, numerales 9 y 10, de la indicada ley núm. 137-11, enviar a la Suprema Corte de Justicia para que conozca el recurso de casación interpuesto por Héctor Lirio Galván Conde el veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014), atendiendo el criterio vertido por este tribunal. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, así como el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Consta en acta el voto disidente del magistrado Jottin Cury David, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Héctor Lirio Galván Conde contra la Sentencia núm. 4153, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), por las razones indicadas en esta sentencia.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso constitucional de revisión de sentencia jurisdiccional descrito anteriormente y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 4153, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013).
TERCERO: ORDENAR el envío del expediente relativo al presente caso ante la Suprema Corte de Justicia para que se cumpla con el precepto establecido en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm.137-11, y en tal sentido sea subsanada la violación a la tutela judicial efectiva, en especial el derecho al doble grado de jurisdicción y la garantía fundamental al debido proceso de que es acreedor el recurrente Héctor Lirio Galván Conde.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
QUINTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Héctor Lirio Galván Conde; a la parte recurrida, Juan Tomás Polanco Céspedes y Francisco del Rosario; así como al procurador general de la República.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0072/17, del 7 de febrero de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0072-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.