Sentencia TC/0092/18

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 27 de abril de 2018 · Expediente TC-05-2017-0178

Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el Ministerio de Interior y Policía contra la Sentencia núm. 00422-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de manifestación o protesta social

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0092/18?

El recurso se interpuso dentro del plazo franco de cinco días hábiles y revestía especial trascendencia constitucional porque permitía fijar criterio sobre las libertades de expresión y de reunión pacífica (TC/0092/18, numeral 10, a–d, pág. 18; TC/0092/18, numeral 10, g, pág. 20). Los afectados tenían legitimación porque interpusieron el amparo a título personal, no en nombre de una colectividad. El Tribunal distinguió por ello la Sentencia TC/0123/13 y desestimó la objeción sobre la representación legal en virtud del principio de informalidad del amparo (TC/0092/18, numeral 11, c–d, pág. 21; TC/0092/18, numeral 11, 10.8–f, pág. 22).

Las libertades de reunión, expresión y protesta social son de titularidad individual y de ejercicio social. Aunque están limitadas por el orden público, la seguridad pública y los derechos de los demás, la autoridad solo puede impedir su ejercicio por una razón que lo justifique, no por un peligro eventual ni por presumir que la protesta equivale a desorden. Aun cuando la intervención esté justificada, la autoridad no puede actuar arbitrariamente, usar fuerza innecesaria ni vulnerar la integridad física de los manifestantes. En este caso, impedir por la fuerza el acceso al lugar de la protesta, previamente notificado y no objetado antes de su celebración, fue una actuación arbitraria que vulneró los derechos fundamentales de los accionantes (TC/0092/18, numeral 11, p–q, pág. 27; TC/0092/18, numeral 11, r, pág. 28; TC/0092/18, numeral 11, s, pág. 28).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 00422-2015. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“la acción de amparo fue interpuesta a título personal por las partes hoy recurridas, no por una colectividad como alegan los recurrentes” (TC/0092/18, numeral 11, c–d, pág. 21).
“el derecho a la reunión, la libre expresión y a la protesta frente a los lugares públicos solo puede ser impedido por la autoridad cuando exista una razón que justifique la limitación de estos derechos” (TC/0092/18, numeral 11, s, pág. 28).
“haber evitado el acceso de los manifestante al punto de la protesta a través del uso de la fuerza configura una acción arbitraria que vulnera los derechos fundamentales alegados por los recurridos” (TC/0092/18, numeral 11, r, pág. 28).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 48, 49 y 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7, numerales 6 y 9; 66; 70, numeral 3; 95 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0007/12 y TC/0123/13 (distinguida por el Tribunal); 36/1982 y 38/2009 (Tribunal Constitucional español); T-456-92 y C-223/17 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el conflicto se origina en razón de que las partes hoy recurridas, conjuntamente con un grupo de ciudadanos dominicanos organizados en la “Coalición Poder Ciudadano”, convocaron varias manifestaciones pacíficas que consistían en la realización de una cadena humana en la acera frontal de las instalaciones de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), alegando que era la forma de ejercer sus derechos legítimos de libre expresión, reunión y protesta ante el Estado dominicano, para que este último procediere a actuar en consecuencia con las prácticas constantes de corrupción que se presentan en la OISOE. Por estos motivos, procedieron a informar al Ministerio de Interior y Policía mediante comunicación que producirían dicha manifestación pacífica; luego de dicha comunicación, la Policía Nacional, como forma de evitar y reprimir la misma, realizó un despliegue de cientos de agentes policiales que le impidieron el paso de los manifestantes al lugar de la protesta, además de agredirlos, razones por las que procedieron a interponer una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, alegando vulneración de sus derechos fundamentales, en especial, el de expresarse libremente y reunirse pacíficamente. El tribunal apoderado de la acción la acogió parcialmente y ordenó al Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional abstenerse de impedir cualquier manifestación pública que se realice en forma pacífica y ordenada siempre que se haga respetando el orden público establecido. Inconforme con dicha decisión, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión que hoy nos ocupa.

TC/0092/18, numeral 8, pág. 17 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión

Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En este sentido:

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.

b. Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal estableció en su Sentencia TC/0080/12, emitida el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), que el referido plazo es de cinco (5) días hábiles y que, además, es un plazo franco, es decir, que al momento de establecerlo no se toman en consideración los días no laborables, ni el día en que es hecha la notificación, ni aquel en el cual se produce el vencimiento del indicado plazo.

c. En el presente caso, la sentencia objeto del presente recurso fue notificada el veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016), y el recurso de revisión fue interpuesto el cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2016), es decir, que transcurrieron cinco (5) días hábiles, razón por la cual el plazo se encontraba vigente y dicho recurso fue interpuesto en tiempo hábil, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

d. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, es decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0092/18, numeral 10, a–d, pág. 18 — PDF oficial

e. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

f. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0092/18, numeral 10, e–f, pág. 19 — PDF oficial

g. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso que nos ocupa es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso le permitirá al Tribunal Constitucional fijar criterio sobre el derecho de libertad de expresión y reunión pacíficamente.

TC/0092/18, numeral 10, g, pág. 20 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional

La parte recurrente alega, entre otros motivos, los siguientes:

a. La decisión impugnada erró al fallar a favor de una colectividad que no se hizo representar legalmente y que, según el precedente dado por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0123/13, los derechos fundamentales individuales solo pueden ser reclamados por sus titulares en forma individual, y no de forma colectiva ni en nombre de una colectividad.

b. Dicha sentencia desnaturalizó los hechos y el derecho y viola el principio de legalidad al determinar que el Ministerio de Interior y Policía ha conculcado los derechos de los accionantes al impedirles protestar y reunirse, pues su única participación en el caso fue emitir una comunicación informando a las entidades competentes para que tomaran las medidas para preservar el orden público, lo cual es una facultad legal y que en modo alguno constituye prohibición o impedimento; y que además vulnera el artículo 70, numeral 3, de la Ley núm. 137-11, pues el amparo era improcedente, pues el punto en discusión no era la violación a ningún derecho fundamental, no se prohibió la reunión a los manifestantes, y lo que realmente reclamaban los accionantes era llegar al lugar o punto exacto en el que ellos querían protestar y que su criterio es que los ciudadanos no pueden protestar en el lugar que su imaginación, o capricho decida, pues alterarían el orden público y la paz social y que la sentencia que recurren es un precedente funesto, pues al admitirse que cualquier individuo pueda reunirse y protestar en cualquier lugar que decida se sacrificaría el derecho al libre tránsito, a la salud, al trabajo y el derecho a la propiedad, la paz y la seguridad de las personas de esos lugares, que son derechos iguales o incluso más importantes que el derecho a reunirse y protestar y el interés general debe estar siempre sobre el interés particular de un grupo.

TC/0092/18, numeral 11, a–b, pág. 20 — PDF oficial

c. En cuanto al primer argumento, este tribunal ha podido verificar que la acción de amparo fue interpuesta por las partes hoy recurridas, según consta en la página 23, punto 11.5.1, de la sentencia objeto de recurso, que dispone: La parte accionante, señores GUADALUPE VALDEZ, MANUEL ROBLES, DEMETRIO TURBI, MARIO RAFAEL BERGES SANTOS y BARTOLOME PUJALS SUAREZ, apoderaron a este tribunal con la finalidad de entre otras cosas, que se le declare la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones de las accionadas y se le reconozca el derecho fundamental de reunirse y protestar pacíficamente, alegando tal y como hemos indicado anteriormente, que han recibido agresiones amenazas, que incluyeron lanzamiento de gas lacrimógeno y afectaciones físicas a los manifestantes.

d. Este tribunal estima que el pedimento de la parte recurrente resulta improcedente, toda vez que ha quedado demostrado que la acción de amparo fue interpuesta a título personal por las partes hoy recurridas, no por una colectividad como alegan los recurrentes, razones por las que el referido precedente de la Sentencia TC/0123/13 no aplica al presente caso, porque en aquel supuesto se trataba de varias organizaciones de la sociedad civil que interpusieron un amparo en procuración de que las personas afectadas por una resolución administrativa de la Dirección General de Migración (DGA), en la que instruía al Ministerio de Educación a abstenerse de inscribir en los centros educativos a extranjeros que estuvieran al margen de la ley, con lo que actuaron en nombre de los posibles afectados por ese acto, a lo que el Tribunal Constitucional estableció:

TC/0092/18, numeral 11, c–d, pág. 21 — PDF oficial

10.8. El derecho fundamental que se violaría, en la eventualidad de que el Ministerio de Educación implementare la referida circular, es el de la educación, que es un derecho que es, al mismo tiempo, individual y de segunda generación. Dada la naturaleza del indicado derecho fundamental, su protección, en caso de violación, solo puede ser reclamada por su titular. En este orden, las entidades originalmente accionantes y ahora recurrentes, carecen de legitimidad para invocar las violaciones a las cuales se refiere la acción de amparo.

e. En el presente caso, los recurrentes en amparo son personas que individualmente ejercieron la acción por sí mismos, sin intermediación de asociación como ocurrió en la Sentencia TC/0123/13; son los afectados en sus derechos fundamentales los que acuden ante el juez de amparo, en reclamo de que se declare la acción de la autoridad como una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión, de tránsito, el derecho a la integridad personal y física, por lo que este tribunal le reconoce la legitimación para accionar en su nombre.

f. En cuanto a la necesidad de representación legal, este tribunal ha reiterado que en la acción constitucional de amparo impera la protección de los derechos fundamentales y está exenta de formalismos y rigores innecesarios, en virtud del principio de informalidad establecido en el numeral 9 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por lo que este argumento de la recurrente debe ser desestimado.

TC/0092/18, numeral 11, 10.8–f, pág. 22 — PDF oficial

g. El Tribunal Constitucional español, en cuanto a la libertad de reunión, y de expresión que permite que los ciudadanos protesten públicamente, en su Sentencia 36/1982 del dieciséis (16) de julio de mil novecientos ochenta y dos (1982), estableció: El derecho de reunión, como todo derecho fundamental, tiene sus límites, por no ser un derecho absoluto e ilimitado. Es, indudablemente, un derecho subjetivo de ejercicio colectivo, 1 que al ser realizado, incide en el derecho y en los intereses de otros ciudadanos y en la utilización exclusiva de bienes públicos, posibilitando, a veces, la alteración de la seguridad ciudadana y del 1 Negrita y subrayado nuestro. orden general, que corresponde garantizar y salvaguardar al poder público (…).

h. El recurrente alega que dicha sentencia desnaturalizó los hechos y el derecho y violó el principio de legalidad al determinar que el Ministerio de Interior y Policía ha conculcado los derechos de los accionantes al impedirles protestar y reunirse, pues su única participación en el caso fue emitir una comunicación informando a las entidades competentes para que tomaran las medidas para preservar el orden público, lo cual es una facultad legal y que en modo alguno constituye prohibición o impedimento.

i. Este tribunal, contrario a lo alegado por el recurrente, considera que el juez de amparo con su decisión hizo una correcta aplicación del derecho, pues si bien es cierto que la misión de la Policía Nacional es salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes, no menos cierto es que en el ejercicio de esas facultades que le otorga la Constitución, no puede menoscabar el derecho a la libertad de expresión.

TC/0092/18, numeral 11, g–i, pág. 23 — PDF oficial

j. En el caso del ejercicio a la manifestación o protesta social, esta constituye una expresión del control ciudadano frente a la autoridades que ejercen potestades públicas y procuran que el Estado ofrezca respuestas concretas u acometa acciones ante sus demandas; este es un medio legítimo de poder ciudadano que opera como contrapeso en el orden democrático, que debe ser preservado, por lo que sus actuaciones de la autoridad deben estar enmarcadas en las facultades que le otorga la ley y la Constitución.

k. En relación con el derecho de reunión, el artículo 20, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. En ese mismo sentido, el artículo 21 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP) dispone: Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

l. La Constitución dominicana establece, en sus artículos 48 y 49, lo siguiente: Artículo 48.- Libertad de reunión. Toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley. Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.

TC/0092/18, numeral 11, j–l, pág. 24 — PDF oficial

m. Respecto al derecho de reunión, se refirió la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-456-92, del catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992), que dispone: Generalmente las limitaciones al ejercicio del derecho de reunión y manifestación se encuentran vinculadas al mantenimiento del orden público. Con el fin de evitar posibles arbitrariedades se han establecido criterios para calificar las hipótesis de hecho en las cuales se justifica disolver o impedir el desarrollo de una reunión. En líneas generales estos criterios deben estar dirigidos exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes. Por lo general, es insuficiente un peligro eventual y genérico, un simple temor o una sospecha. La naturaleza del derecho de reunión, en sí mismo conflictivo, no puede ser la causa justificativa de normas limitativas del mismo. No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se. 2

n. La referida corte constitucional, en su Sentencia C-223/17, dictada el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017), consideró lo siguiente:

TC/0092/18, numeral 11, m–n, pág. 25 — PDF oficial

4.6.4. En ese sentido, puede decirse que el ámbito irreductible de protección del derecho a la reunión, manifestación y protesta, es la conglomeración de personas, identificadas con fines comunes, cuyo fin es manifestarse –libertad de expresión- frente al funcionamiento del gobierno –control político-, a través de la presión en la calle y mediante un actuar pacífico y sin armas. En otras palabras, el Legislador no podrá, por vía de legislación estatutaria, establecer medidas que cercenen la facultad ciudadana de ejercer control al poder político, de manifestarse u opinar libremente y de intentar establecer un diálogo con el Estado sobre asuntos esenciales. Por ejemplo, el Estado no podrá tomar medidas que anulen el ejercicio del derecho –restricción plena de vías, medidas de excepción que suspendan indefinidamente el derecho de protesta, entre otros-, o que criminalice el derecho –creación de tipos penales, ejercicio directo o indirecto de censura, entre otros-. De esta condición principal, derivan condiciones concretas. 2 Negritas y subrayado nuestro

TC/0092/18, numeral 11, 4.6.4, pág. 26 — PDF oficial

o. En ese mismo sentido, en relación con el contenido y límites del derecho de reunión, el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia 38/2009, del nueve (9) febrero de dos mil nueve (2009), estableció: Según tenemos reiterado, el derecho de reunión ‘es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la opinión dominante, el subjetivo una agrupación de personas, el temporal su duración transitoria, el finalístico licitud de la finalidad y el real u objetivo lugar de celebración’ (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2; doctrina reiterada en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3;196/2002, de 28 de octubre, FJ 4; 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2).

TC/0092/18, numeral 11, o, pág. 27 — PDF oficial

p. Conforme a la jurisprudencia citada, el derecho a reunirse, a expresarse libremente y a la protesta social, su ejercicio es de naturaleza social y su titularidad individual, lo que significa que toda persona tiene derecho a ejercerlos en libertad, con las limitaciones que le impone el orden público, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y la seguridad pública, es decir, que no se trata de un derecho absoluto; sin embargo, en los casos en que el derecho a la reunión, la libre expresión y protesta social desborde el límite establecido y justifique la intervención de la autoridad, esta no puede ejercer su deber de mantener el orden público, haciendo uso de la arbitrariedad, el uso innecesario de la fuerza y vulnerar el derecho a la integridad física de los manifestantes.

q. En cuanto al argumento de la recurrente de que el juez de amparo debió de declarar la acción improcedente en virtud del artículo 70.3 de la Ley núm. 137/11, el punto en discusión no era la violación a ningún derecho fundamental, no se prohibió la reunión a los manifestantes, lo que realmente reclamaban los accionantes era llegar al lugar o punto exacto en donde ellos querían protestar.

TC/0092/18, numeral 11, p–q, pág. 27 — PDF oficial

r. Este tribunal considera que el juez a-quo, al acoger el amparo actuó conforme a derecho, pues si bien los accionantes integrantes de la “Coalición Poder Ciudadano” habían notificado al Ministerio de Interior y Policía, la celebración de una cadena humana frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con el fin de prevenir a la autoridad a tomar las medidas precautorias y necesarias para garantizar no solo su derecho a la reunión, a la protesta social y libre expresión, sino también para garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos que pudieren ser entorpecidos con la actividad, en ningún modo esta notificación podía generar una acción de la autoridad que procurara que los manifestantes llegaran hasta al punto escogido para la protesta, el cual había sido notificado, sin que la autoridad, previo a la celebración de la protesta, hubiere hecho objeciones, por lo que haber evitado el acceso de los manifestante al punto de la protesta a través del uso de la fuerza configura una acción arbitraria que vulnera los derechos fundamentales alegados por los recurridos.

TC/0092/18, numeral 11, r, pág. 28 — PDF oficial

s. El argumento del recurrente de que los ciudadanos no pueden protestar en el lugar que su imaginación o capricho decida, pues alterarían el orden público y la paz social, encuentra fundamento en que ningún derecho individual es absoluto ni puede amenazar, limitar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de los demás, ni alterar el orden público y la seguridad ciudadana, cuya preservación, la Constitución y la ley ponen a cargo de la Policía Nacional, por lo que, el derecho a la reunión, la libre expresión y a la protesta frente a los lugares públicos solo puede ser impedido por la autoridad cuando exista una razón que justifique la limitación de estos derechos; en ningún modo, se podría alegar un peligro eventual o un prejuicio de considerar una manifestación social como sinónimo de desorden o de conspiración al orden constitucional.

TC/0092/18, numeral 11, s, pág. 28 — PDF oficial

t. Por las consideraciones y justificaciones anteriores, este tribunal considera correcta la decisión adoptada por el juez de amparo de acoger la acción reconociendo los derechos fundamentales de los accionantes a expresar libremente sus ideas, reunirse pacíficamente y a protestar contra actuaciones de la autoridad, sin alterar el orden público, porque lo contrario sería desconocer, reprimir o silenciar derechos tan vitales en el marco de un Estado social y democrático de derecho; esta censura constituye un mayor riesgo para la calidad de la democracia que permitir el ejercicio de los mismos; en consecuencia, procede admitir, en cuanto a la forma, el presente recurso, rechazarlo, en cuanto al fondo, y, en consecuencia, confirmar la decisión objeto del presente recurso. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; por motivo de inhibición voluntaria. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury, Rafael Díaz Filpo y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0092/18, numeral 11, t, pág. 29 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de amparo interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía contra la Sentencia núm. 00422- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiuno (21) de octubre de dos mil quince (2015).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 00422- 2015.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Ministerio de Interior y Policía, y a la parte recurrida, los señores Guadalupe Valdez, Manuel Robles, Demetrio Turbí, Mario Rafael Bergés Santos y Bartolomé Pujals Suárez, y al procurador general de la Republica.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimiento Constitucionales.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0092/18, del 27 de abril de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0092-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.