Sentencia TC/0092/19

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 21 de mayo de 2019 · Expediente TC-01-2018-0043

Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Namphi A. Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y Fundación Prensa y Derecho, INC. contra el artículo 44 numeral 6 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho a la libertad de expresión

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0092/19?

El artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18 vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica porque no permite determinar con certeza qué «mensajes negativos» empañan la imagen de un candidato ni si la sanción alcanza solo a quien emite el mensaje o también a quien lo comparte o respalda públicamente. La remisión a las penas de difamación e injuria de la Ley núm. 53-07 no resuelve esa indeterminación. Las responsabilidades ulteriores que limitan la libertad de expresión deben estar previstas en la ley de manera expresa, clara y precisa, especialmente cuando son de carácter penal (TC/0092/19, numeral 12, f–g, pág. 24; TC/0092/19, numeral 12, h–i, pág. 25; TC/0092/19, numeral 12, m, pág. 27; TC/0092/19, numeral 12, o–12.4, pág. 29).

La disposición no constituye censura previa porque sanciona expresiones ya difundidas. Aunque persigue el fin legítimo de proteger el honor y la reputación de los candidatos, no supera el examen de necesidad y proporcionalidad: la rectificación o respuesta en las propias redes sociales y, si esta no basta, las sanciones pecuniarias pertinentes son alternativas menos gravosas. El riesgo de prisión desalienta la crítica y el escrutinio de los candidatos y obstaculiza la difusión de información sobre sus actividades públicas, necesaria para un voto consciente y libre. La norma vulnera así la libertad de expresión, el principio de razonabilidad y el derecho a la información (TC/0092/19, numeral 12, l–n, pág. 39; TC/0092/19, numeral 12, x–z, pág. 43; TC/0092/19, numeral 12, bb, pág. 44; TC/0092/19, numeral 12, cc, pág. 44; TC/0092/19, numeral 12, hh–12.5, pág. 48; TC/0092/19, numeral 12, e–f, pág. 50).

Decisión

Admite en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la acoge en cuanto al fondo y declara inconstitucional el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18. Declara el proceso libre de costas, ordena comunicar la sentencia y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Cuando se fijan las limitaciones por medio de responsabilidades posteriores a este derecho, las mismas tienen que identificarse en la Ley de manera expresa, clara y precisa, ya que las normas sancionatorias ambiguas, amplias o muy abiertas violan la seguridad jurídica, promueven interpretaciones que socavan desproporcionadamente el ejercicio del derecho de libertad de expresión, lo que, a su vez, provoca que las personas no se expresen por el miedo a las represalias.” (TC/0092/19, numeral 12, m, pág. 27)
“Este tribunal considera que la disposición normativa impugnada no constituye, como denuncia la parte accionante, un mecanismo de censura previa.” (TC/0092/19, numeral 12, l–n, pág. 39)
“Por eso cuando se viola el derecho a la libertad de expresión, se vulnera tanto el derecho de la persona que pretende expresarse como el derecho de los demás a conocer esa opinión o información.” (TC/0092/19, numeral 12, b–d, pág. 49)

Normas interpretadas

Constitución dominicana: artículos 40.15, 49 (incluido su numeral 1), 69.7, 75.12 y 185.1.

Ley núm. 33-18: artículo 44, numeral 6.

Ley núm. 53-07: artículos 21 y 22.

Código Penal dominicano: artículos 367 a 372.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 37 y 38.

Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 13.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículos 19 y 20.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0200/13 y TC/0075/16; T-391/07 y C-010/00 (Colombia); resolución núm. 2011004160 (Costa Rica); sentencia del expediente 1122-2005 (Guatemala).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

10. Legitimación activa o calidad del accionante

10.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

10.2. En el presente caso, a partir de lo establecido en los textos indicados precedentemente, el Tribunal entiende que los señores Namphi A. Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y la Fundación Prensa y Derecho, INC. tienen calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, en razón de que se trata de normas aplicables a todo ciudadano, especialmente, a aquellos que ejercen su derecho a elegir y ser elegido. En el caso de la fundación, por tratarse de una materia afín al área en que labora ésta.

TC/0092/19, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 19 — PDF oficial

11. Análisis de los medios de inadmisión planteados

11.1. El artículo 38 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales establece: Artículo 38. Acto Introductivo. El escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas.

11.2. La Cámara de Diputados en su opinión y escrito de conclusiones solicitó, en cuanto a la forma, que se inadmita la presente acción directa en inconstitucionalidad contra la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en razón de que los accionantes no exponen, de una manera clara y precisa, los motivos por los cuales entienden que se produce una transgresión a estos textos constitucionales.

TC/0092/19, numeral 11, 11.1–11.2, pág. 20 — PDF oficial

11.3. Contrario a lo alegado, este tribunal considera que la parte accionante fundamenta su acción en que las normas atacadas violentan el derecho de libertad de expresión e información y los principios de legalidad y razonabilidad, tal y como se desprende de su instancia, especialmente, puede observarse en los siguientes argumentos planteados: Al mismo tiempo, sancionar con penas privativas de libertad un delito de palabra constituye una medida excesiva que no supera el test de razonabilidad consagrado en nuestra Constitución y aplicado ya en varias oportunidades por el Tribunal Constitucional. (…) no es compatible con nuestro orden constitucional el hecho de sancionar penalmente el ejercicio de la libertad de expresión en un medio de comunicación, como sería el Internet, cuando se refiera a asuntos de interés público, como es la elección de candidatos a cargos electivos, pues por su propia naturaleza, están sometidos al control social por medio de la opinión pública. Al analizar la referida disposición legal a la luz del principio de legalidad se verifica que la infracción no ha sido descrita de manera clara y precisa por el legislador, del tal suerte que el Juez Penal solo puede hacer la adecuación de la conducta punible a cada caso en concreto recurriendo a criterios valorativos que le permitan dotar de contenido a los conceptos “mensajes negativos” y “empañar”, los cuales resultan a todas luces genéricos e inexactos por carecer de una definición inequívoca que garantice que serán aplicados de manera idéntica en todos los casos. Esta falencia se torna insalvable cuando recordamos que al Juez Penal le está vedado recurrir a la analogía para interpretar la norma penal.

11.4. En vista de lo anterior, procede rechazar dicho medio de inadmisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la sentencia.

TC/0092/19, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 20 — PDF oficial

12. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados

12.1. Conforme instancia del doce (12) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), los señores Namphi A. Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y Fundación Prensa y Derecho, INC. interpusieron una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

12.2. De acuerdo con la parte accionante, “dicha disposición legal atenta contra principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Dominicana, específicamente contra la libertad de expresión e información, principios de legalidad y razonabilidad”. A continuación, este tribunal constitucional procederá a responder cada uno de los medios de inconstitucionalidad planteados.

12.3. Respecto de la invocada declaratoria de inconstitucionalidad de la norma por violación a los artículos 40 numeral 15 y 69 numeral 7 de la Constitución, los cuales consagran el principio de legalidad

TC/0092/19, numeral 12, 12.1–12.3, pág. 21 — PDF oficial

a. Según la parte accionante: Al analizar la referida disposición legal a la luz del principio de legalidad se verifica que la infracción no ha sido descrita de manera clara y precisa por el legislador, del tal suerte que el Juez Penal solo puede hacer la adecuación de la conducta punible a cada caso en concreto recurriendo a criterios valorativos que le permitan dotar de contenido a los conceptos “mensajes negativos” y “empañar”, los cuales resultan a todas luces genéricos e inexactos por carecer de una definición inequívoca que garantice que serán aplicados de manera idéntica en todos los casos. Esta falencia se torna insalvable cuando recordamos que al Juez Penal le está vedado recurrir a la analogía para interpretar la norma penal. Estamos pues ante un tipo penal indeterminado que deviene en inconstitucional por violar el principio de legalidad, expresado en el aforismo “nullum crimen nulla poena sine lege certa”. De manera muy específica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que las normas que limitan la libertad de expresión deben estar redactadas con tal claridad que resulte innecesario cualquier esfuerzo de interpretación, sosteniendo además que, incluso si existen interpretaciones judiciales que las precisan, ello no es suficiente para suplir formulaciones demasiado amplias, pues las interpretaciones judiciales cambian o no son seguidas estrictamente, y no son de carácter general (Alegatos CIDH ante CorteIDH: caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia 31 de agosto de 2004). (sic) Tal como se verifica, nuestra Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos exigen que el tipo penal contenga elementos suficientes para determinar la conducta prohibida, muy especialmente cuando las consecuencias son tan gravosas que derivan en penas privativas de libertad. Sin embargo, tal como ha quedado establecido, el tipo penal analizado está construido con una imprecisión tal, que atenta contra el principio de legalidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos, pudiendo llegar al extremo de convertirse en un mecanismo legal (mas no legítimo) de censura previa. Por tanto, dicha norma debe ser desechada del ordenamiento jurídico por contravenir el principio constitucional de legalidad.

TC/0092/19, numeral 12, a, pág. 22 — PDF oficial

b. Para el Senado de la República: En nuestro país en el pasado hemos tenido un caso notorio que es de conocimiento público, de manera que al no establecer la Ley una sanción directa emanada de la misma, si no que transfiere su vulneración a un texto legal que se aplica en otra Ley especial, somos de opinión que el mismo no es contrario a la Constitución de la República. (sic)

c. Igualmente, plantea la Cámara de Diputados de la República: 7.1.- Desde nuestra óptica, no se vislumbra que la ley atacada, altere en modo alguno el orden constitucional, y, en consecuencia, violente los principios protegido por los artículos aludido como ha denunciado el accionante. (sic)

d. El artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018) establece lo siguiente: Artículo 44.- Propaganda prohibida en el período de precampaña. Durante el período de precampaña o campaña interna, queda prohibido: 6) La difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley No.53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

e. La Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del veintitrés (23) de abril de dos mil siete (2007), a su vez, consagra: Artículo 21.-Difamación. La difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo. Artículo 22.- Injuria Pública. La injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones, o audiovisuales, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.

TC/0092/19, numeral 12, b–e, pág. 23 — PDF oficial

f. El artículo 367 del Código Penal de la República Dominicana reza: Difamación es la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa. Se califica injuria, cualquiera expresión afrentosa, cualquiera invectiva o término de desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso.

g. Ciertamente, como alega la parte accionante, se requiere un esfuerzo interpretativo para determinar con certeza cuáles son las conductas que constituyen la difusión de “mensajes negativos” que “empañen la imagen” de los candidatos, cuya sanción a aplicar es, de nada más y nada menos que, de tres (3) meses a un (1) año de prisión y multa de cinco (5) a quinientas (500) veces el salario mínimo, dada la remisión de la disposición a la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

TC/0092/19, numeral 12, f–g, pág. 24 — PDF oficial

h. Las normas deben bastarse por sí mismas y, en el caso del precepto impugnado, no queda claro si para la determinación de los elementos constitutivos del delito de difundir “mensajes negativos” por las redes sociales que “empañen la imagen” de los candidatos, el juez penal sólo puede recurrir a las definiciones del Código Penal dominicano, que tipifica la difamación como “la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa” y la injuria como “cualquiera expresión afrentosa, cualquiera invectiva o término de desprecio, que no encierre la imputación de un hecho preciso”. De ser esta la intención del legislador, debió establecerlo de manera directa, repitiendo la definición consagrada en dicho código y agregando las nuevas circunstancias respecto a que sean difundidas por las redes sociales y en período de precampañas o de campañas internas, pero no consagrar de manera amplia y ambigua lo que aparenta ser, actualmente, una nueva tipificación de los delitos de difamación e injuria con la pena, dicho sea de paso, más alta entre todas las comprendidas por el Código Penal dominicano para dichos delitos.

i. Además, este tribunal observa que el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33- 18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos tampoco es lo suficientemente claro respecto de a quién se le imputará el delito, pues se requiere, asimismo, de una labor interpretativa para determinar si la norma se refiere sólo a quién emite el mensaje o, si incluye también, a la persona que lo comparte y/o lo respalda públicamente.

TC/0092/19, numeral 12, h–i, pág. 25 — PDF oficial

j. La experiencia de la región con este tipo de normas tan ambiguas en un contexto complejo; ha obligado a que, por golpe de sentencia, se haya tenido que aclarar que no puede condenarse a una persona por difamación por el simple hecho de incluir o reproducir enlaces de otro sitio que contenga contenido difamatorio sobre terceros 1 .

k. Para la Corte Constitucional de Colombia: …el nivel de precisión con el cual se han de formular las leyes correspondientes debe ser lo suficientemente específico y claro como para permitir que los individuos regulen su conducta de conformidad con ellas. Este requisito se identifica con la prohibición de limitar la libertad de expresión con base en mandatos legales vagos, ambiguos, amplios o indeterminados. Aclaró así la Corte colombiana que: [n]o basta para limitar la transmisión radial de expresiones sexualmente explícitas con la mera invocación de la “moralidad pública” -concepto muy indeterminado-, sin precisar la forma en que ésta se materializa en el caso concreto en un interés específico objeto de protección constitucional, ni con la mención de los “derechos de los niños” en abstracto, sin cumplir celosa y estrictamente con la carga probatoria de demostrar tanto la presencia predominante de niños en la audiencia de una determinada expresión como el daño que éstos han sufrido o podrían claramente sufrir en virtud de dicha expresión 2 . 1 Veáse el caso de Crookes contra Newton de la Suprema Corte de Canadá del 19 de octubre de 2011 y el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, caso de Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s del 1 de agosto de 2013. 2 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-391/07 del 22 de mayo de 2007.

TC/0092/19, numeral 12, j–k, pág. 26 — PDF oficial

l. Este tribunal constitucional en el precedente TC/0200/13 del siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013) sobre el principio de legalidad, estableció lo siguiente: 9.7.3.4. En ese sentido, cabe destacar que el principio de legalidad, dispuesto en el artículo 69.7 de la Constitución, se erige como una de las condiciones básicas que permiten la configuración del Estado de derecho, pues en su esencia encierra la exigencia de seguridad jurídica, la cual permite que el ciudadano tenga la oportunidad de conocer qué puede o no hacer, así como la pena que sufrirá por la inobservancia de esa obligación; y la exigencia de garantía individual, la cual permite garantizar que el individuo no será sometido a un castigo si no está previsto en una ley aprobada previamente por el órgano competente del Estado. 9.7.3.5. No se discute la formulación clásica del principio de legalidad penal que reza ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’, del cual se desprende el principio de que la imposición de una penalidad a un acto o hecho lesivo debe provenir de la aplicación de una ley, puesto que el fin de la amenaza penal es evitar las lesiones del derecho por medio de la intimidación de todos aquellos que podrían cometer tales lesiones, y mal podría intimidar a la generalidad una amenaza penal que no se hallase, clara y públicamente, establecida por medio de la ley.

TC/0092/19, numeral 12, l, pág. 27 — PDF oficial

m. Cuando se fijan las limitaciones por medio de responsabilidades posteriores a este derecho, las mismas tienen que identificarse en la Ley de manera expresa, clara y precisa, ya que las normas sancionatorias ambiguas, amplias o muy abiertas violan la seguridad jurídica, promueven interpretaciones que socavan desproporcionadamente el ejercicio del derecho de libertad de expresión, lo que, a su vez, provoca que las personas no se expresen por el miedo a las represalias. Sobre todo, cuando la norma sancionatoria proviene del derecho penal que es el medio más restrictivo y severo.

TC/0092/19, numeral 12, m, pág. 27 — PDF oficial

n. En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en dos mil once (2011), mediante la Observación General núm. 34, correspondiente a la interpretación del artículo 19 sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, aclaró lo siguiente: 25. A efectos del párrafo 3, para ser calificada de "ley", la norma debe estar formulada con precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella, y hacerse accesible al público. Las leyes no pueden conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión. Las leyes deben proporcionar suficientes orientaciones a los encargados de su ejecución para que puedan distinguir cuáles expresiones pueden restringirse correctamente y cuáles no. 38. Como ya se ha señalado anteriormente (párrs. 13 y 20) en relación con el contenido de la expresión del pensamiento político, el Comité ha observado que, en el debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas a efectos del Pacto es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar sin inhibiciones. Por lo tanto, el simple hecho de considerar que una declaración insulta a una figura pública no basta para justificar la imposición de sanciones, aunque las personalidades públicas también pueden beneficiarse de las disposiciones del Pacto. Además, todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política. En consecuencia, el Comité ha expresado su preocupación en relación con leyes sobre cuestiones tales como la lèse majesté, el desacato, la falta de respeto por la autoridad, la falta de respeto por las banderas y los símbolos, la difamación del Jefe de Estado y la protección del honor de los funcionarios públicos. Las leyes no deben establecer penas más severas según cual sea la persona criticada. Los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración.

TC/0092/19, numeral 12, n, pág. 28 — PDF oficial

o. Esto es importante porque, tal y como se ha señalado, si las personas no distinguen los discursos protegidos y no protegidos por la Ley, pueden sentirse intimidadas; la libre circulación de ideas y opiniones se entorpece y las autoridades gozan de un mayor margen de discrecionalidad que puede conducir a discriminar y a promover la arbitrariedad en la aplicación de la Ley.

p. En todo caso, la doctrina electoral considera que “las campañas negativas” tienen “como objetivo persuadir al electorado para obtener su voto en favor de una opción política, pero también para evitar que se decanten por otras opciones” [Martin Salgado, dos mil dos (2002)]. En cambio, la campaña sucia es definida “como aquella que recurre a ofensas, inventa información, cae en la calumnia o se entromete en la vida privada del candidato” [Dworak, dos mil doce (2012)] 3 . Se ha afirmado con justeza que quien “organiza una campaña sucia, sabe que está faltando a la verdad, que su propósito no es jugar con las reglas del juego democrático, sino violarlas para conseguir su fin”. El legislador debió distinguir entre ambos términos.

q. Por dichas razones, este tribunal declara que el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos es contrario al principio de legalidad y de seguridad jurídica establecidos en el artículo 40.15 y 69.7 de la Constitución dominicana. 3 Diccionario Electoral, Tomo I A-K, IIDH, San José, Costa Rica, 2017, p. 103.

12.4. En cuanto a la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de la norma por violación a los artículos 49 de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto del derecho a la libertad de expresión; y violación al artículo 40 numeral 15 de la Constitución, que consagra el principio de razonabilidad

TC/0092/19, numeral 12, o–12.4, pág. 29 — PDF oficial

a. De acuerdo con los planteamientos de los accionantes: En el contexto de una Constitución garantista y normativista como la que hoy impera en República Dominicana se plantea la necesidad de hacer un juicio de ponderación sobre la necesidad de disposiciones como las contenidas en el Art. 44 numeral 6 de la Ley de Partidos, a la luz del artículo 49 de la Constitución, para determinar el impacto negativo que una restricción tan gravosa puede generar en el ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, esencial para una sociedad democrática y pluralista. Al mismo tiempo, sancionar con penas privativas de libertad un delito de palabra constituye una medida excesiva que no supera el test de razonabilidad consagrado en nuestra Constitución y aplicado ya en varias oportunidades por el Tribunal Constitucional. Nuestro devenir histórico bien pudiera explicar las pretensiones de resguardar con disposiciones de “mordaza” el honor o la consideración de quienes ejercen la función pública. Lo que es inaceptable es que hoy, en el siglo XXI, luego de la República Dominicana haber ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción y teniendo en cuenta el hecho de que aquellos que ejercen la función pública están sujetos al escrutinio de la ciudadanía, se pretenda mantener legislaciones que no propician un debate público sincero y transparente en torno a los intereses colectivos. Ya hoy se vive en una sociedad abierta, donde la transparencia, la contradicción y el pluralismo democrático exigen un nivel de protección legislativa del discurso sobre asuntos que son de interés públicos, y que muchas veces suelen aludir a funcionarios públicos, políticos y personas de notoriedad pública.

TC/0092/19, numeral 12, a, pág. 30 — PDF oficial

Es por ello que el Art. 44 numeral 6 de la Ley de Partidos no es compatible con nuestro orden constitucional actual, al imponer una sanción penal que propende a producir inhibición de la opinión pública sobre un asunto tan relevante como es la elección para candidatos para cargos públicos, al tiempo que violenta los derechos fundamentales de los posibles imputables, operando así como un verdadero mecanismo de censura previa, en franca violación al artículo 49 de nuestra Carta Magna. En la jurisprudencia y la doctrina de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha dejado por sentado que las sanciones de privación de libertad por este tipo de delitos NO SON COMPATIBLES con la Convención American de Derechos Humanos, puesto que ellas producen un “efecto inhibitorio” en los ciudadanos que hacen opinión pública, que temerosos de perder su libertad personal se abstienen de emitir informaciones, juicios u opiniones que puedan afectar funcionarios públicos o particulares. (sic) La Comisión y la Corte Interamericana han sostenido consistentemente que el test de necesidad de las limitaciones debe ser aplicado en forma más estricta cuando se trate de expresiones atinentes al Estado, a asuntos de interés público, a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o candidatos a ocupar cargos públicos, o a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como al discurso y debate políticos. Por demás, la Corte y la Comisión han sido reiterativos en señalar que para resarcir el honor de alguien que se sienta afectado por una información o una opinión debería bastar el derecho a réplica o rectificación que establece la Convención o, en caso de daños morales, un sistema de responsabilidad civil capaz de reparar el honor ofendido.

TC/0092/19, numeral 12, a, pág. 30 — PDF oficial

(…) no es compatible con nuestro orden constitucional el hecho de sancionar penalmente el ejercicio de la libertad de expresión en un medio de comunicación, como sería el Internet, cuando se refiera a asuntos de interés público, como es la elección de candidatos a cargos electivos, pues por su propia naturaleza, están sometidos al control social por medio de la opinión pública. En primer lugar, se puede identificar que la finalidad de la norma es proteger el buen nombre e imagen de los candidatos en el marco de una campaña electoral. Ya se ha precisado que conforme el Sistema Interamericano la protección del honor de las personas que voluntariamente se involucran en los asuntos públicos, como es el caso de los candidatos a cargos electivos, deben ser ponderado frente al importancia que reviste el debate público sobre asuntos de interés general, ya que esto último promueve un ambiente democrático. El medio para alcanzar tal fin ha sido la elaboración de una norma adjetiva que tipifica como ilícito penal el hecho de difundir mensajes “negativos” a través de las redes sociales que “empañen” la imagen de los candidatos, imponiendo sanciones consistentes en pena privativa de libertad y multa. Es decir, el legislador ha recurrido a la medida más extrema de la cual goza el Estado (última ratio) para alcanzar su fin, al haber criminalizado el hecho. En cuanto a la idoneidad, si bien la medida cumple con una finalidad de evitar que la ciudadanía recurra a las redes sociales para “empañar” la imagen de los candidatos, la misma resulta incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de una sociedad democrática, toda vez que la medida termina convirtiéndose en una forma de censura previa. Al analizar la necesidad de la medida restrictiva de la libertad de expresión (…).

TC/0092/19, numeral 12, a, pág. 30 — PDF oficial

Existen al alcance del legislador otras vías legales que de igual forma pueden dar respuesta, tales como la retractación y la indemnización civil. Por último, en cuanto a la estricta proporcionalidad de la medida, el Tribunal Constitucional podrá constatar que definitivamente la imposición de penas privativas de libertad y multas resulta a todas luces excesivo y desproporcional, tomando en consideración el fin que se pretende alcanzar con la medida. En este caso la afectación a la libertad de expresión es tan grave que la sanción penal degenera en un mecanismo de censura previa, ya que nadie se atrevería a expresarse libremente en relación a un candidato. Afecta además la forma en que la ciudadanía usa el Internet como medio de expresión y libre intercambio de ideas. Por otra parte, los ciudadanos tienen derecho a obtener y compartir información y experiencias sobre el accionar de los candidatos, sin miedo a que dichas expresiones sean posteriormente tildadas de “negativas”, sobre todo porque dichas informaciones son de interés público.

TC/0092/19, numeral 12, a, pág. 30 — PDF oficial

b. La Cámara de Diputados de la República Dominicana sobre este punto precisa lo siguiente: 7.2.- Contrario a lo que se alegan, el artículo 44 numeral 6 de la Ley 33-18, vienen a democratizar la libertad de expresión y difusión de pensamiento atreves del medio escrito tecnológico, sin alterar la veracidad de lo que se comunica y no impide a ningún ciudadano e institución a comunicar su pensamiento y su criterio en el marco de la realidad en la república dominicana. (sic) 7.3.- Del planteamiento anterior se desprende, que no existe perjuicios para ninguna agrupación política, ni de ningún ciudadano debido a que se aplica las misma reglas para todos los ciudadanos y para todos los partidos políticos. (sic) 7.4.- El espíritu del legislador, con la creación de los artículos 44 numeral 6 de la Ley No. 33-83, fue resolver una situación agravio y daños desmesurados de personas física y morales y de establecer claridad y tener un texto legal que regule el accionar de los ciudadanos de los Partidos, Movimiento y Agrupaciones Políticas: (sic)

TC/0092/19, numeral 12, b, pág. 34 — PDF oficial

c. Por otra parte, considera el procurador general de la República que: [El derecho a la libertad de expresión] no extingue otro derecho como el ya citado Derecho a la intimidad y el honor personal y su propia imagen. (…) la aplicación del artículo 44 numeral 6 de la Ley 33-18, en modo alguno lesiona principios constitucionalmente establecidos a favor del derecho de las personas a la libertad de expresión e información, independientemente de que sea una figura pública, se debe de respetar el derecho a la imagen de las personas, en la especie, candidatos de los diferentes partidos políticos, tal como expresa la propia Ley 33-18, de Partidos Políticos, que viene a transparentar en mayor medida el accionar de los entes políticos, haciéndolos más incluyentes, logrando una mejor y más amplia participación de la ciudadanía, y propiciando una práctica política consecuente con los principios, los valores y la ética que resultan esenciales al sistema democrático dominicano, que se apliquen de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad y de justicia social, donde prevalezcan los derechos de todos, por tanto lo dispuesto por el impugnado artículo no lacera el derecho a la información y a la libre expresión a favor de la ciudadanía, como tampoco esconde el accionar del candidato de un partido político. (sic)

TC/0092/19, numeral 12, c, pág. 34 — PDF oficial

d. La Constitución dominicana, en su artículo 49, reza: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. (…) Párrafo.- El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público. Como se observa, los límites constitucionales del derecho a la libertad de expresión son: el honor, la intimidad, la moral de las personas y la protección de la juventud y de la infancia.

TC/0092/19, numeral 12, d, pág. 35 — PDF oficial

e. En otro orden, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13, establece: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

TC/0092/19, numeral 12, e, pág. 35 — PDF oficial

f. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, consagra: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

g. Y en el artículo 20, dicho pacto establece: 1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.

h. Del análisis de las disposiciones del bloque de constitucionalidad antes citadas, se obtiene en efecto que: a) Las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión no pueden equivaler a mecanismos de censura previa, sino a responsabilidades ulteriores para quien abuse de este derecho; b) la censura previa sólo es admisible, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad, en los supuestos de expresiones que vayan a favor de la guerra, de la apología del odio nacional, racial o religioso que incite a la discriminación, hostilidad o violencia contra cualquier persona o grupo de personas, así como aquellas que atenten contra la moral de la infancia y de la adolescencia, tal y como ocurre con la pornografía infantil.

TC/0092/19, numeral 12, f–h, pág. 37 — PDF oficial

i. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC/0075/16, del cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), definió la censura previa como “toda restricción que despliega la autoridad pública con anterioridad a la elaboración y difusión de información o expresión de ideas, opiniones u obras del espíritu, encaminada a sujetarla a la obtención de autorización oficial, previo examen de su contenido, o bien levantar la prohibición de elaborarla o difundirla” y aclaró que “en las sociedades democráticas, como lo es el caso de República Dominicana, la censura previa está prohibida”.

j. Según la Corte Constitucional de Colombia, la censura previa se encuentra terminantemente prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la Constitución colombiana. La misma se configura cuando las autoridades, por diversas razones, impiden u obstaculizan gravemente la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado contenido, igualmente cuando la emisión o publicación queda sujeta a una autorización precedente de la autoridad 4 .

k. Al respecto, agrega la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que constituye censura previa: 4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-010/00 del 19 de enero de 2000. …todo aquel acto que a priori pretenda censurar o enmudecer cualquier manifestación, difusión o comunicación de sus pensamientos, ideas, opiniones, creencias, convicciones o juicios de valor. Será censura previa también, cualquier condicionamiento previo, a aspectos tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad de la información” 5 .

TC/0092/19, numeral 12, i–k, pág. 38 — PDF oficial

l. La censura previa es el prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión, ya que conlleva su supresión antes de que ésta sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad, ejercer su derecho a la información. Aun cuando la censura previa persiga un bien colectivo, esta no se justifica fuera de los supuestos establecidos, porque viola el contenido esencial del derecho a la libertad de expresión y se encuentra por ello prohibida expresamente en los instrumentos normativos analizados.

m. Este tribunal considera que la disposición normativa impugnada no constituye, como denuncia la parte accionante, un mecanismo de censura previa. Pues, tal y como se desprende de los estándares indicados, la censura previa persigue la supresión, obstaculización o impedimento de la emisión de expresiones antes de que estas sean difundidas; no obstante, en el caso del artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de lo que se trata evidentemente, es de sancionar la manifestación, difusión o comunicación de la expresión, una vez la misma es realizada.

n. Es preciso señalar que la libertad de expresión es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado social y democrático de derecho. En toda sociedad abierta o verdaderamente democrática, es indispensable, pues, la protección y promoción de la libre circulación de información, ideas y expresiones de todo tipo. El Estado tiene un deber esencial de garantizar neutralidad ante los 5 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de Amparo Res. núm. 2011004160, del 29 de marzo de 2011. contenidos y que no queden personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público.

TC/0092/19, numeral 12, l–n, pág. 39 — PDF oficial

o. Las personas, por su parte, tienen derecho a pensar autónomamente y a compartir dicho pensamiento, independientemente de su aceptación social o estatal y de que ofendan o perturben. Igualmente, tienen derecho a acceder a la información de la manera más amplia y abierta posible.

p. Ahora bien, como es sabido, ningún derecho fundamental es absoluto en cuanto a su ejercicio. El derecho a la libertad de expresión también puede ser limitado, de acuerdo con las normas de la Constitución y del bloque de constitucionalidad citadas, para proteger el derecho al honor o a la reputación, a la intimidad, a la dignidad y moral de las personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, en estos supuestos, a través de las responsabilidades ulteriores que deben ser necesarias y encontrarse expresamente fijadas por la Ley. De modo que quien ejerce el derecho a la libertad de expresión en forma abusiva, debe afrontar las consecuencias ulteriores que le corresponden según la Ley.

TC/0092/19, numeral 12, o–p, pág. 40 — PDF oficial

q. En cuanto a esto, la Corte Constitucional de Guatemala recuerda que a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: a) Resultan inadmisibles las limitaciones previas (censura previa), aquellas que produzcan efectos discriminatorios y que se impongan a través de mecanismos indirectos; b) el examen de la legitimidad de las limitaciones impuestas exige que las restricciones estén previstas, de manera clara y precisa, en una ley formal y material, que estén dirigidas al logro de objetivos legítimos reconocidos por la Convención, que sean idóneas y necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines trazados y estrictamente proporcionales a la meta que persiguen. Además, que: c) algunos tipos de limitaciones, por el tipo de discurso sobre el cual recaen o por los medios que utilizan, deben ser excepcionales y estar sujetas a un examen más estricto y exigente para ser válidas bajo la Convención Americana 6 .

r. Tal y como fue expuesto, las formas de censura o los mecanismos indirectos previos de restricción de la libertad de expresión están prohibidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución dominicana. Tampoco está permitida la discriminación en materia de ejercicio del derecho de libertad de expresión, como en ningún otro derecho, por tratarse de normas que no admiten excusa en contrario.

s. En otro orden, las limitaciones deben estar dirigidas únicamente al logro de los objetivos legítimos señalados: proteger el derecho al honor o a la reputación, a la intimidad, a la dignidad y moral de las personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública y ser idóneas, necesarias y proporcionales para alcanzar dicho fin, no pudiendo ser incompatibles con la dignidad humana.

TC/0092/19, numeral 12, q–s, pág. 40 — PDF oficial

t. Si bien es cierto que el derecho a la libertad de expresión “no extingue el derecho a la intimidad, al honor personal y a la propia imagen”, como señala el procurador general de la República, no menos cierto es que la limitación al derecho de libertad de expresión debe satisfacer el test de razonabilidad. Para ello se requiere entonces que se trate de un mecanismo adecuado y efectivo para el cumplimiento de la finalidad pretendida (idoneidad); que no se pueda alcanzar por otro medio menos restrictivo o gravoso para el derecho a la libertad de expresión dentro de todas las alternativas igualmente efectivas (necesidad); y que las ventajas obtenidas de la limitación compensen y justifiquen los sacrificios que conllevan (proporcionalidad).

u. A dicho test hay que añadir que cuando se traten de restricciones sobre ciertos tipos de discursos o por los medios que utilizan, deben ser excepcionales y estar 6 Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Sentencia de Inconstitucionalidad General Parcial. Expediente 1122-2005. 1 de febrero de 2006. sujetas a un examen más estricto y exigente para ser válidas. Esto significa que deben ser la excepción a la regla general para que ciertas personas, grupos, ideas o medios de expresión no se queden excluidos a priori del debate público. Y es que, como se dijo, en temas de interés público, se protege, incluso, la manifestación de ideas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población.

TC/0092/19, numeral 12, t–u, pág. 41 — PDF oficial

v. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, dado que la libertad de expresión faculta al individuo y a la sociedad a participar en debates activos y vigorosos sobre todos los aspectos de interés social, y que ese tipo de debates generará necesariamente ciertos discursos críticos y ofensivos para los funcionarios públicos o quienes se vinculan voluntariamente a la formulación de la política pública. Por dicha razón, este tribunal constitucional en la Sentencia TC/0075/16 citada, declaró no conforme con la Constitución dominicana las disposiciones de los artículos 30, 31, 34 y 37 de la Ley núm. 6132, al disponer sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que ejerzan funciones públicas, porque “constituyen una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa cuando se trate de funcionarios públicos sujetos por su naturaleza a un control social por medio de la opinión pública”.

w. Ahora bien, en dicho precedente TC/0075/16, del cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), este tribunal constitucional explicó que “la despenalización de los actos difamatorios o injuriosos contra los funcionarios públicos o personas que ejerzan funciones públicas no es extensible a los actos difamatorios e injuriosos que conciernan a la vida privada de estos” y “deben ser sancionados con arreglo a la ley, en virtud de que el control de la intimidad y dignidad de los funcionarios en su vida privada en nada contribuye a que los ciudadanos puedan ejercer de forma eficaz su derecho de monitoreo y critica sobre las actuaciones que estos realizan de cara a las funciones públicas que le han sido conferidas”.

TC/0092/19, numeral 12, v–w, pág. 42 — PDF oficial

x. Plantean los accionantes que la norma impugnada no supera el test de razonabilidad y, en consecuencia, vulnera el derecho de libertad de expresión conforme a lo consagrado en la Constitución dominicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A continuación, este Tribunal procederá a verificar el alegato expresado.

y. Si bien el artículo 44 numeral 6, de la Ley núm. 33-19, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos persigue uno de los objetivos legítimos autorizados que puede fundamentar una limitación al derecho de libertad de expresión, a saber: el respeto a los derechos y a la reputación de los demás (principio de idoneidad), es preciso verificar también si la elección de la restricción a imponerse no contradice los siguientes sub-principios de necesidad y proporcionalidad en el contexto que debe ser aplicada.

z. En el análisis de necesidad hay que valorar si el objetivo perseguido con la medida, esto es la protección del derecho al honor y a la reputación de un candidato a un puesto público cuando se vea mermado por expresiones que empañen su imagen, no puede alcanzarse por un medio menos gravoso y restrictivo de los derechos humanos entre los disponibles y que, en el presente caso, corresponde a la sanción de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo. Obsérvese, entonces, que en el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-19, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el legislador ha elegido la sanción más alta de todas las contempladas en los artículos 368 al 372 del Código Penal dominicano para los delitos de difamación e injuria.

TC/0092/19, numeral 12, x–z, pág. 43 — PDF oficial

aa. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos en la citada Observación General núm. 34: “47. (…) Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, y la pena de prisión no es nunca adecuada (…)”. En otro orden, para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión 7 , el derecho de rectificación o respuesta resulta la medida menos costosa desde la óptica del derecho fundamental a la libertad de expresión para reparar los daños relativos a ella. Igualmente, de acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo cuando la rectificación sea insuficiente para reparar el daño causado, recomienda aplicar responsabilidades civiles proporcionadas 8 .

TC/0092/19, numeral 12, aa, pág. 43 — PDF oficial

bb. Este tribunal constitucional comparte el criterio de que la sanción correspondiente de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo para quien durante el período de precampaña o campaña interna “difunda mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos”, resulta innecesaria y excesivamente gravosa, porque considera el medio de las redes sociales más riesgoso que otros (televisión, radio, periódicos) al contemplar penas más altas que las establecidas por los delitos de difamación e injuria en el mundo offline (fuera de línea), cuando las propias redes sociales constituyen el medio más idóneo para que el candidato afectado ejerza de manera inmediata y eficaz el derecho de rectificación o respuesta. Y en todo caso, si aún ello no resulta suficiente por el daño causado y los abusos cometidos contra la persona que voluntariamente se ha sometido a un mayor escrutinio y control social, el Estado puede aplicar alternativas igualmente efectivas como las sanciones pecuniarias pertinentes.

TC/0092/19, numeral 12, bb, pág. 44 — PDF oficial

cc. Asimismo, las ventajas a obtenerse de la limitación en la disposición impugnada ante este tribunal constitucional no compensan ni justifican los 7 Naciones Unidas, Asamblea General. “Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue”, 16 de mayo de 2011. 8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión)”, 30 de diciembre de 2009, párrs. 109 y ss. sacrificios que conllevan (proporcionalidad) para la libertad de expresión. Y es que en todo sistema democrático se requiere de la expresión crítica para motivar el correspondiente escrutinio y control efectivo de la función pública; sin embargo, el temor a ser sancionado con una pena de prisión puede más bien desalentar a los ciudadanos y ciudadanas a hacerlo y a cumplir consecuentemente con su deber establecido en el artículo 75, numeral 12, de la Constitución dominicana de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

TC/0092/19, numeral 12, cc, pág. 44 — PDF oficial

dd. Este tribunal ya ha indicado que las sanciones impuestas a actuaciones fijadas en la norma atacada por conceptos vagos e imprecisos es, incluso, mayor que las sanciones establecidas para crímenes y delitos bien tipificados, pero en medios de difusión tradicionales. Aunque la configuración de la norma atacada no establece de manera expresa una censura previa -como ya expresamos- sus efectos podrían ser similares, debido a tres factores: (i) la norma está destinada a regular una conducta social y, más aún, una conducta deseada, como es la crítica o discusión de candidatos en tiempos electorales, lo cual indefectiblemente ayuda a la definición de la intención electoral y, en consecuencia, al proceso democrático; (ii) parte de la doctrina ha observado que las personas que cometen una infracción, amén de su motivo ulterior, realizan un análisis económico (costo de oportunidad, costos o impacto de la sanción) que los motivaría actuar siempre que los beneficios de comisión resulten menores que los costos de la ejecución; (iii) estas personas responden a cambios en los costos de oportunidad, así como en la severidad de la sanción y otras variables, como puede ser en este caso la vaga e imprecisa tipificación de la sanción a aplicar, lo cual, unido a una sanción desproporcionada puede inducir a las personas a, por miedo o inseguridad, abstenerse de realizar una conducta socialmente deseable, como es el caso 9 . Esta configuración normativa defectuosa, si bien no configura de manera expresa una censura previa, puede tener un resultado similar al inducir a las personas a suprimir una conducta, en general, 9 Cfr. POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law, 6th Ed. Aspen Publishers, 2003, pp. 219-221. beneficiosa para el sistema democrático, como lo es el debate respecto a candidatos a puestos electivos.

TC/0092/19, numeral 12, dd, pág. 45 — PDF oficial

ee. Al respecto, cabe referir las importantes funciones que, según la Corte Constitucional de Colombia, cumple la libertad de expresión en su dimensión política, a saber: (…) (i) el debate político amplio y abierto protegido por esta libertad informa y mejora la calidad de la elaboración de las políticas públicas, en la medida en que permite “la inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación, decisión y desarrollo”, inclusión que “es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de decisiones”, permitiendo así el ejercicio equitativo del derecho a la participación; (ii) la libertad de expresión mantiene abiertos los canales para el cambio político, impidiendo mediante la crítica que los gobernantes se arraiguen indefinidamente en una postura ilegítima; (iii) una protección sólida de la libre comunicación de información e ideas previene los abusos gubernamentales de poder, al proporcionarles un contrapeso mediante la apertura de un canal para el ejercicio del poder ciudadano de participación y control de lo público – en otras palabras, proporciona una oportunidad para la discusión de los asuntos de interés general, oportunidad que a su vez frena los riesgos de represión oficial; (iv) promueve la estabilidad sociopolítica, al proveer una válvula de escape para el disenso social y establecer, así, un marco para el manejo y procesamiento de conflictos que no amenaza con socavar la integridad de la sociedad; (v) protege a las minorías políticas activas en un momento dado, impidiendo su silenciamiento por las fuerzas mayoritarias o prevalecientes; y (vi) a un nivel más básico, es una condición necesaria para asegurar la libre expresión de la opinión de los electores al depositar sus votos, optando por un representante político. También se ha indicado que la libertad de expresión (vii) contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado, dado que materializa el derecho de los ciudadanos a comprender los asuntos políticos y les permite, así, participar efectivamente en el funcionamiento de la democracia, (viii) haciendo efectivo el principio de autogobierno representativo por los ciudadanos mismos y (viii) el de responsabilidad de los gobernantes ante el electorado, así como (ix) el principio de igualdad política. Finalmente, se ha enfatizado que (x) la libertad de expresión fortalece la autonomía del individuo en tanto sujeto político dentro de un régimen democrático, y que (xi) al permitir la construcción de opinión, facilita el control social sobre el funcionamiento, no solo del sistema político, sino de la sociedad misma, incluyendo el ordenamiento jurídico y sus necesidades de evolución o modificación 10 .

TC/0092/19, numeral 12, ee, pág. 46 — PDF oficial

ff. El objetivo del neoconstitucionalismo latinoamericano denominado democrático será precisamente rescatar la idea de participación activa por parte de la población en la construcción de su propio futuro como sociedad, por eso la insistencia en la creación de mecanismos de participación política directa de la ciudadanía y en garantizar la legitimidad democrática. La libertad de expresión y de la información, por ende, resultan claves para la construcción de sociedades más justas y autocríticas en cuanto a los asuntos de interés público.

gg. Las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos y ciudadanas pueda exteriorizar su pensamiento, comunicarse, recibir e intercambiar opiniones e informaciones de manera global, instantánea y a un costo razonable respecto de los asuntos concernientes a todos y todas. El discurso público ha dejado de ser dirigido exclusivamente por el Estado o por los profesionales de la comunicación a través de 10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-391/07, de 22 de mayo de 2007. los medios tradicionales, provocando una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés. De ahí la importancia de que el uso de la libertad de expresión por estos medios se mantenga libre del temor a represalias innecesarias y desproporcionadas que obstaculicen la construcción de una ciudadanía plena, participativa y consciente.

TC/0092/19, numeral 12, ff–gg, pág. 47 — PDF oficial

hh. La protección del honor, reputación o imagen de un candidato a una función pública a través del derecho penal, que, en este caso concreto, corresponden a las penas de tres (3) meses a un (1) año de prisión y multa de cinco (5) a quinientas (500) veces el salario mínimo contempladas en el artículo 44 numeral 6 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, no compensa el sacrificio y peligro que supone para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Sobre todo, porque no se trata de aspectos concernientes a la vida privada e íntima de los mismos, ya que, en ese hipotético caso, como bien expresó el Tribunal Constitucional, en su precedente TC/0075/16 ya citado, corresponde otorgar la misma protección que a los particulares frente al uso abusivo de la libertad de expresión.

ii. Por tales motivos, este tribunal constitucional declara que la norma impugnada es violatoria de los artículos 49 de la Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto del derecho a la libertad de expresión; y del artículo 40 numeral 15 de la Constitución, que consagra el principio de razonabilidad como plantean los accionantes.

12.5. En relación con la alegada inconstitucionalidad de la norma por violación al derecho a la información de los ciudadanos, conforme al artículo 49, numeral 1, de la Constitución

TC/0092/19, numeral 12, hh–12.5, pág. 48 — PDF oficial

a. La parte accionante sostiene que: En el marco de una campaña electoral, la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas, pero sobre todo es una forma de fortalecer la democracia. (sic) La punibilidad de la difusión de información sobre un candidato, no puede depender del hecho de que la misma sea “negativa” y “empañe” la imagen de éste, ya que ninguna de los anteriores calificativos guardan relación con la veracidad de la información o determinan si la misma invade el ámbito de la privacidad, o si responde a una intención dolosa de dañar la imagen y buen nombre del candidato, elementos que sí pudieran acarrear responsabilidad al agente. (sic) Existe infinidad de supuestos en los cuales una información relacionada con el accionar público de un candidato pudiera resultar “negativa” para su imagen; pero al mismo tiempo resultar verídica y estar basada en fuentes confiables. La difusión de la información “empañará” la imagen del candidato y, por tanto, conforme a la redacción actual del Art. 44 numeral 6 de la Ley de Partidos, se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información en una red social sea pasible de una pena privativa de libertad. Esta es una clara desnaturalización del ejercicio del libre acceso y, sobre todo, difusión de la información, por lo tanto, deviene en inconstitucional.

TC/0092/19, numeral 12, a, pág. 48 — PDF oficial

b. El Senado de la República, en cambio, plantea que: La concentración de todo el conocimiento de la historia de la humanidad en manos de todos los ciudadanos sin límite alguno a traído como consecuencia algunos fenómenos que anteriormente no existían que atañen contra la integridad moral de los ciudadanos, de manera que esa libre expresión debe tener un límite que preserve la aplicación de la misma ley, no olvidemos que durante algunos periodos electorales de carácter internacional esa práctica ya ha obtenido resultados negativos. (sic)

c. El procurador general de la República, por su parte agrega: (…) estas disposiciones versan sobre la exposición del funcionario al escrutinio público, y el derecho que tiene la ciudadanía de estar informado; sin embargo, ese funcionario expuesto a ese escrutinio público tiene derechos que le amparan y resguardan como es el derecho a la intimidad y el honor personal citado precedentemente.

d. El derecho a la libertad de expresión comprende no sólo una dimensión individual que consiste en el derecho de toda persona a expresar y difundir los propios pensamientos, ideas e informaciones, también comprende una importante dimensión colectiva o social, que se traduce en el derecho de todas las personas de procurar y recibir las informaciones e ideas de todo tipo, conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada. Por eso cuando se viola el derecho a la libertad de expresión, se vulnera tanto el derecho de la persona que pretende expresarse como el derecho de los demás a conocer esa opinión o información. La libertad de expresión es indispensable para la formación de la opinión pública y si la sociedad no se encuentra bien informada no podrá ser plenamente libre.

TC/0092/19, numeral 12, b–d, pág. 49 — PDF oficial

e. Este tribunal constitucional está consciente de que si bien las redes sociales constituyen un soporte de la democracia y promueven una nueva forma de hacer política, también fomentan campañas sucias, distintas a las campañas negativas, que obedecen a una estrategia que ataca al adversario con informaciones falsas, injuriosas, difamatorias, insultantes, con fines de afectar la voluntad del elector. Sin embargo, la disposición legal atacada en inconstitucionalidad, lejos de aportar solución a la problemática, se aparta de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

f. En el presente caso, el precepto impugnado no sólo viola el principio de legalidad, de seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión y el principio de razonabilidad, sino también el derecho a la información consagrado en el artículo 49 de la Constitución dominicana, porque obstaculiza la difusión de informaciones sobre las actividades de los candidatos a la función pública a través de tipos penales excesivos y ambiguos, informaciones que resultan dicho sea de paso, especialmente protegidas porque fomentan el derecho al voto consciente y libre, así como el ejercicio del poder público de la manera más transparente y participativa posible. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vázquez Sámuel, segundo sustituto; y Miguel Valera Montero. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

TC/0092/19, numeral 12, e–f, pág. 50 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el doce (12) septiembre de dos mil dieciocho (2018) por Namphi A. Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y Fundación Prensa y Derecho, INC. contra el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción y declarar la inconstitucionalidad del artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Namphi A. Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y Fundación Prensa y Derecho, INC., al Senado de la República Dominicana, a la Cámara de Diputados y a la Procuraduría General de la República.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0092/19, del 21 de mayo de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0092-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.