Sentencia TC/0119/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de mayo de 2020 · Expediente TC-04-2019-0133

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0119/20?

El recurso fue interpuesto en tiempo hábil porque, al no constar la notificación de la sentencia impugnada, el plazo franco de treinta días permanecía abierto. El Tribunal tuvo por satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11: los derechos se invocaron en casación o ante el propio Tribunal Constitucional, se agotaron los recursos disponibles sin que se subsanaran las presuntas vulneraciones y estas se atribuyeron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. La especial trascendencia constitucional radicó en que el caso permitía continuar desarrollando el derecho a un juez imparcial (TC/0119/20, numeral 10, 10.1–b, pág. 17; TC/0119/20, numeral 10, c–10.5, pág. 18; TC/0119/20, numeral 10, 10.6–10.9, pág. 19).

La recusación protege el derecho a ser oído por un juez imparcial. Si el juez que conoce un asunto penal de manera unipersonal no acepta la recusación, debe remitir el escrito y su informe a la corte de apelación, que debe resolver el incidente en tres días. Mientras se decide, el juez recusado debe apartarse del proceso y las audiencias deben suspenderse. En este caso, la jueza remitió las actuaciones, pero continuó el juicio y dictó sentencia sin que constara una decisión sobre la recusación. Al avalar que el juicio continuara sin esperar ese pronunciamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en particular la garantía de imparcialidad del artículo 69.2 de la Constitución (TC/0119/20, numeral 11, 11.8–11.9, pág. 24; TC/0119/20, numeral 11, 11.10–11.11, pág. 24; TC/0119/20, numeral 11, 11.13–11.14, pág. 26).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión interpuesto por Yan Santos Reyes; anula la Sentencia núm. 17 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y ordena el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los fines del artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“el juez cuya exclusión ha sido planteada debe apartarse del proceso hasta tanto se determine si existen elementos que conduzcan a remitir las actuaciones procesal a otro juez para dirimir el conflicto” (TC/0119/20, numeral 11, 11.13–11.14, pág. 26).
“fase en la cual se suspenden las audiencias a fin de garantizar los derechos del recusante” (TC/0119/20, numeral 11, 11.13–11.14, pág. 26).
“la Sentencia núm. 17, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en perjuicio del recurrente Yan Santos Reyes” (TC/0119/20, numeral 11, 11.18, pág. 28).

Normas interpretadas

Constitución de la República Dominicana: artículo 69, numerales 2, 4, 8 y 10.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 51, 53.3 (literales a, b y c, y párrafo), 54.1, 54.9 y 54.10.

Código Procesal Penal (Ley núm. 76-02): artículos 5, 78.7, 80 y 82.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0143/15, TC/0123/18, TC/0483/15, TC/0136/18 y TC/0200/19.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

El conflicto se origina por un accidente de tránsito, tras presuntamente haberse explotado una goma delantera del vehículo que conducía Yan Santos Reyes que ocasionó el fallecimiento del señor Jean Carlos Toribio. A consecuencia de ello, Manuel de Jesús Cuevas, representante del Ministerio Público, solicitó una medida de coerción contra Yan Santos Reyes por presunta violación a los artículos 49 literal c), 49.1, 61, 65 y 67 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99, 1 los cuales tipifican y sancionan lo siguiente: golpes o heridas causados sin intención con el manejo de un vehículo de motor; muerte de una persona por accidente de tránsito; reglas básicas de límites de velocidad; conducción temeraria o descuidada; y reglas mínimas para el rebase de otro vehículo. La Cuarta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio Santiago impuso a Yan Santos Reyes una garantía económica por la suma de un millón de pesos dominicanos con 00/100 centavos ($1,000,000.00) en modalidad de fianza y presentación periódica el día veinte (20) de cada mes ante el Ministerio Público encargado de la investigación, con duración de seis (6) meses a partir de la Resolución núm. 022/2012, dictada por ese juzgado el veinte (20) de junio de dos mil doce (2012).

TC/0119/20, numeral 8, pág. 15 — PDF oficial

La Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio Santiago fue apoderada del proceso de fondo que declaró culpable a Yan Santos Reyes y lo condenó a cumplir dos (2) años de prisión 23 por violación a los artículos 49 1 De fecha 16 de diciembre de 1999. 2 Esas sanciones se aplican sin perjuicio de los artículos 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, y 304 del Código Penal. 3 La medida debía ser cumplida de la manera siguiente: 2 meses en prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey y 1 año y 10 meses en libertad, caso en el cual tenía que cumplir determinadas condiciones. numeral 1 literal c), 61, 65 y 67 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99 en perjuicio de los señores Frank Reinier Núñez, Bernardo de Jesús Abreu y Jean Carlos Toribio (fallecido producto del accidente) y condenó de manera solidaria a Yan Santos Reyes y Juan Francisco Santos Taveras, en calidad de imputado y tercero civilmente responsable respectivamente, al pago de doscientos mil pesos dominicanos con cero centavos ($200,000.00) por los daños morales ocasionados a Bernardo de Jesús Abreu, mediante la Sentencia núm. 333-2014, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil catorce (2014). Con motivo de los recursos de apelación interpuestos por Yan Santos Reyes, Juan Francisco Santos Taveras, Seguros Constitución, S.A., se produjo la Sentencia núm. 0563-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015), cuyo fallo desestimó dichos recursos.

TC/0119/20, numeral 8, pág. 15 — PDF oficial

Esa decisión fue recurrida en casación por Yan Santos Reyes, Juan Francisco Santos Taveras y Seguros Constitución, S.A., en cuyo caso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció rechazando los recursos mediante la Sentencia núm. 17, de quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), que hoy se recurre en revisión constitucional.

TC/0119/20, numeral 8, pág. 15 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión

10.1 Conforme dispone el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión debe ser interpuesto en un plazo de treinta (30) días contado a partir de la notificación de la resolución impugnada, plazo que es franco según lo establece la Sentencia TC/0143/15, del primero (1º) de julio de dos mil quince (2015). En el expediente no reposa constancia de la notificación de la sentencia al recurrente, Yan Santos Reyes, de modo que este tribunal estima que el plazo se encontraba abierto y por consiguiente el recurso fue depositado en tiempo hábil.

10.2 Resuelto ese requisito procesal, procede indicar que la Procuraduría General de la República solicita declarar inadmisible el recurso de revisión bajo el razonamiento de que “[…] en el presente caso no están reunidos los presupuestos señalados por la ley y los precedentes del Tribunal Constitucional para su admisibilidad, toda vez que no se aprecia alegato o argumento alguno dirigido a demostrar la configuración de las causales establecidas por el antes señalado artículo 53 de la Ley No. 137-11 […]”.

10.3 De acuerdo con el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional solo podrá revisar la decisión jurisdiccional impugnada en los casos siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

TC/0119/20, numeral 10, 10.1–b, pág. 17 — PDF oficial

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

10.4 En el caso concreto, Yan Santos Reyes sostiene que la citada sentencia le vulnera su derecho a la dignidad humana, la libertad, tutela judicial efectiva y el debido proceso; es decir, que se está en presencia de la tercera causal de admisibilidad prevista en el citado artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.

10.5 Es preciso señalar que en la Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal unificó el criterio para la evaluación de las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y en ese orden precisó que esos requisitos se encontrarán satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con el examen particular de cada caso. En efecto, el Tribunal, (sic) asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito (sic) se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.

TC/0119/20, numeral 10, c–10.5, pág. 18 — PDF oficial

10.6 La parte recurrente invocó la violación al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia así como la conculcación de los derechos a la dignidad humana y a la libertad ante este tribunal constitucional, agotando de esta manera todos los recursos disponibles dentro del Poder Judicial sin que las presuntas conculcaciones hayan sido subsanadas; razones que conducen a este Colegiado a considerar que las exigencias contenidas en los literales a) y b) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 se encuentran satisfechas.

10.7 Igualmente, el requisito previsto en el artículo 53.3 literal c) de la Ley núm. 137-11 se encuentra satisfecho, pues el recurrente imputa a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la presunta violación a los derechos fundamentales antes señalados.

10.8 Por su parte, el párrafo del artículo 53.3 requiere que el recurso tenga especial trascendencia o relevancia constitucional que justifique un examen y una decisión de parte de este tribunal. En el caso concreto, la especial trascendencia o relevancia constitucional se satisface en la medida en que le permitirá continuar con el desarrollo del derecho a un juez imparcial.

10.9 Atendiendo a las consideraciones previas se rechaza el medio de inadmisión planteado por la Procuraduría General de la República de declarar inadmisible el recurso de revisión y se procede a examinar el fondo.

TC/0119/20, numeral 10, 10.6–10.9, pág. 19 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del recurso de revisión

11.1 Como hemos apuntado en los antecedentes, Yan Santos Reyes interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra la sentencia núm. 17, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018), con el propósito de que sea anulada dicha decisión por presuntamente habérsele vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como los derechos a la dignidad humana y a la libertad.

11.2 Conforme al indicado artículo 69, toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: […] 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

11.3 La tutela judicial efectiva comprende el derecho al acceso a la justicia, a no sufrir indefensión, a obtener una decisión motivada, a utilizar los recursos previstos por las leyes y a la ejecución de resoluciones que no sean susceptibles de recurso alguno; derechos cuya protección exigen del juez la observancia de las garantías mínimas del debido proceso, como son el derecho a la imparcialidad del juez, a la publicidad del proceso, a la asistencia de abogado, el desarrollo de la causa sin dilación alguna y a la utilización de los medios de prueba disponibles para la defensa del recurrente.

TC/0119/20, numeral 11, 11.1–11.3, pág. 20 — PDF oficial

11.4 Conforme a la instancia de revisión, el recurrente sostiene que la sentencia dictada por la Corte de Casación le vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, pues rechazó la excepción de nulidad por inconstitucionalidad sin expresar motivo alguno, a pesar de que constituye un medio de defensa que puede ser promovido en cualquier fase del proceso; sin embargo, de la lectura de la Sentencia núm. 17 se advierte que contrario a lo argüido por el recurrente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dio respuesta al medio planteado en el recurso depositado por Yan Santos Reyes cuando se pronunció en el sentido siguiente: Considerando, que, en un último aspecto, el recurrente interpone excepción de nulidad por inconstitucionalidad contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, y en consecuencia solicita declararla nula e inconstitucional por violación al debido proceso de ley, consagrado en los artículos 69, 6, 151 de la Constitución de la República Dominicana, y los Arts. 78 numeral 7, 5 y 426 del Código Procesal Penal; Considerando, que lo ahora propuesto carece de formalidad para su adecuado examen, toda vez que ante esta Corte de Casación el impugnante no ha concretado cuáles son los vicios, cuál es la importancia y pertinencia en orden a variar la suerte del proceso y sobre todo acreditar las aducidas vulneraciones al debido proceso, que es lo sugerido en el recurso que ahora ocupa nuestra atención; por lo cual procede desestimar este último aspecto.

TC/0119/20, numeral 11, 11.4, pág. 21 — PDF oficial

11.5 Si bien la Corte de Casación estableció que no fueron acreditados los vicios de inconstitucionalidad para el examen en cuestión; este colegiado precisa que la excepción de inconstitucionalidad puede ser propuesta como medio de defensa en cualquier etapa del proceso en contra de leyes, decretos, reglamentos o actos contrarios a la Constitución, conforme lo establece el artículo 51 de la Ley núm. 137-11, de modo que no puede ser promovida contra una decisión judicial como pretendía el recurrente, Yan Santos Reyes, al plantearla contra la Sentencia núm. 0563/2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015).

11.6 Por otra parte, el recurrente considera que la Suprema Corte de Justicia le conculcó el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en lo que respecta a obtener una decisión dictada por un juez imparcial, por cuanto no observó que la jueza del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio Santiago conoció y decidió el caso a pesar de haber sido recusada; cuestión que también fue planteado en el recurso de casación interpuesto por Yan Santos Reyes, en cuyo caso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró lo siguiente: […] a esta Sala no se le hace evidente que la sentencia recurrida resulte ser manifiestamente infundada, específicamente en lo concerniente a la solicitud de aplazamiento del juicio en virtud a la recusación que fuera interpuesta contra el juez que conoció el juicio de fondo, toda vez que, tal y como expone la Corte a-qua en la decisión impugnada, el juez objeto de recusación, conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal no se encuentra obligado a paralizar el conocimiento del proceso; por consiguiente, procede rechazar el argumento que se examina.

TC/0119/20, numeral 11, 11.5–11.6, pág. 22 — PDF oficial

11.7 En relación con la imparcialidad, la Ley núm. 76-02, que instituye el Código Procesal, establece lo siguiente: Artículo 5. Imparcialidad e Independencia. Los jueces solo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares. Artículo 78. Motivos. Los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes en razón de: 7) […] haber omitido opinión o consejo sobre el procedimiento particular de que se trata y que conste por escrito o por cualquier medio lícito de registro. Artículo 80. Forma de la Recusación. La recusación de un juez debe indicar los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. Durante las audiencias, la recusación se presenta oralmente, bajo las mismas condiciones de admisibilidad de las presentaciones escritas y se deja constancias de sus motivos en el acta. Artículo 82. Trámite de la Recusación. Si el juez objeto de la recusación la admite, procede conforme el mismo trámite de la inhibición. En caso contrario, debe remitir el escrito de recusación y su informe a la corte de apelación correspondiente o, si el juez integra un tribunal colegiado, solicita el examen de la recusación a los restantes miembros del tribunal. Si estima necesario, el tribunal o la corte fija audiencia para recibir las pruebas e informar a las partes. El tribunal competente resuelve el incidente dentro de los tres días, sin que su decisión esté sujeta a recurso alguno.

TC/0119/20, numeral 11, 11.7, pág. 23 — PDF oficial

11.8 Como se advierte, el Código Procesal Penal dispone el procedimiento que debe llevarse a cabo para la recusación de un juez en materia penal, a fin de proteger el derecho que tienen los ciudadanos a la celebración de un juicio imparcial, en el que la solución del conflicto se fundamente en los hechos de la causa y en la sujeción a los cánones legales y constitucionales vigentes; en ese sentido, es preciso señalar que cuando un juez ha sido recusado y disiente de las afirmaciones realizadas por el recusante, debe remitir el escrito de recusación y su informe a la Corte de Apelación si el asunto se conoce de modo unipersonal, como ocurre en la especie; órgano que deberá pronunciarse sobre el incidente en el plazo de tres (3) días, tal como precisa el artículo 82 de dicho Código.

11.9 En el caso concreto, conforme se indica en la sentencia núm. 333/2014, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, ante la recusación formulada por el hoy recurrente el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), la jueza remitió las actuaciones procesales a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, ordenó la continuación de la audiencia y dictó sentencia el diecisiete (17) de diciembre de ese mes y año, sin que conste en el expediente que la petición de recusación haya sido resuelta por la Corte de Apelación a pesar de que el Código Procesal Penal claramente prevé que el órgano judicial encargado de resolver el incidente debe pronunciarse en el término de tres (3) días.

TC/0119/20, numeral 11, 11.8–11.9, pág. 24 — PDF oficial

11.10 En el marco del recurso de apelación interpuesto ante la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Yan Santos Reyes expresó que la jueza de primera instancia no debió continuar el juicio luego de haber sido recusada; cuestión que fue respondida en el sentido de que “[l]a Corte entiende que no lleva razón el apelante en su reclamo pues la ley no obliga al juez a paralizar el proceso, en este caso el juicio, ante una recusación; por lo que el motivo analizado debe ser desestimado”.

11.11 A juicio de este colegiado, la continuación del juicio constituye una clara inobservancia a las normas procesales que rigen la materia, en razón de que la Corte de Apelación debió determinar si existían motivos suficientes para que el juez de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio Santiago se desapoderara del caso y remitiera el expediente para que el conflicto se dirimiera ante otro juez que dotara al proceso de las garantías mínimas para la protección de los derechos fundamentales de las partes, en este caso el derecho a ser oído por una jurisdicción independiente e imparcial (artículo 69.2 de la Constitución); o por el contrario, ordenar la continuación del juicio una vez concluyera que no existían elementos de parcialidad que pudieran conducir a la jueza actuante a favorecer con su decisión a una de las partes.

TC/0119/20, numeral 11, 11.10–11.11, pág. 24 — PDF oficial

11.12 Sobre el particular, en la Sentencia TC/0483/15, del seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015), el Tribunal Constitucional se pronunció de la manera siguiente: Conforme a lo antes señalado, tanto el constitucionalista a través de la Carta Magna, la ley, las convenciones y tratados internacionales que reconocen las garantías de los derechos fundamentales, ha dejado claramente establecido la necesidad de un juez competente, independiente e imparcial a la hora de conocer una litis y deliberar su fallo en las instancias judiciales ordinarias; y con ello, al ser desconocida la necesidad de la imparcialidad del juez en un proceso jurisdiccional se está vulnerando la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva del debido proceso, establecido en el artículo 69.2 de la Constitución dominicana, y por consiguiente la correcta administración de justicia en un Estado de derecho. [...] para la justicia constitucional, el derecho a la exigencia de la imparcialidad del juez es considerada como parte esencial de un debido proceso en el cual se reconozca dicha garantía fundamental para la aplicación de una correcta administración de justicia en un Estado de derecho. 4

TC/0119/20, numeral 11, 11.12, pág. 25 — PDF oficial

11.13 La recusación procura resguardar el derecho a un juez imparcial, razón por la cual el juez cuya exclusión ha sido planteada debe apartarse del proceso hasta tanto se determine si existen elementos que conduzcan a remitir las actuaciones procesal a otro juez para dirimir el conflicto, con base en las causales que prescribe el artículo 78 del Código Procesal Penal. Es por ello que la solicitud de recusación y el informe del juez se tramita al órgano jerárquicamente superior o los jueces de su colegiado para que se pronuncien al respecto, fase en la cual se suspenden las audiencias a fin de garantizar los derechos del recusante (ver Resolución núm. 3150-2018, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018), que rechazó la petición de recusación presentada contra un juez de instrucción especial y ordenó enviar el expediente a fin de que continuara con el proceso del que estaba apoderado).

11.14 Este tribunal advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en perjuicio del recurrente al considerar correcta la decisión de la Corte de Apelación, órgano que estimó que no existía conculcación al debido proceso penal de parte de la jueza de primera instancia cuando esta decidió continuar la celebración de la audiencia sin esperar que la Corte de Apelación se pronunciara sobre la recusación formulada 4 Este párrafo fue reiterado en la Sentencia TC/0136/18, del 17 de julio de 2018. en su contra, en inobservancia al artículo 82 del Código Procesal Penal.

TC/0119/20, numeral 11, 11.13–11.14, pág. 26 — PDF oficial

11.15 Por otra parte, el recurrente considera que se le ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en lo que respecta al plazo de duración máxima de tres (3) años que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal razonable, pues el proceso inició el tres (3) de enero de dos mil doce (2012) con el levantamiento del acta de tránsito y la Suprema Corte de Justicia dictó sentencia el quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), luego de haber transcurrido seis (6) años.

11.16 Sobre el particular, este colegiado rechaza el pedimento de extinción del proceso penal con base en el criterio establecido en la Sentencia TC/0200/19, del diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019): En ese orden, sostenemos que la declaratoria de la extinción de la acción penal es un asunto de fondo cuyo enjuiciamiento es de la competencia de los tribunales judiciales en materia penal, por cuanto para llegar a su reconocimiento se hace necesario la realización de ponderaciones fácticas y probatorias que escapan de las atribuciones del Tribunal Constitucional, las cuales solo están limitadas en salvaguardar el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales en el desarrollo de los procesos jurisdiccionales. De ahí que se procederá al rechazo de este medio sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión.

11.17 Por último, el recurrente sostiene que le han vulnerado los derechos a la libertad y a la dignidad humana; sin embargo, este tribunal no procederá a analizar esas cuestiones por cuanto el recurrente no expone argumentos que sustenten la pretensión de anular la decisión impugnada con base en las presuntas conculcaciones a esos derechos fundamentales y por tanto, no colocan al Tribunal en el contexto de examinar si las mismas se produjeron.

TC/0119/20, numeral 11, 11.15–11.17, pág. 27 — PDF oficial

11.18 Atendiendo a las consideraciones previas, esta sede constitucional comprueba que la Sentencia núm. 17, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en perjuicio del recurrente Yan Santos Reyes, por lo que procede a acoger el recurso, anular la decisión recurrida y devolver el expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme lo dispone el artículo 54.9 de la Ley núm. 137-11. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0119/20, numeral 11, 11.18, pág. 28 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por Yan Santos Reyes contra la Sentencia núm. 17, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de enero de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: ACOGER el fondo del recurso de revisión y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 17.

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los fines establecidos en el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Yan Santos Reyes; a la parte recurrida, Bernardo de Jesús Abreu y Frank Reinier Núñez, y a la Procuraduría General de la República.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0119/20, del 12 de mayo de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0119-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.