Sentencia TC/0483/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de noviembre de 2015 · Expediente TC-042014-0042

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0483/15?

El plazo de treinta días para interponer la revisión constitucional de una decisión jurisdiccional comienza con la notificación de la sentencia. Como en el expediente no constaba que la resolución hubiera sido notificada antes de la interposición del recurso, el plazo no había comenzado a correr. El Tribunal consideró inexigible la invocación previa de la lesión porque esta se atribuyó a la decisión que puso fin al proceso, contra la cual no cabía recurso en el Poder Judicial. Reconoció especial trascendencia constitucional al caso porque permitía precisar el alcance de la tutela judicial efectiva ante una jurisdicción imparcial (TC/0483/15, numeral 10, 10.1.4–10.1.7, pág. 22; TC/0483/15, numeral 10, i–m, pág. 25; TC/0483/15, numeral 10, n–o, pág. 26).

La imparcialidad judicial exigida por el artículo 69.2 de la Constitución comprende una dimensión objetiva: evitar que la convicción formada por un juez en una instancia anterior influya en la resolución del recurso. El Tribunal comprobó que la misma jueza participó y deliberó tanto en la apelación como en la casación de la misma causa. Concluyó que su intervención en la deliberación y el fallo de casación vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por lo que procedía anular la resolución y remitir el expediente para que se conociera nuevamente el recurso de casación (TC/0483/15, numeral 11, 11.4–11.6, pág. 28; TC/0483/15, numeral 11, 11.7–11.8, pág. 29; TC/0483/15, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 29; TC/0483/15, numeral 11, 11.12, pág. 30).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional, anula la Resolución núm. 3360-2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y remite el expediente a la Secretaría de esa corte para que su Segunda Sala conozca nuevamente el recurso de casación. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“el plazo para su interposición nunca empezó a correr” (TC/0483/15, numeral 10, 10.1.4–10.1.7, pág. 22).
“dicho requisito deviene en inexigible” (TC/0483/15, numeral 10, i–m, pág. 25).
“al no garantizar la imparcialidad que deben tener los jueces al momento de deliberar y fallar en ocasión del conocimiento de un recurso de casación” (TC/0483/15, numeral 11, 11.12, pág. 30).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69.2, 72, in fine, y 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7.66, 53, 54.1, 54.5, 54.7, 54.10, 95 y 100.

Código Procesal Penal: artículos 78.6 y 403.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0135/14, TC/006/1 (tal como figura en el texto), TC/0038/12, TC/0057/12, TC/0007/12, STC 27/1981 y STC 11/2000.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

8.1 Conforme a los documentos depositados en el expediente, así como a los hechos invocados por las partes, el presente caso tiene su origen en ocasión de una formal acusación por supuesta violación al artículo 408 del Código Procesal Penal dominicano, interpuesta por el señor Samuel E. Beato Grullón, hoy recurrido, contra el señor Leonel Rafael López Pichardo ahora recurrente, por haber incumplido con lo pactado en cuanto a la remodelación, supervisión, compras y abastecimientos de los materiales de una villa de Casa de Campo, La Romana. Dicha acusación fue acogida por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

8.2 Ante tal fallo, el señor López Pichardo interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que lo acogió y revocó la sentencia recurrida. No conforme con dicha sentencia, el señor Beato Grullón sometió un recurso de casación, acogido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que casó con reenvío la decisión impugnada.

8.3 Tras una nueva relación, la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo rechazó el recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, señor López Pichardo, declarándolo culpable de abuso de confianza; acogió la constitución en actor civil y confirmó la sentencia recurrida. Inconforme con el señalado fallo interpuso un recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ante tal inadmisibilidad interpone el recurso de revisión constitucional que ahora nos ocupa, a fin de que les sean restaurados los derechos que alega vulnerados.

TC/0483/15, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 20 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional

10.1 Previo a determinar la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, este tribunal constitucional procede a:

10.1.1 Contestar los argumentos presentados tanto por el hoy recurrente, como por el procurador general de la República, en cuanto a la ambigüedad que se alega en torno a la fecha de la notificación de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional que nos ocupa. El recurrente cita que la sentencia es de fecha doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013) dice que se le notificó el mismo día que interpuso el presente recurso constitucional dieciocho (18) de noviembre, mientras que la Procuraduría General de la República aduce que fue notificada el dieciocho (18) de octubre de dos mil trece (2013).

10.1.2 Asimismo, el ahora recurrente argumenta que dicho plazo debe ser computado franco y los días hábiles, conforme a los precedentes fijados en las sentencias del Tribunal Constitucionales números TC/0080/12 y TC/0071/13.

TC/0483/15, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 21 — PDF oficial

10.1.3 En ese sentido, es oportuno señalar que las referidas sentencias se dictaron en ocasión del conocimiento de recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y conforme al artículo 95 de la Ley núm. 137-11, dicho recurso se debe interponer dentro de un plazo de cinco (5) días a partir de la notificación de la sentencia objeto del recurso, por lo que el Tribunal decidió que “el plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”. 1 En la especie, los recurridos argumentan que se debe declarar inadmisible el presente recurso de revisión por haber sido interpuesto luego del vencimiento del plazo de cinco (5) días de la notificación de la sentencia de amparo. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que si bien es cierto que dicho recurso se notificó el día cuatro (4) de enero de dos mil doce (2012) y fue depositado en la Cámara Penal del referido tribunal el doce (12) de enero del mismo año, este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales. 2

TC/0483/15, numeral 10, 10.1.3, pág. 22 — PDF oficial

10.1.4 Por ende, el plazo para interponer el recurso constitucional que nos ocupa está establecido dentro de la referida ley núm. 137-11, en su sección IV, relativo a la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales, específicamente en el numeral 1) del artículo 54, que dispone: “El recurso se interpondrá mediante 1 Sentencia del Tribunal Constitucional Núm. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). 2 Sentencia del Tribunal Constitucional Núm. TC/0071/13, de fecha siete (7) de mayo de dos mil trece (2013) escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo de no mayor de treinta días 3 a partir de la notificación de la sentencia.”

10.1.5 En ese sentido, este tribunal considera necesario aclarar que en el expediente correspondiente al recurso constitucional que nos ocupa, no reposa documentación que permita comprobar que la sentencia, había sido notificada a la fecha de presentación del recurso, de manera que el plazo para su interposición nunca empezó a correr, teniendo que considerarse, por ende, que el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto por el artículo 54.1 4 de la Ley núm. 137-11, criterio este ya fijado en la Sentencia TC/0135/14 5 .

10.1.6 Incorporar los términos y el contenido de las sentencias números TC/006/1 6 y TC/0038/12 7 , dictadas por este tribunal constitucional, mediante las cuales se acogió el principio de celeridad y economía procesal, de manera que no sea necesario dictar dos sentencias: una para decidir sobre la admisibilidad y otra para resolver el fondo de la revisión constitucional de sentencia.

10.1.7 El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a las siguientes razones:

TC/0483/15, numeral 10, 10.1.4–10.1.7, pág. 22 — PDF oficial

a) El recurrente, señor Leonel López Ricardo, reúne las condiciones para accionar ante este tribunal por tener calidad, un interés legítimo y por invocar un derecho fundamental, como resulta el derecho de defensa. 3 Subrayado nuestro 4 Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Artículo 54.- Procedimiento de revisión. El procedimiento a seguir en materia de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales será el siguiente: 1) El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. 5 Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en fecha ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014). 6 De fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012) 7 De fecha trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012)

b) Es una facultad del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 54, numerales 5 y 7, de la indicada ley núm. 137-11, establecer la admisibilidad o no del recurso de revisión, y si están dadas las condiciones para admitirse, decidir sobre el fondo de dicho recurso.

c) Según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010, son susceptibles del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013).

TC/0483/15, numeral 10, a–c, pág. 23 — PDF oficial

d) De acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

e) En tal sentido, la admisibilidad de la revisión constitucional de sentencias firmes está condicionada a que la circunstancia planteada se encuentre en uno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 53, precedentemente descrito. En la especie, el recurrente alega que al tomar su decisión el Pleno de la Suprema Corte de Justicia le vulneró sus derechos a las garantías mínimas del debido proceso, tal como a la seguridad de la obtención de la tutela jurisdiccional efectiva, destacando el derecho a ser oído por un juez independiente e imparcial. Además, conforme lo establece el referido texto, esta admisibilidad está subordinada al cumplimiento de “todos y cada uno de los siguientes requisitos”:

f) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

g) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

h) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

TC/0483/15, numeral 10, d–h, pág. 24 — PDF oficial

i) Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados se comprueba que el reclamo fundamental que hace el recurrente no ha sido “invocado formalmente en el proceso” y no pudo serlo porque la lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que el recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigible. 8

j) El segundo de los requisitos también se cumple, ya que la sentencia ahora recurrida en revisión, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no es susceptible de recurso alguno dentro del ámbito del Poder Judicial.

k) El tercero de dichos requisitos, por igual se cumple. En tal sentido se alega la violación al derecho a la tutela judicial efectiva y a la garantía del debido proceso, vulneraciones que solo puede cometer el juez o tribunal que fue apoderado del caso.

l) La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionado además, a que exista especial trascendencia o relevancia constitucional, 8 Precedente establecido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0057/12 conforme a lo establecido en el párrafo del antes citado artículo 53, de la Ley núm. 137-11 y corresponde al Tribunal la obligación de motivar tal decisión.

m) Conforme al artículo 100 de la Ley núm. 137-11, la especial transcendencia o relevancia constitucional, la cual “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”.

TC/0483/15, numeral 10, i–m, pág. 25 — PDF oficial

n) La referida noción de naturaleza abierta e indeterminada fue definida por este tribunal (Sentencia TC/0007/12, de fecha 22 de marzo de 2012), estableciendo que solo se encuentra configurada, entre otros supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales, respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica. cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

o) El Tribunal Constitucional estima que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y se debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional consiste en que el tratamiento y solución del conflicto expuesto permitirá a este tribunal continuar profundizando con el desarrollo acerca del alcance de las garantías mínimas al obtener una tutela judicial efectiva ante una jurisdicción imparcial.

TC/0483/15, numeral 10, n–o, pág. 26 — PDF oficial

11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

11.1 El hoy recurrente, señor Leonel López Ricardo, plantea que se le vulneraron las garantías mínimas del debido proceso, como la seguridad de la obtención de la tutela jurisdiccional efectiva, destacando el derecho a ser oído por un juez independiente e imparcial, en cuanto al hecho de que la magistrada Esther Agelán Casasnovas conoció el proceso judicial abierto en torno a este caso, como miembro de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

11.2 En este sentido, a través de su opinión, el procurador general de la República, alega sobre la imparcialidad de una de las juezas que formó parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la deliberación y fallo del recurso de casación por haber conocido del expediente en la fase de apelación, por lo que se cuestiona la regularidad de la integración del quórum mínimo requerido, y así se vulnere lo consagrado en el artículo 69.2 de la Constitución, sin que el recurrente haya tenido la oportunidad en instancia ordinaria de alegar dicha vulneración

11.3 El numeral 2 del artículo 69 de la Constitución dominicana, correspondiente al capítulo de las garantías a los derechos fundamentales, establece: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 2. El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial 9 , establecida con anterioridad por la ley.

TC/0483/15, numeral 11, 11.1–11.3, pág. 27 — PDF oficial

11.4 Asimismo, el Código Procesal Penal de la República Dominicana establece en su artículo 78, numeral 6: Motivos. Los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes en razón de: … 6) Haber intervenido con anterioridad, a cualquier título, o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa.

11.5 Por igual, el referido código dispone en su artículo 403: Prohibición. Los jueces que pronunciaron o concurrieron a dictar la decisión recurrida no pueden conocer del recurso, salvo el caso de la oposición, ni intervenir en el conocimiento del nuevo juicio, cuando éste procede.

11.6 Además, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos reconoce en su artículo 81, incuestionables garantías mínimas que deben de presidir todo proceso ante cualquier autoridad pública, en la forma siguiente: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 10 , establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 9 Subrayado nuestro 10 Subrayado nuestro ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

TC/0483/15, numeral 11, 11.4–11.6, pág. 28 — PDF oficial

11.7 Conforme a lo antes señalado, tanto el constitucionalista a través de la Carta Magna, la ley, las convenciones y tratados internacionales que reconocen las garantías de los derechos fundamentales, ha dejado claramente establecido la necesidad de un juez competente, independiente e imparcial a la hora de conocer una litis y deliberar su fallo en las instancias judiciales ordinarias; y con ello, al ser desconocida la necesidad de la imparcialidad del juez en un proceso jurisdiccional se está vulnerando la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva del debido proceso, establecido en el artículo 69.2 de la Constitución dominicana, y por consiguiente la correcta administración de justicia en un Estado de derecho.

11.8 En este sentido, el Tribunal Constitucional español a través de sus sentencias STC 27/1981 11 y STC 11/2000 12 entre otras, ha fijado el precedente de distinguir, en cuanto a la imparcialidad judicial como garantía esencial de la función jurisdiccional, la imparcialidad subjetiva e imparcialidad objetiva, siendo la primera la que exige al juez considerar asuntos que le sean ajenos, en los que no tenga interés de clase alguna, y la segunda, la necesidad de que el juez se asegure de un eventual contacto anterior del juez con el tema dicidendi. 13

TC/0483/15, numeral 11, 11.7–11.8, pág. 29 — PDF oficial

11.9 El Tribunal Constitucional español dijo en su Sentencia STC/11/2000 14 es “evitar que influya en el juicio o en la resolución del recurso la convicción previa que un juez se haya formado sobre el fondo del asunto al decidir en anterior instancia, o incluso, al realizar actos de investigación”. Además, agregó que “tales convicciones previas podrían poner en riesgo el derecho del 11 De fecha veinte (20) de julio de mil novecientos ochenta y uno (1981). 12 De fecha diecisiete (17) de enero del dos mil (2000). 13 Frase latina, cuyo significado es “Tema de decisión” 14 De fecha diecisiete (17) de enero del dos mil (2000) justiciable a obtener, tanto en el juicio como en el recurso, una justicia imparcial”.

11.10 Conforme a todo lo antes expuesto, no ha quedado lugar a dudas de que para la justicia constitucional, el derecho a la exigencia de la imparcialidad del juez es considerada como parte esencial de un debido proceso en el cual se reconozca dicha garantía fundamental para la aplicación de una correcta administración de justicia en un Estado de derecho. 15

11.11 Con las piezas depositados en el expediente han evidenciado que la jueza Esther Agelán Casasnovas sí participo y deliberó en torno a la litis que nos ocupa, tanto en el conocimiento del recurso de apelación fallado por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a través de su Sentencia núm. 190-SS-2011, el dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011), como en la deliberación y fallo adoptado en ocasión del recurso de casación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia [Resolución núm. 3360- 2013, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013)], objeto del recurso constitucional que nos ocupa.

TC/0483/15, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 29 — PDF oficial

11.12 Por ende, este tribunal ha podido constar que la resolución ahora recurrida en revisión constitucional ha vulnerado al hoy recurrente, señor Leonel López Ricardo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, al no garantizar la imparcialidad que deben tener los jueces al momento de deliberar y fallar en ocasión del conocimiento de un recurso de casación; en consecuencia, procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida y ordenar la remisión del expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que, en aplicación del artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, sea conocido nuevamente: “El tribunal de envió conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del 15 Artículo 7 de la Constitución dominicana de 2010: Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa”. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano; así como el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0483/15, numeral 11, 11.12, pág. 30 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Leonel López Ricardo contra la Resolución núm. 3360-2013, dictada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo el recurso constitucional de revisión jurisdiccional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia ANULAR la referida resolución núm. 3360-2013.

TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que la Segunda Sala conozca de nuevo el recurso de casación, con estricto apego a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte recurrente, señor Leonel López Ricardo, a la parte recurrida, señor Samuel Evangelista Beato Grullón; así como a sus abogados y al procurador general de la República.

QUINTO: DECLARAR el procedimiento libre de costas en razón de la materia, en virtud del artículo 72, in fine, de la Constitución y del artículo 7.66 de la Ley núm. 137-11.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0483/15, del 6 de noviembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0483-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.