Sentencia TC/0071/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de mayo de 2013 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0014

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoada por la señora Yuderki Mercedes Santos Taveras contra la sentencia No. 120-2011, dictada por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil once (2011), en ocasión de la acción de amparo incoada contra la sociedad Concesionaria de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho al libre transito · Principio de economia procesal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0071/13?

La revisión es admisible por su especial trascendencia constitucional y fue interpuesta oportunamente: el plazo del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 es franco y de cinco días hábiles contados desde la notificación de la sentencia. Ante el vacío de esa ley sobre las consecuencias de acoger la revisión de amparo, el Tribunal aplica los principios de autonomía procesal y efectividad y concluye que, al revocar la sentencia recurrida, debe conocer el fondo de la acción. Los requisitos del artículo 13 de la Ley núm. 1486 resultan inaplicables por imponer demoras innecesarias: en virtud del principio de informalidad, la notificación de un acto constitucional es válida y eficaz si se practica en las oficinas de la autoridad o funcionario, ante su representación local o su representante legal, o en manos de la propia autoridad o funcionario. Si el juez de amparo entendía que la notificación era irregular, debió sobreseer el conocimiento de la acción y fijar prontamente una nueva audiencia en vez de desestimarla (TC/0071/13, numeral 9, pág. 10; numeral 10, a–d, pág. 11; numeral 10, j, pág. 13; numeral 10, m–b, pág. 15; numeral 10, c–d, pág. 16; numeral 10, e–g, pág. 17; numeral 10, h–j, pág. 18; dispositivo, pág. 21).

El cierre del acceso a Los Solares vulneró el libre tránsito y la dignidad humana y afectó el acceso a la educación y al trabajo, pues obligó a los moradores a recorrer innecesariamente entre diez y catorce kilómetros. El MOPC y CODACSA deben garantizar conjuntamente la entrada y salida de la comunidad por su participación en la construcción, gestión y mantenimiento del tramo; el informe técnico del propio Ministerio identificó un cruce seguro y viable en el kilómetro 10. La astreinte es una sanción pecuniaria, no una indemnización, por lo que su eventual liquidación debe beneficiar a la sociedad a través de una institución estatal y no a la persona agraviada (TC/0071/13, numeral 10, h–j, pág. 18; numeral 10, k–l, pág. 19; numeral 10, m–o, pág. 19; numeral 10, p–r, pág. 20).

Decisión

Admite y acoge el recurso de revisión, revoca íntegramente la Sentencia núm. 120-2011 y acoge el amparo; declara que el plazo para recurrir es franco y de cinco días hábiles desde la notificación y dispone la presunción de validez y eficacia de las notificaciones regularmente practicadas en los lugares o ante las personas indicadas. Ordena al MOPC y a CODACSA aplicar el informe técnico y restablecer el acceso a Los Solares, con treinta días hábiles desde la notificación de la sentencia para iniciar los trabajos y un máximo de tres meses desde el vencimiento de ese plazo para concluirlos; fija solidariamente una astreinte de RD$15,000 por día de retardo a favor de la Defensa Civil de San Pedro de Macorís y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida.” (TC/0071/13, numeral 10, m–b, pág. 15).
“El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en un plazo franco de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación.” (TC/0071/13, dispositivo, pág. 21).
“Por todo lo anterior, resulta evidente que el cierre del acceso a la comunidad de Los Solares, localizada a la altura del kilómetro 10 de la Autovía del Este, municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, conculca el derecho relativo al libre tránsito y el derecho a la dignidad humana.” (TC/0071/13, numeral 10, p–r, pág. 20).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 6, 38, 46, 69, 72 y 148.

Ley núm. 137-11: artículos 7 (en particular, 7.4 y 7.6), 53.3.c, 54.9, 65 a 75 (incluido el 66) y 76 a 114 (en particular, 95 y 100 a 102).

Ley núm. 1486: artículo 13.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0010/12, TC/0011/12, TC/0012/12, TC/0039/12, TC/0080/12 y TC/0048/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El presente caso se contrae al hecho de que con motivo de la construcción de la Autovía del Este, fueron colocadas barreras metálicas de defensa que cierran el acceso de entrada y salida a los moradores de Los Solares de su comunidad ubicada en el municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, próximo a Juan Dolio. Una de dichos moradores, la señora Yuderki Mercedes Santos Taveras, recurrente en revisión, accionó en amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA), recurridos en revisión, invocando violación del derecho al libre tránsito, así como a su dignidad y a la de los demás moradores de su comunidad. La Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, apoderada de la acción de amparo, desestimó la misma considerando nulo el acto mediante el cual se notificación la acción (Acto No. 0415/2011, antes descrito), así como la instancia que depositó Yuderki Mercedes Santos Taveras contra los recurridos, por no haber dado cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 1486, de fecha diecisiete (17) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938).

TC/0071/13, numeral 7, pág. 9 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

El Tribunal Constitucional admite la presente revisión de sentencia de amparo, por satisfacer los requerimientos previstos en el artículo 100 de la referida Ley No. 137-11, que de manera taxativa sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales. En efecto, en el caso que nos ocupa, el tribunal estima que el asunto planteado reviste especial trascendencia y relevancia constitucional porque se refiere a un supuesto que contempla conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales no se han establecido criterios que permitan su esclarecimiento (sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012); es decir, de una parte, el derecho al libre tránsito y a la dignidad humana, contenidos respectivamente en los artículos 46 y 38 de la Constitución, y, de otra, la interpretación del plazo legal para incoar el recurso de revisión, así como el alcance de las notificaciones en lo concerniente a su validez y eficacia, cuando hayan sido hechas en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, en una representación local, ante su representante legal o en manos de la propia persona del funcionario o autoridad.

TC/0071/13, numeral 9, pág. 10 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión

De manera previa al conocimiento del fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa, el Tribunal Constitucional estima pertinente motivar la necesidad de dicha medida. A) Necesidad de conocer del fondo de la acción de amparo

a) En el ámbito de la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, el artículo 54.9 de la referida Ley No. 137-11 precisa lo que sigue: La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó.

b) Sin embargo, respecto a la revisión de sentencias en materia de amparo, el artículo 102 de la dicha ley solo dispone: El tribunal se pronunciará sobre el recurso interpuesto dentro del plazo máximo de treinta días que siga la recepción de las actuaciones.

c) Se observa que, contrario a la normativa prevista para la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales en su artículo 54.9, la Ley No. 137-11 no prevé las consecuencias derivadas del pronunciamiento del Tribunal Constitucional cuando acoge el recurso de revisión de sentencias de amparo. Cabe destacar, por tanto, la existencia de un vacío normativo en esa materia.

d) La sentencia TC/0007/12 dictada por el Tribunal Constitucional en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), fijó su criterio respecto al significado y alcance del recurso de revisión en general, en los siguientes términos: (…) la revisión consiste en una acción constitucional instituida con el propósito específico de garantizar un derecho fundamental, puesto que se sustancia ante el Tribunal Constitucional (órgano ajeno al Poder Judicial), y no ante un órgano superior de un determinado orden jurisdiccional, como ocurre con los recursos ordinarios. En consecuencia, (…) la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes (…).

TC/0071/13, numeral 10, a–d, pág. 11 — PDF oficial

e) Dicha sentencia agrega, además, que no es necesario que el Tribunal Constitucional actúe como “tribunal de apelación”, sino que basta con que revise efectivamente la sentencia impugnada y verifique que no exista violación a los derechos fundamentales en la especie (...).

f) Por consiguiente, de acuerdo al fallo precitado, la labor del Tribunal Constitucional al conocer los recursos de revisión debería limitarse al examen de la sentencia impugnada dentro de los términos del recurso del cual ha sido apoderada, y no a conocer ninguna otra pretensión relativa a la acción inicial.

g) Sin embargo, posteriormente, a partir de las sentencias TC/0010/12, TC/0011/12 y TC/0012/12, este tribunal modificó tácitamente ese criterio y conoció del fondo de las acciones de amparo, tal como se deduce, no solo de los motivos de las tres indicadas sentencias, sino también de sus dispositivos. Conviene destacar que, al efecto, el tribunal dispuso, no solo acoger los recursos de revisión, sino, además, conocer el fondo de las acciones de amparo; por lo que no anuló las sentencias ni remitió los expedientes a un tribunal de envío, de manera análoga al procedimiento que para la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales prescribe el aludido artículo 54.9 de la Ley No. 137-11.

h) Esta política jurisprudencial, que ha devenido una práctica reiterada de este tribunal a partir de entonces, contraviene el precedente establecido por la mencionada sentencia TC/0007/12, en la medida en que actúa como tribunal de alzada al revocar los fallos objeto de revisión y conocer el fondo de los asuntos.

TC/0071/13, numeral 10, e–h, pág. 12 — PDF oficial

i) De las observaciones que anteceden, se evidencia que el Tribunal Constitucional decidió descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada sentencia TC/0007/12, que se sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes, decantándose en favor de la solución opuesta, inicialmente establecida por las aludidas sentencias TC/0010/12, TC/0011/12 y TC/0012/12, cuestión que permitiría conocer del fondo de las acciones de amparo actuando como una especie de segunda instancia y órgano de cierre.

TC/0071/13, numeral 10, i, pág. 13 — PDF oficial

j) Es preciso resaltar nuevamente, que la situación antes descrita se originó por la inadecuada regulación de los procesos y procedimientos constitucionales a cargo del legislador dentro del marco del recurso de revisión de sentencias de amparo en la Ley No. 137-11. Se trata de una deficiencia que el Tribunal Constitucional ha subsanado asumiendo la teoría alemana de la “autonomía procesal”, la cual acogió formalmente al dictar su sentencia TC/0039/12, en los siguientes términos: (…) El principio de autonomía procesal faculta al Tribunal Constitucional a establecer mediante su jurisprudencia normas que regulen el proceso constitucional (…) en aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacíos normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso constitucional. La norma así establecida está orientada a resolver el concreto problema -vacío o imperfección de la norma- que el caso ha planteado y, sin embargo, lo transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido a que se incorpora, desde entonces en la regulación procesal vigente. El principio de autonomía procesal es coherente con el de efectividad, previsto en el artículo 7.4 de la referida Ley No. 137- 11, texto que establece lo siguiente: Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de 1os derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de 1os mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar 1os medios más idóneos y adecuados a 1as necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades (…).

TC/0071/13, numeral 10, j, pág. 13 — PDF oficial

k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de la aludida facultad para conocer del fondo reside en la esencia misma de la acción de amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, pues considerar el recurso de revisión sobre la base de una visión más limitada resultaría insuficiente para asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela demanda la víctima. Esta solución, tendente a subsanar el vacío normativo anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la necesaria sinergia operativa que debe producirse entre la acción de amparo configurada en el artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la justicia constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley.

l) En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada prerrogativa de conocer el fondo de la acción tampoco resulta del todo extraña al procedimiento establecido en la referida Ley No. 137-11, en virtud de dos razones adicionales: de una parte, su artículo 101 permite al Tribunal Constitucional la posibilidad de sustanciar mejor el caso mediante el llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley no proscribe expresamente conocer del fondo de la acción en la revisión de sentencias de amparo, como sin embargo lo exige de manera taxativa en su artículo 53.3.c, que atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer la revisión de decisiones jurisdiccionales firmes (en caso de violación a un derecho fundamental), imponiéndole que lo haga con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

TC/0071/13, numeral 10, k–l, pág. 14 — PDF oficial

m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida. B) En cuanto al fondo del recurso

a) En la especie, los recurridos argumentan que se debe declarar inadmisible el presente recurso de revisión por haber sido interpuesto luego del vencimiento del plazo de cinco (5) días de la notificación de la sentencia de amparo. Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que si bien es cierto que dicho recurso se notificó el día cuatro (4) de enero de dos mil doce (2012) y fue depositado en la Cámara Penal del referido tribunal el doce (12) de enero del mismo año, este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). odo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales.

b) Tanto en este caso como en cualquier otro, en virtud del principio de autonomía procesal anteriormente referido, el Tribunal Constitucional está facultado para interpretar y aplicar las normas procesales en la forma que considere más útil para la efectividad y eficacia de la justicia.

TC/0071/13, numeral 10, m–b, pág. 15 — PDF oficial

c) La recurrente, la señora Yuderki Mercedes Santos Taveras, ha visto agotarse el plazo de cinco (5) días calendarios para recurrir en revisión de amparo bajo el influjo de tres (3) días inhábiles que le habrían impedido ponerse en condiciones de incoar su recurso. Al respecto, conviene precisar que el día lunes nueve (9) de enero resultó feriado por haber sido la celebración del Día de Reyes para esa fecha. La referida sentencia le fue notificada el cuatro (4) de enero del año dos mil doce (2012) y el recurso de revisión contra la misma se depositó el día doce (12) de enero del mismo año. En consecuencia, transcurrieron ocho (8) días, y, bajo el plazo franco de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación, dicha recurrente disponía hasta el día trece (13) de enero de dos mil doce (2012) para incoar válida y oportunamente su recurso.

d) En otro orden, el Tribunal Constitucional estima que la referida cámara penal, al considerar que la accionante en amparo no cumplió con los requisitos exigidos por la norma para notificar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), debió adoptar la providencia de sobreseer el conocimiento de la acción de amparo y fijar, en atención al principio de celeridad, nueva audiencia en el más breve plazo, permitiéndole a la ahora recurrente en revisión el derecho a ser oída con relación a su reclamo para que cesaran las violaciones a sus derechos fundamentales.

TC/0071/13, numeral 10, c–d, pág. 16 — PDF oficial

e) En otro sentido, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presentó conclusiones incidentales contra la acción de la recurrente, indicando que esta no podía actuar directamente en contra suya, sino a través de las entidades señaladas en el artículo 13 de la Ley No. 1486, publicada en la Gaceta Oficial No. 5148 del veintiocho (28) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938), planteamiento que fue acogido por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, sin tomar en consideración que la referida ley no excluye la posibilidad de que tal notificación se efectúe en cualquier otra dependencia al consignar que: El Estado podrá ser notificado, respecto de cualquier asunto y para un fin cualquiera (…).

f) El artículo 13 de la Ley No. 1486 de 1938, sobre la representación del Estado en los actos jurídicos, resulta inaplicable por imponer rigores y exigencias que tan solo entrañan demoras innecesarias.

g) Este tribunal considera que, actualmente, de acuerdo con la esencia misma del Estado social y democrático de derecho que acoge nuestra Constitución, los ministros de Estado tienen la responsabilidad de organizar, administrar, despachar y responder con el mayor sentido de oportunidad todo lo que concierne a los asuntos y actos atinentes a sus carteras, atendiendo primordialmente a los elevados intereses generales de la nación y al más depurado espíritu de servicio en favor de la ciudadanía.

TC/0071/13, numeral 10, e–g, pág. 17 — PDF oficial

h) Por tanto, un acto relacionado con procesos y procedimientos constitucionales debe tenerse como válido y eficaz cuando el mismo haya sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, incluso cuando tal notificación se hiciere ante una representación local, su representante legal y ante la propia persona de dicha autoridad o funcionario, cuestión que también encuentra fundamento en el principio de informalidad que figura entre las directrices rectoras del sistema de justicia constitucional instituido por el artículo 7 de la referida Ley No. 137-11.

i) El texto constitucional vigente en nuestro país ha otorgado autoridad a las entidades públicas y a sus funcionarios o agentes ; de ahí que les haga pasibles de comprometer la responsabilidad civil preceptuada en su artículo 148, que al respecto prescribe: Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.

j) Ahora bien, de acuerdo con el contrato de concesión firmado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA), esta última tiene el control del mantenimiento y gestión de la vía como encargada del cobro del peaje. En ese sentido, le corresponde garantizar, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el acceso de entrada y salida del sector Los Solares y las servidumbres que se pudieran establecer, por estar ambas entidades comprometidas con el diseño, construcción, ejecución, gestión y el mantenimiento de ese tramo de la Autovía del Este, según se desprende de la documentación que sirve de base al expediente de que se trata.

TC/0071/13, numeral 10, h–j, pág. 18 — PDF oficial

k) En el informe técnico emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se evidencia la conculcación del derecho al libre tránsito y, además, la afectación de otros derechos fundamentales como el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Ello se deduce de la circunstancia de que, debido al cierre de la indicada vía de acceso, los pobladores de Los Solares se han visto impedidos de acceder de manera lógica y natural a sus escuelas y centros de trabajo, obligándoseles a recorrer, innecesariamente, entre diez (10) y catorce (14) kilómetros.

l) Esta cuestión fue establecida en un informe técnico de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), producido por el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección General de Tránsito Terrestre, al expresar: … presentamos nuestra recomendación técnica de habilitar un cruce a la altura del Km. 10 de la vía, como acceso de entrada y salida a la comunidad, punto en el que se reúnen las condiciones necesarias de seguridad y viabilidad para la realización de los movimientos de conductores y peatones (…) finalmente solicitamos, salvo su mejor consideración, remitir este informe a CODACSA para su inmediata ejecución.

TC/0071/13, numeral 10, k–l, pág. 19 — PDF oficial

m) Los artículos 6, 38 y 46 de la Constitución expresan, respectivamente, lo siguiente: Artículo 6: Todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución. Artículo 38: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Artículo 46: Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales.

n) En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, indica: Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. De igual manera, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

o) De esto se colige que el derecho al libre tránsito y al libre acceso a los demás derechos que se pueden ver afectados por la no libertad de estos, están garantizados no sólo por nuestra Constitución, sino por el bloque de constitucionalidad que componen los pactos y tratados a los que como república, somos signatarios.

TC/0071/13, numeral 10, m–o, pág. 19 — PDF oficial

p) La exposición de motivos de la Ley Orgánica No. 137-11, dispone que: el Tribunal Constitucional fue concebido con el objetivo de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

q) Por todo lo anterior, resulta evidente que el cierre del acceso a la comunidad de Los Solares, localizada a la altura del kilómetro 10 de la Autovía del Este, municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, conculca el derecho relativo al libre tránsito y el derecho a la dignidad humana.

r) Este tribunal ha establecido con relación a la astreinte, el criterio de que se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una sanción indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados a una determinada persona, por lo que su eventual liquidación no debe favorecer al agraviado, sino a la sociedad a través las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales, la cual se indicará en el dispositivo de la presente decisión (sentencia No. TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vázquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández y Justo Pedro Castellanos Khouri, Jueces; así como el voto parcialmente salvado y parcialmente disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0071/13, numeral 10, p–r, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR y acoger el recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo incoado por la señora Yuderki Mercedes Santos Taveras en fecha doce (12) de enero de dos mil doce (2012), contra la sentencia No. 120-2011, dictada en fecha veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011), por la Cámara Penal del Tribunal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.

SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la indicada sentencia No. 120- 2011, objeto del presente recurso de revisión de amparo.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por la señora Yuderki Mercedes Santos Taveras contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA).

CUARTO: DECLARAR que la interpretación del artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), relativo al plazo para la interposición del recurso de revisión, debe ser la siguiente: Interposición. El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en un plazo franco de cinco (5) días hábiles, contado a partir de la fecha de su notificación.

QUINTO: DISPONER que la notificación de todo acto legal y regularmente hecho debe presumirse válida y eficaz cuando se materialice en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, inclusive cuando la diligencia se hiciere ante una representación local, su representante legal y ante la propia persona de la autoridad o funcionario en cuestión.

SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA), acoger y aplicar el informe técnico presentado por la Dirección General de Tránsito Terrestre en fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil once (2011), y, por tanto, viabilizar a los moradores del sector Los Solares, municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, el ejercicio libre del derecho a transitar y a entrar y salir con la debida facilidad a su comunidad.

SÉPTIMO: OTORGAR al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA), un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, para que inicien los trabajos de restablecimiento del acceso a la referida comunidad, los cuales deberán concluirse en un plazo no mayor de tres (3) meses a partir del vencimiento del indicado plazo.

OCTAVO: FIJAR solidariamente un astreinte de QUINCE MIL PESOS CON 00/100 (RD$15,000.00) el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA), por cada día de retardo en la ejecución de la presente sentencia, y liquidarlo a favor de la Defensa Civil de San Pedro de Macorís.

NOVENO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.

DÉCIMO: COMUNICAR esta sentencia por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, la señora Yuderki Mercedes Santos Taveras; y a las partes recurridas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y la sociedad Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S. A. (CODACSA). UNDÉCIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0071/13, del 7 de mayo de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0071-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.