Sentencia TC/0135/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 31 de julio de 2014 · Expediente TC-04-2013-0019
Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Jaime Bermúdez Mendoza contra la Resolución dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Derecho a la legalidad de la prueba · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0135/14?
El recurso fue interpuesto en plazo porque la resolución impugnada no había sido notificada y, por tanto, el plazo no había comenzado a correr. El Tribunal tuvo por satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y apreció especial trascendencia y relevancia constitucional porque el caso permitía afianzar su criterio sobre la motivación de las decisiones y la legalidad de la prueba como garantías del debido proceso (TC/0135/14, numeral 9, a–b, pág. 10; TC/0135/14, numeral 9, c, pág. 10). En cuanto a la prueba, sostuvo que su legalidad es un derecho de configuración legal y concluyó que los medios valorados por las Salas Reunidas, incluida la comunicación del 6 de noviembre de 1992, fueron presentados en el tiempo y la forma permitidos por la ley (TC/0135/14, numeral 10, 10.2, dentro del bloque 10.1–10.2, pág. 12; TC/0135/14, numeral 10, 10.3, pág. 13; TC/0135/14, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 15).
El deber de motivar forma parte de la tutela judicial efectiva y exige exponer de manera sistemática, concreta y precisa cómo se valoran los hechos, las pruebas y el derecho aplicable, sin limitarse a enunciar principios o disposiciones. La resolución impugnada cumplió ese deber: examinó cronológicamente la documentación del expediente, explicó por qué fijó el inicio del contrato el 23 de octubre de 1992 y justificó la inaplicación de la cláusula penal mediante un análisis claro y preciso, aunque su conclusión difiriera de la de los tribunales que habían conocido antes el litigio. El Tribunal no constató vulneración de los derechos fundamentales invocados (TC/0135/14, numeral 10, 8.1–b, pág. 16; TC/0135/14, numeral 10, c–10.13, pág. 17; TC/0135/14, numeral 10, 10.14, pág. 19; TC/0135/14, numeral 10, 10.15, pág. 19; TC/0135/14, numeral 10, 10.16, pág. 20).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional de Jaime Bermúdez Mendoza, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la resolución de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia del 19 de septiembre de 2012. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“En virtud del principio de legalidad de la prueba, sólo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación procesal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos.” (TC/0135/14, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 12).
“Es así que la obligación de motivar las sentencias forma parte del derecho tutelado a través del artículo 69 de la Constitución.” (TC/0135/14, numeral 10, 8.1–b, pág. 16).
“En este sentido, la decisión de las Salas Reunidas de no aplicar la cláusula penal del contrato queda debidamente motivada.” (TC/0135/14, numeral 10, 10.15, pág. 19).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 69 (en particular, numerales 8 y 10) y 72, in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 53.3 y párrafo final del artículo 53, 54.1 y 66.
Código Civil: artículos 1315 y siguientes.
Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley núm. 834: artículos 50 y siguientes.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0009/13; Sentencia 1/1996 del Tribunal Constitucional español; Caso Apitz Barbera y otros c. Venezuela, de 5 de agosto de 2008, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
7.1. Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y alegatos de las partes, el litigio se origina a raíz de la terminación del contrato de arrendamiento de cajas de seguridad hotelera, suscrito entre el Hotel El Embajador y Jaime Bermúdez Mendoza el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). En concreto, el conflicto surge en relación con la interpretación del alcance de las obligaciones previstas en el mismo frente a la terminación del contrato por decisión unilateral de la arrendataria, Hotel El Embajador.
7.2. La sentencia recurrida resuelve reconocer como única obligación de Occidental Hotel El Embajador y Occifitur Dominicana, S.A. el pago del arrendamiento incumplido, mientras que rechaza la pretensión de Jaime Bermúdez Mendoza, relativa a la aplicación contra estas entidades de la cláusula séptima del contrato, que establece penalidades en caso de rescisión unilateral con anterioridad al vencimiento de su período de vigencia.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Previo al análisis de los requisitos de admisibilidad que establece el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 para la interposición del recurso de revisión, este tribunal considera necesario aclarar que la sentencia recurrida por el Señor Jaime Bermúdez Mendoza no había sido notificada a la fecha de presentación del recurso, de manera que el plazo para la interposición del mismo nunca empezó a correr, teniendo que considerarse, por ende, que el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto por el artículo 54.1 de la Ley 137-11. A. Por lo que se refiere a la fórmula establecida por el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 para la revisión de sentencias firmes, la misma supedita su admisibilidad a que la situación planteada se enmarque en uno de los tres supuestos contenidos en los numerales del artículo 53 de la Ley núm. 137-11. El tercero de ellos concierne al caso en que “se haya producido una violación de un derecho fundamental”, y exige el cumplimiento de “todos y cada uno” de los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma;
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá revisar. B. Al analizar si en el presente supuesto se cumplen los requisitos citados, se comprueba lo siguiente: 1. Que, el literal a) del texto legal transcrito resulta aplicable al caso, ya que los derechos que el recurrente invoca que le han sido vulnerados por el órgano jurisdiccional –aunque no de forma precisa y mezclados con otros derechos fundamentales no desarrollados en su escrito– constituyen una de las garantías a los derechos fundamentales que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso que consagra el art. 69 de la Constitución. 2. Que el requisito establecido en el literal b) del texto legal transcrito también se cumple, en razón de que las violaciones se le imputan, de modo inmediato y directo, al órgano que ha dictado la resolución impugnada y sobre la misma no cabe ningún recurso en la vía judicial. 3. Que la exigencia consagrada en el literal c) del artículo 53.3 previamente transcrito también resulta aplicable a este supuesto, ya que el recurrente atribuye su vulneración a las Salas Reunidas que examinaron y decidieron la resolución, cuya revisión ahora se solicita a este Tribunal. 4. Este tribunal también considera que el supuesto que se recurre cumple con el requisito de especial trascendencia y relevancia constitucional que prevé el párrafo final del citado artículo 53, en la medida en que el conocimiento de este recurso permitirá afianzar la posición del tribunal con respecto al alcance del derecho a una decisión motivada y la legalidad de la prueba en los procesos jurisdiccionales como garantía constitucional del debido proceso. Por todo lo anterior, este tribunal decide conocer el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por el señor Jaime Bermúdez Mendoza y, por tanto, desestimar la pretensión de la parte recurrida relativa a que se declare inadmisible el recurso al no enmarcarse en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 53 de la Ley 137-11.
10. Análisis sobre el fondo del recurso de revisión
10.1. El señor Jaime Bermúdez Mendoza, en su recurso de revisión plantea, entre otras cuestiones, que la sentencia recurrida vulnera su derecho a que la sentencia que se dicte en su contra esté debidamente motivada y acorde con el principio de legalidad de la prueba, de conformidad con los apartados 19 y 20 de la Resolución núm. 1920/2003 dictada por la Suprema Corte de Justicia, el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003). A. Sobre la legalidad de la prueba
10.2. En cuanto a la legalidad de la prueba, el señor Jaime Bermúdez Mendoza señala en su recurso que la sentencia objeto de examen le vulnera su derecho fundamental a que las decisiones jurisdiccionales que se dicten en su contra sean conforme al principio de legalidad de la prueba, aunque sin precisar los motivos por los que aduce dicha vulneración. En virtud del principio de legalidad de la prueba, sólo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación procesal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
10.3. En efecto, este principio constituye una barrera contra aquellas desviaciones del ius puniendi del Estado en cualquiera de sus manifestaciones. Se regula constitucionalmente en el art. 69.8 en términos de que “es nula toda prueba obtenida en violación de la ley” y, para el ámbito del derecho civil, se desarrolla en los artículos 1315 y siguientes del Código Civil dominicano, así como en el Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, donde en su artículo 50 y siguientes se establecen reglas que permiten aportar y contradecir las pruebas presentadas por las partes garantizando el derecho al debido proceso que la Constitución 1 protege y que será observado en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es así que el derecho fundamental a la legalidad de la prueba constituye un derecho constitucional de configuración legal, en la medida en que es la ley la que precisa la forma y momento de presentación de la prueba, así como los medios autorizados para hacer valer este derecho.
10.4. En relación al alcance del principio de legalidad de la prueba, el Tribunal Constitucional español ha precisado lo siguiente en el Fundamento Jurídico 2° de la Sentencia 1/1996, de 15 de enero: El art. 24.2 C.E 2 . ha constitucionalizado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes como un derecho fundamental, 1 Artículo 69, numeral 10 de la Constitución de la República. 2 Artículo 24 CE: Protección judicial de los derechos 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo de defensa, que «garantiza a quien está inmerso en un conflicto que se dilucida jurisdiccionalmente la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses, siempre que la misma esté autorizada por el ordenamiento» (STC 131/1995, fundamento jurídico 2º). No comprende, sin embargo, como es palmario, un hipotético «derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada» (STC 89/1986, fundamento jurídico 3º), en virtud del cual las partes estuvieren facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tuvieran a bien proponer (SSTC 40/1986, 212/1990, 87/1992 y 233/1992, entre otras).
Antes al contrario, dada su naturaleza de derecho de configuración legal, en la delimitación del contenido constitucionalmente protegido por el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes coadyuva activamente el propio legislador, por lo que necesariamente la acotación de su alcance «debe encuadrarse dentro de la legalidad» (STC 167/1988, fundamento jurídico 2º). Consiguientemente, su ejercicio ha de acomodarse a las exigencias y condicionantes impuestos por la normativa procesal, de tal modo que es conditio sine qua non para apreciar su pretendida lesión que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, 212/1990, 87/1992, 94/1992, entre otras muchas). El corolario que de lo expuesto se sigue es a todas luces evidente, a saber, que en ningún caso podrá considerarse menoscabado el derecho que nos ocupa «cuando la inadmisión de una prueba se ha producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no puede ponerse en duda» (STC 149/1987, fundamento jurídico 3º; fórmula que se reitera, en términos prácticamente idénticos, en la STC 212/1990, fundamento jurídico 3º).
10.5. En este sentido, tal como declaró la sentencia que ahora se recurre, este Tribunal considera que las pruebas valoradas por las Salas Reunidas, entre ellas, la comunicación del seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), constituyen medios probatorios que fueron presentados en tiempo y forma permitidos por la Ley, de manera que cumplen con el principio de legalidad de la prueba que se establece constitucionalmente en el art. 69.8 de la Constitución y 1315 y siguientes del Código Civil y 50 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. B. Sobre la motivación de la sentencia
10.6. En relación con esta cuestión nos limitaremos a examinar si la resolución que se recurre vulnera el derecho fundamental de motivación de las decisiones judiciales del señor Jaime Bermúdez Mendoza.
10.7. Sobre la necesidad de que las sentencias estén debidamente motivadas como una de las garantías del derecho al debido proceso se pronunció este Tribunal en Sentencia TC/0009/13 del 11 de febrero de 2013. En esta decisión para explicar los requisitos que debe tener una resolución para estar debidamente motivada, el Tribunal cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el presente supuesto, al igual que en la referida sentencia, este tribunal procederá a transcribir literalmente los párrafos 77 y 78 pp. 22-23 del Caso Apitz Barbera y otros c. Venezuela,del 5 de agosto de 2008, para una mejor explicación del contenido que encierra este derecho. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo
8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso.
10.8. Asimismo, la Resolución núm. 1920/2003, dictada por la Suprema Corte de Justicia el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), define el alcance de los principios básicos que integran el debido proceso contenidos en el bloque de constitucionalidad, entre los que se encuentra la motivación de decisiones, estableciendo al respecto lo siguiente: La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada, garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso (…).
10.9. Es así que la obligación de motivar las sentencias forma parte del derecho tutelado a través del artículo 69 de la Constitución. En efecto, la tutela judicial efectiva solo puede satisfacer las exigencias constitucionales si aparece revestida de caracteres mínimamente razonables y ausentes de arbitrariedad, condiciones inherentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
10.10. Asimismo, la citada Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0009/13, ha precisado que el cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales, requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones;
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción, y;
e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.
10.11. Es necesario precisar que aplicar en un caso concreto los requisitos previamente indicados exige un ejercicio de interpretación de las normas y de los elementos fácticos de la cuestión objeto de análisis que forma parte de las facultades de los jueces, siempre que dicho ejercicio no desborde los límites que le imponen la Constitución y las leyes.
10.12. La decisión adoptada por las Salas Reunidas en la sentencia recurrida se basa en las siguientes consideraciones: a) la determinación del día veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992) como fecha de inicio del contrato, tal como había hecho la Corte de envío; y, b) la inaplicabilidad de la cláusula penal del contrato. En este sentido, el examen del Tribunal en este supuesto consistirá en determinar si estas conclusiones están debidamente motivadas en la citada sentencia, de acuerdo con los requisitos previamente establecidos.
10.13. En cuanto al primero de los requisitos, relativo a si desarrolla de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones, consideramos que la sentencia en cuestión lo cumple, en la medida en que se basa en la documentación contenida en el expediente, analizada de forma cronológica y atendiendo a las cuestiones relevantes para la decisión del caso.
10.14. El segundo requisito, relativo a exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar también se cumple, ya que la sentencia concreta y precisa cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. En este sentido la sentencia recurrida, así como la que había sido dictada por la Corte de envío consideraron, que la fecha de inicio del contrato debía ser fijada al veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), de acuerdo con la documentación contenida en el expediente, en especial, de conformidad con la comunicación del seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Dicha comunicación ha sido relevante en este proceso, ya que ha permitido a los jueces de fondo precisar la fecha de entrada en vigencia del acuerdo, información que, tal como señala la sentencia recurrida, ha sido necesaria “para determinar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes”. Lo mismo debe decirse en relación con la interpretación que realiza la sentencia recurrida del contrato de arrendamiento.
10.15. De igual forma dicha sentencia cumple con los requisitos tercero, cuarto y quinto (manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y, asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional) al manifestar claramente las razones por las que adopta su decisión, la cual no fundamenta en mera enunciaciones de principios sino que se basa en un exhaustivo análisis de las piezas que forman parte del expediente. En este sentido, la decisión de las Salas Reunidas de no aplicar la cláusula penal del contrato queda debidamente motivada. En efecto, a pesar de que las conclusiones a las que llega a este respecto son muy distintas en relación con lo que había sido considerado por los tribunales que habían conocido la litis con anterioridad, el proceso de análisis seguido por las Salas Reunidas ha sido claro y preciso, de acuerdo con las exigencias de motivación de las sentencias que estableció el Tribunal en el citado precedente.
10.16. En definitiva, al examinar si en el caso objeto de decisión se han producido las violaciones invocadas por el recurrente relativas a la falta de motivación de las sentencias y legalidad de la prueba, este Tribunal determina que los cumple y, por tanto, no ha tenido lugar vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por el señor Jaime Bermúdez Mendoza. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado por Jaime Bermúdez Mendoza contra la Resolución dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012)..
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Jaime Bermúdez Mendoza, y a las sociedades recurridas, Occifitur Dominicana, S.R.L., y Hotel Occidental El Embajador.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida Ley núm.137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley n137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0135/14, del 31 de julio de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0135-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.