Sentencia TC/0121/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de mayo de 2020 · Expediente TC-01-2013-0072

Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principios de legalidad tributaria

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0121/20?

Para reconocer legitimación activa a una persona jurídica en una acción directa de inconstitucionalidad, el Tribunal verifica que esté constituida y registrada conforme a la ley, que tenga personería jurídica y capacidad procesal, y que exista una relación entre su objeto o un derecho del que sea titular y la aplicación de la norma impugnada. Las accionantes tenían un interés legítimo y jurídicamente protegido porque utilizaban en sus operaciones los vehículos pesados afectados por los arbitrios impugnados (TC/0121/20, numeral 8, 8.1.1, pág. 28) (TC/0121/20, numeral 8, 8.1.2, pág. 28) (TC/0121/20, numeral 8, 8.1.3, pág. 29).

La autonomía financiera municipal permite establecer arbitrios como contraprestación por servicios o por el uso de bienes municipales, pero no gravar una actividad o fuente ya gravada por un impuesto nacional. Los arbitrios de rodaje sobre vehículos pesados recaían sobre la misma base que el impuesto anual a la circulación establecido por la Ley núm. 253-12. Aunque el cobro se destinara al arreglo de las vías, mantenerlo suponía cobrar dos veces por el mismo concepto, en violación del artículo 200 de la Constitución y del artículo 274 de la Ley núm. 176-07 (TC/0121/20, numeral 9, 9.4, pág. 31) (TC/0121/20, numeral 9, 9.5, pág. 31) (TC/0121/20, numeral 9, 9.14, pág. 36) (TC/0121/20, numeral 9, 9.15, pág. 36) (TC/0121/20, numeral 9, 9.16–9.17, pág. 37) (TC/0121/20, numeral 9, 9.18, pág. 37).

Decisión

El Tribunal declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad y la acoge en cuanto al fondo. Declara no conformes con la Constitución y pronuncia la nulidad absoluta de las resoluciones núms. 02-2007, 004/2011, 005, 03-2012 y 024-2007 y de las ordenanzas núms. 01-2012-2013 y 07-2011, por establecer arbitrios de rodaje sobre vehículos pesados que constituyen doble tributación.

Citas textuales clave

“un arbitrio municipal no puede coexistir con una ley que ha creado un impuesto sobre la misma base impositiva” (TC/0121/20, numeral 9, 9.14, pág. 36).
“mantener vigentes las resoluciones municipales impugnadas mediante la presente acción directa de inconstitucionalidad sería crear un doble impuesto bajo la denominación de un arbitrio” (TC/0121/20, numeral 9, 9.15, pág. 36).
“ningún órgano de la administración local puede gravar la misma actividad o fuente, pues con ello vulnera lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución.” (TC/0121/20, numeral 9, 9.16–9.17, pág. 37).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 93.1.a), 185.1 y 200.

Ley núm. 137-11: artículo 37.

Ley núm. 176-07: artículos 255 y 274, literal a).

Ley núm. 253-12: artículo 15.

Ley núm. 63-17: artículo 161.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0028/15, TC/0535/15, TC/0489/17, TC/0584/17, TC/0345/19, TC/0067/13, TC/0418/15 y TC/0017/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad de la accionante

8.1.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer la acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la referida ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0121/20, numeral 8, 8.1.1, pág. 28 — PDF oficial

8.1.2. (…) Cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentren constituidas y registradas de conformidad con la ley, y en consecuencia, se trate de una entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal 1 para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal 2 , legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo. Esto en virtud del precedente sentado en la Sentencia 1 TC/0028/15. 2 TC/0535/15, párr. 10.4 [reconoce legitimación activa a una institución gremial (colegio dominicano de contadores públicos) en relación a una norma que regula la actividad profesional de sus miembros]; TC/0489/17 [reconoce legitimación activa a una sociedad comercial por demostrar un interés legítimo y jurídicamente protegido]; y TC/0584/17 [reconoce legitimación activa a una fundación al considerarse afectada por los decretos atacados en la acción]. Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). TC/0345/19, del veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), página 28, literal o.

TC/0121/20, numeral 8, 8.1.2, pág. 28 — PDF oficial

8.1.3. En la especie, la parte accionante, Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.M Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., al tratarse de compañías que ostentan personería jurídica– según lo determinan sus estatutos, este tribunal considera que estas se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley. Además ha comprobado que sus misiones y objetivos son defender, representar, apoyar y promover al sector industrial dominicano para impulsar el desarrollo sostenible de República Dominicana. Dichas compañías tienen como una de sus bases de operación el uso de transporte de vehículos pesados, a los cuales les afectan las resoluciones atacadas, por tanto, las mismas ostentan un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0121/20, numeral 8, 8.1.3, pág. 29 — PDF oficial

9. Sobre el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad

9.1. La parte accionante alega la inconstitucionalidad de las resoluciones siguientes: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011), por considerar que estas vulneran los artículos 200 de la Constitución y 274 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, ya que dichas resoluciones constituyen una doble tributación.

TC/0121/20, numeral 9, 9.1, pág. 29 — PDF oficial

9.2. En el análisis de la presente acción directa de inconstitucionalidad, este tribunal ha podido verificar que se está atacando la aplicación de arbitrios municipales, al respecto la Constitución de la República establece a través del articulo 200 lo que a continuación transcribimos: Artículo 200.- Arbitrios municipales. Los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación que de manera expresa establezca la ley, siempre que los mismos no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación ni con la Constitución o las leyes. Corresponde a los tribunales competentes conocer las controversias que surjan en esta materia

TC/0121/20, numeral 9, 9.2, pág. 30 — PDF oficial

9.3. En ese tenor, la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, dispone a través de su artículo 274: Principios. Los arbitrios que establezcan los Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). ayuntamientos, respetarán los siguientes principios: a) No colindarán con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes de la República

TC/0121/20, numeral 9, 9.3, pág. 30 — PDF oficial

9.4. De igual forma la referida ley núm. 176-07, establece en su artículo 255: Autonomía Financiera. Los ayuntamientos tendrán autonomía para establecer y exigir arbitrios de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes. Los ayuntamientos mantendrán los ambitos para la fijación de arbitrios establecidos en las legislaciones anteriores y otros que existan a1 momento de aprobacion de la presente ley.

TC/0121/20, numeral 9, 9.4, pág. 31 — PDF oficial

9.5. En este sentido se puede verificar que los arbitrios municipales son cargas que las alcaldías aplican dentro de su territorio como una forma de que los servicios dados a los munícipes o el uso que estos le den a los bienes que pertenecen a los ayuntamientos sean compensados con una contribución de parte del usuario del bien o del servicio municipal sin tomar en consideración su capacidad tributaria. En estos términos se refirió este tribunal a través de su Sentencia TC/0067/13, del dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013), al expresar que: Los arbitrios municipales son tributos que las alcaldías aplican dentro del ámbito del territorio de su distrito municipal, como una contraprestación por los servicios dados a sus munícipes o por el uso que estos le den a uno de sus bienes. En vista de que los Arbitrios Municipales son tributos cuyo hecho generador está supeditado a la prestación de un servicio o al uso que Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). se le dé a unos de los bienes del ayuntamiento, estos tienen características de las tasas, al someter a los munícipes al pago de un tributo por el hecho de haber recibido un servicio por parte del ayuntamiento de su municipio; y una contribución, por someter al munícipe al pago de un tributo por haber recibido la ventaja de utilizar un bien municipal perteneciente al ayuntamiento.

TC/0121/20, numeral 9, 9.5, pág. 31 — PDF oficial

9.6. Con relación al derecho que tienen los ayuntamientos de aplicar arbitrios, el Tribunal Constitucional expresó a través de la referida sentencia TC/0067/13, página 20, ya citada, que: Tal atribución para fijar arbitrios implica la obligación de respetar el principio establecido en el Artículo 200 de la Constitución, y el literal a) del artículo 274 de la Ley No. 176-07, el cual dispone que sólo podrán ser establecidos siempre y cuando los mismos no colindan con los impuestos nacionales (...) ni con la Constitución o las leyes de la República. De esto se desprende que los arbitrios municipales fijados por los ayuntamientos, a través de sus concejos de regidores, no pueden entrar en controversia con la disposición establecida en el Artículo 200 de nuestra Carta Magna para transformarse, de forma implícita, en un impuesto.

TC/0121/20, numeral 9, 9.6, pág. 32 — PDF oficial

9.7. En este contexto, este colegiado constitucional considera que, si bien es cierto que los arbitrios que los ayuntamientos imponen a los vehículos que transitan por su territorio -camiones- lo hacen por hacer uso de los bienes pertenecientes al municipio, también es cierto que estos arbitrios no pueden colidir Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). con los impuestos establecidos por la ley, es decir que, si ya existen impuestos que gravan la circulación de los vehículos de motor, no es posible aplicar otro arbitrio con la misma intención, en virtud de lo que establece el artículo 200 de la Constitución, y el articulo 274 de la Ley núm. 176-07.

TC/0121/20, numeral 9, 9.7, pág. 32 — PDF oficial

9.8. En cuanto a la circulación de los vehículos de motor, este impuesto ha sido creado por el Congreso Nacional mediante la Ley núm. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible [G. O. núm. 10697 del trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, numeral 1, literal a), de la Constitucion, que al efecto establece: Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en materia legislativa:

a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”.

TC/0121/20, numeral 9, 9.8–a, pág. 33 — PDF oficial

9.9. Los accionantes alegan que la doble tributación con relación a la circulación de los vehículos, se verifica en el impuesto establecido al respecto en la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, del veintiocho (28) de diciembre del año mil novecientos sesenta y siete (1967) y sus modificaciones, norma vigente al momento de la interposición de la presente acción. En este sentido este tribunal Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). considera necesario consignar que la referida ley fue derogada y en su lugar fue creada la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. [G. O. núm. 10875 del veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisiete (2017)], y el núcleo esencial de lo dispuesto en la derogada ley esta contenido en la nueva ley en el artículo 161.

TC/0121/20, numeral 9, 9.9, pág. 33 — PDF oficial

9.10. El artículo de la ley al que hacemos referencia dispone lo siguiente: Artículo 161.- Expedición y renovación de las placas. Las placas de los vehículos de motor serán expedidas en número de dos (2) por la DGII, de conformidad con las normas administrativas dictadas al efecto. Para la renovación anual de las mismas será obligatoria la presentación del marbete de inspección técnica vehicular y de la póliza de seguro de vehículos de motor vigentes. Párrafo. - Cuando el marbete de inspección técnica vehicular o la póliza del seguro de vehículo de motor no se encuentren vigentes, la DGII no podrá expedir ni renovar ninguna placa

TC/0121/20, numeral 9, 9.10, pág. 34 — PDF oficial

9.11. A propósito del argumento central de la parte accionante con relación a la Ley núm. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, [G. O. núm. 10697 del trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012)], este tribunal pudo verificar que esta ley dispone a traves de su artículo 15, lo siguiente: Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). Artículo 15. En sustitución del impuesto establecido en el Artículo 32 de la Ley No.495-06, de Rectificación Tributaria, de fecha 28 de diciembre de 2006, modificada por la Ley No.225-07, de fecha 5 de septiembre de 2007, se establece un impuesto anual por circulación a los vehículos de motor de uno por ciento (1%) sobre su valor 3 . PÁRRAFO I. El valor al que se refiere el presente artículo será establecido de acuerdo a la tabla de referencia elaborada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por tipo y año del vehículo incluyendo el factor de depreciación anual. A excepción de las motocicletas, el monto del impuesto a pagar no podrá ser inferior a mil doscientos pesos (RD$1,200.00).

TC/0121/20, numeral 9, 9.11, pág. 34 — PDF oficial

9.12. En el caso en concreto la parte accionante alega que los ayuntamientos, con la emisión de las referidas resoluciones, violentan el artículo 200 de la Constitucion, ya que las resoluciones atacadas en inconstitucionalidad gravan con un doble arbitrio la circulación de los camiones por las calles de los municipios emisores de las referidas resoluciones, pues estos vehículos ya pagan un impuesto nacional por concepto de placa. Fundamentan que, existiendo un impuesto creado por ley, el arbitrio establecido por los ayuntamientos mediante las resoluciones impugnadas constituye una violación a lo dispuesto en la Constitución al crearse una doble tributación.

TC/0121/20, numeral 9, 9.12, pág. 35 — PDF oficial

9.13. Las entidades emisoras de las resoluciones que se atacan por medio de la presente acción directa de inconstitucionalidad alegan que los arbitrios aplicados, 3 Subrayado del Tribunal Constitucional. Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). están orientados a compensar el gasto que conlleva mantener en buen estado las vías por las cuales transitan los referidos vehículos, por lo que pretenden que se declaren las resoluciones atacadas conformes con la Constitución. Fundamentan su intención entre otros en el siguiente argumento: A que no se trata de impuestos generales, sino de arbitrios de carácter local por el uso de su territorio afectando solo a personas y empresas que se benefician económicamente y que deterioran con su uso los espacios por los cuales transitan en el territorio local.

TC/0121/20, numeral 9, 9.13, pág. 35 — PDF oficial

9.14. El Tribunal Constitucional considera que, con independencia del argumento de la parte emisora de las resoluciones impugnadas, en torno a que la imposición se realiza para el arreglo de calles y avenidas por donde circulan los vehículos afectados por la imposición, de conformidad con la Constitución la facultad de los ayuntamientos de crear arbitrios está supeditada a que estos no coliden con los impuestos nacionales; es decir, un arbitrio municipal no puede coexistir con una ley que ha creado un impuesto sobre la misma base impositiva, como en el presente caso que, el impuesto a la circulación está sustentado en la Ley núm. 253-12.

TC/0121/20, numeral 9, 9.14, pág. 36 — PDF oficial

9.15. En este contexto este colegiado constitucional considera que mantener vigentes las resoluciones municipales impugnadas mediante la presente acción directa de inconstitucionalidad sería crear un doble impuesto bajo la denominación de un arbitrio, ya que cuando se paga el derecho a placa, esto presupone que se esta pagando el derecho a transitar o a que los vehículos circulen por las vías sin tener que pagar otro impuesto por el mismo concepto. Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011).

TC/0121/20, numeral 9, 9.15, pág. 36 — PDF oficial

9.16. El Tribunal Constitucional ya ha declarado no conforme con la Constitución, resoluciones emitidas por la Sala Capitular de los ayuntamientos que establecen arbitrios sobre bases impositivas que ya han sido gravadas por ley. En estos casos el Tribunal ha decidido que se ha violentado el artículo 200 de la Constitución en este caso podemos citar las Sentencias TC/0418/15, del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015) y TC/0017/12, del trece (13) de junio de dos mil doce (2012).

9.17. En conclusión, este tribunal considera que para la imposición de arbitrios a las diferentes actividades que se realizan en las demarcaciones municipales, si ya estas han sido gravadas por ley, ningún órgano de la administración local puede gravar la misma actividad o fuente, pues con ello vulnera lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución.

TC/0121/20, numeral 9, 9.16–9.17, pág. 37 — PDF oficial

9.18. En virtud de la argumentación expuesta anteriormente, esta sede constitucional procede a acoger la presente acción directa de inconstitucionalidad, declarar no conforme con la Constitución de la República y declarar la nulidad de: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012);

TC/0121/20, numeral 9, 9.18, pág. 37 — PDF oficial

E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011), sobre el cobro de arbitrios por concepto de rodaje impuesto a vehículos pesados, por considerar que estas vulneran los artículos 200 de la Constitución y 274 de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipio, por considerar que dichas resoluciones configuran una vulneración a la Constitucion, por constituir doble tributación. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Wilson Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez.

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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

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Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011).

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A, en contra de las: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, sobre el cobro de arbitrios por concepto de rodaje impuesto a vehículos pesados, por haber sido hecha de conformidad con la ley.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad y, en consecuencia, DECLARAR no conforme con la Constitución las: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Referencia: Expediente núm. TC-01-2013-0072 relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Bepensa Dominicana, S.A.; Cervecería Nacional Dominicana, S.A.; Cemex Dominicana, S.A., y Brugal & Compañía, S.A., contra: A) Resolución núm. 02-2007, de fecha 11 de enero de 2007, dictada por la Sala Capitular del Ayuntamiento de la Provincia y Municipio de San Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal el diecisiete (17) de septiembre de dos mil once (2011). Cristóbal; B) Resolución núm. 004/2011, dictada por la Sala Capitular de la Junta Municipal La Guayiga, Provincia Santo Domingo veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011); C) Resolución núm. 005, dada por la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Municipal El Cedro, Provincia El Seibo el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012); D) Resolución núm. 03-2012, dada por el Concejo Municipal del Ayuntamiento del Distrito Municipal de las Lagunas de Nisibon, provincia La Altagracia el catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012); E) Resolución núm. 024-2007, dictada por la Junta Municipal de Cumayasa del Municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana; F) Ordenanza núm. 01-2012-2013, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís el veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), y G) Ordenanza núm. 07-2011, dictada por el Concejo Municipal del Municipio de Bajos de Haina, sobre el cobro de arbitrios por concepto de rodaje impuesto a vehículos pesados, por considerar que estas vulneran los artículos 200 de la Constitución y 274 de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipio, ya que dichas resoluciones constituyen una doble tributación.

TERCERO: PRONUNCIAR la nulidad absoluta de las resoluciones descritas en

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0121/20, del 12 de mayo de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0121-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.