Sentencia TC/0345/19

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 16 de septiembre de 2019 · Expediente TC-01-2017-0017

Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Manuel Cuello, en calidad de presidente de la Red Nacional de Abogados Inmobiliarios (RENAI), contra: a) los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución núm. 3642-2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y b) el artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Legitimación procesal activa

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0345/19?

Para ampliar el acceso al control concentrado, el Tribunal establece que, en adelante, se presumirán la legitimación activa y el interés legítimo y jurídicamente protegido de quien interponga una acción directa de inconstitucionalidad. Para las personas físicas, la presunción exige verificar el goce de los derechos de ciudadanía. Para las personas jurídicas, exige comprobar su constitución y registro conforme a la ley, su personería y capacidad procesal, así como la relación entre su objeto o un derecho subjetivo del que sean titulares y la aplicación de la norma impugnada. El Tribunal reconoció legitimación a Manuel Cuello por su condición de ciudadano dominicano y determinó que había accionado a título personal, no en nombre de la RENAI (TC/0345/19, numeral 8, m–n, pág. 28; TC/0345/19, numeral 8, o, pág. 28; TC/0345/19, numeral 8, p, pág. 29; TC/0345/19, numeral 8, q, pág. 30).

La acción fue inadmisible porque el escrito no cumplió los requisitos de especificidad y pertinencia derivados del artículo 38 de la Ley núm. 137-11. Respecto de la resolución impugnada, el accionante no explicó de manera concreta cómo vulneraba el derecho de propiedad y centró su impugnación en una contradicción con la Ley núm. 108-05. Ese conflicto de mera legalidad corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no al control abstracto de constitucionalidad. Respecto del artículo 36 de la Ley núm. 137-11, su sola mención en el encabezado y en las conclusiones, sin exponer motivos de inconstitucionalidad, tampoco satisfizo el artículo 38 (TC/0345/19, numeral 9, e–g, pág. 32; TC/0345/19, numeral 9, h–j, pág. 32; TC/0345/19, numeral 9, k–l, pág. 33).

Decisión

Declara inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Manuel Cuello contra los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución núm. 3642-2016 y el artículo 36 de la Ley núm. 137-11. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la notificación de la sentencia y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana.” (TC/0345/19, numeral 8, o, pág. 28)
“De modo que no quedan satisfechos los requisitos de especificidad y pertinencia reconocidos a partir de la interpretación, en el precedente citado, del artículo 38 de la Ley núm. 137-11.” (TC/0345/19, numeral 9, e–g, pág. 32)
“Esta omisión en su argumentación también le hace incurrir, en consecuencia, en una inobservancia a la regla procesal prevista en el artículo 38 de la Ley núm. 137-11 y los precedentes constitucionales antedichos.” (TC/0345/19, numeral 9, k–l, pág. 33)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 2, 6, 7 y 185.1 (legitimación activa y acceso al control concentrado); artículos 139 y 165 (control de legalidad por la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

Ley núm. 137-11: artículos 7, numerales 1, 3, 4 y 9, y 37 (principios procesales y calidad para accionar); artículo 38 (requisitos del escrito introductorio); artículos 7.6 y 4 (costas y publicación).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0047/12, TC/0057/18, TC/0031/13, TC/0033/13, TC/0048/13, TC/0599/15, TC/0713/16, TC/0009/17, TC/0234/14, TC/0110/13, TC/0535/15, TC/0184/14, TC/0157/15, TC/0207/15, TC/0148/13, TC/0170/13, TC/0224/17, TC/0172/13, TC/0200/13, TC/0280/14, TC/0379/14, TC/0010/15, TC/0334/15, TC/0075/16, TC/0145/16, TC/0195/14, TC/0221/14, TC/0028/15, TC/0489/17, TC/0584/17, TC/0150/13, TC/0297/15 y TC/0013/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

En cuanto a la legitimación activa o calidad de la parte accionante, el Tribunal expone las siguientes consideraciones:

a. La legitimación procesal activa es la capacidad procesal reconocida por el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes estatales, en los términos previstos en la Constitución o la ley, para actuar en procesos y procedimientos, en este caso, de justicia constitucional.

b. República Dominicana, a partir de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), adoptó un control abstracto y directo de la constitucionalidad de las normas para, ante este tribunal constitucional, hacer valer los mandatos constitucionales, velar por la vigencia de la supremacía constitucional, defender el orden constitucional y garantizar el interés general o bien común. Lograr este objetivo conllevó la predeterminación de un conjunto de autoridades u órganos estatales que por su posición institucional también tienen a su cargo la defensa de la Constitución, legitimándoles para accionar ante este fuero, sin condicionamiento alguno, a fin de que este último expurgue el ordenamiento jurídico de las normas inconstitucionales. De igual forma, se extendió esta prerrogativa a cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

c. Sobre tal legitimación o calidad, en el artículo 185, numeral 1), de la Constitución dominicana se dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. 1

TC/0345/19, numeral 8, a–c, pág. 23 — PDF oficial

d. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.

e. Tal y como se advierte de las disposiciones preceptivas esbozadas precedentemente, si bien la Constitución vigente no contempla una acción popular existe la posibilidad de que cualquier persona, con un interés legítimo y jurídicamente protegido, pueda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad.

f. Sobre la susodicha legitimación procesal el Tribunal Constitucional ha mantenido la constante de que cuando se trata de particulares o cualquier persona, para determinar su calidad e identificar el interés jurídico y legítimamente protegido, debe verificarse un hilo conductor que denote tensiones entre la vigencia o aplicación de la norma atacada y los intereses de quien promueve la acción directa 1 El subrayado es nuestro. de inconstitucionalidad. Siempre, con la intención de permitirle al pueblo ─como soberano que es─ acceder a este palmario mecanismo de control de la constitucionalidad.

TC/0345/19, numeral 8, d–f, pág. 24 — PDF oficial

g. De hecho, esta ha sido la postura desarrollada por este tribunal constitucional desde su Sentencia TC/0047/12, del tres (3) de octubre de dos mil doce (2012), donde indicamos que una persona tiene interés legítimo y jurídicamente protegido cuando ha demostrado que goza de sus derechos de ciudadanía e invoca que la vigencia de la norma le causa perjuicios, 2 o, como se indicó en la Sentencia TC/0057/18, del veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), que una persona física o moral tendrá interés legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre que la permanencia en el ordenamiento jurídico de la norma cuestionada le causa un perjuicio y, por el contrario, la declaratoria de inconstitucionalidad le proporciona un beneficio. 3

h. Han sido varios los matices en los que el Tribunal hasta ahora ha enfocado la acreditación de la legitimación procesal activa o calidad de aquellos que ejercen la acción directa de inconstitucionalidad. Basta, como muestra, recordar que para ejercer un control directo sobre la constitucionalidad de normas de naturaleza electoral morigeramos el criterio ─de que el interés jurídico y legítimamente protegido depende de una afectación directa generada por la validez de la norma al accionante─ considerando el estatus de ciudadanía de la parte accionante y la posibilidad de afectar el derecho a elegir y ser elegido ante la vigencia de la norma calificada de inconstitucional. 4

TC/0345/19, numeral 8, g–h, pág. 25 — PDF oficial

Asimismo, la exigencia del interés legítimo y jurídicamente protegido se ha visto grandemente atenuada, en el sentido de que no se ha exigido un perjuicio 2 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0047/12, del 3 de octubre de 2012, p. 5. 3 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0057/18, del 22 de marzo de 2018, p. 9. 4 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencias TC/0031/13, del 15 de marzo de 2013, pp. 6-7; y TC/0033/13, del 15 de marzo de 2013, pp. 7-8. directamente experimentado por el accionante a fin de identificar su calidad o legitimación procesal, ante supuestos donde: (i) El objeto de la norma abarca intereses difusos y el promotor de la acción no hace eco de un interés particular o perjuicio directo, sino colectivo; 5 igual cuando el accionante es la persona encargada de establecer políticas sobre regulación de recursos hidráulicos, como el agua, que comportan un interés difuso; 6 (ii) El objeto de la norma atacada regula a una asociación que congrega a un conjunto de profesionales de un sector ─alguaciles o contadores públicos─ y el gremio como tal ─a pesar de no ser afectado directamente─ se encuentra facultado para procurar la protección de los intereses de sus miembros; 7 igual cuando la acción es promovida por una asociación cuyos integrantes son personas jurídicas que en su actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma impugnada; 8 lo mismo cuando se trata de una asociación sin fines de lucro que tiene por misión el estudio de temas ligados a la soberanía del Estado dominicano 9 o actúe en representación de la sociedad; 10 (iii) el objeto de la norma atacada imponga obligaciones fiscales sobre una empresa beneficiada con un régimen de tributación especial. 11 (iv) El objeto de la norma atacada pueda afectar el derecho a elegir de una persona que goza de la condición de ciudadano y le concierne, como votante, resguardar que 5 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0048/13, del 9 de abril de 2013, pp. 8-9;

TC/0345/19, numeral 8, i, pág. 25 — PDF oficial

TC/0599/15, del 17 de diciembre de 2015, pp. 112-113; TC/0713/16, del 23 de diciembre de 2016, pp. 17-18 y TC/0009/17, del 11 de enero de 2017, pp. 9-10. 6 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0234/14, del 25 de septiembre de 2014, pp. 12-14. 7 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0110/13, del 4 de julio de 2013, pp. 7-8 y TC/0535/15, del 1 de diciembre de 2015, pp. 17-18. 8 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0184/14, del 15 de agosto de 2014, pp. 16-17. 9 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0157/15, del 3 de julio de 2015, pp. 24-25. 10 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0207/15 del 6 de agosto de 2015, pp. 15-16. 11 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0148/13 del 12 de septiembre de 2013, p. 8. su derecho al sufragio activo sea ejercido acorde a los términos constitucionalmente previstos. 12 y (v) El accionante es una organización política cuya función procura garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, ya que estas se encuentran situadas entre el Estado y el ciudadano. 13

TC/0345/19, numeral 8, i, pág. 25 — PDF oficial

j. De la misma manera, otra matización realizada por el Tribunal a la cuestión del interés legítimo y jurídicamente protegido, a fin de posibilitar aún más el acceso al control concentrado, es que el precepto normativo impugnado en inconstitucionalidad pueda afectar la esfera jurídica o el ámbito de intereses del accionante. 14 De igual forma, el Tribunal ha reconocido legitimación cuando los efectos de la ejecución de las disposiciones contenidas en la norma o acto atacado pueden alcanzar al accionante. 15

k. Otro contexto en donde el Tribunal dilató el apercibimiento de la legitimación procesal activa y la configuración de un interés legítimo y jurídicamente protegido, abriendo aún más el umbral para que cualquier persona accione por la vía directa, es cuando el accionante advierte que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la ley o acto normativo impugnado. 16

TC/0345/19, numeral 8, j–k, pág. 27 — PDF oficial

l. Todas estas variantes en las que ha incurrido el Tribunal Constitucional para retener la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que procura 12 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0170/13, del 27 de septiembre de 2013, pp. 7-8. 13 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0224/17, del 2 de mayo de 2017, pp. 49-51. 14 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0172/13, del 27 de septiembre de 2013, pp. 10-11. 15 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0200/13, del 7 de noviembre de 2013, pp. 27-28; TC/0280/14, del 8 de diciembre de 2014, pp. 8-9; TC/0379/14, del 30 de diciembre de 2014, pp. 14-15; TC/0010/15, del 20 de febrero de 2015, pp. 29-30; TC/0334/15, del 8 de octubre de 2015, pp. 9-10; TC/0075/16 del 4 de abril de 2016, pp. 14-16 y TC/0145/16, del 29 de abril de 2016, pp. 10-11. 16 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0195/14, del 27 de agosto de 2014, pp. 10-11 y TC/0221/14, del 23 de septiembre de 2014, pp. 12-14. el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad, a partir de la atemperación de la percepción del interés jurídico y legítimamente protegido, son muestra de que el ánimo de este colegiado siempre ha sido que el pueblo, encarnado en el ciudadano que goce de sus derechos de ciudadanía y las persona morales constituidas conforme a la ley, tengan la opción de fiscalizar la constitucionalidad de las normas por esta vía, sin mayores complicaciones u obstáculos procesales.

TC/0345/19, numeral 8, l, pág. 27 — PDF oficial

m. En ese sentido, ante la meridiana imprecisión y vaguedad que se desprende del requisito de comprobación de la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que pretenda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad, mediante la acreditación de un interés jurídico y legítimamente protegido, es que este tribunal constitucional se dispondrá a reorientar, en aras de expandirlo, el enfoque con que se ha manejado la legitimación procesal activa como requisito de acceso al control concentrado de la constitucionalidad. Esto, por aplicación de los principios de accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e informalidad previstos en el artículo 7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la Ley núm. 137-11.

n. Por tanto, es imperativo recordar que la acción directa de inconstitucionalidad supone un proceso constitucional instituido para que la ciudadanía, profesando su derecho a participar de la democracia de acuerdo con las previsiones de las cláusulas de soberanía popular y del Estado social y democrático de derecho preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la Constitución dominicana, tenga la oportunidad ─real y efectiva─ de controlar la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y actos que contravengan el contenido de nuestra Carta Política; esto, ante este tribunal constitucional, a fin de preservar la supremacía constitucional, el orden constitucional y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

TC/0345/19, numeral 8, m–n, pág. 28 — PDF oficial

o. En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal 17 para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal 18 , legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo.

TC/0345/19, numeral 8, o, pág. 28 — PDF oficial

p. En la especie, tras analizar el escrito introductorio de la acción directa de inconstitucionalidad que nos ocupa, constatamos que si bien el encabezado de la instancia señala como accionante a la Red Nacional de Abogados Inmobiliarios (RENAI), esto se percibe como un error material involuntario del verdadero accionante. Lo anterior se justifica en tanto que quien figura como suscribiente de la acción ─en su propio nombre─ es el licenciado Manuel Cuello; pues, aunque señala que actúa en calidad de presidente de la indicada agrupación de hecho, formula peticiones procesales a título personal ─como es la comunicación a su persona y domicilio de la decisión resultante de este proceso─ y firma en su propio nombre, no en calidad de presidente de la RENAI. De ahí que este tribunal constitucional infiera que la presente acción directa de inconstitucionalidad la ha ejercido, a título 17 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0028/15. 18 Tribunal Constitucional dominicano, Sentencia TC/0535/15, párr. 10.4 [reconoce legitimación activa a una institución gremial (colegio dominicano de contadores públicos) en relación a una norma que regula la actividad profesional de sus miembros]; TC/0489/17 [reconoce legitimación activa a una sociedad comercial por demostrar un interés legítimo y jurídicamente protegido]; y TC/0584/17 [reconoce legitimación activa a una fundación al considerarse afectada por los decretos atacados en la acción]. personal, el licenciado Manuel Cuello, no así la Red Nacional de Abogados Inmobiliarios (RENAI).

TC/0345/19, numeral 8, p, pág. 29 — PDF oficial

q. Despejado lo anterior, este tribunal constitucional estima que el licenciado Manuel Cuello, en su condición de ciudadano dominicano ─titular de la cédula de identidad y electoral número 001-0945148-4─, cuenta con la calidad o legitimación procesal activa suficiente para interponer la presente acción directa de inconstitucionalidad, acorde con la Constitución y la Ley.

TC/0345/19, numeral 8, q, pág. 30 — PDF oficial

9. Inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad

a. El Consejo del Poder Judicial, en su condición de órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, tanto en su escrito de defensa ─depositado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)─, como en sus conclusiones in voce presentadas en la audiencia celebrada el veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), planteó la inadmisibilidad de la presente acción directa de inconstitucionalidad aduciendo que la parte accionante no identifica, de manera clara y concreta, ninguna infracción constitucional.

b. Al respecto, y sobre el contenido que debe exhibir el acto introductorio de una acción directa de inconstitucionalidad, el artículo 38 de la Ley núm. 137-11 establece: El escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas.

TC/0345/19, numeral 9, a–b, pág. 30 — PDF oficial

c. Sobre el particular, este tribunal constitucional, en la Sentencia TC/0150/13, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), realizó algunas precisiones sobre la claridad, certeza, especificidad y pertinencia que debe exhibir el escrito introductorio de toda acción directa de inconstitucionalidad, de la manera siguiente: Es decir, que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada. En tal virtud, la infracción constitucional debe tener: • Claridad: Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos; • Certeza: La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada; • Especificidad: Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionado vulnera la Constitución de la República; • Pertinencia: Los argumentos invocados deben de ser de naturaleza constitucional, y no legales o referidos a situaciones puramente individuales.

d. En la especie, el accionante le imputa al Pleno de la Suprema Corte de Justicia haber violado el artículo 51 de la Constitución al momento de emitir la resolución contentiva de la reglamentación para la desjudicialización de deslinde y procedimientos diversos. Esto lo basa en que: Se le quitaría el verdadero real al certificado de título de propiedad o este no sería emitido por un juez competente a tales fines, que es quien le da garantía real de la transmarino de una propiedad, por lo tanto el certificado de título que sea que sea emitido en circunstancias como se pretende mediante resolución 3642-2016 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial carecería de valor alguno de esta forma, estaría en juego la garantía jurídica del Estado frente a cada adquiriente de un derecho de propiedad [sic].

TC/0345/19, numeral 9, c–d, pág. 30 — PDF oficial

e. Sin embargo, en la lectura anterior ─único argumento en el escrito introductorio de la presente acción directa de inconstitucionalidad que refiere violación a un precepto constitucional, como es el derecho a la propiedad─ no es posible constatar una exposición concreta y directa de cómo la Resolución núm. 3642-2016, en el contexto de su aplicación, violentaría la disposición constitucional referida en tal alegato.

f. Es decir, no se hace una presentación detallada de la supuesta colisión entre la resolución impugnada y la Constitución dominicana en aras de colocar a este tribunal en la capacidad de valorar los méritos de un conflicto entre la norma fundamental y la norma infra constitucional. De modo que no quedan satisfechos los requisitos de especificidad y pertinencia reconocidos a partir de la interpretación, en el precedente citado, del artículo 38 de la Ley núm. 137-11.

g. Además, de acuerdo con el perfil del presente caso, es oportuno recordar los términos preceptuados en la Sentencia TC/0297/15, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015), en cuanto a que: La naturaleza de la acción de inconstitucionalidad corresponde a un mecanismo de control abstracto de la constitucionalidad, o sea, se realiza con independencia de la aplicación concreta en la realidad, en los casos particulares, de la norma sujeta a examen; de ahí que tal control recae sobre la ley, decreto, reglamento, ordenanza, debiendo confrontar objetivamente la disposición legal acusada con la Constitución […].

TC/0345/19, numeral 9, e–g, pág. 32 — PDF oficial

h. Es decir que un asunto de mera legalidad, como actualmente lo es el núcleo duro del discurso de la accionante para impugnar la Resolución núm. 3642-2016 ─aludiendo su contradicción con múltiples disposiciones de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario─, plantea un escenario que escapa al control de este tribunal constitucional y que, en consecuencia, corresponde resolver a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de acuerdo a los artículos 139 y 165 constitucionales.

i. Al respecto, en la Sentencia TC/0013/12, dictada el diez (10) de mayo de dos mil doce (2012), indicamos que en la presente acción directa en inconstitucionalidad, la parte impugnante se ha limitado a hacer simples alegaciones de “contrariedad al derecho” que son cuestiones de mera legalidad que escapan al control de este tribunal. Cabe recordar que el control de la legalidad de los actos puede ser intentado a través de las vías que la justicia ordinaria o especial ha organizado para ello.

j. En efecto, todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la acción directa de inconstitucionalidad planteada por el licenciado Manuel Cuello contra los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución núm. 3642-2016, tal y como sugiere el Consejo del Poder Judicial, es inadmisible, pues en su exposición la parte accionante no satisfizo las previsiones del artículo 38 de la Ley núm. 137-11 y el precedente de la Sentencia TC/0150/13, en cuanto a la especificidad y pertinencia del supuesto violatorio a la Constitución mencionado; y además, su discurso enfoca sus energías en formular un conflicto de legalidad entre la disposición reglamentaria atacada y la Ley núm. 108- 05, sobre Registro Inmobiliario, no así un conflicto de matices constitucionales, es decir: un supuesto en donde riñan preceptos constitucionales e infra constitucionales.

TC/0345/19, numeral 9, h–j, pág. 32 — PDF oficial

k. Por último, se precisa dejar constancia de que la acción también es inadmisible en lo que corresponde al artículo 36 de la Ley núm. 137-11, pues, si bien es cierto que la parte accionante lo menciona en el encabezado y conclusiones formales del escrito introductorio de la acción directa de inconstitucionalidad de que se trata, no menos cierto es que, en sus motivaciones, no hace mención alguna a los móviles que le llevaron a contestar su constitucionalidad. Esta omisión en su argumentación también le hace incurrir, en consecuencia, en una inobservancia a la regla procesal prevista en el artículo 38 de la Ley núm. 137-11 y los precedentes constitucionales antedichos.

l. Por consiguiente, ha lugar a declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el licenciado Manuel Cuello en contra de los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución núm. 3642-2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), contentiva del Reglamento de Desjudicialización de Deslinde y Procedimientos Diversos; y del artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; y Wilson Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0345/19, numeral 9, k–l, pág. 33 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Manuel Cuello contra los artículos 18, 19 y 20 de la Resolución núm. 3642-2016, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), contentiva del Reglamento de Desjudicialización de Deslinde y Procedimientos Diversos; y del artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por los motivos expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

TERCERO: ORDENAR que la presente sentencia sea notificada, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al accionante, Manuel Cuello; así como también al procurador general de la República, el Consejo del Poder Judicial, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

CUARTO: ORDENAR que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0345/19, del 16 de septiembre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0345-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.