Sentencia TC/0599/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de diciembre de 2015 · Expediente Expedientes TC-01-2015-0001 y TC-01-2015-0002

Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015- 0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0599/15?

La preservación de las reglas constitucionales de formación de las leyes constituye un interés difuso que legitima a cualquier persona para accionar en inconstitucionalidad. La Ley núm. 550-14 podía ser impugnada durante la vacatio legis porque ya había sido promulgada y publicada, y la Constitución no exige que la ley esté vigente para someterla a control directo (TC/0599/15, numeral 7, 7.3, pág. 112; TC/0599/15, numeral 7, 7.4, pág. 113; TC/0599/15, numeral 9, 9.2, pág. 116).

El artículo 102 de la Constitución, interpretado junto con los artículos 76 y 93.1.b y conforme al principio del paralelismo de las formas, exige que ambas cámaras conozcan y decidan las observaciones presidenciales, tanto para acogerlas como para rechazarlas. La Cámara de Diputados acogió las observaciones y remitió la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación sin someterla a reconsideración del Senado. La omisión de ese trámite esencial constituyó un vicio sustancial que invalidó toda la ley. Como esta aún no había entrado en vigor, procedía expulsarla sin diferir los efectos de la decisión y sin examinar los demás medios de inconstitucionalidad (TC/0599/15, numeral 9, 9.5.3, pág. 119; TC/0599/15, numeral 9, 9.5.5–9.5.6, pág. 120; TC/0599/15, numeral 9, 9.6.9, pág. 127; TC/0599/15, numeral 9, 9.6.10–9.6.11, pág. 128; TC/0599/15, numeral 9, 9.6.16–9.6.17, pág. 130; TC/0599/15, numeral 9, 9.6.18, pág. 130; TC/0599/15, numeral 9, 9.6.19–9.6.20, pág. 131).

Decisión

El Tribunal fusiona los tres expedientes, admite las acciones en cuanto a la forma, las acoge en cuanto al fondo y declara inconstitucional la Ley núm. 550-14 en su totalidad, manteniendo vigente el Código Penal promulgado mediante el Decreto-Ley núm. 2274, del 20 de agosto de 1884. Declara el proceso libre de costas y ordena comunicar la sentencia y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“En este sentido, la circunstancia de no haber entrado en vigencia no impide que esta ley sea impugnada por vía una acción de inconstitucionalidad.” (TC/0599/15, numeral 9, 9.2, pág. 116).
“La decisión unilateral de la Cámara de Diputados sobre las observaciones presidenciales no solo es contraria a la configuración del sistema bicameral, sino que coarta el adecuado desenvolvimiento del procedimiento legislativo, ante la ausencia de un trámite esencial, como resulta ser el conocimiento de las observaciones presidenciales en ambas cámaras.” (TC/0599/15, numeral 9, 9.6.12–9.6.13, pág. 128).
“El vicio de procedimiento a que hemos hecho alusión afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad del nuevo Código Penal y, por consiguiente, este debe ser expulsado del ordenamiento ─sin necesidad de diferir temporalmente sus efectos─ porque aún no ha entrado en vigencia.” (TC/0599/15, numeral 9, 9.6.18, pág. 130).

Normas interpretadas

Constitución: arts. 6, 66, 76, 80, 83, 93.1.b, 101, 102 y 185.1. Ley núm. 137-11: arts. 7.2, 7.6, 7.12 y 37. Ley núm. 550-14: tercera disposición final.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0048/13, TC/0094/12, TC/0089/13, TC/0254/13 y C-252/12 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Legitimación activa o calidades de los accionantes

7.1. La legitimación para accionar en inconstitucionalidad está condicionada, en relación con las personas físicas y morales, a que se demuestre un interés legítimo y jurídicamente protegido. En efecto, el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone que «las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido». De igual forma, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece que «a acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido».

7.2. Los accionantes, Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Fundación Transparencia y Democracia y Fundación Matrimonio Feliz fundamentan su acción en la violación al procedimiento previsto para la aprobación de la ley; en particular, se cuestiona el hecho de que las observaciones hechas por el Presidente de la República solo fueron aprobadas por la Cámara de Diputados.

TC/0599/15, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 112 — PDF oficial

7.3. Como se observa, en la especie, se trata de que los accionantes objetan el origen mismo de la ley en la que basan su acción de inconstitucionalidad, aspectos Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. que, por su naturaleza, conciernen a cuestiones institucionales sobre las cuales reposa el régimen democrático, nuestro sistema republicano caracterizado por un poder legislativo bicameral y la legitimidad de origen de la formación de las leyes para que las mismas puedan surtir efectos vinculantes en gobernantes y gobernados. En virtud de lo anterior, el interés jurídico de preservar estas reglas constitucionales no puede ser adscrito a ninguna persona en particular, razón por la cual el mismo se constituye en un interés difuso pasible de ser asumido por cualquier persona.

TC/0599/15, numeral 7, 7.3, pág. 112 — PDF oficial

7.4. En consecuencia, al tratarse en este caso específico de un interés no pasible de ser adscrito a ningún sujeto en particular, este tribunal verifica que dicho interés se corresponde, por su naturaleza, a los intereses difusos a que se refiere el artículo 66 de la Constitución de la República. En ese sentido, este tribunal ha establecido desde el precedente constitucional desarrollado en la Sentencia TC/0048/13, de fecha 9 de abril de 2013, que cuando se trate de intereses difusos cualquier persona está legitimada para accionar en inconstitucionalidad. En la especie, las instituciones reclamantes están legitimadas para objetar, vía la acción de inconstitucionalidad, el procedimiento agotado solo por la Cámara de Diputados para la aprobación de las observaciones presidenciales a la Ley núm. 550-14, contentiva del Código Penal. Se trata de una cuestión que, por su naturaleza, corresponde velar por su incumplimiento.

TC/0599/15, numeral 7, 7.4, pág. 113 — PDF oficial

8. Fusión de expedientes

8.1. Al estudiar los documentos que forman los expedientes que nos ocupan, advertimos que existen tres acciones directas de inconstitucionalidad, las cuales tienen como objeto disposiciones de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana. Dichas acciones fueron interpuestas Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación Democracia y Transparencia y la Fundación Matrimonio Feliz.

8.2. En este orden, en el derecho común existe el mecanismo procesal denominado fusión de expedientes, que utilizan los tribunales en los casos en que existen varias demandas o recursos conexos, por compartir el mismo objeto y la misma causa. La fusión de expedientes tiene como finalidad resolver varios asuntos mediante un solo procedimiento y una sola sentencia, en interés de garantizar el principio de economía procesal y, consecuentemente, la buena administración de justicia.

TC/0599/15, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 113 — PDF oficial

8.3. La fusión de expedientes puede ser utilizada en la materia que nos ocupa, en virtud de lo previsto en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual: «Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contraigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo».

8.4. De manera que ordenar la fusión de las referidas acciones de inconstitucionalidad es coherente con el principio de celeridad, previsto en el artículo 7.2 de la Ley núm. 137-11, en el cual se establece: “Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos sin demora innecesaria”.

TC/0599/15, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 114 — PDF oficial

8.5. En este sentido, conviene destacar que mediante la Sentencia TC/0094/12, del 21 de diciembre de 2012, este tribunal ordenó la fusión de dos expedientes relativos a acciones de inconstitucionalidad, en el entendido de que se trata de: « Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. (…) una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia» 1 .

TC/0599/15, numeral 8, 8.5, pág. 114 — PDF oficial

8.6. Por las razones indicadas, en la especie procede fusionar, como al efecto se fusionan, los tres (3) expedientes que se describen a continuación: 1) Expediente TC-01-2015-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el seis (6) de enero de dos mil quince (2015) por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana. 2) Expediente TC-01-2015-0002, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015) por la Fundación Transparencia y Democracia contra los artículos 107 al 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; y 3) Expediente TC-01-2015-0004, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015) por la Fundación Matrimonio Feliz contra la Ley núm. 550- 14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. 1 Sentencias TC/0089/13 del 4 de junio de 2013 y TC/0254/13 del 12 de diciembre de 2013. Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

TC/0599/15, numeral 8, 8.6, pág. 115 — PDF oficial

9. Sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad

9.1. Previo a abordar el fondo de esta acción de inconstitucionalidad, es de rigor contestar el medio de inadmisión invocado por el Procurador General de la República, funcionario que considera que “(…) al momento de ser interpuesta la acción directa de inconstitucionalidad objeto de la presente opinión, la ley que contiene las disposiciones impugnadas no está en vigencia por disposición del propio legislador, quien difirió su entrada en vigor para un año después de su publicación en la Gaceta Oficial”.

TC/0599/15, numeral 9, 9.1, pág. 116 — PDF oficial

9.2. Ciertamente, la ley objeto de la acción de inconstitucionalidad no ha entrado en vigencia, en virtud de la previsión consagrada en la propia ley, específicamente en la tercera de sus disposiciones finales, en la cual se establece que « [E]ste código entrará en vigor un año después de su publicación en la Gaceta Oficial». De manera que estamos en presencia de lo que la doctrina considera como una vacatio legis. 9.3.- Como se observa, si bien es cierto que la ley objeto de la acción no ha entrado en vigencia, no menos cierto es que estamos en presencia de una ley que ya fue promulgada y publicada. En este sentido, la circunstancia de no haber entrado en vigencia no impide que esta ley sea impugnada por vía una acción de inconstitucionalidad. Al respecto, cabe destacar que al referirse al objeto de la acción de inconstitucionalidad en el artículo 185 de la Ley Fundamental, el constituyente solo alude a la ley y no condiciona la posibilidad de cuestionar su entrada en vigencia. Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

TC/0599/15, numeral 9, 9.2, pág. 116 — PDF oficial

9.4. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados

9.4.1. El objeto de la presente acción directa es la alegada inconstitucionalidad de la Ley núm. 550-14, del 19 de diciembre de 2014, que instituye el Código Penal de la República Dominicana; de manera especial los artículos que fueron observados por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 101 y 102 de la Constitución dominicana.

9.4.2. Los accionantes plantean como medio de inconstitucionalidad, en primer término, la existencia de vicios de procedimiento en la aprobación de las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, a saber: omisión del trámite entre las cámaras durante la discusión de la observación de la ley; incumplimiento de la regla de mayoría necesaria para aprobar las observaciones a la ley; y desconocimiento de la naturaleza orgánica del Código Penal. En segundo término plantean además, como medio de inconstitucionalidad, la vulneración del derecho a la vida como consecuencia de observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo a los artículos 107,108, 109 y 110 del Código Penal.

TC/0599/15, numeral 9, 9.4–9.4.2, pág. 117 — PDF oficial

9.4.3. Este colegiado estima que para contestar los argumentos de los accionantes ─y resolver adecuadamente la presente acción de inconstitucionalidad─ resulta preciso dilucidar la cuestión relativa a la naturaleza de la observación presidencial y la función que esta desempeña en el trámite legislativo pautado por la Constitución. Este examen resultará fundamental para poder ponderar los agravios que los accionantes plantean en relación con los vicios de procedimiento en que alegadamente incurrió la Cámara de Diputados durante el conocimiento de las referidas observaciones a la ley que instituye el nuevo Código Penal. Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

TC/0599/15, numeral 9, 9.4.3, pág. 117 — PDF oficial

9.4.4. Con esta finalidad, enfocaremos nuestra atención sobre dos aspectos procesales de capital importancia en los mecanismos que establece nuestra Constitución para la aprobación de las leyes: de una parte, el requerimiento de que ambas cámaras legislativas conozcan las observaciones que realiza el Poder Ejecutivo a las leyes; de otra parte, el procedimiento que debe seguir el Presidente de la República para la observación de las leyes en nuestro país.

9.5. El requerimiento de que ambas cámaras legislativas conozcan las observaciones que realiza el Poder Ejecutivo a las leyes

9.5.1. A partir de la observación presidencial a la ley, se inicia el trámite de la reconsideración en las cámaras legislativas. La finalidad de esta etapa es que el Congreso revise la ley según los motivos y argumentos que el Presidente de la República refiere y recoge en las observaciones. De esta manera, no serán ponderados aspectos o materias sobre los que el titular de la facultad de efectuar las observaciones no ha planteado ni expresado su voluntad de que sean revisadas. El reconocimiento por el Congreso de la observación presidencial puede llevar a tres escenarios: en el primero, el Presidente de la República observa la ley y las cámaras aceptan las observaciones; en el segundo, el Presidente de la República observa la ley, pero las cámaras rechazan las observaciones y confirman la aprobación de la ley con la mayoría constitucional requerida; en el tercero, el Presidente de la República observa la ley, las cámaras rechazan las observaciones, pero no logran aprobarla con la mayoría constitucional.

TC/0599/15, numeral 9, 9.4.4–9.5.1, pág. 118 — PDF oficial

9.5.2. En el primer escenario, es decir cuando el Congreso acepta las observaciones realizadas por el Presidente, se produce lo que la doctrina constitucional peruana denomina el allanamiento; en el segundo caso, cuando el contenido de la ley es confirmado con la mayoría constitucional requerida Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. ─manteniendo el Congreso su disidencia de la observación presidencial─, se produce lo que la doctrina constitucional chilena ha denominado la insistencia; y, en el tercer caso, pura y simplemente, se caen o desechan la ley y la observación.

TC/0599/15, numeral 9, 9.5.2, pág. 118 — PDF oficial

9.5.3. El procedimiento para conocer la observación presidencial, si bien es distinto al de la aprobación de la ley, no puede eludir la necesidad del trámite entre las cámaras, de conformidad con la configuración bicameral del Congreso establecida en el artículo 76 de la actual Constitución, ni tampoco la atribución congresual de conocer las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes, que se encuentra contenida en el artículo 93.b de la Constitución. De ahí que – como bien plantea el Procurador General de la República– las disposiciones del artículo 102 de la Constitución deban ser interpretadas en el contexto definido por los artículos 76 y 93.b de la Constitución.

TC/0599/15, numeral 9, 9.5.3, pág. 119 — PDF oficial

9.5.4. El producto del procedimiento legislativo (o sea, la ley) constituye un acto complejo interno o intraorgánico, porque concurren para formarlo las voluntades de órganos (las cámaras legislativas), que pertenecen a una misma estructura institucional (el Congreso). En este contexto, el Tribunal Constitucional comparte el criterio externado por el Procurador General de la República en lo atinente a la configuración bicameral del Congreso, al afirmar que: (…) se advierte el propósito de la Constitución para que la formación, discusión y aprobación de una ley se realice en consonancia con el espíritu democrático, a cuyos fines es indispensable tener en cuenta que el conocimiento de las observaciones del Poder Ejecutivo a una determinada ley aprobada por el Congreso Nacional es una atribución de las dos cámaras que lo conforman: el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

TC/0599/15, numeral 9, 9.5.4, pág. 119 — PDF oficial

9.5.5. La configuración del sistema bicameral dominicano establecido por la Constitución resulta balanceado y equilibrado, porque a las dos cámaras compete por igual incidir en la función legislativa. Así, en lo que respecta al trámite de la reconsideración de la ley observada, ambas cámaras deben conocer y decidir las observaciones presidenciales sin que ninguna pueda ser excluida por la otra aplicando disposiciones internas. Este colegiado estima que el resultado de la reconsideración ─tanto en caso de aceptación de las observaciones (allanamiento), como en caso de desistimiento (insistencia) ─, depende del concurso de las dos cámaras, puesto que si las observaciones no logran ser aprobadas (allanamiento) o rechazadas (insistencia) simultáneamente en ambas cámaras, la ley deberá considerarse desechada y no podrá ser presentada en ninguna de las cámaras hasta la legislatura siguiente.

9.5.6. La organización bicameral no solo cumple con la finalidad de articular voluntades individuales para generar una voluntad única, sino que también procura introducir una mayor racionalidad en el mecanismo de toma de decisiones. Estos objetivos permiten garantizar a la ciudadanía que los distintos intereses políticos, sociales y económicos serán ponderados para actualizar la vigencia del principio democrático en el cumplimiento de las funciones del Congreso. De manera que la publicidad, la contradicción y el debate efectuados por separado en los dos órganos que colegislan ─elementos todos que caracterizan a los procedimientos legislativos─ garantizan la integración de una variedad de grupos, internos y externos al propio Congreso durante la toma de decisiones que dan contenido a la legislación.

TC/0599/15, numeral 9, 9.5.5–9.5.6, pág. 120 — PDF oficial

9.5.7. El hecho de que las observaciones hechas por el Presidente de la República fueran aprobadas por una sola de las Cámaras, como ocurrió en la especie, constituye, sin dudas, una quiebra del principio democrático, en la medida en que Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. las propuestas legislativas hechas por el ejecutivo tendrían aprobación casi automática, pues no requerirían del concurso de ambas cámaras. Sobre esta cuestión, la Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia C-252/12, del fecha veintiocho (28) de marzo, estableció lo siguiente: 4.3.1.1. Como ya quedó explicado anteriormente, la deliberación o discusión de los proyectos de ley y actos legislativos se corresponde con principios fundamentales de la Constitución de 1991 como el principio democrático, el principio de representación, de democracia participativa y de protección de minorías, que son presupuestos de la actividad legislativa y la conformación del poder político[93]. El Congreso se convierte en el gran mercado de las ideas en donde los representantes no solo cumplen el rol de llevar a cabo las propuestas legislativas en su función de órgano legislativo, sino también el de realizar la función de control político al Gobierno en las propuestas de ley que este lleve a cabo. La labor del Congreso se convierte, al menos teóricamente, en el último reducto legitimador del ejercicio del poder democrático bajo el principio de autonomía, en donde se podría llegar a cumplir con el ideal de que el ejercicio y conformación de la ley se explica a través del uso de la razón pública bajo unas reglas presupuestas que permitan el libre juego democrático[94].

TC/0599/15, numeral 9, 9.5.7, pág. 120 — PDF oficial

9.5.8. El congreso bicameral existió desde nuestra primera Constitución del 6 de noviembre de 1844. En ella el constituyente se inspiró esencialmente en las constituciones francesas de 1799 y 1814, y también en la Constitución estadounidense de 1787. Al decir del maestro Manuel Amiama, el sistema bicameral se convirtió a partir de 1908 en un hito de la historia constitucional dominicana, ya que no se ha reemplazado. Ciertamente hemos tenido en diez Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. oportunidades el sistema unicameral, pero su vigencia ha estado ligada a la existencia de regímenes dictatoriales. El monocameralismo, que es fruto de la Revolución Francesa, fue consagrado por vez primera en la Constitución gala de 1791.

9.5.9. El sistema bicameral, independientemente de sus raíces inglesas y su desarrollo en la Constitución federal estadounidense de 1787, tiene en su favor múltiples argumentos:

a) Permite la representación de los entes territoriales, estados, provincias, de la oposición política y de la sociedad civil.

TC/0599/15, numeral 9, 9.5.8–a, pág. 121 — PDF oficial

b) Proporciona una mayor estabilidad y solidez al sistema democrático al operar como contrapeso, moderando y depurando la tarea legislativa.

c) Fomenta y posibilita mayor publicidad en el proceso de elaboración de las leyes, evitando que la primera Cámara apruebe leyes sin control de la opinión pública.

d) Contribuye a un mayor equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

e) Impide la producción de bloqueos y “no entorpece ni paraliza la actividad parlamentaria” (o congresual), ya que las propias constituciones prevén las vías de solución para zanjar exitosamente las divergencias.

f) Constituye un poderoso aliado de la buena redacción de las leyes, mientras el sistema unicameral, en cambio, es un vehículo importante de Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. imperfección, errores formales y de fondo, y de mala técnica en la elaboración de las leyes.

TC/0599/15, numeral 9, b–f, pág. 122 — PDF oficial

g) Evita que por la configuración o manipulación del sistema electoral, en la eventualidad de cámara única, una mayoría obtenga toda la representación, excluyendo de ella a las demás fuerzas políticas.

9.6. Procedimiento para el conocimiento de la observación de las leyes hechas por el Presidente de la República

TC/0599/15, numeral 9, g–9.6, pág. 123 — PDF oficial

9.6.1. El Tribunal considera que el procedimiento para el conocimiento de la observación de las leyes puede conducir a tres escenarios. A) La cámara que recibe la observación puede insistir en aprobar la ley como fue originalmente adoptada por el Congreso, desestimando así las modificaciones sugeridas en la observación presidencial 2 . Cuando ello ocurriere, enviará la ley a la otra cámara para cursar el mismo procedimiento. Si esta última también rechaza las observaciones ─con el voto de las dos terceras partes de los presentes─, la ley se considera definitivamente aprobada en la forma concebida originalmente por el Congreso y se remite de nuevo al Poder Ejecutivo para su obligatoria promulgación y publicación. B) La regla relativa al voto agravado ha sido establecida por el constituyente para superar la observación e insistir en la aprobación de la ley con el propósito de asegurar la eficacia jurídica del veto presidencial. Si 2 Para el rechazo de la observación, se requiere el voto favorable de «las dos terceras partes de los miembros presentes». Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. el Congreso pudiera rechazar la observación aplicando la mayoría simple, la eficacia de la intervención presidencial sería tan solo de índole moral. En este sentido, las razones del Ejecutivo no podrían perseguir otra finalidad que sensibilizar la opinión, y con ella el voto de la misma mayoría que en la adopción de la ley se había manifestado en sentido contrario a lo expresado en la observación. Así planteado, el veto del presidente resultaría ineficaz para contrapesar la oposición del Congreso porque bastaría con que la misma mayoría que votó la ley reitere su posición para hacer triunfar la oposición congresual. C) El Congreso puede abandonar su posición original, aprobando las observaciones presidenciales. Si la primera cámara que recibió la ley observada la acoge, debe remitir la ley a la otra cámara, y si esta también aprueba las observaciones, la ley se considera aprobada y deberá ser remitida al presidente de la República para su promulgación y publicación.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.1, pág. 123 — PDF oficial

9.6.2. En el espíritu de la Ley Fundamental, la aprobación de las observaciones presidenciales constituye un elocuente ejercicio de buenas prácticas parlamentarias, en la cual no existen vencedores ni vencidos, sino un acuerdo que torna a la ley más conforme a la voluntad de los interesados y configura una especie de armonía entre dos importantes poderes del Estado.

9.6.3. El principio del paralelismo de las formas tiene en la doctrina constitucional y civilista dos vertientes: a) para el profesor Marcel Prelot, “se trata de un principio general del derecho, así como del sentido común, que aquel que es competente para realizar un acto, es también competente para modificarlo o abrogarlo”. En consecuencia, “el poder constituyente derivado pertenecería al Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. mismo órgano que el poder constituyente originario y requeriría el mismo procedimiento que este último” 3 .

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.2–9.6.3, pág. 124 — PDF oficial

9.6.4. Prelot reconoce en J.J. Rousseau un partidario del principio del paralelismo de las formas, ya que en su obra Consideraciones sobre el gobierno de Polonia el autor del contrato social proclama que “es contrario a la naturaleza del cuerpo social imponer leyes que el no pueda revocar, pero no es contrario ni a la naturaleza ni a la razón que él no pueda revocar esas leyes sino con la misma solemnidad que el utilizo para establecerlas”. 4

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.4, pág. 125 — PDF oficial

9.6.5. En otra vertiente, el maestro Javier Pérez Royo expresa al respecto lo que sigue: (…) el paralelismo de las formas es lo que hace que el Derecho (con mayúscula) del Estado Constitucional sea un ordenamiento y no un amontonamiento o yuxtaposición de normas. Una norma jurídica tiene que ser dictada por un órgano siguiendo un determinado procedimiento y únicamente puede ser modificada o derogada por ese mismo órgano siguiendo el mismo procedimiento. Este principio tiene una vigencia universal, en todos los niveles de la producción normativa, estatal, autonómico, municipal y respecto de todas las categorías a través de la cual dicha producción normativa se expresa: leyes, decretos, órdenes ministeriales, ordenanzas municipales, etcétera 5 . 3 Ibídem. 4 Ibídem 5 PÉREZ ROYO (Javier), El paralelismo de las formas, diario El País, edición del 25 de enero de 2005. Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.5, pág. 125 — PDF oficial

9.6.6. De igual manera Solange Becqué Ickowics, en su tesis Le parallelisme des formes en droit prive, sostiene (…) que el paralelismo de las formas es un principio consagrado en derecho romano y en derecho público… Que el mismo designa la extensión de la forma de un acto jurídico a otro acto jurídico. Esta forma puede ser una formalidad impuesta por la ley –aquí se trata de un paralelismo de formalidades- o una forma de exteriorización de la voluntad –se puede entonces hablar de un paralelismo de competencias. Se denomina acto modelo el acto que va a determinar la forma y acto reflejo aquel que tiene vocación para copiar la forma. En otras palabras, para la referida autora «El paralelismo de las formas se justifica por la finalidad de la forma y por el razonamiento por analogía: la forma del acto modelo debe ser extendida si su razón de ser también existe en el acto reflejo».

9.6.7. En el conocimiento de la observación presidencial se puede producir un tercer escenario: las cámaras rechazan las observaciones no logrando hacerlo con la mayoría cualificada. En este caso ─no previsto expresamente por la Constitución─, la ley es desechada, es decir se cae.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.6–9.6.7, pág. 126 — PDF oficial

9.6.8. Estos escenarios son gráficamente descritos por el constitucionalista Julio Brea Franco en su obra El Sistema Constitucional dominicano6, según figura en el diagrama siguiente 6 Volumen I, Editorial CENAPEC, 2da edición, 1986, Santo Domingo, pág. 266. Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.8, pág. 126 — PDF oficial

9.6.9. Al ponderar el presente caso, se advierte que el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados sus observaciones a los artículos 107, 108, 109 y 110 del nuevo Código Penal. Esta cámara conoció el trámite de la reconsideración de la ley en la sesión que correspondía y, en una moción confusa en cuanto al texto que sería incorporado a la ley, terminó acogiendo las observaciones presidenciales con el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes. Sin embargo, en Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. vez de remitir al Senado de la República la ley con las modificaciones aprobadas producto de la observación ─para que este decidiera si la aprobaba o la rechazaba insistiendo en el texto original─ la Cámara de Diputados remitió al Poder Ejecutivo la ley –con las observaciones aprobadas unicameralmente– para su promulgación y publicación. Se omitió así el trámite de reconsideración de la ley observada que debía cursar en el Senado de la República.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.9, pág. 127 — PDF oficial

9.6.10. Le ley promulgada por el Poder Ejecutivo no fue sometida al debate, conocimiento y decisión del Senado. Por tanto, no se tomó en consideración la opinión y el voto de los senadores respecto a una ley que contenía aspectos nuevos, que no habían sido conocidos ni aprobados por el Senado.

9.6.11. Por estos motivos este colegiado entiende que acierta el Procurador General de la República al considerar (…) que al no ser conocido por el Senado de la República lo aprobado por la Cámara de Diputados, se incurrió en una violación a los artículos 76 y 93.b de la Constitución, de lo cual se deriva la nulidad de la aprobación por la Cámara de Diputados a las observaciones del Poder Ejecutivo antes dichas, por violación al procedimiento sobre la materia, sin necesidad de ponderar ningún otro aspecto de la presente acción directa en inconstitucionalidad.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.10–9.6.11, pág. 128 — PDF oficial

9.6.12. Las disposiciones constitucionales a que se refiere el Procurador General de la República son las siguientes: Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. Artículo 76.- Composición del Congreso. El Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia: 1) Atribuciones generales en materia legislativa: …

b) Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes…”

9.6.13. La decisión unilateral de la Cámara de Diputados sobre las observaciones presidenciales no solo es contraria a la configuración del sistema bicameral, sino que coarta el adecuado desenvolvimiento del procedimiento legislativo, ante la ausencia de un trámite esencial, como resulta ser el conocimiento de las observaciones presidenciales en ambas cámaras.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.12–9.6.13, pág. 128 — PDF oficial

9.6.14. La Constitución establece en su artículo 6 que ella es “(…) norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”. En consecuencia, la supremacía de la Constitución y los principios y valores de la democracia proscriben a todos los poderes del Estado, personas y órganos que ejercen potestades públicas el uso de métodos reñidos con la seguridad jurídica y el Estado de derecho.

9.6.15. En la especie se ha producido un vicio sustancial del procedimiento legislativo, con la inobservancia de un trámite materialmente imprescindible y relevante. Si se aceptase ─bajo cualquier subterfugio jurídico─, que las observaciones presidenciales solo deben ser conocidas y aprobadas por una Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. cámara, la representación mayoritaria en la misma podría imponer su voluntad a la totalidad del congreso, violando así el derecho de las minorías, y colocando a una cámara en situación de inferioridad constitucional.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.14–9.6.15, pág. 129 — PDF oficial

9.6.16. La participación de las dos cámaras en la elaboración de la ley ─en aplicación del principio del paralelismo de las formas─ impone que ambas cámaras participen de todo el proceso de conocimiento de su observación por el ejecutivo. Lo contrario sería una práctica impropia y violatoria del espíritu y la letra de la Constitución.

9.6.17. En este sentido, cuando el constituyente ha querido atribuir una competencia exclusiva al Senado o a la Cámara de Diputados lo ha hecho de manera expresa. Tal es el caso de las atribuciones exclusivas que el artículo 80 de la Constitución le confiere al Senado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De igual manera, la Cámara de Diputados posee atribuciones exclusivas, en virtud de lo establecido del artículo 83 de la Carta Magna. Atribución exclusiva no significa necesariamente la no participación de a otra cámara, sino que la decisión corresponde finalmente a una de ellas. Ese sería el caso del denominado juicio político, en que la acusación corresponde solo a la Cámara de Diputados y su conocimiento al Senado de la República. En consecuencia, el Senado no podría someter la acusación y la Cámara de Diputados juzgar al funcionario sometido al juicio político, que deberá realizar siempre observando el debido proceso.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.16–9.6.17, pág. 130 — PDF oficial

9.6.18. El vicio de procedimiento a que hemos hecho alusión afecta irremediablemente la validez y constitucionalidad del nuevo Código Penal y, por consiguiente, este debe ser expulsado del ordenamiento ─sin necesidad de diferir temporalmente sus efectos─ porque aún no ha entrado en vigencia. En ese orden de Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo. ideas, el Código Penal anterior permanecerá vigente hasta que el Congreso adopte válidamente una nueva regulación.

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.18, pág. 130 — PDF oficial

9.6.19. Respecto al segundo medio de inconstitucionalidad invocado por los recurrentes, relativo a las alegadas colisiones del contenido de los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye un nuevo Código Penal ─con el derecho a la vida consagrado en el artículo 37 de la Constitución─ el Tribunal considera innecesario que sean objeto de ponderación, criterio que se funda en el hecho de que la indicada ley va a ser declarada inconstitucional mediante esta sentencia, por violación del procedimiento previsto para el conocimiento de las observaciones hechas por el Presidente de la República.

9.6.20. Por la misma razón expuesta, tampoco se abordará el tema de incumplimiento de la mayoría para aprobar las observaciones presidenciales, ni tampoco el alegado desconocimiento de la naturaleza orgánica del Código Penal. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0599/15, numeral 9, 9.6.19–9.6.20, pág. 131 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

Expedientes relativos a las siguientes acciones directas de inconstitucionalidad: a) TC-01-2015-0001, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el seis (6) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana; b) TC-01-2015- 0002, que concierne la acción interpuesta por la Fundación Transparencia y Democracia, el nueve (9) de enero de dos mil quince (2015), contra los artículos 107 al 110 de la referida ley núm. 550-14 y c) TC-01-2015-0004, que concierne la acción interpuesta Fundación Matrimonio Feliz, el veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), contra la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana, salvo lo dispuesto en el artículo 107, así como el 110 y su párrafo.

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, las acciones directas de inconstitucionalidad interpuestas por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación Transparencia y Democracia y la Fundación Matrimonio Feliz contra los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley núm. 550-14, que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, las acciones directas de inconstitucionalidad anteriormente descritas y DECLARAR, de una parte, la inconstitucionalidad de la Ley núm. 550-14 ─que instituye el nuevo Código Penal en la República Dominicana─; y, de otra parte, la continuación de la vigencia del Código Penal de la República Dominicana, promulgado mediante Decreto-Ley núm. 2274, del veinte (20) de agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro (1884).

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Fundación Justicia y Transparencia (FJT), la Fundación Transparencia y Democracia y la Fundación Matrimonio Feliz; al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República Dominicana.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0599/15, del 17 de diciembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0599-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.