Sentencia TC/0133/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 8 de julio de 2014 · Expediente TC-05-2011-0015

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Genetti Francisco Moronta Rondón contra la Sentencia núm. 109-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0133/14?

El Tribunal admitió la revisión por su especial trascendencia y relevancia constitucional, pues el caso le permitía precisar el alcance de la tutela judicial efectiva y del debido proceso en la desvinculación de un miembro de las Fuerzas Armadas. A diferencia del precedente utilizado por el juez de amparo, relativo al retiro de un policía por decreto presidencial, el caso trataba de la cancelación del nombramiento de un oficial por una presunta falta grave. La autonomía entre el proceso penal y el disciplinario permitía imponer una sanción sin esperar el resultado del primero, pero no eximía a la autoridad militar de comprobar la falta y respetar el debido proceso (TC/0133/14, numeral 9, c, pág. 10; TC/0133/14, numeral 10, f, pág. 12; TC/0133/14, numeral 10, g, pág. 13; TC/0133/14, numeral 10, h, pág. 13).

Conforme al artículo 69.10 de la Constitución y a los artículos 200 y 202 de la Ley núm. 873, la cancelación por una falta grave exige que esta se compruebe mediante una investigación previa de una Junta de Oficiales, que se motive la causa de la cancelación y que se ponga la actuación en conocimiento del oficial para que pueda defenderse y recurrir antes de que el expediente se tramite al Poder Ejecutivo. Como no se acreditó que se hubiera seguido ese procedimiento ni que se hubiera realizado un juicio disciplinario con las debidas garantías, el Tribunal concluyó que la cancelación vulneró el debido proceso (TC/0133/14, numeral 10, k–m, pág. 14; TC/0133/14, numeral 10, n–o, pág. 15; TC/0133/14, numeral 10, p–r, pág. 16; TC/0133/14, numeral 10, aa–cc, pág. 19).

Decisión

Admite y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 109-2011 y acoge la acción de amparo por inobservancia del debido proceso. Ordena reintegrar al recurrente en el grado que ostentaba y realizar el juicio disciplinario con todas las garantías; si no se establece su responsabilidad, dispone reconocer el tiempo fuera de servicio y pagar los haberes y salarios dejados de percibir, y, en caso contrario, adoptar las medidas previstas en la ley y los reglamentos; otorga sesenta días calendario desde la notificación para cumplir la decisión, impone una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retardo a favor del Plan Nacional Quisqueya Verde y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“En todo caso era necesario cumplir estrictamente con el derecho a obtener una tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso.” (TC/0133/14, numeral 10, h, pág. 13)
“En el caso objeto del presente recurso, no existe prueba alguna que ponga de manifiesto que se cumplió con este mandato legal.” (TC/0133/14, numeral 10, n–o, pág. 15)
“El debido proceso implica el otorgamiento de la oportunidad que tiene que darse a todo ciudadano para que pueda ejercer su derecho a defenderse de una determinada acusación sin importar el ámbito donde ocurra.” (TC/0133/14, numeral 10, x–z, pág. 18)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 38, 69 (en especial, numeral 10) y 72, in fine.

Ley núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana: artículos 200 y 202.

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales: artículos 7, numeral 6, 66, 93 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12; C-427-94 y C-244/96 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Conforme con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, en el caso que nos ocupa el ciudadano Genetti Francisco Moronta Rondón alega la conculcación de derechos y garantías fundamentales como son el derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros, en razón de que el Ministerio de las Fuerzas Armadas canceló su nombramiento luego de que fuera detectada una operación de envío de un alijo de drogas compuesto por más de diez (10) equipajes, desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Plata con destino a Canadá. Dicha operación involucraba a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA), civiles empleados de Aeropuertos Dominicanos (AERODOM) y de la sociedad comercial Swissport, empresa que maneja las operaciones de la línea aérea Thomas Cook (Jazz Airlines) en acciones relacionadas con narcotráfico. En el caso, se acusó a Genetti Francisco Moronta Rondón de sustraer un paquete que contenía sustancias controladas con un peso de cinco (5) kilos. Por tal motivo fue sometido a la justicia, se dictó en su contra medida de coerción, en tanto que el juez de la instrucción dispuso su libertad por entender insuficientes las pruebas y por no existir la posibilidad de incorporar nuevos elementos. Ante tales circunstancias, el tres (3) de junio de dos mil once (2011), el recurrente interpuso, una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la cual fue rechazada. Por tal motivo incoó el presente recurso de revisión.

TC/0133/14, numeral 7, pág. 7 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible en atención a las siguientes razones:

a. La admisibilidad de los recursos de revisión de amparo, se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm.137-11, que de manera taxativa y específica lo sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es una noción abierta e indeterminada que este tribunal definió en la Sentencia TC/0007/12 del 22 de marzo de 2012, al establecer: (…) tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0133/14, numeral 9, a–b, pág. 9 — PDF oficial

c. Luego de ponderar los documentos del expediente que nos ocupa y apreciar las circunstancias que le rodean, hemos podido establecer la especial trascendencia social y relevancia constitucional que entraña el mismo, pues el conocimiento del recurso de revisión de amparo permitirá al Tribunal Constitucional continuar profundizando acerca de los alcances y la importancia del cumplimiento de las garantías fundamentales de tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso, en ocasión de desvincular a un miembro de un organismo militar.

TC/0133/14, numeral 9, c, pág. 10 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión

Con respecto al recurso de revisión que nos ocupa formulamos los siguientes razonamientos:

a. El recurrente pretende que el Tribunal Constitucional revoque en todas sus partes la Sentencia núm. 109-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de octubre de dos mil once (2011), que rechazó la acción de amparo por considerar que no se comprobó violación o amenaza de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Defensa (Fuerzas Armadas) y del Ejército de la República Dominicana en su contra.

b. En ese sentido, dicho recurrente argumenta que el juez de amparo no evaluó que en el momento en que el Poder Ejecutivo canceló su nombramiento tenía que establecer que el debido proceso había sido cumplido como manera de garantizar en el caso una tutela judicial efectiva.

c. Por su parte, los recurridos argumentan que este caso no es nada relevante, que no hay violación a derechos fundamentales y que en la sentencia atacada se acoge de manera fiel el mandato de lo preceptuado en el artículo 253 de la Constitución de la República, que dice: El ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectuará sin discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con excepción de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido realizada en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, previa investigación y recomendación por el ministerio correspondiente, de conformidad con la ley.

TC/0133/14, numeral 10, a–c, pág. 10 — PDF oficial

d. En este orden de ideas, debemos establecer que el tribunal que dictó la sentencia de amparo hoy objeto de recurso, se apoyó en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que establece: (...) que en el caso, el decreto emitido por el Presidente de la República poniendo en retiro a los recurrentes, se produjo al abrigo del poder discrecional del que está investido, la acción de amparo que constituye, por el contrario, un mecanismo para proteger la situación jurídica de un ciudadano, dentro de la perspectiva del goce y ejercicio de los derechos fundamentales, no es aplicable en la especie pues la protección de aquellos diferentes a estos y a las libertades públicas, como el que alegan los recurrentes, para su reingreso, se realiza mediante las acciones judiciales ordinarias o mediante los recursos administrativos indicados por la ley, en razón de que los militares y policías se rigen por otro tipo de regulación en cuanto a su nombramiento y remoción.

e. Continúa diciendo: (…) el constituyente no solo mantiene la voluntad de dejar al Presidente de la República la facultad de ser la autoridad suprema de la Policía Nacional, sino que amplía estos poderes cuando expresa que al Jefe del Estado le corresponde nombrar o destituir los integrantes de la jurisdicción policial, sin agregar otra condición, razón por la cual en el caso no se evidencia violación constitucional alguna.

TC/0133/14, numeral 10, d–e, pág. 11 — PDF oficial

f. Es decir, esta jurisprudencia decide finalmente que no se trata de una conculcación de un derecho fundamental sino de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo; no obstante, analizando la situación que nos ocupa y el precedente utilizado en dicha sentencia, esta más bien guarda correspondencia con un caso en el cual fue puesto en retiro un miembro de la Policía Nacional mediante la emisión de un decreto del presidente de la República, por lo que las cuestiones fácticas son diferentes en el caso que nos ocupa, toda vez que existe una certificación del tres (3) de junio de dos mil once (2011), emitida por la Jefatura de Estado Mayor Ejército Nacional, Auxiliar de Estado Mayor G-1, que textualmente dice: Por medio de la presente CERTIFICO, que el señor GENETTI F. MORONTA RONDON, cédula 001-1170075-3, ingresó a las filas de esta institución, en fecha 11/01/1995, como Aspirante a Cadete, ascendido a Capitán el 27/02/2008, separado del E.N., por cancelación de nombramiento, el 04/05/2011, con el mismo grado, (por el hecho de haber sido sometido por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, R. D., como presunto autor de una asociación para traficar sustancias controladas en la Terminal del Aeropuerto Internacional de Puerto Plata, “General Gregorio Luperón”, en fecha 18/03/2011, a través del vuelo 3017, de la Aerolínea THOMAS COOK JAZZ AIRLINE, donde fue ocupada la cantidad de 29 paquetes de un polvo blanco presumiblemente cocaína y/o heroína con un peso aproximado de 33.53 kilogramos, dictándose en contra de dicho oficial una medida de coerción de un (1) año de prisión preventiva (…).

TC/0133/14, numeral 10, f, pág. 12 — PDF oficial

g. En la especie, se trata de la cancelación de un oficial de las Fuerzas Armadas que fue sometido a la justicia por supuestamente transgredir normas de carácter penal, pero al mismo tiempo en incurrir en la vulneración de preceptos propios de la materia disciplinaria del orden militar. Tales cuestiones pueden dar lugar a una sanción tal y como resulta la desvinculación del cargo que este ocupaba, originándose así actuaciones simultáneas que están comprendidas en áreas que tienen sus particulares ámbitos competenciales y autonomías propias, como resultan el derecho penal y el derecho disciplinario. No obstante, en la aplicación procedimental de esta última materia el Tribunal Constitucional estima que no fue observado el debido proceso que conforma las garantías mínimas establecidas en el artículo 69 del texto supremo; esto, independientemente de que dicho recurrente fuera favorecido o no por una decisión de la justicia penal.

TC/0133/14, numeral 10, g, pág. 13 — PDF oficial

h. Por lo anteriormente dicho, observamos que una cancelación se puede producir por la comisión de una falta disciplinaria grave que haya sido comprobada por un determinado órgano estatal, y, aunque, como resulta en el presente caso, el recurrente en revisión fue sometido a la justicia penal y el juez le impuso a este una medida de coerción, no por ello la acción disciplinaria podía quedar supeditada al resultado final del proceso penal que se abrió en el caso. Como se advierte, la desvinculación que afectó a Genetti Francisco Moronta Rondón del organismo militar se produjo el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), en tanto que la medida de coerción le había sido impuesta a este el dieciocho (18) de marzo de dos mil once (2011), cuestión que aunque revela que el proceso penal se encontraba en fase de investigación judicial, no comprometía la aplicación de sanciones disciplinarias que incluyen la separación del cargo militar. En todo caso era necesario cumplir estrictamente con el derecho a obtener una tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso.

TC/0133/14, numeral 10, h, pág. 13 — PDF oficial

i. En este orden, la Corte Constitucional de Colombia al abordar un caso de esta misma naturaleza precisó en su Sentencia núm. C-427-94, del veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), un punto de vista jurídico que reiteró en la Sentencia núm. C-244/96, del treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), el cual expresa: Es cierto que existen elementos comunes entre el procedimiento penal y el procedimiento disciplinario en lo que tiene que ver con la definición y determinación de una conducta prohibida por la ley (tipicidad), en cuanto a la responsabilidad imputable al sindicado, y a la existencia de un procedimiento que asegure el debido proceso en la investigación y juzgamiento de las conductas ilícitas y la medición de las sanciones; no es menos cierto que de lo anterior no puede concluirse que se trata de unos mismos procedimientos, pues los fines perseguidos, la naturaleza de las faltas en general, y las sanciones por sus particulares contenidos, difieren unos de otros.

j. La indicada corte agrega en la precitada sentencia de 1994 y ratificada en 1996: Las sanciones penales se dirigen, de manera general, a la privación de la libertad física y a la reinserción del delincuente a la vida social, al paso que las sanciones disciplinarias tienen que ver con el servicio, con llamados de atención, suspensiones o separación del servicio; lo que impone al acto sancionatorio un carácter independiente, de donde surge el aceptado principio de que la sanción disciplinaria se impone sin perjuicio de los efectos penales que puedan deducirse de los hechos que la originaron.

TC/0133/14, numeral 10, i–j, pág. 14 — PDF oficial

k. En la precitada sentencia núm. C-244/96, la Corte colombiana, afirma: (…) siendo la acción disciplinaria distinta de la acción penal, cada una puede adelantarse en forma independiente, sin que de su coexistencia se pueda deducir infracción al principio non bis in ídem, pues en este caso no existen dos juicios idénticos. l.

m. En este sentido, este tribunal precisa que la Ley núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, establece en el artículo 200, lo siguiente: Las separaciones del servicio activo de los Oficiales, Cadetes y Guardias Marinas, se producirán: 1) Por renuncias aceptadas; 2) Por retiro; 3) Por sentencia de un tribunal competente que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada de acuerdo a lo previsto en el artículo 42; y, 4) Por la cancelación de su nombramiento, por faltas graves debidamente comprobadas.

TC/0133/14, numeral 10, k–m, pág. 14 — PDF oficial

n. Para separar un miembro de cualquiera de los organismos castrenses de las Fuerzas Armadas es indispensable observar el debido proceso y ante la comisión de una falta grave que comprometa el cargo y afecte la imagen institucional del cuerpo de que se trate hay que apegar cualquier actuación al contenido del artículo 202 de la referida ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuyo texto expresa: La cancelación de un Oficial solo se hará mediante la recomendación solicitada por el Señor Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República, previa investigación hecha por una Junta de Oficiales que motive la causa de la misma. En este caso el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas cuando se trate de juntas mixtas, o el Jefe de Estado Mayor de la institución a la cual pertenece el oficial investigado, después de haber quedado debidamente enterado del caso, lo pondrá obligatoriamente en conocimiento de éste, quien podrá recurrir de pleno derecho ante el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas para que conozca su caso, el cual podrá revocar, modificar o confirmar la recomendación antes de que el expediente sea tramitado al Poder Ejecutivo.

o. En el caso objeto del presente recurso, no existe prueba alguna que ponga de manifiesto que se cumplió con este mandato legal. Tal procedimiento no fue observado, cuestión que se comprueba con el libramiento de una certificación de la propia Jefatura de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa) que así lo consigna de manera expresa.

TC/0133/14, numeral 10, n–o, pág. 15 — PDF oficial

p. El debido proceso pudo haberse configurado si el organismo militar hubiese tramitado el expediente de desvinculación a dicho miembro acompañado de la recomendación hecha por el jefe de Estado Mayor a los fines de que el mismo tomara conocimiento de tal actuación y el hoy recurrente pudiera ejercer su derecho de defensa, cumpliéndose así efectivamente la debida garantía judicial.

q. Las reglas del debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10, del texto constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y administrativo en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado precedentemente, era pertinente cumplir con este elevado principio que se propone alcanzar la materialización de la justicia a través de la adecuada defensa de toda persona con interés en un determinado proceso.

r. Es oportuno resaltar que la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, mediante la Resolución núm. 1920-03, del trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), que versó sobre las Garantías Mínimas de Carácter Procesal, instituyó el siguiente criterio: (…) a fin de asegurar un debido proceso de ley, la observancia de estos principios y normas es imprescindible en toda materia, para que las personas puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus pretensiones del mismo modo ante todas las instancias del proceso (…) estas garantías son reglas mínimas que deben ser observadas no sólo en los procesos penales, sino, además, en los que conciernen a la determinación de los derechos u obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, disciplinario o de cualquier otro carácter siempre que estas sean compatibles con la materia de que se trata.

TC/0133/14, numeral 10, p–r, pág. 16 — PDF oficial

s. Como se advierte, las garantías de tutela judicial efectiva y del debido proceso, lejos de desaparecer o inutilizarse al tratarse de una especie que tiene las características propias e inherentes de la materia disciplinaria, alcanzan pleno vigor y la más natural aplicación, cuestión que beneficia el fortalecimiento de los procesos de la naturaleza del que ahora es objeto de tratamiento.

t. El Tribunal Constitucional estima que los alcances del contenido del numeral 10 del artículo 69 de la Carta Sustantiva, aunados a lo preceptuado por la referida resolución núm. 1920-03, impactan el debido proceso disciplinario; por tanto, para desvincular de las filas militares a un miembro de las Fuerzas Armadas por incurrir en faltas graves de tal naturaleza, era menester cumplir con las garantías fundamentales.

u. En este orden de ideas, conviene precisar que cuando nuestro constituyente decidió incorporar la tutela judicial como garantía del debido proceso, aplicable en todas las esferas, lo hizo bajo el convencimiento de que el Estado contraería un mayor compromiso para orientar toda actuación, incluyendo las propias, al cumplimiento de pautas que impidan cualquier tipo de decisión arbitraria.

v. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 8°: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.

w. La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 38 lo siguiente: “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

TC/0133/14, numeral 10, s–w, pág. 17 — PDF oficial

x. Dicho texto supremo consigna en el artículo 69: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: (…) 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

y. No obstante, los cuerpos castrenses tienen códigos especiales y una rigurosa y estricta disciplina que resulta inherente a su propia naturaleza; por tanto, esta tiene que ser observada, respetada, comprendida y asumida por cada uno de sus miembros, toda vez que esta constituye una parte esencial e irrenunciable de la exigencia que en general entraña la grave misión de los organismos armados que integran la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa), y, en particular, el elevado compromiso que contrae cada una de las personas que ingresa a formar parte de la vida militar.

z. El debido proceso implica el otorgamiento de la oportunidad que tiene que darse a todo ciudadano para que pueda ejercer su derecho a defenderse de una determinada acusación sin importar el ámbito donde ocurra. En la especie, se trata del ámbito militar, y los superiores del recurrente, aunque tienen la amplia potestad de evaluar su comportamiento y su conducta, por tanto tienen la calidad para determinar si sus actuaciones han estado apegadas y acordes con la irreprochable dignidad que exige esta condición para poder continuar siendo parte del Ejército Nacional, esto jamás puede hacerse sin ceñirse a lo preceptuado por la Constitución de la República, las leyes y a las normas reglamentarias.

TC/0133/14, numeral 10, x–z, pág. 18 — PDF oficial

aa. Este tribunal pone en relieve que la Constitución de la República se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y todo aquel que ejerza una potestad pública tiene que ceñir sus actuaciones a dicho texto sustantivo. Así mismo, conviene poner de relieve que entre las obligaciones esenciales de este tribunal constitucional figura la de garantizar la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales de toda persona.

bb. En el caso objeto de tratamiento, la causa de la desvinculación encuadra en la cancelación de nombramiento por la comisión de faltas graves en ocasión de estar en el ejercicio del servicio militar activo, empero no existe evidencia alguna reveladora de que en el caso se efectuó un juicio disciplinario bajo las garantías del debido proceso de ley, capaz de auspiciar la puesta bajo salvaguarda de los derechos del procesado, ahora recurrente, conforme al elevado designio de la justicia constitucional.

cc. El militar de que se trata fue cancelado por un hecho específico y por razones distintas a las argüidas en el precedente utilizado para fallar el amparo que nos ocupa, cuya sentencia ahora es objeto de revisión. Por tal motivo debe anularse dicha sentencia de amparo, en razón de que en el caso se dio cabida a argumentaciones distorsionadas y distantes del hecho fáctico planteado en este proceso, razón por la cual procede en esta especie hacer una tutela judicial diferenciada.

TC/0133/14, numeral 10, aa–cc, pág. 19 — PDF oficial

dd. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 93 de la indicada Ley núm. 137-11 impondremos, para mayor eficacia de esta decisión, una astreinte por cada día de retardo en el cumplimiento de esta decisión, por el monto que se hará constar en el dispositivo de la misma. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta. Por las consideraciones y motivos anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0133/14, numeral 10, dd, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de amparo interpuesto por el señor Genetti Francisco Moronta Rondón contra la Sentencia núm. 109-2011 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011).

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo, el recurso interpuesto por el señor Genetti Francisco Moronta Rondón y, en consecuencia REVOCAR la referida sentencia núm. 109-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor Genetti Francisco Moronta Rondón el tres (3) de junio de dos mil once (2011), contra el Ministerio de Defensa y el Ejército de la República Dominicana, por no haber observado el debido proceso.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana, la reintegración en el grado que ostentaba al momento de la cancelación del nombramiento de Genetti Francisco Moronta Rondón, la cual se produjo el cuatro (4) de mayo del año dos mil once (2011) y, en consecuencia, conocer el correspondiente juicio disciplinario permitiendo que el mismo discurra bajo el cumplimiento pleno de todas las fases de este procedimiento y con las garantías de la tutela judicial efectiva con respecto al debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República. En consecuencia, en la eventualidad de que su responsabilidad disciplinaria no resultare comprometida, reconocer el tiempo que estuvo fuera de servicio, así como los haberes dejados de percibir de conformidad con la ley, y disponer que al recurrente le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha en que se produjere su reintegración al Ministerio de Defensa; en caso contrario, adoptar las medidas y providencias que al respecto establecen la ley y los reglamentos.

QUINTO: OTORGAR un plazo de sesenta (60) días calendarios, a contar de la fecha de la notificación de esta decisión, para que la Jefatura de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana cumpla con el mandato de la presente sentencia.

SEXTO: IMPONER una astreinte de CINCO MIL PESOS CON 00/100 (RD$5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión contra el Ministerio de Defensa y a la Jefatura de Estado Mayor del Ejército de la República Dominicana, a ser aplicada a favor del programa de siembra y reforestación Plan Nacional Quisqueya Verde que administra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7, numeral 6, y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

OCTAVO: COMUNICAR, esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar al recurrente, Genetti Francisco Moronta Rondón, al Ministerio de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, la Jefatura del Ejército de la República Dominicana y la Procuraduría General Administrativa.

NOVENO: ORDENAR, que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0133/14, del 8 de julio de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0133-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.