Sentencia TC/0151/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de septiembre de 2013 · Expediente TC-07-2013-0014
La demanda en suspensión de ejecución interpuesta por HCT Transport, S. A. contra la señora Yodali Rodríguez, cuya sentencia demandada es la núm. 771, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012).
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Temas: Principio protector
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0151/13?
El recurso de revisión constitucional de una decisión jurisdiccional no suspende por sí solo su ejecución. Para que el Tribunal valore la procedencia de la suspensión, debe haberse interpuesto el recurso de revisión, la parte recurrente debe haber solicitado la medida y la demanda en suspensión debe haberse notificado a la parte demandada. En este caso se cumplieron los tres requisitos (TC/0151/13, numeral 8, 8.1–b, pág. 5).
La suspensión es improcedente porque la sentencia impone una condena pecuniaria por concepto de prestaciones laborales y los daños derivados de su ejecución son reparables si la sentencia es revocada. El Tribunal añade que, en materia de prestaciones laborales, el legislador suprimió el efecto suspensivo de los recursos de apelación y de casación para proteger al trabajador y garantizar que sus derechos se materialicen en un plazo razonable (TC/0151/13, numeral 8, c–d, pág. 6).
Decisión
Rechaza por improcedente la demanda de HCT Transport, S. A. en suspensión de la ejecución de la sentencia núm. 771. Declara el recurso libre de costas, ordena comunicar la decisión a las partes y a la Suprema Corte de Justicia y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Cumplidas las dos condiciones anteriores, el Tribunal Constitucional determinará, en cada caso, la procedencia de la suspensión.” (TC/0151/13, numeral 8, 8.1–b, pág. 5).
“En este orden, el Tribunal Constitucional ha establecido, de manera reiterada, que los daños que puedan causar este tipo de sentencias son reparables, ante la eventualidad de la revocación de la misma y, en consecuencia, su suspensión es improcedente.” (TC/0151/13, numeral 8, c–d, pág. 6).
Normas interpretadas
Artículo 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-11: ausencia de efecto suspensivo del recurso de revisión constitucional, salvo decisión expresa del Tribunal a petición debidamente motivada.
Artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11: gratuidad del recurso.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0039/12, TC/0040/12, TC/0058/12, TC/0097/12, TC/0063/13 y TC/0098/13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
6. Síntesis de la demanda en suspensión
6.1. En el presente caso, según los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, originalmente se trató de un proceso laboral que culminó con la Sentencia núm. 771, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), mediante la cual se condenó a la empresa HCT Transport, S. A. a pagar prestaciones laborales en beneficio de la señora Yodali Rodríguez. La referida sentencia fue objeto de un recurso de revisión constitucional y de la demanda en suspensión de ejecución que nos ocupa.
8. Rechazo de la presente demanda
8.1. Este tribunal constitucional considera improcedente la demanda en suspensión de ejecución de sentencia que nos ocupa, por las razones que se explican a continuación:
a) El numeral 8 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11 establece que el recurso de revisión constitucional de sentencias: “(…) no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario”. Según el texto transcrito anteriormente, la ejecución de una sentencia puede ser suspendida a condición de que exista un recurso de revisión constitucional y que la parte recurrente la haya solicitado. Cumplidas las dos condiciones anteriores, el Tribunal Constitucional determinará, en cada caso, la procedencia de la suspensión. Estas condiciones se cumplen, ya que en el expediente consta el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, el cual fue interpuesto mediante instancia de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013), en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia y, obviamente, hay constancia de la solicitud de suspensión.
b) En adición a las dos condiciones indicadas en el párrafo anterior, mediante Sentencia TC/0039/12, de fecha trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se estableció que la demanda en suspensión debía ser notificada al demandado, constituyéndose este en un tercer requisito. El indicado requisito se cumple en la especie, en razón de que mediante el Oficio núm. 28- 13, del veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013), la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia comunicó la demanda que nos ocupa a la demandada, señora Yodali Rodríguez, y a su abogado, Lic. Alberto Valenzuela de los Santos. En dicha comunicación se hace constar el acuse de recibo correspondiente.
c) Luego de haber verificado el cumplimiento de los referidos requisitos procederemos a valorar la demanda que nos ocupa. En este orden, lo primero que debemos destacar es que la sentencia objeto de la indicada demanda se contrae a establecer una condenación pecuniaria por concepto de prestaciones laborales. En este orden, el Tribunal Constitucional ha establecido, de manera reiterada, que los daños que puedan causar este tipo de sentencias son reparables, ante la eventualidad de la revocación de la misma y, en consecuencia, su suspensión es improcedente. (Véase las sentencias TC/0040/12 del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012); TC/0058/12, del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012); TC/0097/12, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012); TC/0063/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) y TC/0098/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013).
d) El rechazo de la demanda que nos ocupa resulta imperioso, no solo porque la sentencia objeto de la misma se limita a establecer una condena a pagar en suma de dinero, sino porque, además, el concepto de dicha condenación son prestaciones laborales, materia en la cual el legislador suprime el efecto suspensivo del recurso de apelación y del recurso de casación, con la finalidad de proteger al trabajador, garantizando la materialización de sus derechos en un plazo razonable. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez, Rafael Díaz Filpo, Juez, y Víctor Gómez Bergés, Juez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: RECHAZAR la demanda en suspensión de ejecución incoada por HCT Transport, S. A. contra la sentencia núm. 771, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario, en fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), por improcedente.
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, HCT Transport, S. A. a la parte demandada, señora Yodali Rodríguez, y a la Suprema Corte de Justicia.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0151/13, del 12 de septiembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0151-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.