Sentencia TC/0159/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de septiembre de 2013 · Expediente TC-01-2013-0010
La acción de directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Whenshy Wilkerson Medina Sánchez, contra la Ley núm. 12-00, de fecha dos (02) de marzo de dos mil (2000), que modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
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Temas: Derecho de igualdad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0159/13?
La legitimación para interponer una acción directa de inconstitucionalidad exige un interés legítimo y jurídicamente protegido. El Tribunal reconoció al accionante esa calidad por su condición de excandidato a diputado y por la posible incidencia de la cuota impugnada en sus derechos de cara a las siguientes elecciones congresuales y municipales (TC/0159/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9).
Al examinar la cuota mínima del 33 % de candidaturas femeninas a la luz del juicio de igualdad, el Tribunal consideró que el trato diferenciado responde a la desigualdad histórica de las mujeres en la participación política. La prohibición de discriminar por género no impide adoptar medidas dirigidas a lograr una igualdad real y efectiva, pues la Constitución exige al Estado garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular. Por ello, la cuota no establece una desigualdad arbitraria, sino que constituye una acción positiva orientada a promover la participación efectiva de las mujeres en dichos cargos (TC/0159/13, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 10; TC/0159/13, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 10; TC/0159/13, numeral 9, 9.5–9.6, pág. 11; TC/0159/13, numeral 9, 9.7–9.8, pág. 12; TC/0159/13, numeral 9, 9.9, pág. 13).
Decisión
Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley núm. 12-00 y la rechaza en cuanto al fondo porque la cuota mínima de candidaturas femeninas constituye una acción positiva. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“toda situación desigual, sin causa justificada razonablemente, resulta incongruente con el ordenamiento constitucional.” (TC/0159/13, numeral 9, 9.7–9.8, pág. 12)
“En adición, se requiere al Estado garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular (Art. 39.5 de la Constitución).” (TC/0159/13, numeral 9, 9.9, pág. 13)
“la cuota mínima de candidatura femenina constituye una acción positiva orientada a promover el aumento de una participación real y efectiva del género femenino en los cargos de elección popular.” (TC/0159/13, dispositivo, pág. 14)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 8, 39 (en particular, 39.5) y 185.1.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6 y 37.
Ley Electoral núm. 275-97: artículo 68, parte final, modificada por la Ley núm. 12-00.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0033/12, TC/0028/12 y C-748/09 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Legitimación activa del accionante
8.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, que confiere dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.
8.2. En lo relativo a la calidad del señor Whenshy Wilkerson Medina Sánchez para accionar en inconstitucionalidad contra la Ley núm. 12-00, de fecha dos (2) de marzo de dos mil (2000), que modifica la parte final del artículo 268 de la Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), se destaca el hecho de que el accionante fue candidato a diputado por el Partido Social Demócrata para las elecciones congresuales de dos mil seis (2006), por el municipio Santo Domingo Oeste, y afectado en sus derechos constitucionales y legales en lo concerniente a la cuota del 33 % reservada a la mujer. Bajo condiciones similares, el accionante hace referencia a su condición de ciudadano dominicano y ente político ante las próximas elecciones congresuales y municipales, a celebrarse en el año dos mil dieciséis (2016), en la que podría ver vulnerados sus derechos constitucionales relativos a la igualdad. En tal virtud, la parte accionante se encuentra revestido de calidad para interponer la acción en inconstitucionalidad por vía principal en el caso que nos ocupa.
9. Rechazo de la acción directa de inconstitucionalidad
9.1. La presente acción tiene por objeto la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley núm. 12-00, de fecha dos (2) de marzo de dos mil (2000), que modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), en lo relativo a la nominación de candidatos, exigiendo una proporción mínima de un 33% de mujeres en la participación política. Dicho requerimiento se justifica, en síntesis, alegando que la disposición impugnada resulta arbitraria e ilegítima y que, por razones de género, contradice la igualdad consagrada en el artículo 39 de la Constitución, al establecer beneficios y privilegios a favor de las mujeres, en vez de dar el mismo trato a los hombres, quienes en esa medida son discriminados, toda vez que para alcanzar una candidatura política se ven en la obligación de hacer grandes esfuerzos e inversiones, contrario a las mujeres que, por el solo hecho de serlo, quedan previamente posicionadas.
9.2. De esta forma, se plantea la cuestión a resolver por este tribunal sobre si la norma impugnada, al establecer la cuota mínima del 33% a favor de la mujer en la participación política, discrimina, en sentido opuesto con lo plasmado en el artículo 39 de la Constitución, a los hombres.
9.3. En ocasión de responder lo demandado, es necesario indicar que, desde el punto de vista del ordenamiento constitucional dominicano, para los fines de la presente acción, los aspectos en que puede ser analizado el derecho a la igualdad quedan delimitados en dos vertientes principales enlazadas entre sí: por un lado, la igualdad en el trato dado por la ley, en vista del cual el Estado se compromete a proteger igualitariamente a todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo; y por otro, la igualdad en la aplicación de la ley como límite al legislador y otros poderes públicos en el ejercicio legislativo para no crear situaciones disimiles bajo un contexto similar.
9.4. Por tanto, resulta útil analizar el caso objeto de estudio, de conformidad con el test o juicio de igualdad concebido por la jurisprudencia colombiana y reiterado por este tribunal en la Sentencia TC/0033/12, de fecha quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), el cual “(…) resulta un método idóneo y razonable del cual puede hacer uso el juez constitucional, a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una norma transgrede el principio de igualdad (…)”.
9.5. En esta virtud, podemos citar la concepción de la Corte sobre el indicado test 1 ; La Corte Constitucional ha diseñado un test o juicio de igualdad, cuya importancia radica en que otorga objetividad y transparencia a los exámenes de igualdad que realizan los jueces sobre las normas y su fin no es otro que el de analizar si una norma trasgrede el principio de igualdad. La estructura analítica básica del juicio de igualdad puede reseñarse de la siguiente forma: (i) Lo primero que debe advertir el juez constitucional es si, en relación con un criterio de comparación, o tertium comparationis, las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares. En caso de que encuentre que son claramente distintas, no procede el test de igualdad; (ii) Si resulta procedente el juicio de igualdad, deberá analizarse la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, los medios empleados para 1 Test de Igualdad desarrollado en la Sentencia TC/0033/12, del 15 de agosto de 2012. alcanzarlos y la relación entre medios y fines. (Sent. C-748/09, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009); Corte Constitucional de Colombia)”
9.6. Expuesto lo anterior, partimos de la evaluación de los sujetos bajo revisión, a fin de determinar la supuesta situación similar en que se encuentran. Cabe destacar que, aunque en ambos casos, se trate de ciudadanos dominicanos, el ordenamiento constitucional, buscando una igualdad real y efectiva dispuesta en la ley e instrumentos internacionales, ha dado un trato especial a ciertos sujetos que se consideran en situación de vulnerabilidad, lo cual no confirma objetivamente una discriminación, sino que, en todo caso, se conforma en una acción positiva situada en el ámbito de discriminación.
9.7. Lo antes expuesto comporta distintas razones. A partir de lo señalado en el preámbulo de la Constitución, la igualdad es descrita dentro de los valores supremos y principios fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano. En consecuencia, toda situación desigual, sin causa justificada razonablemente, resulta incongruente con el ordenamiento constitucional.
9.8. Así, el artículo 39 de la Constitución dispone un trato igualitario en cuanto a los derechos de todas las personas ante la ley, las instituciones y autoridades, sin ningún tipo de discriminación por razones de género. Sin embargo, es pertinente señalar la realidad social en materia de participación política a lo largo de la historia jurídica dominicana reconocida en detrimento de la mujer. Ejemplo de ello lo constituye el hecho de haber sido reconocido el derecho al sufragio o considerársele como ciudadana con capacidad política para decidir a partir del año mil novecientos cuarenta y dos (1942), contrario a lo ocurrido con el hombre que, a pesar de reservarse dicho derecho a determinadas categorías sociales, se establece desde la fundación de la República en el mil ochocientos cuarenta y cuatro (1844).
9.9. Dicho así, el artículo 8 establece la función esencial del Estado en “la protección real y efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (…)”. En adición, se requiere al Estado garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular (Art. 39.5 de la Constitución). 9.10.Esto ha permitido evaluar objetivamente la igualdad desde una perspectiva fáctica. De modo que, en adición a la procura de una igualdad absoluta entre dominicanas y dominicanos, en la que las diferencias sólo resulten de sus talentos y virtudes, se exige además al Estado promover las condiciones jurídicas y administrativas para que dicha igualdad sea notoria. En este sentido, este tribunal se refirió anteriormente a la obligación de la protección de la mujer en virtud de la desigualdad fáctica manifestada en una sociedad en la que prevalece la hegemonía masculina (Sentencia TC/0028/12, de fecha tres (3) de agosto de dos mil dice (2012), reafirmando el estado de vulnerabilidad sociocultural que padece la mujer frente al hombre. 9.11.Contrario a la imposición de establecer mecanismos discriminatorios, los hechos precedentes han dado lugar a la implementación de medidas jurídicas tendentes a promover un aumento de la participación femenina en los cargos de elección popular, dentro de la cual se circunscribe la cuota mínima de candidatura femenina en la nominación de los partidos políticos objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad.
En otras palabras, podemos decir que, a pesar de toda prohibición a la discriminación por razones de género, partiendo de un punto de vista pragmático, la cuota mínima de candidatura femenina busca equiparar real y efectivamente la participación femenina en toda la esfera del campo político dominicano; de modo que se trata, pues, de una discriminación positiva. 9.12.Por ende, la Ley núm. 12-00, que establece la cuota mínima de participación femenina en la participación política, electiva o gubernamental, va acorde con distintos instrumentos internacionales producto de los acuerdos establecidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz (Beijing, China), y en el Artículo 7 de la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, organizada por las Naciones Unidas, ambas convenciones relativas a la igualdad de acceso y la plena participación de la mujer en la estructura de poder. 9.13.Es por todo lo anterior que, en oposición a la supuesta instauración arbitraria de una situación desigual entre hombres y mujeres en la participación política, la orientación del legislador es la de garantizar y promover la plena participación de la mujer en la estructura de poder, y, como resultado, este establecimiento de la cuota mínima de participación femenina de la Ley núm. 12-00 se instaura dentro de las denominadas acciones positivas de discriminación. En tal virtud, procede en consecuencia rechazar la presente acción directa de inconstitucionalidad. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza, Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez, y Katia Miguelina Jiménez Martínez.
Jueza, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Idelfoso Reyes, Juez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Whenshy Wilkerson Medina Sánchez, contra la Ley núm. 12-00, de fecha dos (02) de marzo de dos mil (2000), que modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Whenshy Wilkerson Medina Sánchez, en contra de la Ley núm. 12-00, de fecha dos (02) de marzo de dos mil (2000), que modifica la parte final del artículo 68 de la Ley Electoral núm. 275-97, de fecha veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), toda vez que la cuota mínima de candidatura femenina constituye una acción positiva orientada a promover el aumento de una participación real y efectiva del género femenino en los cargos de elección popular.
TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica N del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Whenshy Wilkerson Medina Sánchez, y a la Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0159/13, del 12 de septiembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0159-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.