Sentencia TC/0167/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de septiembre de 2013 · Expediente TC-05-2012-0130
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo) contra la Sentencia núm. 00077/2012, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha doce (12) de octubre de dos mil doce (2012), en relación con la acción de amparo interpuesta por la Fundación Padre Rogelio Cruz, Miguel Ángel Reynoso Sicard y compartes.
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Protección del medio ambiente
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0167/13?
El recurso de revisión era admisible por su especial trascendencia constitucional: planteaba un conflicto entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo, por un lado, y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, por otro, respecto del cual no se había establecido un criterio. El recurso cumplía las exigencias legales y fue interpuesto oportunamente, pues el plazo de revisión es franco y se computa en días hábiles desde la notificación. En cuanto al fondo, el Tribunal no advirtió vulneración de los derechos de la recurrente: la sentencia de amparo se apoyó en los hechos debatidos y en las pruebas aportadas, y guardó correlación entre los hechos, la prueba y lo decidido. (TC/0167/13, numeral 9, 9.1–9.1.3, pág. 8; TC/0167/13, numeral 9, 9.1.4–9.1.5, pág. 9; TC/0167/13, numeral 9, 9.1.6, pág. 9; TC/0167/13, numeral 10, 10.1–10.5, pág. 10)
El principio de armonización concreta exige preservar la máxima efectividad de los derechos en conflicto sin afectar su contenido esencial más de lo indispensable. La libertad de empresa y el derecho al trabajo ceden ante la protección del medio ambiente cuando se evidencia que la actividad puede producir o produce un efecto adverso e irreversible sobre el equilibrio ecológico. En el caso de Loma Miranda, el Tribunal incorporó de oficio, con respeto del contradictorio, las evaluaciones del PNUD y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. A partir de ellas concluyó que la exploración y explotación mineras pretendidas carecían de un criterio ambiental sostenible y que el juez de amparo había dado correctamente prioridad a la protección del medio ambiente. (TC/0167/13, numeral 10, 10.14–10.16, pág. 13; TC/0167/13, numeral 10, 10.22–10.24, pág. 17; TC/0167/13, numeral 10, 10.25–10.27, pág. 18; TC/0167/13, numeral 10, 10.28–10.30, pág. 18; TC/0167/13, numeral 10, 10.33–10.34, pág. 20; TC/0167/13, numeral 10, 10.35, pág. 21)
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión de Falconbridge Dominicana, S.A., lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia de amparo núm. 00077/2012. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la decisión.
Citas textuales clave
“el plazo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 es un plazo franco que debe computarse en días hábiles a partir de su notificación” (TC/0167/13, numeral 9, 9.1.6, pág. 9).
“la obligación de armonizar derechos fundamentales en conflicto, de manera tal que no resulte afectado más de lo indispensable el contenido esencial de los derechos involucrados, preservando su máxima efectividad” (TC/0167/13, numeral 10, 10.25–10.27, pág. 18).
“privilegió la tutela del interés que en el caso resultaba supremo: la protección del medioambiente” (TC/0167/13, numeral 10, 10.35, pág. 21).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 14, 15, 17, 50, 62, 66, 67, 72 (in fine) y 74.4.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 7.11, 66, 87, 94, 95, 96 y 100.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 32.2.
Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: artículo 11.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/2012, TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0042/2012, T-210/94 (Corte Constitucional de Colombia) y TC/0011/12.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
7.1. El presente caso se contrae a un conflicto generado por la exploración puesta en ejecución por la empresa Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo) con miras a la explotación de minerales en Loma Miranda y la resistencia de técnicos, ecologistas y entidades de la sociedad civil que entienden que los efectos del impacto ambiental conspirarían contra el desarrollo sostenible de la zona y el país.
7.2. En tal virtud, la Fundación Padre Rogelio Cruz, Miguel Ángel Reinoso Sicard y compartes, presentaron una acción de amparo contra Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo) ante la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, que en fecha doce (12) de octubre de dos mil doce (2012) dictó la Sentencia de amparo núm. 00077/2012, mediante la cual acogió dicha acción.
7.3. La sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo) incoó un recurso de revisión contra la referida sentencia alegando violación a las siguientes prerrogativas: debido proceso, falta de motivación de la sentencia de amparo, no acreditación de la prueba que sirva de fundamento a lo que ordena la juez, ausencia de correlación entre las pruebas, los hechos y circunstancias de la causa y lo ordenado en el dispositivo, así como un fallo no fundamentado en derecho y contrario a sus reglas.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo
9.1. El presente recurso de revisión es admisible por las siguientes razones:
9.1.1. El Tribunal Constitucional admite la presente revisión de sentencia de amparo, por satisfacer los requerimientos previstos en el artículo 100 de la Ley núm.137-11, que de manera taxativa sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.
9.1.2. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137- 11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y tercería.
9.1.3. El presente recurso satisface las exigencias establecidas en el artículo 96 de la Ley núm. 137-11 que expresa: “El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además, de forma clara y precisa, los agravios causados por la decisión impugnada.”
9.1.4. En el caso que nos ocupa, el Tribunal considera que el asunto planteado reviste especial trascendencia y relevancia constitucional porque se refiere a un supuesto que contempla la conflictividad entre derechos fundamentales respecto de los cuales no se ha establecido un criterio que permita su esclarecimiento (Sentencia TC /0007/2012, del 22 de marzo de 2012), tal como resultan el derecho a la libertad de empresa y el derecho al trabajo, contenidos de manera respectiva en los artículos 50 y 62 de la Constitución de la República; y de otra parte, derechos e intereses colectivos y difusos, tal y como resultan la preservación del medio ambiente, los recursos naturales, recursos hídricos y el aprovechamiento de los recursos naturales referidos en los artículos 14, 15 y 17 del texto constitucional, respectivamente.
9.1.5. Siguiendo el orden procesal, procedemos a analizar un medio de inadmisión planteado por la parte recurrida, la cual solicita que el presente recurso de revisión sea inadmitido porque el mismo ha sido interpuesto fuera del plazo indicado por la Ley No. 137-11, en vista de que transcurrieron más de cinco (5) días como establece el artículo 95 de la referida disposición legal, toda vez que la sentencia fue notificada mediante acto de alguacil, el día quince (15) de octubre del año dos mil doce (2012) y el recurso se interpuso en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil doce (2012).
9.1.6. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha fijado criterio en la Sentencia núm.TC/0080/12, de fecha quince (15) diciembre de dos mil doce (2012), complementada por la Sentencia núm. TC/0071/13, del 7 de mayo de 2013, en el sentido de que el plazo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 es un plazo franco que debe computarse en días hábiles a partir de su notificación; por tanto, en el caso que nos ocupa, se disponía de ocho (8) días hábiles (no se incluye sábado, domingo ni día feriado) y el recurso de referencia se incoó cuando solo habían transcurrido siete (7) luego de notificada la sentencia, por tanto en el mismo fue interpuesto en tiempo oportuno.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión
10.1. La recurrente en revisión, Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo), alega violación a los siguientes derechos: a) violación al debido proceso en particular, b) ausencia absoluta de la fundamentación y de motivación de la sentencia de amparo, c) por no acreditarse en ella ningún tipo de prueba que sirviera de fundamento a lo que ordenara la juez, d) ausencia de correlación entre las pruebas, los hechos y circunstancias de la causa y lo ordenado en el dispositivo.
10.2. En la especie, no se advierte que el tribunal a-quo incurriera en ninguna vulneración de los derechos e intereses de la parte recurrente, Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo), pues la Sentencia de amparo No. 00077/2012 dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha doce (12) de octubre de dos mil doce (2012), objeto del presente recurso de revisión de amparo, se fundamentó en los hechos objeto de discusión y en las pruebas presentadas en el proceso, evidenciándose, además, correlación entre hechos, prueba y sentencia.
10.3. En el caso que nos ocupa, se solicita la revisión de una sentencia que involucra y coloca en conflicto derechos fundamentales como la libre empresa y el derecho al trabajo, frente a derechos e intereses colectivos y difusos, tal y como resultan la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
10.4. La Constitución de la República, establece en el artículo 14: “Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico.”
10.5. El artículo 15 de dicho texto señala: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. (…)”.
10.6. El artículo 17 de la Carta Sustantiva dice: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y, en general los recursos naturales no renovables, solo pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas, en las condiciones que determine la ley. (…)”
10.7. El artículo 50 del texto sustantivo reza: “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.”
10.8. La Constitución de la República consagra el derecho al trabajo en su artículo 62: “El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado.”
10.9. Así mismo, nuestra Carta Sustantiva aborda en su artículo 66 los derechos colectivos y difusos. Al respecto consigna: El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia, protege: 1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 2) la protección del medio ambiente; 3) la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.
10.10. Por otra parte, dicho texto fundamental apunta en su artículo 67, relativo al medio ambiente: Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales, a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza.
10.11. República Dominicana figura entre los países suscribientes de la Convención Americana de Derechos Humanos; por tanto, se acoge a los términos de su Protocolo Adicional en Materia de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, el cual expresa en el artículo 11: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. (…) Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”
10.12. El artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), dispone: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común (…)
10.13. El artículo 7, numeral 11, de la Ley núm. 137-11, comprende lo concerniente a uno de los principios rectores de nuestro sistema de justicia constitucional, oficiosidad, el cual expresa: Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y, el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente.
10.14. En su parte capital, el artículo 87 de la Ley núm. 137-11 apunta lo siguiente: El juez de amparo gozará de los más amplios poderes para celebrar medidas de instrucción, así como para recabar por sí mismo los datos, informaciones y documentos que sirvan de prueba a los hechos u omisiones alegados, aunque deberá garantizar que las pruebas obtenidas sean comunicadas a los litisconsortes para garantizar el contradictorio.
10.15. Resulta incontrovertible hoy por hoy que las evaluaciones relativas al impacto del medio ambiente constituyen una útil herramienta técnica aplicable a todos los países. Con las mismas se procura demostrar que en determinadas actividades vinculadas se cumplen las normas medioambientales vigentes y se adoptan las providencias orientadas para reducir a su mínima expresión, aquellas que resultan inevitables.
10.16. En la especie, este tribunal, al valorar la importancia de la materia involucrada y tomando en cuenta las facultades conferidas por la citada ley, adoptó iniciativas orientadas a obtener la mejor edificación para producir un análisis y ponderación cónsonos con el elevado interés general. De ahí que apelara a las evaluaciones y consideraciones técnicas presentadas y difundidas por órganos acreditados que, como el capítulo dominicano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Academia de Ciencias de la República Dominicana, no atendieran a ningún tipo de interés particular. Estas consideraciones fueron publicitadas, así fueron conocidas y respondidas por la contraparte, lo que aseguró el contradictorio.
10.17. El Tribunal Constitucional estudió el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), capítulo República Dominicana, que presentó los resultados finales y concluyentes de la evaluación que hiciera con respecto al posible impacto ambiental que tendría la explotación minera en Loma Miranda. En tal sentido estableció: 1. Los Términos de Referencia son suficientemente amplios para permitir un Estudio de Impacto Ambiental apropiado. No obstante, se omitieron temas relevantes como los servicios ecosistémicos y en el tema de riesgos, se consideraron solamente aquellos referentes a la actividad minera y no a la parte social y biofísica. (sic) 2. El Estudio de Impacto Ambiental cumple con los Términos de Referencia. La empresa presenta un proyecto novedoso, que propone nuevas tecnologías, especialmente en los aspectos de las áreas de minado, el manejo de sedimentos y escurrimientos y el proceso de revegetación de áreas afectadas. (sic) 3. Sin embargo, el Estudio contiene deficiencias en cuanto a la definición del área de proyecto y su área de influencia, y en cuanto a la conformación de línea de base de los diversos factores ambientales.(sic) 4. En los temas de hidrogeología, biodiversidad, aspectos sociales y económicos, el Estudio es general, incompleto, con carencias en el análisis de la línea de base, y como consecuencia, deficiente en la identificación y valoración de los posibles impactos que podría causar la actividad minera.(sic) 5. Se identificaron deficiencias en el análisis de riesgos, y, dado que no fue solicitado en los Términos de Referencia, no obstante su amplitud, el tema de los servicios ecosistémicos está ausente del Estudio de Impacto Ambiental.(sic) 6. En lo relativo a los aspectos sociales, el Estudio no consideró la opinión y el nivel de aceptación u oposición potencial de algunas comunidades al proyecto. El impacto identificado en este factor fue considerado bajo a partir de la suposición de que las comunidades, al conocer que no iba a haber afectaciones, entenderían los beneficios del proyecto. (sic) 7. El Plan de Manejo y Adecuación Ambiental es incompleto y no presenta una propuesta de mitigación para algunos de los impactos.(sic)
10.18. El alto organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluye: “Dadas las deficiencias encontradas en el Estudio de Impacto Ambiental, se concluye que el Proyecto de Loma Miranda no responde a las exigencias ambientales y sociales, y por ende, de desarrollo sostenible del país.”
10.19. Así mismo, este tribunal, con relación al tema objeto de tratamiento, pudo valorar la opinión técnica de la Academia de Ciencias de la República Dominicana que en su Boletín núm. 16, del mes de julio de dos mil doce (2012), ofrece un interesante enfoque acerca del caso que nos ocupa: La minería es una de las actividades humanas que deja las huellas más profundas en la naturaleza por su carácter depredador intrínseco, donde es preciso descapotar el suelo para extraer los minerales de las mismas entrañas de la tierra, removiendo la vegetación natural, fragmentando y arruinando el hábitat natural de los grupos animales presentes y afecta las fuentes de agua de varias maneras. Además, Transforma la topografía totalmente y modifica drásticamente todo el relieve natural; destruyendo los hermosos paisajes naturales, simplificándolos, restándoles su calidad y amenidad, y los convierten en ambientes lunares, inhóspitos para la supervivencia humana. (sic)
10.20. En el caso del proyecto minero de Loma Miranda que promueve la empresa canadiense Falcondo Xstrata Nickel, estos impactos se magnifican extraordinariamente por su sensibilidad ecológica, su ubicación en la vertiente norte de la Cordillera Central, su posición dentro del segundo Corredor Biológico más importante de la República Dominicana, con casi 500 especies botánicas con una o dos especies por género e increíblemente, con la mitad de las familias de vegetales de toda la isla La Española (98 de 201); todo se enmarca dentro de una inmensa alfombra de pinos endémicos (Pinus occidentalis) y de múltiples asociaciones ecológicas, donde se destacan el bosque mixto, bosques latifoliados (hojas anchas), bosques de galería y bosques nublado que dan lugar a una de las redes hídricas más profusas del territorio nacional; provocando además, notables cambios en el patrón de distribución de los vientos y de las lluvias. (sic)
10.21. Es tal su riqueza hídrica que sus fuentes de agua, amén de su potencial ecoturístico, educativo y recreativo, sirven de sustento para el desarrollo de la agricultura del principal centro de producción agrícola de la República Dominicana, el Valle de La Vega Real, alimentan la Presa de Rincón y abastecen de agua potable a San Francisco de Macorís, Salcedo, El Pino, Rincón, Jima, Fantino, Ranchito y decenas de comunidades a través del acueducto central Rincón – Macorís. Todo el bienestar y riquezas naturales de los pueblos del Cibao Centro-oriental, desde La Vega hasta Nagua y desde Bonao hasta Samaná, están asociadas al sistema Yuna –Camú, en cuyo centro se ubica la Loma Miranda, la cual corre el riesgo de que sus aguas sean contaminadas con sal de cromo y otros metales pesados que atentarán contra la calidad de vida y la salud humana. Con estas aguas se irrigan unas 122,000 tareas de tierra cultivadas de arroz principalmente. (sic)
10.22. Todos estos bienes, valores y servicios ambientales confluyen en un espacio natural de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados que la Academia de Ciencias de la República Dominicana ha evaluado positivamente para que sea declarado en la categoría I (parque nacional) de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). De esta manera se crearía el Parque Nacional Loma Miranda, con el propósito primario de conservar su enorme riqueza biológica, proteger sus múltiples fuentes acuíferas, la Presa de Rincón, la calidad de las aguas de consumo humano, el desarrollo agrícola y ecoturístico en aquellos escenarios especialmente hermosos de balnearios, saltos y cortinas de agua, así como en aquellos paisajes de belleza impresionante de los pinares y las hermosas vistas de los Valles de Bonao y La Vega Real. (sic)
10.23. Este tribunal, como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, y en aplicación del referido principio de oficiosidad, incorpora estos informes tras una adecuada ponderación, y en su más justa dimensión, con el alto interés de producir una decisión acorde con el más estricto apego a los criterios técnicos de la materia de que se trata, bajo la observancia de los principios que gobiernan la justicia constitucional.
10.24. Corresponde al Tribunal Constitucional decidir cuál de estos derechos debe prevalecer ante la situación que genera el conflicto y de esta manera adoptar la decisión más justa y cónsona con el más elevado criterio jurídico, garantizando de manera efectiva la supremacía del derecho que más beneficioso resulte al interés nacional.
10.25. En lo concerniente a la confrontación de derechos fundamentales, el texto constitucional expresa en su artículo 74, numeral 4, lo siguiente: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.
10.26. Este último caso consagra de manera definitiva en nuestro ordenamiento jurídico el principio de armonización concreta, el cual otorga a este tribunal constitucional, de conformidad con su sentencia núm. TC/0042/2012 (página 14), del 21 de septiembre de 2012, la obligación de armonizar derechos fundamentales en conflicto, de manera tal que no resulte afectado más de lo indispensable el contenido esencial de los derechos involucrados, preservando su máxima efectividad.
10.27. Este tribunal constitucional, en atención a la Sentencia núm. T-210/94, dictada por la Corte Constitucional de Colombia, en fecha veintisiete (27) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se pronunció en el sentido de que, en caso de confrontación de derechos fundamentales, es necesario apreciar las circunstancias concretas del caso en aras de procurar conseguir la armonización de los mismos, y en la eventualidad de que esto no fuere posible, hacer prevalecer el derecho más afín a la dignidad humana.
10.28. La indicada decisión de Corte colombiana fue citada por este tribunal en la Sentencia núm. TC/0011/12, del 3 de mayo de 2012, y en una parte de su texto dice: El intérprete debe garantizar el mayor radio de acción posible al ejercicio de los derechos fundamentales y preferir la solución que, en la sopesación de valores o derechos constitucionales contrapuestos, no sacrifique su núcleo esencial, atendidas la importancia y la función que cada derecho cumple en una sociedad democrática (…).
10.29. Efectivamente, si bien los derechos a la libre empresa y al trabajo en su ámbito de protección buscan resguardar el impacto positivo que tiene en el sostenimiento económico-social, el cual resulta de alto interés para cada Estado, su configuración únicamente va destinada a resguardar derechos de carácter particular e individual, no así los derechos de carácter general o derechos difusos.
10.30. En ese sentido, al tener los derechos de libre empresa y el derecho al trabajo componentes individuales frente al derecho colectivo y difuso que representan las medidas para la preservación del medio ambiente, el cual, como indicamos antes, tiene además un alcance supranacional, los dos primeros derechos deben ceder en su ámbito de protección frente al último siempre y cuando quede evidenciado que una actuación particular pueda tener o tenga un efecto adverso e irreversible en el mantenimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a largo plazo de los particulares pudiere arriesgar la seguridad y la subsistencia de seres humanos.
10.31. En el presente caso se trata de la concurrencia de derechos cuya restricción, por un lado, pudiera estar afectando los derechos laborales y de empresa de un determinado número de personas, incluyendo al propio Estado, que pudiera verse privado de percibir ingresos económicos por concepto de exploración y explotación minera; y por otro lado, la posibilidad de que resulten afectados derechos e intereses colectivos o derechos de tercera generación que procuran el bienestar de la comunidad a través de la preservación de la ecología, la fauna, la flora y del medio ambiente, elementos estos que constituyen parte esencial de la riqueza natural, del patrimonio público y del propio futuro del pueblo dominicano.
10.32. En este punto, debemos precisar que las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los recursos eco sistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes en cada Estado, la misma deviene en configurar la existencia de un derecho colectivo y difuso que tiene un alcance supranacional, que encierra el compromiso de que cada nación le otorgue preponderancia a la aplicabilidad de la misma en aquellos casos en que una actividad pueda o esté afectando de forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo ecológico del país.
10.33. Si bien la explotación de los yacimientos mineros puede constituir una importante actividad generadora de riqueza que contribuye con el impulso del desarrollo económico, no es menos cierto que la necesaria protección del medio ambiente entraña tomar en cuenta los efectos devastadores que con frecuencia produce esta actividad, y cuando los estudios relativos al impacto ambiental de estos arroja resultados de tan alta negatividad, como expresan los informes expuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), capítulo República Dominicana, y por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, es preciso concluir que se ha pretendido la exploración y explotación de yacimientos mineros (recursos naturales no renovables) sin la existencia de un criterio medio ambiental sostenible.
10.34. Resulta evidente al tener las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente un carácter general supranacional que propugna por la protección del bienestar de todos los seres humanos, estas hacen que los derechos de libertad de empresa y de trabajo queden limitados en su aplicación y efectos para permitir la plena ejecución de dicha preservación.
10.35. De lo dicho anteriormente, este tribunal considera que el juez de amparo de primer grado hizo una correcta interpretación y aplicación del derecho, toda vez que privilegió la tutela del interés que en el caso resultaba supremo: la protección del medioambiente. Por otra parte, los daños que procura evitar la parte accionante resultarían ínfimamente menores en relación con la gravedad que generaría la ejecución de un proyecto minero que a impactaría negativamente y deterioraría el ecosistema, los recursos hídricos, la flora y la fauna de una importante zona geográfica del país, ubicada en la cordillera central, entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo y Víctor Gómez Bergés, Jueces, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto la forma, el recurso de revisión de la Sentencia de amparo No. 00077/2012, emitida por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en fecha doce (12) de octubre de dos mil doce (2012), interpuesta por Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de la Sentencia No. 00077/2012, emitida por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, interpuesto por la sociedad comercial Falconbridge Dominicana, S.A. (Xstrata Nickel Falcondo) en fecha doce (12) de octubre de dos mil doce (2012); y, en consecuencia, CONFIRMAR la misma.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, conforme a lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea comunicada, por Secretaría, a Falconbridge Dominicana, S. A. (Xstrata Nickel Falcondo), la Fundación Padre Rogelio Cruz y Miguel Ángel Reinoso Sicard y compartes, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Dirección General de Minería.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0167/13, del 17 de septiembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0167-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.