Sentencia TC/0177/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de agosto de 2014 · Expediente TC-05-2013-0127

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Julio César Valdéz Toribio contra la Sentencia núm. TSE-018-2013, dictada por el Tribunal Superior Electoral el veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho a la participacion politica

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0177/14?

El recurso de revisión tiene especial trascendencia constitucional porque permite precisar los límites de la facultad de los concejos municipales para suspender a funcionarios electos y delimitar la competencia de los jueces de amparo (TC/0177/14, numeral 9, a–b, pág. 11; TC/0177/14, numeral 9, c, pág. 12). El Tribunal Superior Electoral era incompetente para conocer el amparo de cumplimiento: la resolución impugnada emanaba de una autoridad administrativa y no planteaba una controversia electoral ni un diferendo partidario. Debió declinar el asunto al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Valverde, en atribuciones contencioso-administrativas. Sin embargo, al anular la sentencia, el Tribunal Constitucional conoció directamente del amparo por celeridad, efectividad y oficiosidad. No reinterpretó incidentalmente los literales a) y b) del artículo 44 de la Ley núm. 176-07, pues hacerlo habría supuesto ejercer el control difuso, reservado a los jueces del Poder Judicial; la sentencia interpretativa corresponde al control concentrado por vía de acción directa de inconstitucionalidad (TC/0177/14, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 12; TC/0177/14, numeral 10, 10.3, pág. 13; TC/0177/14, numeral 10, 10.4, pág. 13; TC/0177/14, numeral 10, 10.5–7.2, pág. 16; TC/0177/14, numeral 10, 7.4–10.8, pág. 16).

El artículo 44 atribuye al concejo municipal el conocimiento de la suspensión desde que se dicten medidas de coerción que conlleven arresto domiciliario o privación de libertad, o se inicie un juicio de fondo por un crimen o delito sancionado con pena privativa de libertad. Comprobado que el regidor titular había sido condenado en primera instancia a cinco años de prisión, el Tribunal concluyó que el Concejo infringió esa disposición al mantenerlo en el cargo pese a la intimación del suplente. Al negarse a posesionar provisionalmente al suplente, desconoció su derecho a la sustitución temporal y vulneró su igualdad ante la ley y sus derechos de participación política y acceso a la función pública, además de infringir los artículos 68 y 69.10 de la Constitución (TC/0177/14, numeral 11, 11.2–11.3, pág. 17; TC/0177/14, numeral 11, 11.4–11.5, pág. 18; TC/0177/14, numeral 11, 11.6–11.7, pág. 18; TC/0177/14, numeral 11, 11.8–11.9, pág. 19; TC/0177/14, numeral 11, 11.10, pág. 20).

Decisión

Admite y acoge el recurso de revisión constitucional y anula la Sentencia núm. TSE-018-2013. Admite y acoge el amparo de cumplimiento, ordena al Concejo de Regidores de Esperanza suspender a Julio César Valdéz Toribio, posesionar provisionalmente a su suplente Rudy Francisco Tavárez Taveras y dejar sin efecto la Resolución núm. 08/2013; impone al Concejo una astreinte de RD$5,000 por cada día de retraso desde la notificación, a favor del Cuerpo de Bomberos del municipio, declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia.

Citas textuales clave

“la naturaleza del conflicto era administrativa y no electoral” (TC/0177/14, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 12).
“no remitirá la acción de amparo de cumplimiento al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Valverde, en atribuciones contencioso administrativas, y se abocará a su conocimiento en virtud de los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad” (TC/0177/14, numeral 10, 10.5–7.2, pág. 16).
“Con esta actuación el Concejo de Regidores vulneró el derecho de igualdad ante la Ley garantizado en el artículo 39 de la Constitución, en perjuicio del accionante, al no garantizarle la misma protección y trato que otros concejos de regidores han aplicado a casos similares, de conformidad con la ley que rige la materia.” (TC/0177/14, numeral 11, 11.6–11.7, pág. 18).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 39, 68, 69.10, 72 (in fine) y 214.

Ley núm. 176-07: artículos 44, literales a) y b), 102 y 103.

Ley núm. 13-07: artículo 3.

Ley núm. 29-11: artículos 13 y 27.

Ley núm. 137-11: artículos 3, 4, 7 (numerales 2, 4, 6 y 11), 47, 51, 66, 72, 75, 100, 114 y 117.

Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 23.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1. De conformidad con las argumentaciones planteadas por las partes y con los documentos depositados en el expediente, el presente caso se origina con la interposición de una acción de amparo en cumplimiento en el Tribunal Superior Electoral, por parte del señor Rudy Francisco Tavárez Taveras, contra del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio de Esperanza. Dicha acción perseguía que el regidor, señor Julio César Valdez Toribio, fuera suspendido de su cargo por haberse dictado en su contra auto de apertura a juicio, en virtud de una acusación penal por violación de los artículos 309.1 y 309.2 del Código Penal. El tribunal acogió dicho amparo y ordenó que el señor Rudy Francisco Tavárez Taveras, en su condición de suplente, tomara posesión de la referida plaza.

7.2. El señor Julio César Valdez Toribio, quien había intervenido voluntariamente en la acción de amparo de cumplimiento, no conforme con la decisión del Tribunal, procedió a incoar un recurso de revisión de amparo por ante este Tribunal Constitucional.

TC/0177/14, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 10 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

a. Este tribunal entiende que el presente recurso de revisión de amparo es admisible, ya que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 100 de la Ley No. 137-11, que de manera específica, limita la admisibilidad de los recursos de revisión: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución.

b. El recurso de revisión es un procedimiento constitucional instituido como garantía de los derechos fundamentales, por lo que su acceso debe de ser salvaguardado. Este tribunal ha establecido precedente mediante la Sentencia TC/0007/12, del 22 de marzo de 2012, páginas 8-9, en el sentido de que el recurso de revisión está condicionado a la transcendencia o relevancia constitucional, y que tal condición solo se encuentra configurada, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0177/14, numeral 9, a–b, pág. 11 — PDF oficial

c. En el caso que nos ocupa, acorde con el criterio expresado en la sentencia antes citada, la especial trascendencia radica en que el conocimiento de la especie permitirá a este tribunal ampliar criterios sobre el alcance y límites de la facultad de los concejos municipales para la suspensión en su cargo de un funcionario electo por votación popular, cuando esta medida restringe otros derechos fundamentales y de definir criterios sobre las competencias de los jueces de amparo.

TC/0177/14, numeral 9, c, pág. 12 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional

10.1. En el presente caso, el recurrente alega como primer medio de revisión que el Tribunal Superior Electoral procedió fallando ultra petita sobre un punto no solicitado por ninguna de las partes en causa y que procedió a pronunciar una nulidad sobre la cual no era competente, en razón de que el tribunal competente para conocer de la impugnación de las resoluciones del concejo de regidores es el Tribunal de Primera Instancia en atribuciones contencioso administrativas, de conformidad con los artículos 102 y 103 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de 2007; y el artículo 3 de la Ley núm. 13-07, sobre el Tribunal Superior Administrativo, de fecha 5 de febrero de 2007.

10.2. En lo que respecta al argumento de que el Tribunal Superior Electoral no era competente para pronunciarse sobre la nulidad de la resolución del Concejo de Regidores, este tribunal constitucional entiende que el tribunal a quo incurrió en un error procesal al decidir sobre una controversia en el marco de un amparo de cumplimiento para el cual no era competente, en razón de que la naturaleza del conflicto era administrativa y no electoral, ya que no se trata de un asunto contencioso electoral ni de un diferendo interno entre partidos, sino de un acto que emana de una autoridad administrativa, cuya impugnación, ya sea por la vía de amparo o por la vía administrativa, debió ser conocida por el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Valverde en atribuciones contencioso administrativas, de conformidad con los artículos 102 y 103 de la Ley núm. 176-07, el artículo 3 de la Ley núm. 13-07 y el artículo 117 de la Ley núm. 137-11.

TC/0177/14, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 12 — PDF oficial

10.3. El Tribunal Constitucional considera que el Tribunal Superior Electoral, previo al conocimiento del amparo de cumplimiento interpuesto por el señor Rudy Francisco Tavárez Taveras, debió declararse incompetente y remitir el asunto al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Valverde por aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley núm. 137- 11, que dispone: será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado.

TC/0177/14, numeral 10, 10.3, pág. 13 — PDF oficial

10.4. El Tribunal Constitucional entiende que la incompetencia del Tribunal Superior Electoral se fundamenta en que la Constitución política, su Ley orgánica núm. 29-11 y la Ley núm. 137-11, al atribuirle sus competencias, no le asigna la de conocer sobre amparo de cumplimiento relativos a la ley municipal. La Constitución de la República establece en su artículo 214: Artículo 214. Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. El artículo 13 de la Ley núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, dispone lo siguiente sobre sus atribuciones: Instancia única.

TC/0177/14, numeral 10, 10.4, pág. 13 — PDF oficial

El Tribunal Superior Electoral tiene las siguientes atribuciones en instancia única: 1) Conocer de los recursos de apelación a las decisiones adoptadas por las Juntas Electorales, conforme lo dispuesto por la presente ley. 2) Conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios. 3) Conocer de las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las Juntas Electorales, de conformidad con lo que dispone la Ley Electoral. 4) Decidir respecto de los recursos de revisión contra sus propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el derecho común. 5) Ordenar la celebración de nuevas elecciones cuando hubieren sido anuladas, las que se hayan celebrado en determinados colegios electorales, siempre que la votación en éstos sea susceptible de afectar el resultado de la elección. 6) Conocer de las rectificaciones de las actas del Estado Civil que tengan un carácter judicial, de conformidad con las leyes vigentes. Las acciones de rectificación serán tramitadas a través de las Juntas Electorales de cada municipio y el Distrito Nacional. 7) Conocer de los conflictos surgidos a raíz de la celebración de plebiscitos y referendums. Párrafo.- Para los fines del Numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos.

TC/0177/14, numeral 10, 10.4, pág. 13 — PDF oficial

El artículo 27 de la Ley núm. 29-11, establece en relación con los amparos electorales que: El Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de los amparos electorales conforme a las reglas constitucionales y legales, podrá atribuir a las Juntas Electorales competencia para conocer de los mismos mediante el Reglamento de Procedimientos Electorales dictado por éste. La Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, dispone: Artículo 114. Amparo Electoral. El Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de las acciones en amparo electoral conforme a lo dispuesto por su Ley Orgánica. Artículo 75. Amparo contra Actos y Omisiones Administrativas. “La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

TC/0177/14, numeral 10, 10.4, pág. 13 — PDF oficial

10.5. En razón de los antes expuesto, este tribunal entiende que anulada la Sentencia núm. TSE- 018-2013, de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013), no remitirá la acción de amparo de cumplimiento al Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Valverde, en atribuciones contencioso administrativas, y se abocará a su conocimiento en virtud de los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad. 1

10.6. El recurrente plantea que el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, es contrario a la Constitución en sus numerales a) y b), en virtud de que se vulnera el principio de presunción de inocencia al imponer al funcionario municipal la suspensión en su cargo sin una sentencia definitiva y firme, por lo que solicita al Tribunal Constitucional que para que el citado artículo sea conforme con la Constitución, lo interprete de la siguiente manera:

a) Se dicten en su contra sentencia irrevocable que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad.

b) Se dicte sentencia irrevocable sobre condenación en un juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.

10.7. En relación con este argumento, para que el Tribunal Constitucional pronuncie una nueva interpretación sobre una norma impugnada por vicio de 1

7.2. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, como es la acción de amparo, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria.

TC/0177/14, numeral 10, 10.5–7.2, pág. 16 — PDF oficial

7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.

7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. inconstitucionalidad y así mantenerla en el ordenamiento jurídico, debe hacerlo mediante una sentencia interpretativa, en función de una acción directa de inconstitucionalidad contra una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza, en ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 47 2 de la Ley núm. 137-11.

10.8. Si el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la solicitud del recurrente respecto a una nueva interpretación de los literales a) y b) del artículo 44 de la Ley núm. 176-07, de manera incidental, en el marco de este recurso de revisión, estaría ejerciendo un control difuso de constitucionalidad, el cual está reservado para los jueces del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 51 3 de la Ley núm. 137-11.

TC/0177/14, numeral 10, 7.4–10.8, pág. 16 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del amparo de cumplimiento

11.1. El señor Rudy Francisco Tavárez Taveras, suplente de regidor, interpuso un amparo en cumplimiento el nueve (9) de julio de dos mil trece (2013), mediante el cual procura que se disponga que el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio Esperanza, provincia Valverde, se reúna a los fines suspender en sus funciones al señor Julio César Valdéz Toribio, regidor titular, y proceda a posesionarlo en sustitución de este último, por aplicación del artículo 44 de la Ley núm. 176-07.

TC/0177/14, numeral 11, 11.1, pág. 17 — PDF oficial

11.2. En su acción de amparo en cumplimiento, el accionante alega que el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley núm. 176-08, por 2 Artículo 47.- Sentencias Interpretativas. El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados. 3 Artículo 51.- Control Difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso. Párrafo.- La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto. parte del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio Esperanza, le vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 39 de la Constitución y el artículo 24 de la Convención de San José; su derecho a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el derecho a la garantía de los derechos fundamentales establecido por el artículo 68 de la Constitución.

11.3. Este tribunal ha podido comprobar que el señor Julio César Valdéz Toribio fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, mediante Sentencia núm. 27/2013, dictada por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Valverde el tres (3) de abril de dos mil trece (2013).

TC/0177/14, numeral 11, 11.2–11.3, pág. 17 — PDF oficial

11.4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, procede, a cargo del concejo municipal, conocer de la suspensión en sus funciones de los alcaldes, vicealcaldes y regidores, desde el mismo momento en el que se dicten en su contra medidas de coerción que conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad o se inicie juicio de fondo en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de libertad.

11.5. No obstante la condición subjudice del señor Julio César Valdéz Toribio y la notificación realizada por el señor Rudy Francisco Tavárez Taveras, suplente de regidor, mediante la cual solicitaba la suspensión en sus funciones del primero, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio Esperanza, provincia Valverde, en sesión extraordinaria del veinticuatro (24) de Junio de dos mil trece (2013), emitió la Resolución núm. 08/2013, mediante la cual decidió no suspender en sus funciones al regidor Julio César Valdéz Toribio.

TC/0177/14, numeral 11, 11.4–11.5, pág. 18 — PDF oficial

11.6. El Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio Esperanza, provincia Valverde, al emitir la Resolución núm. 08/2013 actuó contrario a la norma dispuesta en el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, y desconoció el derecho que le asistía al señor Rudy Francisco Tavárez Taveras como regidor suplente, de ocupar el puesto de regidor titular en sustitución temporal del señor Julio César Valdéz Toribio. Con esta actuación el Concejo de Regidores vulneró el derecho de igualdad ante la Ley garantizado en el artículo 39 de la Constitución, en perjuicio del accionante, al no garantizarle la misma protección y trato que otros concejos de regidores han aplicado a casos similares, de conformidad con la ley que rige la materia. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.

11.7. El accionante alega que la parte accionada le ha vulnerado su derecho a la participación política consignada en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece: Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

TC/0177/14, numeral 11, 11.6–11.7, pág. 18 — PDF oficial

11.8. Este tribunal considera que en el presente caso este derecho a la participación política y al acceso a la posición pública como suplente de regidor del accionante ha sido restringido por la negativa del Concejo de Regidores de posesionarlo provisionalmente como regidor. Esta omisión de un órgano de la Administración Pública constituye una vulneración a sus derechos políticos consignados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual forma parte del bloque de constitucionalidad, fundamento normativo al que esta compelido a observar este tribunal, de conformidad con el artículo 3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

11.9. En relación con su argumento de que la decisión del órgano municipal de mantener en su cargo al regidor subjudice, en violación a lo establecido en la Ley núm. 176-07, vulnera el artículo 68 de la Constitución en lo relativo a la garantía de los derechos fundamentales, que dispone que todos los poderes públicos deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y ofrecer a las personas la posibilidad de satisfacerlos.

TC/0177/14, numeral 11, 11.8–11.9, pág. 19 — PDF oficial

11.10. En el presente caso, este tribunal ha comprobado que no obstante el accionante haber intimado al Concejo de Regidores a reunirse para proceder a la suspensión del regidor titular, señor Julio César Valdéz Toribio, quien se encontraba subjudice, y posesionarlo a él en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley núm. 176-07, hizo todo lo contrario, pues decidió mediante resolución, mantener en su cargo al regidor titular e interviniente voluntario en este proceso, en violación a la Ley núm. 176-07, y a los artículos 68 y 69.10 de la Constitución. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones, motivos y consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0177/14, numeral 11, 11.10, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Julio César Valdéz Toribio contra la Sentencia núm. TSE-018-2013, dictada por el Tribunal Superior Electoral el veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Julio César Valdéz Toribio, y en consecuencia ANULAR la Sentencia núm. TSE-018-2013 objeto de este recurso de revisión.

TERCERO: ADMITIR, en cuanto a la forma y ACOGER en cuanto al fondo, la acción de amparo en cumplimiento incoada por el señor Rudy Francisco Tavárez Taveras contra el Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio Esperanza, provincia Valverde.

CUARTO: ORDENAR al Concejo de Regidores del municipio Esperanza, provincia Valverde, dar cumplimiento al mandato del artículo 44 de la Ley núm. 176-07, disponer la suspensión del regidor, señor Julio César Valdéz Toribio, y posesionar provisionalmente como regidor a su suplente, señor Rudy Francisco Tavárez Taveras.

QUINTO: ORDENAR al Concejo de Regidores del municipio Esperanza, provincia Valverde, dejar sin efecto la Resolución núm. 08/2013, del veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013), que confirmó en su cargo al señor Julio César Valdéz Toribio.

SEXTO: IMPONER un astreinte de cinco mil pesos dominicanos (5,000.00) en contra del Concejo de Regidores del municipio Esperanza, provincia Valverde, a favor del Cuerpo de Bomberos del municipio Esperanza, por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, a partir de su notificación.

SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7 numeral 6) y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

OCTAVO: ORDENAR, la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Julio César Valdéz Toribio, al recurrido, señor Rudy Francisco Tavárez Taveras, así como al Concejo de Regidores del Ayuntamiento del municipio Esperanza, provincia Valverde.

NOVENO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0177/14, del 13 de agosto de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0177-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.