Sentencia TC/0184/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 11 de octubre de 2013 · Expediente TC-05-2011-0005

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Emmanuel Ramírez Santiago, en representación de las menores IMRF y DYRF, contra la Sentencia núm. 1202-2011, de fecha diez (10) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la educación · Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0184/13?

El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite precisar los límites de la facultad de un centro educativo para negar la reinscripción de sus alumnos. El tribunal de amparo desnaturalizó los hechos al aplicar un precedente colombiano que no correspondía al caso: el colegio cuestionó la conducta de la madre, no la de las alumnas, cuyo comportamiento calificó favorablemente. La conducta inadecuada de la madre, alegada o cierta, no podía perjudicar a las menores ni apartarlas de su entorno escolar; correspondía al centro utilizar las medidas previstas en la ley y el reglamento para resolver el conflicto sin afectar sus derechos. (TC/0184/13, numeral 9, a–d, pág. 8; TC/0184/13, numeral 10, c–d, pág. 10; TC/0184/13, numeral 10, e–h, pág. 11; TC/0184/13, numeral 10, w–z, pág. 15)

La negativa de reinscripción constituye una sanción que afecta el desarrollo integral de las menores. Por ello, antes de imponerla debía garantizárseles el derecho a opinar y a defenderse, y, una vez impuesta, la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior o imparcial. Como no se observaron las garantías del debido proceso ni se verificaron circunstancias excepcionales que justificaran mantener la cancelación de las matrículas, el interés superior de las menores exigía ampararlas y disponer su reintegración si sus padres la consideraban conveniente, para garantizar su acceso a la educación en condiciones de igualdad. (TC/0184/13, numeral 10, i–l, pág. 12; TC/0184/13, numeral 10, aa–cc, pág. 16)

Decisión

Admite el recurso de revisión, revoca íntegramente la sentencia de amparo núm. 1202/11 y acoge la acción; ampara la igualdad, la integridad personal, la dignidad humana y el debido proceso de las menores, y ordena su reinserción y matriculación inmediata si sus padres lo estiman conveniente y cumplen las formalidades del centro. Fija una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retraso desde la notificación, a cargo del colegio y su directora y a favor del Plan de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“La alegada o cierta conducta inadecuada de la madre ante el colegio, su directora o profesores, no podía resultar perjudicial para las menores, menos aún para extrañarlas de su habitual ambiente educativo” (TC/0184/13, numeral 10, w–z, pág. 15).
“La no reinscripción de las menores constituye en sí misma una sanción que produce sus efectos sobre estas y conspira contra su desarrollo armónico integral que consagra el artículo 56 de la Constitución de la República” (TC/0184/13, numeral 10, aa–cc, pág. 16).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 39, 56, 63, 69.10 y 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 7.10, 66, 93, 94 y 100.

Ley núm. 136-03: principios V y VI, literal d; artículos 45, párrafo II, y 48, literales c y h.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0058/13 y TC/0048/2012. El Tribunal distingue la Sentencia T-519/1992 de la Corte Constitucional de Colombia, invocada por el tribunal de amparo.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El presente caso se contrae al hecho de que con motivo de habérseles negado a las estudiantes menores de edad, IMRF y DYRF, la reinscripción para continuar sus estudios durante el año escolar 2011-2012 en el colegio Notre Dame School, S.R.L. sus padres, los señores Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Manuel Ramírez Santiago, alegando que se les violó el derecho a la educación, incoaron una acción de amparo ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Este órgano judicial rechazó la acción al considerar que no se produjo tal violación. No conforme con la decisión adoptada por el referido Tribunal, los accionantes interpusieron el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo.

TC/0184/13, numeral 7, pág. 7 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible en atención a las razones y consideraciones jurídicas que se exponen a continuación:

a) El artículo 94 de la antes citada Ley núm. 137-11 establece: Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo. Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común.

b) La admisibilidad de los recursos de revisión de sentencia en materia de amparo está regulada por el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 que, de modo taxativo y específico, lo sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

c) El Tribunal Constitucional fijó su posición con respecto a la trascendencia y relevancia constitucional en su Sentencia núm. TC/0007/12, de fecha 22 de marzo de 2012.

d) Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos de mayor importancia del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que se aprecia la vulneración de los derechos fundamentales de igualdad e integridad personal, el valor de la dignidad del ser humano, la garantía de protección a las personas menores de edad y el debido proceso, pudiendo establecerse los alcances de la facultad que tiene un establecimiento educativo para rehusar la reinscripción de sus alumnos.

TC/0184/13, numeral 9, a–d, pág. 8 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión

En lo concerniente al fondo del recurso de revisión de sentencia en materia de amparo, el Tribunal Constitucional considera:

a) En la especie, los recurrentes, Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Manuel Ramírez Santiago, actuando bajo la norma de conducta propia que ha de caracterizar al “buen padre de familia”, procuran que sus hijas menores, IMRF y DYRF, reciban la educación básica de calidad y permanente que la Carta Sustantiva instituye como un derecho fundamental.

b) Ante la imposibilidad de lograr la reinscripción de dichas menores en el colegio Notre Dame School, los padres recurrentes incoaron una acción de amparo en la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, instancia judicial que la rechazó bajo el argumento de que ante un eventual comportamiento impropio de un padre, madre o tutor frente a las autoridades de un determinado centro educativo constituye una causa justificativa para cancelar la matrícula educativa de sus hijos o pupilos, tal y como resulta en el presente caso, en el que se rehúsa la reinscripción de las menores IMRF y DYRF.

TC/0184/13, numeral 10, a–b, pág. 9 — PDF oficial

c) La Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional sustentó su decisión en un criterio jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional de Colombia, el cual establece:(…) si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al colegio alcanzar los fines que le son propios. (Sentencia núm. T-519/1992, de fecha dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992), citada por la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional).

d) El caso abordado por la justicia constitucional de Colombia en la referida Sentencia núm. T-519/1992, y que fuera asumido por la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, versó sobre una situación muy distinta a la cuestión que nos ocupa, pues en aquel caso se trataba de impedir la reinscripción de un estudiante que había experimentado una drástica reducción en su rendimiento académico.

TC/0184/13, numeral 10, c–d, pág. 10 — PDF oficial

e) No obstante esto, la Corte Constitucional de Colombia ratificó la decisión del tribunal a-quo indicando que en casos de esta naturaleza en los que no están comprendidas razones disciplinarias, no aplica la cancelación de la matrícula escolar, tal como lo establecía el reglamento del establecimiento educativo colombiano.

f) En la especie, se advierte que la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional incurrió en una manifiesta desnaturalización de los hechos toda vez que basó la sentencia objeto de revisión en un criterio jurisprudencial adoptado por la Corte Constitucional de Colombia que no aplica en el caso, y se orienta en un sentido diametralmente opuesto.

g) En la especie, lejos de cuestionar negativamente la conducta de las estudiantes, IMRF y DYRF, el colegio Notre Dame School, S.R.L. y su directora, María Lorraine Rodríguez de Ruiz Alma, resaltan su ejemplar comportamiento y lo califican de excelente, cuestión que pone en relieve que la situación de conflictividad no la genera las conductas de dichas alumnas, las cuales son parte importante del activo que entraña el proceso enseñanza- aprendizaje que toda entidad educativa tiene que perseguir poner bajo salvaguarda.

h) La Carta Sustantiva señala en el artículo 56: Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes.

TC/0184/13, numeral 10, e–h, pág. 11 — PDF oficial

i) Las referidas menores, IMRF y DYRF, son acreedoras del beneficio que le reconoce el principio V, de la indicada ley núm. 136-03, que protege el interés superior del niño, niña o adolescente en la contribución con su desarrollo integral y la garantía del disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales; de ahí que no son valederos el argumento y las consideraciones presentadas por el tribunal a-quo en interés de soslayar que en este caso ha resultado amenazado el derecho fundamental de acceso a la educación y no fueron observadas las normas que garantizan el debido proceso, en aplicación del artículo 69, literal 10, de la Carta Sustantiva, y no fue atendido el interés superior del menor.

j) La Constitución de la República establece en el artículo 39: Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.

k) El referido texto supremo dice en el artículo 63: “Derecho a la Educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.”

l) En el numeral 10, del artículo 7 de la referida Ley núm. 137-11, se establece que las disposiciones contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, adoptados por el Estado dominicano, son de plena aplicabilidad cuando se procura garantizar la supremacía de la Constitución y el pleno goce de los derechos fundamentales.

TC/0184/13, numeral 10, i–l, pág. 12 — PDF oficial

m) En efecto, los derechos fundamentales están protegidos por los instrumentos jurídicos internacionales de mayor reconocimiento: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

n) En particular, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual también nuestro país es signatario, establece en su artículo 13, numeral 3: “los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (…)”.

o) El principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño señala que: “el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres.”

p) La Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 28 lo siguiente: “los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades este derecho (…)”.

TC/0184/13, numeral 10, m–p, pág. 13 — PDF oficial

q) El Tribunal Constitucional estableció en el apartado 10.1.6 de su Sentencia núm. TC/0058/13, de fecha 15 de abril de 2013, que: en el plano internacional, es de importancia destacar que República Dominicana es signataria de la Convención contra la Discriminación en la Educación, suscrita en París en diciembre de mil novecientos sesenta (1960), y ratificada por el Congreso Nacional el treinta (30) de agosto de mil novecientos setenta y siete (1977), por medio de la cual los Estados miembros se comprometían a promover la igualdad de acceso a la escuela y de trato en los centros educativos. Esta convención sostiene que la selección de alumnos y la expulsión basadas en sus características individuales o de sus familias son obstáculos para avanzar en la calidad de la educación..

r) La Ley núm. 136-03, sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada el siete (7) de agosto de dos mil tres (2003), señala en su artículo 45, párrafo II, lo siguiente: “en ningún caso podrá negarse la educación a los niños, niñas y adolescentes alegando razones como: la ausencia de los padres, representantes o responsables, la carencia de documentos de identidad o recursos económicos o de cualquier otra causa que vulnere sus derechos”.

s) La referida disposición legal, en su principio VI, ha establecido: el Estado y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: (…) d) Prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos.

TC/0184/13, numeral 10, q–s, pág. 14 — PDF oficial

t) Además, el artículo 48, literal h, de dicha Ley núm. 136-03, expresa: el retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente del centro educativo sólo se impondrá por las causas expresamente establecidas en el reglamento disciplinario, siguiendo el procedimiento administrativo aplicable asegurando un proceso eminentemente educativo, orientado a fomentar la responsabilidad ciudadana, sin desmedro de los derechos del sujeto y de las disposiciones del presente Código.

u) En el tercer considerando del Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas, aprobado por el Consejo Nacional de Educación mediante la Ordenanza núm. 4’ 2000, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil (2000), se establece: CONSIDERANDO. Que en el orden de la democratización, el Estado debe proporcionar igualdad de oportunidad de aprendizaje, y equidad en la oferta de los servicios educativos para que padres, madres y tutores disfruten del derecho de escoger para sus hijos centros educativos públicos o privados, según su conveniencia.

v) El artículo 78, del referido Reglamento, sólo prevé el retiro definitivo de un alumno o radiación de la matrícula cuando este haya incurrido en faltas gravísimas; para ello, en su artículo 79 establece que debe conformarse un Consejo Disciplinario formado por el director de la institución, el orientador o psicólogo, un representante de los maestros, un representante de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Institución, y un representante del Consejo Estudiantil.

TC/0184/13, numeral 10, t–v, pág. 15 — PDF oficial

w) Las autoridades del centro de enseñanza Notre Dame School, S.R.L. han cuestionado el comportamiento de la señora Johanna Martina Félix Rosario, madre de las menores IMRF y DYRF, no así el comportamiento de estas, cuya conducta ha sido valorada y calificada favorablemente por miembros del cuerpo de profesores del establecimiento educativo y por la propia directora, María Lorraine Rodríguez de Ruiz Alma.

x) La alegada o cierta conducta inadecuada de la madre ante el colegio, su directora o profesores, no podía resultar perjudicial para las menores, menos aún para extrañarlas de su habitual ambiente educativo; por tanto, sus derechos y garantías fundamentales tienen que ser protegidos y amparados por el Tribunal Constitucional.

y) En tal sentido, el artículo 96, del referido Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas, indica: “cuando en una institución educativa privada surja un conflicto de intereses, de cualquier índole, entre los usuarios de sus servicios y sus directivos, el Depto. de Colegios Privados podrá actuar como intermediario entre ambas partes, a solicitud de cualquiera de ellas”.

z) Ciertamente los padres, al igual que los profesores y estudiantes, tienen la obligación de velar para que el proceso educativo enseñanza-aprendizaje discurra en un clima sano y armónico; pero, si como se ha aseverado, estaba ocurriendo una situación que conspiraba contra dicho clima, correspondía a la dirección de la entidad educativa, involucrada en el caso, adoptar las medidas y acciones que la ley en general, y el citado Reglamento en particular, ponen a su alcance en aras de conjurar o hacer cesar lo que se consideraba una anómala situación.

TC/0184/13, numeral 10, w–z, pág. 15 — PDF oficial

aa) De lo anterior se colige que adoptando tales providencias se podía preservar y garantizar el adecuado ambiente armónico que debe imperar en estos recintos para alcanzar la materialización de las delicadas responsabilidades reservadas primordialmente al profesorado y al estudiantado, pero jamás debieron perjudicarse los derechos acordados a favor de las indicadas menores IMRF y DYRF.

bb) La no reinscripción de las menores constituye en sí misma una sanción que produce sus efectos sobre estas y conspira contra su desarrollo armónico integral que consagra el artículo 56 de la Constitución de la República; no obstante, el literal c, del artículo 48, relativo a la disciplina escolar, de la indicada Ley núm. 136-03, dice: “antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos a opinar, y a la defensa; y después de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior o imparcial”.

cc) En la especie, este tribunal estima que no se verifican circunstancias excepcionales que justifiquen el mantenimiento de la cancelación de las matrículas de las menores IMRF y DYRF en el centro educativo Notre Dame School, S.R.L.; contrario a esto, cuanto resulta coherente con los principios pro homine, pro libertatis, en consonancia con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, es que dichas menores sean amparadas y reintegradas al centro educativo de referencia, si sus padres entienden que resulta oportuna y conveniente para el bien de las niñas el retirarlas del colegio en que se encuentran matriculadas en la actualidad, siendo así garantizado de manera efectiva su derecho fundamental de acceso a la educación y el debido proceso que les asiste, sin restricción ni discriminación de ningún género.

TC/0184/13, numeral 10, aa–cc, pág. 16 — PDF oficial

dd) En otro orden, la facultad consagrada en el artículo 93 de la referida Ley núm. 137-11, de “(…) pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado (…)”, mediante Sentencia núm. TC/0048/2012, del 8 de octubre de 2012, este Tribunal Constitucional estableció que toda violación al texto supremo y a un derecho fundamental, así como el incumplimiento de una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el tribunal podría contribuir, por lo que decidió que, tras imponer una astreinte, puede ordenar su liquidación a beneficio de la sociedad a través de las instituciones estatales, debiendo preferir aquellas dedicadas a la solución de cuestiones atinentes a la problemática social.

ee) El Tribunal Constitucional entiende que, por las motivaciones anteriores, resulta procedente admitir el recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa, revocar la sentencia objeto del mismo y acoger la acción de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del Magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de las Magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Ana Isabel Bonilla Hernández, y Katia Miguelina Jiménez Martínez; así como también los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0184/13, numeral 10, dd–ee, pág. 17 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso interpuesto por los señores Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Manuel Ramírez Santiago, en nombre y representación de sus hijas menores, IMRF y DYRF, contra la sentencia de amparo núm. 1202/11, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil once (2011), dictada por la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.

SEGUNDO: REVOCAR en todas sus partes la referida sentencia de amparo núm. 1202/11, dictada por la Sala Civil del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, objeto del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Manuel Ramírez Santiago, en nombre de las referidas menores, contra el Colegio Notre Dame School, S.R.L. y su directora, María Lorraine Rodríguez de Ruiz Alma.

CUARTO: AMPARAR y PROTEGER los derechos fundamentales de igualdad e integridad personal, el valor de la dignidad del ser humano, y la garantía fundamental al debido proceso que les asiste a las menores IMRF y DYRF; por tanto, ORDENAR su reinserción y matriculación inmediata en el Colegio Notre Dame School, S.R.L. para cursar el año lectivo correspondiente, si así lo entendieren prudente y conveniente la madre y el padre de dichas menores, previo cumplimiento con las formalidades que al respecto haya establecido dicho centro de formación.

QUINTO: FIJAR una astreinte por el monto de CINCO MIL PESOS CON 00/100 (RD$5,000.00) contra el colegio Notre Dame School, S.R.L. y María Lorraine Rodríguez de Ruiz por cada día de retardo en que incurran en la ejecución de la presente sentencia, a partir de la fecha de su notificación, y liquidarla a favor del Plan de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, del Ministerio de Educación.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEPTIMO: COMUNICAR esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, Johanna Martina Félix Rosario y Héctor Manuel Ramírez Santiago, y a la parte recurrida, Colegio Notre Dame School, S.R.L., María Lorraine Rodríguez de Ruiz Alma, y al Ministerio de Educación.

OCTAVO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0184/13, del 11 de octubre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0184-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.