Sentencia TC/0193/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 25 de agosto de 2014 · Expediente TC-05-2013-0103

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 191-2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo de Jurisdicción Nacional el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0193/14?

El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite precisar el alcance del derecho de propiedad sobre inmuebles declarados de utilidad pública y la procedencia del amparo de cumplimiento. Este amparo procede frente a la omisión de la Administración de pagar la indemnización derivada de un decreto de expropiación. En este caso, la falta de resarcimiento vulneró el derecho de propiedad garantizado por el artículo 51 de la Constitución, y ninguna otra vía judicial ofrecía una protección tan efectiva, eficaz y expedita frente a una vulneración prolongada. (TC/0193/14, numeral 9, a–c, pág. 13; TC/0193/14, numeral 10, b–c, pág. 19; TC/0193/14, numeral 10, i–j, pág. 20)

Como el Estado reconoció la deuda por expropiación y los propietarios no controvirtieron el monto reconocido, no era necesario acudir a otra jurisdicción para fijar el justo precio. La inclusión de la indemnización en el presupuesto correspondía al Ministerio de Hacienda, por lo que su omisión justificó confirmar la sentencia de amparo y disponer que el pago se sometiera al Congreso Nacional para su consignación en el presupuesto de 2015. (TC/0193/14, numeral 10, k–l, pág. 21; TC/0193/14, numeral 10, m–g, pág. 22)

Decisión

Admite el recurso de revisión, lo rechaza en cuanto al fondo, confirma la Sentencia núm. 191-2013 y declara el recurso libre de costas. Ordena al Ministerio de Hacienda incluir en su presupuesto de 2015, debidamente aprobado por el Congreso Nacional, los pagos de RD$130,711,666.70 y RD$16,019,800.00, e impone una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de incumplimiento, a partir de la consignación presupuestaria, a favor del Cuerpo de Bomberos de Santiago de los Caballeros.

Citas textuales clave

“ninguna de esas vías podía ser tan, o más, efectiva, eficaz y expedita que el amparo” (TC/0193/14, numeral 10, i–j, pág. 20).
“El precio precedentemente señalado no ha sido objeto de contestación por los legítimos propietarios” (TC/0193/14, numeral 10, k–l, pág. 21).
“En la especie se verifica una omisión de parte de la autoridad administrativa, o sea, el Ministerio de Hacienda, de dar cumplimiento a lo que le fuera ordenado por las autoridades correspondientes” (TC/0193/14, numeral 10, m–g, pág. 22).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 7, 8, 51, 72, in fine, y 128, numeral 2, letra g). Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53, 66, 75, 94, 100 y 104. Ley núm. 344: artículo 2, modificada por las leyes núms. 108-05 y 51-07. Ley núm. 86-11: artículo 4.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0041/13, TC/0205/13 y TC/0017/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el conflicto se contrae a que varios bienes inmuebles propiedad de los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz fueron declarados de utilidad pública e interés social mediante los Decretos núm. 1815 del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976) y núm. 464-10 del diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), respectivamente, emitidos por el Estado dominicano. En este sentido, los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz interpusieron una acción de amparo que fue acogida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 191-2013 el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).

TC/0193/14, numeral 7, pág. 13 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo El Tribunal Constitucional ha estimado que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a las siguientes razones:

a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.

b. En tal virtud, el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

c. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión que el presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que se evidencia un conflicto cuya solución implica la institución del amparo de cumplimiento, atañe el alcance del derecho fundamental a la propiedad e involucra bienes inmuebles declarados de utilidad pública, lo cual permitirá al Tribunal continuar desarrollando su jurisprudencia relativa al alcance del derecho de propiedad respecto de tales inmuebles.

TC/0193/14, numeral 9, a–c, pág. 13 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional en materia de

amparo Verificada la admisibilidad del recurso, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:

a. La especie plantea la omisión de un acto administrativo previsto legalmente, como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública que afecta la propiedad inmobiliaria de las partes recurridas, Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, quienes enviaron una carta el diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) al entonces presidente de la República, en la cual la primera expresa, entre otras cosas: Señor Presidente, tengo 79 años y me he tenido que pasar la vida luchando para poder mantener el patrimonio que mis padres me dejaron, desde el gobierno del Presidente Balaguer hasta estos tiempos han estado expropiándome las tierras, parece mentira que a esta edad no haya podido disfrutar de lo que tanto esfuerzo les costó. Es apelando a su sensibilidad que solicito este pago para poder disfrutar los últimos años de mi vida (…).

TC/0193/14, numeral 10, a, pág. 14 — PDF oficial

b. Las partes recurridas apoyaron sus pretensiones en los siguientes instrumentos jurídicos: 1. El Decreto Núm. 1815 del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976), mediante el cual fueron declarados de utilidad pública los terrenos propiedad de los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, dentro del ámbito de la Parcela núm. 4, provisional, del Distrito Catastral núm 12, del municipio y provincia Santiago de los Caballeros, amparada en el Certificado de título núm. 181.-anotación núm. 29, párrafos (a) y (b), con un área de 31 hectáreas, 67 áreas y 77 centiáreas, (502.38 tareas) equivalentes a 316,000 metros cuadrados, que serían utilizados para la construcción de las obras urbanísticas que se estaban realizando en la ciudad de Santiago. 2. El Decreto Núm. 294/96 del nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996), mediante el cual el Estado dominicano decidió no utilizar la totalidad de los terrenos declarados anteriormente de utilidad pública, indicados precedentemente, y ordenó la devolución a los propietarios de la porción de terrenos no utilizada, por lo que se excluyó del Decreto núm. 1815, del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976), una porción de terreno de una extensión de 95,173 mts 2 . De ahí que, luego de la primera declaratoria de utilidad pública, el Estado solo utilizó de la parcela expropiada de los accionantes una extensión de 220,608 mts 2 , en los cuales desarrolló los barrios obreros La Pulga, Cienfuegos Viejo, Residencial Monte Bonito, La Piña I y la Piña II. A pesar de haber utilizado esos 220,608 mts 2 en la continuación de obras urbanísticas de la referida ciudad, a la fecha de la emisión de esta sentencia no hay constancia del pago del justo precio a sus legítimos propietarios 1 . 3.

TC/0193/14, numeral 10, b, pág. 15 — PDF oficial

El Decreto Núm. 464-10 del diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010), a través del cual se declara de utilidad pública e interés social las Parcelas núm. 28 del D.C. 12 del municipio Santiago de los Caballeros, con una extensión de 6 hectáreas, 9 áreas y 77 centiáreas, equivalentes a 60,977 metros cuadrados y la Parcela núm. 29 del D.C. 12, con una extensión de 9 hectáreas, 92 áreas y 21 centiáreas, equivalentes a 99, 221 metros cuadrados, para una extensión total de 160, 198 mts.2, ambas propiedad de la señora Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz, amparadas en los Certificados de títulos núm. 45 y 162, para ser destinadas a la expansión de las operaciones de tratamiento integral de los residuos sólidos de Santiago en el Eco Parque Rafey y para la mejora de la habitabilidad de los barrios La Mosca y Santa Lucía, colindantes con el Eco parque Rafey de la ciudad de Santiago. En este decreto “se declara de urgencia que el Ayuntamiento de Santiago entre en posesión del inmueble indicado, a fin de que puedan iniciar de inmediato los trabajos señalados, luego de ser cumplidos los requisitos exigidos por la ley”. También se autoriza al Ayuntamiento de Santiago, a reunirse con los propietarios de dichas parcelas a 1 Existe constancia en el legajo de piezas del expediente de diversas comunicaciones a través de las cuales los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz solicitan al Estado dominicano el pago correspondiente. fin de llegar a un precio razonable para la adquisición de los referidos inmuebles.

TC/0193/14, numeral 10, b, pág. 15 — PDF oficial

c. Con posterioridad a la declaratoria de utilidad pública, los señores Olga Hillevi, Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz apoderaron al Ministerio de Hacienda, a través de la Solicitud de pago núm. 16954 del veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011), formulada mediante el Oficio núm. 8477, canalizado por la Secretaría de Estado de la Presidencia a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado el veintitrés (23) de septiembre de dos mil once (2011), a los fines de solicitar a este ministerio incluir el pago de la deuda de expropiación a los supra indicados señores por un monto de ciento treinta millones setecientos once mil seiscientos setenta pesos dominicanos con setenta centavos (RD$130,711,666.70) 2 .

TC/0193/14, numeral 10, c, pág. 17 — PDF oficial

d. En este mismo tenor, por mandato del literal b) del ordinal CUARTO de la Sentencia núm. 191-2013 del veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), en ocasión de una acción de amparo de cumplimiento, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Hacienda la realización de los avalúos relativos a las Parcelas núm. 28 y 29 del Distrito Catastral núm. 12, de Santiago de los Caballeros, propiedad de la señora Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz, declarados de utilidad pública mediante los Decretos núm. 1815 del dieciséis (16) de marzo de mil novecientos setenta y seis (1976) y 464-10 del seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), y el monto de tales avalúos realizados por la Dirección General de Catastro Nacional, conforme lo establece el artículo 51 de la Constitución de la República y cumpliendo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley núm. 86- 11,sobre Disponibilidad de Fondos Públicos del trece (13) de abril de dos mil once (2011), le sea pagado a su propietaria. 2 Ver remisión informe de avalúo para fines de autorización de pagos de expropiaciones, contentivo de los resultados promedios de avalúos realizados, suscrito por el consultor jurídico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, adscrita al Poder Ejecutivo: valor promedio RD$130,711,666.70.

e. Es el dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013) cuando el director general del Catastro Nacional expide el reporte de avalúo, indicando que Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz es propietaria de las Parcelas núm. 28 y 29 del D.C. núm. 12, la primera valorada en seis millones noventa y siete mil setecientos pesos dominicanos (RD$ 6,097,700.00) y la segunda en nueve millones novecientos veintidós mil cien pesos dominicanos (RD$ 9,922,100.00), lo cual asciende a un total de dieciséis millones diecinueve mil ochocientos pesos dominicanos (RD$ 16,019,800.00).

TC/0193/14, numeral 10, d–e, pág. 17 — PDF oficial

f. La acción de amparo referida anteriormente tuvo lugar con motivo del caso omiso de las autoridades correspondientes a ejecutar el pago al que estaban obligados a realizar en favor de las partes recurridas. En efecto, los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, interpusieron la referida acción de amparo por ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual a través de la Decisión núm. 191-2013del veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), acogió la acción de amparo de cumplimiento, al verificarse la vulneración al derecho de propiedad de los accionantes. Igualmente, ordenó al Ministerio de Hacienda que incluyera en su presupuesto del año dos mil trece (2013) y, en caso de que no haya disponible, para el dos mil catorce (2014), debidamente aprobado por el Congreso Nacional, el pago de las sumas correspondientes y condenó a la parte accionada al pago de una astreinte por la suma de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00), contados a partir de la aprobación de los referidos presupuestos.

g. En desacuerdo con la decisión, el Ministerio de Hacienda ha incoado el presente recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 191-2013, bajo el argumento de que al fallar como lo hizo el tribunal de amparo desconoció la letra de la Constitución y no hizo un ejercicio de ponderación adecuado respecto de los medios de inadmisibilidad propuestos, entre otros a lo preceptuado en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, en cuyo caso la acción debió declararse inadmisible por existir otras vías judiciales como en la especie y bajo sus alegatos, lo constituye la vía administrativa.

TC/0193/14, numeral 10, f–g, pág. 18 — PDF oficial

h. Es menester indicar que la controversia que nos ocupa ya ha sido decidida en otros casos similares conocidos en sede constitucional. De ahí que conforme al mandato del principio del stare decisis, es decir la sujeción a los criterios jurisprudenciales que constituyen precedentes constitucionales de carácter vinculante y obligatorio para todos los poderes públicos, incluso para el propio Tribunal Constitucional, realizamos las siguientes precisiones, reiterando los indicados criterios:

a) En cuanto a la definición y alcance de los actos administrativos, en la especie, decreto de expropiación: Los actos administrativos de efectos particulares y que solo inciden en situaciones concretas, deben ser tutelados mediante la acción de amparo si se violan derechos fundamentales (artículo 75 de la Ley Núm. 137-11) o por la jurisdicción contenciosa-administrativa en caso de violarse situaciones jurídicas o derechos no fundamentales dentro del ámbito administrativo, estando la decisión final sujeta a un recurso de revisión constitucional de sentencias (artículo 53 de la Ley Núm. 137- 11), por lo que no escapa en ningún caso al control de la justicia constitucional”. (TC/0041/13) 15 de marzo de 2013).

TC/0193/14, numeral 10, h–a, pág. 19 — PDF oficial

b) En cuanto a la procedencia de la acción de amparo de cumplimiento, en los literales k) y l) de la Sentencia TC/0205/13 del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) se dispone lo siguiente: De igual manera, el no cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de las actuaciones que se derivan de un acto administrativo previo, como puede serlo la compensación como consecuencia de un decreto de expropiación, también puede ser objeto de una acción de amparo. En ese mismo sentido, en la actualidad es posible incoar una acción de amparo de cumplimiento, conforme a las previsiones del artículo 104 de la Ley núm. 137-11, el cual reza: Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente de cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.

c) En lo atinente a las garantías constitucionales que obligan signar los procedimientos de expropiación, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Salvador Chiriboga c. Ecuador, sentencia de 6 de mayo de 2008) adoptado en la sentencia TC/0017/13, […] el principio de legalidad es una condición determinante para efectos de verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad, y supone que la legislación que regule la privación del derecho de propiedad deba ser clara, especifica y previsible. (TC/0205/13) del 13 de noviembre de 2013.

TC/0193/14, numeral 10, b–c, pág. 19 — PDF oficial

i. Como se observa, los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, quienes a la fecha alcanzan los ochenta y dos (82) y setenta y seis (76) años de edad, respectivamente, han sido afectados por varios decretos de expropiación, uno de los cuales data de hace treinta y ocho (38) años aproximadamente, siendo despojados del disfrute del derecho de propiedad de los inmuebles que poseían, sin haber sido debidamente resarcidos, conforme lo dispone el artículo 51 de la Constitución de la República.

j. Es ostensible que en la especie los jueces de amparo, tal y como se afirma en la Sentencia TC/0205/13 del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), pudieron advertir que aun cuando existieran otras vías judiciales que permitieran obtener la protección del derecho fundamental vulnerado, ninguna de esas vías podía ser tan, o más, efectiva, eficaz y expedita que el amparo, pues cualquier otro proceso judicial extendería indefinidamente la concreción de la protección que se procura en este caso, en que la violación al derecho fundamental se ha estado produciendo por más de veintiún (21) años.

TC/0193/14, numeral 10, i–j, pág. 20 — PDF oficial

k. Además, este tribunal constitucional ha podido verificar que entre el Estado dominicano, representado por la Presidencia de la República (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, organismo adscrito al Poder Ejecutivo), con la participación de la Dirección General del Catastro Nacional, han reconocido que el Estado dominicano le adeuda por concepto de expropiación a los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz la suma de ciento treinta millones setecientos once mil seiscientos sesenta y seis pesos con setenta centavos (RD$ 130, 711,666.70) 3 . El precio precedentemente señalado no ha sido objeto de contestación por los legítimos propietarios, razón por la cual no existe la necesidad de apoderar a la jurisdicción correspondiente para la fijación del justo precio, de conformidad con los establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 344 del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943), modificada por la Ley núm. 108-05 y la Ley núm. 51-07.

l. Entre las funciones del Ministerio de Hacienda está la de dirigir el proceso de formulación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, la coordinación de su ejecución, que comprende la programación de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, así como su evaluación, razón por la cual la inclusión en el presupuesto de la nación, de la indemnización que Estado dominicano adeuda a las partes recurridas está comprendida en el marco de sus atribuciones, de conformidad con su ley orgánica y del artículo 4 de la Ley núm. 3 Ver comunicaciones del 23 de septiembre de 2013, dirigidas al ministro de Hacienda y al contralor general de la República por el ministro de la Presidencia y director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. 86-11, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos del trece (13) de abril de dos mil once (2011).

TC/0193/14, numeral 10, k–l, pág. 21 — PDF oficial

m. La actuación de la Administración, cuando se aparta del mandato de la Constitución, se divorcia de la función esencial de un Estado Social y Democrático de Derecho, conforme lo prescriben los artículos 7 y 8 de la Constitución, violando de esa forma los derechos fundamentales de los sujetos activos de dichos derechos, en este caso, los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, dos ancianos de ochenta y dos (82) y setenta y seis (76) años, respectivamente.

n. En la especie se verifica una omisión de parte de la autoridad administrativa, o sea, el Ministerio de Hacienda, de dar cumplimiento a lo que le fuera ordenado por las autoridades correspondientes, conforme se relata en los literales b) y c) del título 10 de esta sentencia, razón por la cual procede declarar admisible y rechazar el recurso de revisión constitucional, confirmando la sentencia impugnada, máxime cuando este tribunal constitucional, en su labor de protección de los derechos fundamentales, ha de interceder frente al accionar u omitir ilegítimos del Estado, esto es, de sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, que favorecen o permitan violaciones como la que se nos presenta en este caso.

o. Finalmente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 128, numeral 2) letra

g) de la Constitución, es imperativo que este tribunal disponga que el pago de la suma adeudada por concepto de la expropiación que nos ocupa sea sometida al Congreso Nacional, a los fines de garantizar su consignación en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del año dos mil quince (2015).

TC/0193/14, numeral 10, m–g, pág. 22 — PDF oficial

p. El Tribunal Constitucional estima que procede la fijación de un astreinte en la especie, el cual ha de ser otorgado a favor del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santiago de los Caballeros, coherentes con jurisprudencia constante en el sentido de favorecer instituciones afines a la materia que nos ocupa. En este tenor, el Ministerio de Hacienda estará obligado a pagar un astreinte de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) diarios computados a partir de la fecha en la cual se realice la consignación a la que se refiere el literal anterior. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; así como los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0193/14, numeral 10, p, pág. 22 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 191- 2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo de Jurisdicción Nacional el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: RECHAZAR el recurso referido en el acápite precedente y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 191-2013, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo de Jurisdicción Nacional el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).

TERCERO: DISPONER que el MINISTERIO DE HACIENDA incluya en la partida de su presupuesto del año dos mil quince (2015), debidamente aprobado por el Congreso Nacional, el pago de la suma de a) CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON SETENTA CENTAVOS (RD$130,711,666.70) como se ordena en la sentencia confirmada de acuerdo al numeral precedente y b) DIECISÉIS MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$ 16,019,800.00), suma total que se corresponde con el reporte de avalúo del dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013) presentado por el director general del Catastro Nacional en relación con las propiedades inmobiliarias de la señora Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz, Parcelas núm. 28 y 29 del D.C. núm. 12, la primera valorada en SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$ 6,097,700.00) y la segunda en NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$ 9,922,100.00).

CUARTO: IMPONER el pago de un astreinte a favor del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santiago de los Caballeros, a cargo del Ministerio de Hacienda por un monto de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) por cada día de incumplimiento, computados a partir de la fecha en la cual se realice la consignación a la que se refiere el literal anterior.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEXTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Hacienda, a las partes recurridas, Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, y al Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

SEPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0193/14, del 25 de agosto de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0193-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.