Sentencia TC/0017/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de febrero de 2013 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0032

Recurso de revisión de amparo incoado por el señor Moisés Pérez Pérez contra la Sentencia No. 107-2012-0011, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0017/13?

El recurso de revisión reviste especial trascendencia constitucional porque permite esclarecer el alcance de la irretroactividad de la ley y del derecho de propiedad frente a actuaciones que se apartan del debido proceso. La debida motivación exige explicar de manera concreta cómo se valoran los hechos y las pruebas y cómo se aplica la normativa vigente. El juez de amparo se limitó a enunciar disposiciones de la derogada Ley No. 437-06 cuando ya regía la Ley No. 137-11. Dado que, por regla general, las leyes procesales son de aplicación inmediata, el Tribunal anuló la sentencia y se avocó al fondo (TC/0017/13, consideraciones, c–a, pág. 11; TC/0017/13, consideraciones, b–d, pág. 12; TC/0017/13, consideraciones, e–i, pág. 13).

La acción de amparo era notoriamente improcedente porque las cuestiones de legalidad ordinaria, como la eventual adquisición fraudulenta del vehículo, corresponden a los jueces ordinarios. Ello no impedía al Tribunal examinar si se había vulnerado el derecho de propiedad del recurrente. No constaba que el Ministerio Público hubiera obtenido una orden judicial motivada antes de allanar la residencia e incautar el vehículo, ni que hubiera observado las disposiciones que reconocen la matrícula como prueba de propiedad. El Tribunal consideró arbitraria esa actuación y ordenó devolver el vehículo al recurrente, quien había presentado el certificado de propiedad, sin adjudicar la titularidad definitiva a ninguna de las partes (TC/0017/13, consideraciones, e–i, pág. 13; TC/0017/13, consideraciones, j–l, pág. 14; TC/0017/13, consideraciones, m–p, pág. 14; TC/0017/13, consideraciones, u–x, pág. 17; TC/0017/13, consideraciones, y–z, pág. 18).

Decisión

Admite y acoge el recurso de revisión de Moisés Pérez Pérez, anula la Sentencia No. 107-2012-0011, rechaza la acción de amparo de Rufo Antonio Medina Peña y admite la intervención voluntaria de Moisés Pérez Pérez. Ordena al Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Barahona devolver de inmediato el vehículo, impone una astreinte de RD$500.00 por cada día de retardo en favor del Cuerpo de Bomberos de Barahona, declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán.” (TC/0017/13, consideraciones, c–a, pág. 11).
“las leyes procesales son de aplicación inmediata.” (TC/0017/13, consideraciones, e–i, pág. 13).
“la presente decisión de ninguna manera implica acreditación del derecho de propiedad a favor de ninguna de las partes.” (TC/0017/13, consideraciones, j–l, pág. 14).

Normas interpretadas

Constitución, arts. 51 y 51.1, 68, 69, 72 (parte final), 110 y 185.4; Ley No. 137-11, arts. 7, 9, 66, 70.3, 93, 94 y 100; Código Civil, art. 2; Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, arts. 3, 17 y 18; Código Procesal Penal, art. 180.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0013/12, TC/0088/2012 y TC/0048/2012.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

7.- Síntesis del conflicto Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, en la especie el recurrente pretende que se revoque la Sentencia No. 107-2012-0011, objeto del recurso de revisión, se ordene la entrega de un vehículo de motor del que se considera su legítimo dueño, bajo el argumento de que dicha sentencia no fue debidamente motivada, ya que el Juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona no valoró las pruebas documentales y testimoniales que demostraban su calidad de propietario. 8.-Competencia El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de revisión, en virtud de lo establecido en el artículo 185.4 de la Constitución y los artículos 9 y 94 de la referida Ley No. 137-11. 9.-Admisibilidad del recurso de revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención al siguiente razonamiento:

a) Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley No. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.

b) El artículo 100 de la referida Ley No. 137-11, establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, y faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0017/13, consideraciones, a–b, pág. 10 — PDF oficial

c) Haciendo uso de su facultad interpretativa este Tribunal fijó su posición en relación a la aplicación del referido artículo 100 (Ver: Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)), estableciendo que la mencionada condición de inadmisibilidad “sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento (…)”.

d) En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues se evidencia un conflicto que permitirá esclarecer el principio de irretroactividad de la ley y su alcance; así como el alcance del derecho fundamental de propiedad, cuando el mismo ha sido vulnerado por un funcionario mediante una actuación que se aparta del debido proceso de ley. 10.-Sobre el presente recurso de revisión Verificada la admisibilidad del recurso, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:

a) Este Tribunal Constitucional reconoce que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán.

TC/0017/13, consideraciones, c–a, pág. 11 — PDF oficial

b) Lo anterior implica que, para que una sentencia carezca de fundamentación, debe carecer de los motivos que justifican el análisis del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara, completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa vigente y aplicable al caso.

c) En la especie, este Tribunal ha podido verificar que al exponer los fundamentos jurídicos que justificaron la Sentencia No. 107-2012-0011, el juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona se limitó a enunciar varios de los artículos de la derogada Ley No. 437-06, no obstante el recurso haber sido interpuesto el trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), fecha en la cual ya se encontraba vigente la referida Ley No. 137-11.

d) El principio de la irretroactividad de las leyes es un principio general de derecho que se encuentra consagrado en el artículo 110 de la Constitución, el cual establece que “la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir”, por lo que no “tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena”. La consagración de dicho principio procura el afianzamiento de la seguridad jurídica, e incluso la dignidad de las personas que integran un Estado Social y Democrático de Derecho, y ha sido concebido y subsumido, además, por nuestro ordenamiento jurídico en leyes formales, como el artículo 2 del Código Civil Dominicano.

TC/0017/13, consideraciones, b–d, pág. 12 — PDF oficial

e) Al respecto, mediante sentencia TC/0013/12, este Tribunal Constitucional estableció que el principio de irretroactividad de la ley es la máxima expresión de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho, y por tanto debe ser fundamento en las actuaciones de competencia de todos los órganos del Estado, puesto que en principio las leyes rigen hacia el futuro y pueden tener efecto inmediato, como sucede con la regla general de que las leyes procesales son de aplicación inmediata.

f) Es por lo anterior que la Sentencia No. 107-2012-0011, debe ser declarada nula, y el Tribunal avocarse a conocer el fondo del presente conflicto.

g) En el caso que nos ocupa, este Tribunal ha podido establecer que Rufo Antonio Medina Peña le comunicó al representante del Ministerio Público, Jorgelín Montero Batista, Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona, que un empleado le había sustraído un vehículo de motor del año dos mil once (2011), marca Suzuki AX-100, color negro.

h) En virtud de dicha comunicación, el referido Procurador Fiscal procedió a allanar la residencia del recurrente.

i) Bajo el argumento de que el Ministerio Público se negaba a entregarle el vehículo de motor, Rufo Antonio Medina Peña interpone la acción de amparo que da origen al presente recurso, pudiendo verificar este Tribunal Constitucional que el recurrente, Moisés Pérez Pérez, ha depositado el certificado de propiedad del vehículo cuya propiedad se cuestiona, y presentó dicho certificado por ante el Ministerio Público y por ante el Juez de amparo. No obstante eso, este último desestimó su reclamo y ordenó la entrega del vehículo al recurrido, Rufo Antonio Medina Peña, ordenando además a la Dirección General de Impuestos Internos que procediera a transferir dicho vehículo a nombre de éste último.

TC/0017/13, consideraciones, e–i, pág. 13 — PDF oficial

j) Sobre el particular, debemos señalar que los artículos 3, 17 y 18 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, establecen que la propiedad de un vehículo de motor se prueba por el certificado de propiedad y que los traspasos no tienen validez para fines de la ley si no han sido debidamente registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos o si el acto registrado y legalizado es denunciado ante esa entidad. Por consiguiente, en atención a lo antes expuesto, y atendiendo a las particularidades de este caso, debió el Ministerio Público, o posteriormente el Juez de Amparo, ordenar la devolución del vehículo de motor a la persona que demostró, con la documentación pertinente, la propiedad de ese vehículo, puesto que lo contrario implicaría una violación al derecho de propiedad de quien puede legítimamente sustentar sus pretensiones.

k) Resulta importante aclarar que no corresponde al Tribunal Constitucional discutir y determinar si hubo o no manejo fraudulento en la adquisición del vehículo de motor de que se trata, por lo que la presente decisión de ninguna manera implica acreditación del derecho de propiedad a favor de ninguna de las partes.

l) Si el Ministerio Público o el juez de amparo entendían que en el caso particular habían manifestaciones de alguna especie de manipulación fraudulenta, o sustracción de bienes, o cualquier otro tipo de conducta manifiestamente ilícita y tipificable penalmente, el deber del primero era poner en movimiento la acción pública, y el del segundo, desestimar la acción de amparo por tratarse de una cuestión de legalidad ordinaria, competencia de los jueces ordinarios.

TC/0017/13, consideraciones, j–l, pág. 14 — PDF oficial

m) En efecto, tanto la doctrina como la propia jurisprudencia constitucional comparada han manifestado que la determinación del hecho, la interpretación y la aplicación del derecho, son competencias que corresponden al juez ordinario, por lo que el juez constitucional limita el ámbito de su actuación a la comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una vulneración a un derecho constitucional.

n) Este Tribunal es de criterio que la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal.

o) El artículo 70.3 de la Ley No. 137-11 prescribe que el amparo es inadmisible cuando es “notoriamente improcedente”, tal y como sucede en el caso que nos ocupa, motivo por el cual el juez de amparo debió haber declarado inadmisible la acción.

p) No obstante lo expuesto, la declaratoria de la improcedencia de la acción de amparo no impide que el Tribunal Constitucional verifique si al recurrente se le ha vulnerado su derecho a la propiedad, al privársele del mismo mediante una sentencia completamente carente de fundamento jurídico, o mediante actuaciones que distan de lo que las facultades legales le confieren al Ministerio Público, razón por la cual procede considerar las cuestiones de fondo del presente recurso.

TC/0017/13, consideraciones, m–p, pág. 14 — PDF oficial

q) El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Constitución, el cual prescribe lo siguiente: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Y, en el numeral 1, precisa: “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa”.

r) Este derecho a la propiedad fue previamente consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual toda “persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”, y nadie puede ser “privado arbitrariamente de su propiedad”. Lo recoge, además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 21, al establecer que: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”, y, asimismo, que “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

TC/0017/13, consideraciones, q–r, pág. 15 — PDF oficial

s) En virtud de las disposiciones precedentemente descritas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado jurisprudencia en la que señala como atributos de la propiedad el uso y goce del bien, definiendo los bienes como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; además, dicha Corte ha establecido un concepto amplio de propiedad, determinando que ésta comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor.

t) Asegura la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Salvador Chiriboga c. Ecuador, sentencia de 6 de mayo de 2008) que “El derecho a la propiedad privada debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales”, siendo la función social de la propiedad “un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma”. Por esta razón, no se trata de un derecho absoluto al permitirse, por ejemplo, su restricción por razones de utilidad pública o de interés social, siempre y cuando se practique dicha limitación según los casos y las formas establecidas por la ley y de conformidad con la Convención, afirmando dicha Corte que, en tales casos, el principio de legalidad es una condición determinante para efectos de verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad, y supone que la legislación que regule la privación del derecho a la propiedad deba ser clara, específica y previsible.

TC/0017/13, consideraciones, s–t, pág. 16 — PDF oficial

u) En la referida sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en casos de expropiación de los bienes de una persona, el principio de legalidad es una condición determinante para efectos de verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la propiedad, insistiendo en que este principio supone que la legislación que regule la privación del derecho a la propiedad deba ser clara, específica y previsible.

v) En ese mismo tenor, este Tribunal dispuso que la concesión del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición, definiendo el derecho de propiedad como el derecho exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este bien produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre los mismos (sentencia TC/0088/2012).

w) Lo anterior implica, pues, que para privar a una persona de su propiedad, la autoridad correspondiente debe hacerlo observando el debido proceso de ley, consagrado en los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana, y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

x) En este caso, no se evidencia que el Ministerio Público, al actuar como lo hizo, allanando la residencia del recurrente e incautándose el vehículo propiedad de éste, haya observado las normas que le autorizan a realizar tal actuación, como obtener previamente una orden judicial motivada, según las previsiones del artículo 180 del Código Procesal Penal; o que, ante la presentación de la documentación pertinente que demuestra la propiedad del vehículo en cuestión, haya observado las disposiciones de los artículos 3 y 17 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, los cuales prescriben que la propiedad de un vehículo de motor se prueba por el certificado de propiedad (matrícula).

TC/0017/13, consideraciones, u–x, pág. 17 — PDF oficial

y) Todo lo expuesto implica, entonces, que al inobservar las disposiciones legales vigentes, el Ministerio Público ha actuado arbitrariamente y ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, por lo que el Tribunal Constitucional procede a acoger el presente recurso.

z) Finalmente, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 93 de la referida Ley No. 137-11, de “pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”, mediante sentencia TC/0048/2012, este Tribunal Constitucional estableció que toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir, por lo que dispuso que la imposición de una astreinte puede dictarse para que su liquidación sea en provecho de la sociedad, a través de instituciones específicas, estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales, como lo es el Cuerpo de Bomberos de Barahona. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; el voto disidente parcial de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; y el voto disidente y salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,

TC/0017/13, consideraciones, y–z, pág. 18 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión incoado por el señor Moisés Pérez Pérez contra la Sentencia No. 107-2012-0011, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Barahona, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: ANULAR la referida Sentencia No. 107-2012-0011;

TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor Rufo Antonio Medina Peña; y ADMITIR la intervención voluntaria del señor Moisés Pérez Pérez;

CUARTO: ORDENAR al Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Barahona la inmediata devolución del vehículo de motor del año dos mil once (2011), marca Suzuki AX-100, color negro;

QUINTO: IMPONER una astreinte de QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$500.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona, en favor del Cuerpo de Bomberos de Barahona;

SEXTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, el señor Moisés Pérez Pérez; y a los recurridos, el seno Rufo Antonio Medina Peña y el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Barahona;

SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de la referida Ley No. 137-11; y

OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0017/13, del 20 de febrero de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0017-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.