Sentencia TC/0194/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 31 de octubre de 2013 · Expediente TC-04-2012-0028
Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Inversiones Whale Bahía S. A., operadora del hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado, contra la Sentencia núm. 420, dictada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011).
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0194/13?
La revisión reviste especial trascendencia constitucional porque plantea la inclusión de un bien de dominio público en una partición entre particulares. Aunque el proceso de partición no había concluido, el Tribunal hizo una excepción al criterio que exige la terminación definitiva del proceso: la Suprema Corte de Justicia debió pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de Cayo Levantado en la primera fase, pues su silencio podía dar lugar a que el islote se incluyera en el acervo sucesoral en la segunda (TC/0194/13, numeral 9, h–i, pág. 11; TC/0194/13, numeral 10, f, pág. 16).
Cayo Levantado pertenece al dominio público marítimo-terrestre y es un área nacional de recreo; por tanto, no es susceptible de apropiación privada. Si bien en la primera fase de la partición se ordena partir y en la segunda se identifican los bienes del acervo, la jurisdicción ordinaria debía responder excepcionalmente, desde la primera fase, a la cuestión planteada sobre la naturaleza del islote. La omisión de esa respuesta violó el debido proceso y justificó la anulación de la sentencia. En cambio, la falta de puesta en causa del Estado era imputable a las partes y no al órgano judicial, pues la recurrente podía promover su intervención forzosa (TC/0194/13, numeral 10, pág. 12; TC/0194/13, numeral 10, a–e, pág. 15; TC/0194/13, numeral 10, f, pág. 16).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, anula la Sentencia núm. 420 y remite el expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia para que su Sala Civil conozca nuevamente el recurso de casación y establezca la naturaleza jurídica de Cayo Levantado. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia (TC/0194/13, dispositivo, pág. 19).
Citas textuales clave
“la jurisdicción ordinaria debió responder a la cuestión planteada por la demandada original, en lo concerniente a la naturaleza de dicho inmueble” (TC/0194/13, numeral 10, pág. 12).
“En ese sentido, al no hacerlo, incurrió en una violación al debido proceso” (TC/0194/13, numeral 10, pág. 12).
“la especie justifica una excepción al precedente antes aludido” (TC/0194/13, numeral 10, f, pág. 16).
Normas interpretadas
Constitución: arts. 9, 16, 69, 84 y 277.
Ley núm. 137-11: arts. 7.6, 7.12, 53, 54.5, 54.7, 54.10 y 100.
Ley núm. 64-00: arts. 34 (transitorio, acápite 19), 145 y 147.9.
Ley núm. 108-05: art. 106.
Código de Procedimiento Civil: art. 339.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0038/2012, TC/0007/12, TC/0053/13 y TC/0130/13. Suprema Corte de Justicia: Sentencia núm. 420 y sentencia del 25 de julio de 2012 (expediente núm. 2011-1456).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
En la especie, según los documentos y los alegatos de las partes, originalmente se trató de una demanda en partición incoada por los sucesores del finado Andrés Trinidad, la cual fue acogida por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, mediante Sentencia núm. 111-10, del veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010), luego de haber avocado el conocimiento del fondo de dicha demanda. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se interpone contra la Sentencia núm. 420, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), que rechaza el recurso de casación mediante el cual se impugnó la sentencia descrita anteriormente. Los recurrentes en revisión alegan la violación del artículo 69 de la Constitución, que consagra la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso, del artículo 147.9 de la Ley núm. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y del artículo 9.1 de la Constitución, que establece la conformación del territorio nacional.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional
a) Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene indicar que, según los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe tomar, por separado, dos decisiones: una para decidir sobre la admisibilidad del recurso, y otra, en el caso de que resulte admisible, para resolver el fondo. Sin embargo, en la sentencia TC/0038/2012, del 13 de septiembre, se estableció que, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, solo debía dictarse una, criterio que el tribunal reitera.
b) El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En el presente caso, se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011).
c) En el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 se establece que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional procede: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
d) En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación al debido proceso y a la violación de un área protegida; es decir, que se invoca la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos 1os recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión de1 órgano jurisdiccional, con independencia de 1os hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, 1os cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
e) En la especie se cumplen los requisitos indicados en el párrafo anterior, en razón de que las violaciones que sirven de fundamento al recurso fueron invocadas en las distintas instancias del Poder Judicial, y las mismas son, en la eventualidad en que existieren, imputables a los jueces que dictaron la sentencia recurrida. Por último, la decisión recurrida no es susceptible de los recursos previstos en el ámbito del Poder Judicial, ya que la misma fue dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia y se contrae a rechazar el referido recurso de casación.
f) La admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional está condicionada, además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del mencionado artículo 53. Corresponde pues, al tribunal, la obligación de motivar la decisión en este aspecto.
g) De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”.
h) La referida noción de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este tribunal (Sentencia TC/0007/12, de fecha 22 de marzo de 2012), estableciéndose que la mencionada condición de admisibilidad sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
i) El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y, en consecuencia, procede conocer el fondo del mismo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado permitirá al Tribunal referirse a un tema de interés general como es el de un bien de dominio público que ha sido incluido en un proceso de partición entre particulares.
10. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional Con relación al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional tiene a bien formular los siguientes razonamientos: 1) El recurrente pretende la nulidad de la sentencia recurrida en el entendido de que se violó el derecho de defensa del Estado dominicano al no ponérsele en causa, a pesar de que formalmente se hizo un requerimiento en ese sentido. El recurrente sostiene, además, que el inmueble objeto de la partición forma parte de un área protegida y, en consecuencia, los particulares no pueden apropiarse del mismo. 2) En lo que concierne al primer aspecto, conviene resaltar que, en el presente proceso, el recurrente se ha limitado a exigir la puesta en causa del Estado dominicano, pero no lo puso en causa, para lo cual estaba habilitado, según lo establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las demandas en intervención tanto voluntaria como forzosa. El referido texto es aplicable en la materia, en virtud del principio de supletoriedad previsto en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11.
En tal sentido, el hecho de que el Estado no formara parte de las instancias constituye una falta procesal imputable a las partes en el proceso, y no al órgano judicial. 3) En lo que respecta al segundo alegato del recurrente, es decir, que la demanda en partición no podía ordenarse en razón de que el inmueble objeto de la partición (islote ubicado dentro de la provincia Samaná, que se conoce como Cayo Levantado) es de dominio público y no puede ser apropiado por particulares, lo primero que debemos establecer es que, en esta materia, existe una jurisprudencia constante y firme en el sentido de que dicho proceso comprende dos fases: en la primera (de naturaleza administrativa), el tribunal ordena la partición; en la segunda, se indican los bienes que integran el acervo sucesoral, así como los derechos que respecto de ellos alegan cada una de las partes (véanse la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia núm. 420, del catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), así como la sentencia fallada por dicha alta corte el veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012), respecto al expediente de la especie, marcado con núm. 2011-1456). 4) Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que, en el presente caso, a título excepcional, en vista de que el inmueble que se pretende partir (el islote Cayo Levantado) pertenece al dominio público, la jurisdicción ordinaria debió responder a la cuestión planteada por la demandada original, en lo concerniente a la naturaleza de dicho inmueble.
En ese sentido, al no hacerlo, incurrió en una violación al debido proceso y, en consecuencia, la sentencia recurrida debe ser anulada y devuelto el expediente ante el tribunal que la dictó para que el mismo responda las cuestiones planteadas por dicha parte, conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes. 5) Respecto de esta cuestión, ante todo debemos resaltar que el patrimonio nacional está constituido por una masa de bienes de los cuales unos son de dominio privado y otros de dominio público. Esta última categoría de bienes no es susceptible de propiedad privada porque le pertenece a todos los dominicanos. 6) Al respecto, el artículo 9 de la Constitución dominicana establece lo siguiente: Territorio nacional. El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de Derecho Internacional; 2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes. La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho del Mar; 3) El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro electromagnético y el espacio donde éste actúa. La ley regulará el uso de estos espacios de conformidad con las normas del Derecho Internacional. Párrafo.
Los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar y mejorar la comunicación y el acceso de la población a los bienes y servicios desarrollados en el mismo. 7) En cuanto a la definición de los inmuebles de dominio público, el artículo 106 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, del veintitrés (23) de marzo de dos mil cinco (2005), consagra lo siguiente: Son todos aquellos inmuebles destinados al uso público y consagrado como “dominio público” por el Código Civil, las leyes y disposiciones administrativas. En las urbanizaciones y lotificaciones, las calles, zonas verdes y demás espacios destinados al uso público quedan consagrados al dominio público con el registro de los planos. Párrafo I. No es necesario emitir certificados de título sobre los inmuebles destinados al dominio público. Párrafo II. El dominio público es imprescriptible, inalienable, inembargable y no procede el saneamiento sobre el mismo a favor de ninguna persona física o moral. 8) Con relación al tema que nos ocupa, conviene destacar, asimismo, lo que se indica a continuación:
a) Según el artículo 147.9 de la Ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del dieciocho (18) de agosto del año dos mil (2000), se consideran bienes de dominio público marítimo-terrestre: “los islotes y cayos en aguas interiores y mar territorial, o aquellos que estén formados o se formen por causas naturales”.
b) El artículo 34 (Transitorio) de la indicada ley dispone que el sistema nacional de áreas protegidas de la República Dominicana se encuentra constituido por las “unidades y categorías de conservación” establecidas en una serie de leyes y decretos (enunciadas por dicho artículo), “así como por otras piezas legales y/o administrativas que se adopten en el porvenir”.
c) El aludido artículo 34, en su acápite 19, incluye al decreto núm. 233-96, del treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), que crea diversos parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna silvestre y áreas nacionales de recreo.
d) Entre las áreas nacionales de recreo creadas por dicho decreto, y ratificadas por el referido artículo 34, se encuentra el islote Cayo Levantado.
e) El artículo 34 también deja constancia de que el mencionado decreto núm. 233-96 autoriza al Comité Nacional “El Hombre y la Biosfera” (MAB dominicano), a introducir propuestas para la creación de las reservas de biosfera en la República Dominicana al Comité MAB de la UNESCO.
f) Entre las propuestas formuladas por dicho organismo, para ser instituida como reserva de la biosfera, figura “la bahía de Samaná”, de cuyo entorno forma parte integrante el islote Cayo Levantado. 9) En este mismo orden de ideas, conviene asimismo considerar que, según el artículo 16 de la Constitución: La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas protegidas y los ecosistemas y especies que contienen, constituyen bienes patrimoniales de la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los límites de las áreas protegidas sólo pueden ser reducidos por ley con las dos terceras partes de los votos de los miembros de las Cámara del Congreso Nacional. 10) El carácter de inalienable de los referidos bienes se consagra también en el artículo 145 de la Ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece lo siguiente: Los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas pertenecen al Estado dominicano y, por tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Todo ciudadano tiene el derecho a su pleno disfrute, salvo las limitaciones que impone la seguridad nacional, lo cual será objeto de reglamentación. 11) En los textos precedentemente transcritos se evidencia la enorme importancia asignada por la Constitución y las leyes a los bienes que pertenecen al dominio público, puesto que en dichos textos se consagra de manera expresa su inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. El nivel de protección de los indicados bienes se advierte, además, porque para que el Congreso Nacional pueda reducir las áreas protegidas se exige un quórum agravado: el voto de las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras legislativas. 12) Obsérvese que ese quórum resulta superior al exigido para la aprobación de las leyes orgánicas e incluso para la reforma de la Constitución.
En efecto, en estos dos últimos casos se requiere de las dos terceras partes de los presentes en la sesión, mientras que cuando se trata de la aprobación de una ley que tiene como objetivo reducir un área protegida se necesita un quórum de las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras legislativas. Las dos terceras partes de los integrantes de ambas cámaras legislativas constituye un quórum más agravado que las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras porque, según el artículo 84 de la Constitución, para que las deliberaciones sean válidas solo es necesaria la presencia de más de la mitad de los legisladores. De lo anterior se infiere el marcado interés que tuvo el constituyente en proteger los bienes del dominio público. 13) Por último, conviene señalar que nos encontramos ante un caso que no ha llegado a su fin ante la justicia ordinaria (por cuanto se precisa agotar la segunda fase de la partición de que se trata), respecto a lo cual este tribunal constitucional ha fijado como criterio que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional precisa que la sentencia recurrida haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada 1 , por lo que solo podrá ser conocido una vez se haya terminado el proceso de forma definitiva 2 . Sin embargo, la especie justifica una excepción al precedente antes aludido, por tratarse de una cuestión a la que debió responder la Suprema Corte de Justicia en la primera fase a que se contrae el párrafo 10.3 de la presente sentencia, dado que en el proceso está envuelto un bien perteneciente al dominio público; omisión que puede dar lugar a que, en la segunda fase, figure el islote Cayo Levantado entre los bienes que integran el acervo sucesoral en cuestión, situación que este tribunal constitucional subsana 1 Cf.
Arts. 277 de la Constitución de la República y 53 de la Ley núm. 137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. 2 Véanse Sentencias TC/0053/13, del 9 de abril de 2013, y TC/0130/13, del 2 de agosto de 2013. procurando salvaguardar un bien perteneciente al dominio público que, por tanto, concierne a todos los dominicanos. 14) A la luz de la precedente argumentación, el Tribunal Constitucional estima que debe acogerse el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la remisión del expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que el presente caso, en aplicación del artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11 sea conocido nuevamente: “con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional (…)”. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del Magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los Magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez; así como también el voto disidente del Magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Inversiones Whale Bahía S. A., operadora del hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado contra la Sentencia núm. 420, dictada el día catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR la sentencia recurrida.
TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que la Sala Civil conozca de nuevo el recurso de casación para que establezca la naturaleza jurídica del siguiente bien inmueble: islote ubicado dentro de la provincia Samaná y que se conoce como Cayo Levantado.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Inversiones Whale Bahía S. A., operadora del hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado, y a los recurridos, los sucesores de los finados Andrés Trinidad Mejía y María Josefa Díaz.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm.137-11.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0194/13, del 31 de octubre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0194-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.