Sentencia TC/0203/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de noviembre de 2013 · Expediente TC-05-2012-0024

recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Juan Prebisterio Meli, contra la Sentencia núm. 008-2012, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la seguridad social

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0203/13?

El Tribunal admitió la revisión por su especial trascendencia constitucional, pues planteaba cuestiones sobre la igualdad, la protección de las personas de la tercera edad y con discapacidad y la seguridad social que aún no había esclarecido (TC/0203/13, numeral 9, a–d, pág. 9). La seguridad social es un derecho fundamental de carácter prestacional, exigible por amparo según las circunstancias del caso. La edad avanzada y la discapacidad del recurrente exigían una protección reforzada, sin dispensarlo de acreditar los requisitos legales de la pensión (TC/0203/13, numeral 10, f–j, pág. 12).

Aunque el recurrente no interpuso el recurso de inconformidad disponible ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el juez de amparo no verificó si cumplía los requisitos de la pensión ni valoró la prueba médica, como exigían los principios de efectividad, favorabilidad y oficiosidad (TC/0203/13, numeral 10, o–r, pág. 14; TC/0203/13, numeral 10, s–v, pág. 15; TC/0203/13, numeral 10, y–aa, pág. 17). La demora indebida de la administradora vulneró derechos fundamentales del recurrente, y someterlo a otra espera podía privarlo de una protección oportuna (TC/0203/13, numeral 10, oo–qq, pág. 23). Los certificados médicos permitieron al Tribunal comprobar que el accidente laboral le causó una discapacidad permanente total que lo inhabilitaba para ejercer cualquier profesión u oficio, por lo que procedía reconocerle una pensión del 70 % de su salario base (TC/0203/13, numeral 10, rr, pág. 24).

Decisión

Admite y acoge el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 008-2012 y acoge la acción de amparo. Ordena a la ARLSS y al IDSS reconocer y pagar la pensión por discapacidad, equivalente al 70 % del salario base, con efecto retroactivo desde que el recurrente dejó de percibir su salario a raíz del accidente laboral; fija un plazo máximo de sesenta días desde la notificación para ejecutar los ordinales tercero y cuarto e impone una astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo a favor del Hogar de Ancianos Capotillo.

Citas textuales clave

“El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, como tal inherente a la persona, y es, asimismo, un derecho prestacional, en la medida en que implica un derecho a recibir prestaciones del Estado.” (TC/0203/13, numeral 10, f–j, pág. 12)
“Sin embargo, para hacer valer su derecho, el reclamante debe acreditar su procedencia, y cumplir con los requisitos establecidos por algunas leyes particulares.” (TC/0203/13, numeral 10, f–j, pág. 12)
“Por lo anterior, promover la posibilidad de que la parte recurrente se someta a una nueva espera frente a la administración, contra la que, como ocurre usualmente con los envejecientes, el tiempo obrará con inclemencia redoblada, sería someterlo, asimismo, a la incertidumbre de si va a recibir o no, en tiempo razonable, la protección que probablemente ni siquiera tenga la oportunidad de disfrutar.” (TC/0203/13, numeral 10, oo–qq, pág. 23)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 7, 8, 39, 57, 58, 60, 72, 74 y 217.

Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 94, 95 y 100.

Ley núm. 87-01: artículos 185, 188, 195.c, 196.c y 208.

Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales: artículo 4.

Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículo 25.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: artículo 9.

Convención Americana de Derechos Humanos: artículo 26.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12; Corte Constitucional de Colombia: T 431-11, T-56 de 1994, T-456 de 1994, T-295 de 1999, T-827 de 1999 y T-426-92; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Cinco Pensionistas vs. Perú, sentencia de 28 de febrero de 2003.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el caso se contrae a un conflicto entre Juan Prebisterio Meli y la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS). El primero ha reclamado derechos de carácter laboral y económico, y la segunda ha rechazado su solicitud de pensión por accidente laboral. Ante esta negativa, dicho ciudadano elevó su reclamo al Tribunal Superior Administrativo, en atribuciones de juez de amparo, que rechazó su demanda, decisión que, entonces, ha recurrido ante este tribunal.

TC/0203/13, numeral 7, pág. 8 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a las siguientes razones:

a. La Ley núm. 137-11, en su artículo 94, consagra la posibilidad de que todas “las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional”; y en el 95 establece un plazo de cinco días, a partir de la fecha de notificación de la sentencia a recurrir.

b. Asimismo, dicha ley, en su artículo 100, sujeta la admisibilidad de dicho recurso “a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada”, la cual será apreciada por el Tribunal Constitucional “atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”.

c. Este tribunal fijó su posición en relación a la aplicación del referido artículo 100, mediante su Sentencia TC/0007/12, del 22 de marzo de 2012.

d. En la especie, se contempla un supuesto de violación a los derechos fundamentales de igualdad, protección de las personas de la tercera edad y con discapacidad, y a la seguridad social, consagrados en los artículos 39, 57, 58 y 60 de la Constitución de la República, sobre los cuales el Tribunal Constitucional no ha establecido criterios que permitan su esclarecimiento, por lo que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo tiene especial trascendencia y relevancia constitucional y, por tanto, debe ser admitido.

TC/0203/13, numeral 9, a–d, pág. 9 — PDF oficial

10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo

Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:

a. La parte recurrente argumenta que, con la sentencia de amparo núm. 008- 2012, le han lesionado sus derechos a la igualdad, protección de las personas de la tercera edad y con discapacidad, y a la seguridad social, consagrados en los artículos 39, 57, 58 y 60, respectivamente, todos de la Constitución de la República.

b. La Constitución, en su artículo 72, consagra que: Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. Párrafo. Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo.

c. Del referido texto, conviene resaltar que se refiere no sólo a las acciones, sino también a las omisiones cometidas por las autoridades públicas y por los particulares, incluidas las personas privadas, físicas y jurídicas.

d. En la especie, la acción de amparo y el recurso de revisión constitucional en materia de amparo se han interpuesto para solventar la violación de derechos fundamentales que se imputa a la entidad Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS).

TC/0203/13, numeral 10, a–d, pág. 10 — PDF oficial

e. La Constitución consagra, asimismo: e.1 En su artículo 7, el Estado Social y Democrático de Derecho, “(…) fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales (…)” 1 , entre otros atributos. e.2 En su artículo 8, como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas 2 . e.3 En su artículo 57, dedicado a la “protección de las personas de la tercera edad”, que “la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y 1 El subrayado es nuestro. 2 Los subrayados son nuestros. la asistencia de las personas de la tercera edad” y, asimismo, que el Estado “garantizará los servicios de la seguridad social integral”. e.4 En su artículo 58, la responsabilidad fundamental del Estado en la promoción, protección y aseguramiento del “goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad 3 , en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades”, para lo cual el Estado “adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política”. e.5 En su artículo 60, el derecho a la seguridad social en favor de todas las personas y, en tal sentido, la responsabilidad del Estado en la estimulación de su “desarrollo progresivo (…) para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez” 4 .

TC/0203/13, numeral 10, e, pág. 11 — PDF oficial

f. El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, como tal inherente a la persona, y es, asimismo, un derecho prestacional, en la medida en que implica un derecho a recibir prestaciones del Estado.

g. En los textos transcritos se aprecia claramente que el derecho a la seguridad social, en particular de las personas envejecientes y que sufren de alguna discapacidad, se encuentra revestido de la fuerza que aporta el texto supremo, que lo hace de cumplimiento obligatorio, máxime porque el derecho a la seguridad social responde también al principio de progresividad consagrado en el artículo 8 de la Constitución. 3 El subrayado es nuestro. 4 El subrayado es nuestro.

h. El derecho a la seguridad social constituye la garantía del derecho a vivir una vida digna frente al desempleo, la vejez, la discapacidad o la enfermedad. Sin embargo, el derecho a la seguridad social se sustenta en los principios de universalidad y solidaridad, y puede ser reivindicado mediante la acción de amparo; los jueces deben ponderar las particularidades de cada caso concreto.

i. En este caso, al tratarse de un amparo solicitado por una persona de avanzada edad y, además discapacitada, este tribunal constitucional acoge el “principio de la protección reforzada” 5 , desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia, cuya obligatoriedad se hace imperativa por disposición de los artículos 58 y 60 de la Constitución dominicana. Sin embargo, para hacer valer su derecho, el reclamante debe acreditar su procedencia, y cumplir con los requisitos establecidos por algunas leyes particulares.

j. Es el caso de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y que, en su artículo 208, prescribe que “las normas complementarias establecerán los procedimientos y recursos, amigables y contenciosos, relativos a la delegación de prestaciones y a la demora en otorgarlas”.

TC/0203/13, numeral 10, f–j, pág. 12 — PDF oficial

k. La finalidad y propósito del Seguro de Riesgos Laborales, según el artículo 185 de la Ley núm. 87-01, es precisamente la prevención y cobertura de los daños ocasionados por accidentes de trabajo y/o enfermedades a consecuencia del ejercicio profesional, incluyendo toda lesión corporal y todo estado mórbido que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que presta por cuenta ajena. Esta cobertura corresponde a las administradoras de riesgos laborales. 5 Sentencia T 431-11, del diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011).

l. Lo anterior implica, entonces, que cuando un asegurado quiera hacer valer su derecho a los servicios médicos, necesarios para atender un accidente de trabajo, debe reclamar su pago a la administradora de riesgos laborales, mediante los procedimientos previstos por la ley y los reglamentos complementarios.

m. En todo caso, dichos pagos están sujetos a la supervisión de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, cuya función principal es la de velar por el estricto cumplimiento de la Ley núm. 87-01 y sus normas complementarias, proteger los intereses de los afiliados y vigilar la solvencia financiera de los organismos que componen el sistema dominicano de seguridad social.

n. Por su parte, el Reglamento del Seguro de Riesgos Laborales, en su artículo 4, precisa que el seguro de riesgos laborales es el mecanismo financiero por medio del cual, con base en el aporte de una contribución de parte del empleador, se garantiza que el trabajador sea compensado debido a un accidente de trabajo o a una enfermedad ocupacional que, como consecuencia, le hayan ocasionado alguna lesión corporal o estado mórbido.

TC/0203/13, numeral 10, k–n, pág. 13 — PDF oficial

o. La Ley núm. 87-01 prescribe, en su artículo 188, que en casos como el que nos ocupa, cuando el trabajador no se sienta conforme o satisfecho con la calificación que del accidente o enfermedad haga el facultativo asignado, tendrá derecho a interponer un recurso de inconformidad, todo ello sin perjuicio de su derecho a obtener las indemnizaciones correspondientes.

p. En la especie, la parte recurrida ha sostenido la posición de que la fractura del recurrente está consolidada, y que su dolor lumbar y dificultad para la marcha no guardan relación con su accidente laboral, ni tiene secuelas producto del accidente y que su lesión es degenerativa por la edad.

q. Al mismo tiempo, la parte recurrente tenía en su poder un informe clínico con diagnóstico de lesión permanente e inaptitud para el trabajo, resultado de una serie de procedimientos y evaluaciones hechas en ocasión del accidente laboral sufrido mientras realizaba sus labores como maquinista en el Ayuntamiento de la provincia Santo Domingo Este.

r. En tal situación, caracterizada por la contradicción de diagnósticos y por la inconformidad del recurrente frente a la posición asumida por la recurrida, el recurrente tenía la posibilidad legal de interponer, ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, un recurso de inconformidad, a partir del cual esta entidad podía solicitar una nueva evaluación de la discapacidad del asegurado y crear una comisión de especialistas, incluyendo un médico ocupacional autorizado por la parte recurrida, para revisar su caso y emitir un fallo en un plazo de tres (3) meses.

TC/0203/13, numeral 10, o–r, pág. 14 — PDF oficial

s. Resulta ineludible reconocer que el eventual beneficiario de una pensión por discapacidad, y recurrente en revisión ante este tribunal constitucional, no ha agotado todos los procedimientos previstos en la Ley núm. 87-01 y en sus normas complementarias y, por el contrario, se apresuró a interponer una acción de amparo sin antes acudir a las instancias competentes para reclamar y hacer efectivo el pago de los fondos de los cuales se entiende beneficiario.

t. Sin embargo, el Tribunal Superior Administrativo, apoderado de una acción de amparo –que, conforme el artículo 72 de la Constitución, es preferente, sumaria y no sujeta a formalidades y que, en tal virtud, impone unas particulares sensibilidad y proactividad respecto de la situación del accionante–, no tuvo la iniciativa de verificar, y no verificó, si se encontraba acreditada la procedencia del derecho a la pensión, por haber cumplido con los requisitos legales.

u. Es sobre la ausencia de esa verificación que el tribunal de amparo ha concluido que no hay violación alguna –ni amenaza de conculcación– a un derecho fundamental, y ha procedido, consecuentemente, a desestimar la acción de amparo.

v. Así, lo anterior plantea la necesidad de verificar si el Tribunal Superior Administrativo, apoderado de una acción de amparo en reclamo de la restauración de unos derechos fundamentales, ha prestado a estos la atención que la Constitución y las leyes imponen, visto que es reconocida la procedencia de la acción, aun en ausencia de lesión, en aquellos casos en que es previsible, a la luz del caso concreto, que pudiera producirse la lesión de manera inminente. La jurisprudencia en derecho comparado exige que la amenaza cumpla las condiciones de certeza y de una cierta gravedad 6 .

TC/0203/13, numeral 10, s–v, pág. 15 — PDF oficial

w. Conviene recordar, en este sentido, que la Constitución de la República, en su artículo 74, instaura los principios que rigen la “interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales”, entre los cuales destacamos: 1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. 3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. 6 Sagués, Néstor Pedro. Citado por Balbuena Batista, Pedro; La Constitución comentada, FINJUS, segunda edición, Santo Domingo, 2012, p. 197. 4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos (…).

x. Por otro lado, la Ley núm. 137-11 es clara en cuanto a la actitud que se espera tenga el Tribunal Constitucional respecto de los derechos fundamentales. En tal sentido, en su artículo 7, consagra los principios rectores del sistema de justicia constitucional, entre otros, los de efectividad, favorabilidad y oficiosidad.

TC/0203/13, numeral 10, w–x, pág. 16 — PDF oficial

y. En la especie, es claro que esos principios han tenido, en el mejor de los casos, una vigencia débil en el accionar del juez de amparo. En efecto, no se aprecia la garantía de “la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos” ni la utilización de “los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada”, como ordena el principio de efectividad; ni se ha aplicado la Constitución y los derechos fundamentales “de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental”, como indica el principio de favorabilidad; ni se han adoptado “de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente”, como precisa el principio de oficiosidad.

z. Es por esto, reiteramos, que el juez de amparo no valoró que el accidente laboral del cual fue víctima la parte recurrente es una realidad, ocurrió el treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), fecha a partir de la cual no ha podido reincorporarse a la vida laboral por recomendación médica, según consta en los certificados e informes médicos ofrecidos como prueba, y cuya veracidad y validez no han sido cuestionadas.

aa. Tampoco valoró el juez de amparo el hecho de que no es sino en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil once (2011) que la parte recurrida responde que, según “el Dr. Cedeño”, la fractura sufrida por la parte recurrente está consolidada y que su dolor lumbar y dificultad para la marcha no tiene relación con el accidente sufrido, y, concluye entonces, que dicho accidente no le dejó secuelas y que su lesión es degenerativa, no por el accidente sino por su edad 7 .

TC/0203/13, numeral 10, y–aa, pág. 17 — PDF oficial

bb. De lo anterior, salta a la vista de cualquier observador, la evidencia de que el recurrente tuvo que esperar casi cuatro años después de sufrir el accidente –partiendo de la fecha en que ocurrió el mismo– para recibir una respuesta que, si bien le niega su pretensión, admite que ella padece de dolor lumbar y de dificultad para la marcha, así como que su lesión es degenerativa y que, en fin, se encuentra “no apto para el trabajo productivo”.

cc. Es importante resaltar que, si en el momento en que ocurre el accidente el recurrente tenía la edad de setenta y dos (72) años, a la fecha, este tribunal estima que debe tener setenta y ocho (78) años de edad. A propósito de esta aclaración, conviene destacar una tesis propuesta por la Corte Constitucional de Colombia, reconocida como la “tesis de la vida probable 8 ”, la cual consiste en la estimación de que, “cuando una persona sobrepasa el promedio de vida 7 Así se hace constar en la comunicación remitida por el Director Ejecutivo de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, de fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil diez (2010), recibida por Juan Prebisterio Meli el 18 de enero de 2011. 8 Es necesario aclarar que esa tesis se basa en estadísticas actualizadas cada cierta cantidad de años y que se enfocan en la expectativa de vida de los colombianos, que -según la sentencia T 431 de 2011- se incrementó de 72 a 74 años para el período 2006 a 2010 y estará en 76 años para el quinquenio comprendido entre los años 2015 y 2020. de los colombianos y que por su avanzada edad, ya no existiría para la fecha de una decisión dentro de un proceso judicial ordinario 9 ”.

TC/0203/13, numeral 10, bb–cc, pág. 18 — PDF oficial

dd. Conforme al criterio de la referida corte constitucional: Si una persona sobrepasa (78 años para el caso) el índice de promedio de vida de los colombianos (actualmente en 74), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existiría para el momento que se produjera la decisión judicial, debido a su edad avanzada, unido esto al alto volumen de procesos que razonablemente producen demora en la decisión, pese al comportamiento diligente del juzgador, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente, mientras se decide el fondo del asunto por el juez natural, se ordene el respeto a su derecho.

ee. En este sentido, resulta importante retener que la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe, en su artículo 25, que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, así mismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 9 Sentencia T 431 de 2011, citada, y en las en las sentencias T-56 de 1994, T-456 de 1994, T-295 de 1999, T- 827 de 1999, entre otras.

ff. En ese mismo tenor, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

TC/0203/13, numeral 10, dd–ff, pág. 19 — PDF oficial

gg. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han sido ratificados por el Estado dominicano y, en tal virtud, forman parte del ordenamiento nacional.

hh. Como se ha indicado, el artículo 57 de la Constitución de la República Dominicana reconoce como un derecho fundamental la protección de las personas de la tercera edad y, en tal virtud, el Estado se obliga a garantizar los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia, compromiso que se afianza con la previsión del artículo 217 del texto supremo, que consagra el principio de que el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano y se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad.

ii. Para hablar de desarrollo humano, justicia social, equidad, igualdad de oportunidades y solidaridad, no basta con que el texto supremo consagre su interés de alcanzar esa zona de bienestar y dignidad, ni que establezca las pautas a seguir para lograrlo. Es necesario, más aun, que los mecanismos creados por el constituyente y el legislador sean realmente efectivos, logren realizar los principios sobre los cuales se fundan, tales como los de eficacia, de razonabilidad y de celeridad, todos los cuales quedan vulnerados y, con ellos, la integridad de algunos derechos fundamentales, cuando, como en la especie, la administración no ha sido lo suficientemente proactiva y sensible para atender los reclamos de un trabajador que, por las condiciones propias de su existencia particular, conforman y definen prácticamente su vida.

TC/0203/13, numeral 10, gg–ii, pág. 20 — PDF oficial

jj. En un Estado Social y Democrático de Derecho, es función esencial la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco tanto de libertad individual como de justicia social que sean compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, lo cual es posible cuando se cuenta con una administración pública cuya actuación se encuentre sujeta a los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación.

kk. Así, la eficacia en la actuación de la administración es uno de los soportes que garantizan la realización de las personas que conforman un Estado y la protección efectiva de sus derechos fundamentales, por lo que es innegable que la tardanza innecesaria e indebida en la atención a las solicitudes de los particulares pueden constituirse en violaciones a derechos fundamentales, máxime cuando éstos derechos se encuentran íntimamente vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas para la subsistencia digna de una persona envejeciente que, sin las atenciones mínimas, se expone a penurias y enfermedades, por lo que su atención debe ser una prioridad para el Estado.

TC/0203/13, numeral 10, jj–kk, pág. 21 — PDF oficial

ll. Esta prioridad responde de manera directa al compromiso de los Estados, que conforman el sistema interamericano de Derechos Humanos, de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, tal y como lo prescribe el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto significa que “los gobiernos tienen la obligación de asegurar condiciones que, de acuerdo con los recursos materiales del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de tales derechos”, lo que a su vez “exige en la mayoría de los casos un gasto público destinado a programas sociales”, y, por tanto, exige además “el uso efectivo de los recursos disponibles para garantizar un nivel de vida mínimo para todos” 10 . Aquí se encuentra la base del principio de realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen una dimensión tanto individual como colectiva, por lo que su desarrollo progresivo se debe medir teniendo presentes los imperativos de la equidad social 11 .

mm. Por otro lado, la celeridad y razonabilidad en el cumplimiento de los plazos por parte de la administración son esenciales para que se resuelva la solicitud de un particular y éste, a su vez, pueda utilizar los mecanismos puestos a su disposición, dentro del tiempo razonable, a los fines de obtener la respuesta correspondiente.

TC/0203/13, numeral 10, ll–mm, pág. 21 — PDF oficial

nn. Al respecto, la Corte de Colombia sostuvo 12 , a partir de un análisis del diseño de la función pública, que la razonabilidad del plazo para arribar a una pronta resolución se determina sopesando los factores inherentes a la entidad que reciba la solicitud, como el tiempo exigido para el procesamiento de las peticiones, conjuntamente con otros criterios de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales del respectivo despacho; es por ello que fuera del incumplimiento del plazo legal establecido para resolver una 10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos. Informe Anual 1993, Cap. V. Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 11 C. Cinco Pensionistas vs. Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. 12 Sentencia T-426-92, del veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). petición ante la entidad respectiva, de suyo ya reprobable y sancionable en los términos de la ley, un retraso no justificado en la tramitación de una solicitud se hace patente, entre otros casos de flagrante y exorbitante conducta morosa no compatible con un Estado social de derecho eficiente y célere, cuando la duración promedio para resolver se excede en el doble del tiempo requerido para evacuar dicho trabajo en la entidad, o cuando el responsable para resolver se aparta del rendimiento medio de los funcionarios que desempeñan un trabajo similar (sic).

TC/0203/13, numeral 10, nn, pág. 22 — PDF oficial

oo. Muy por el contrario, en el caso que nos ocupa, la parte recurrente ha tenido una larga espera para obtener respuesta a su solicitud, en su circunstancia especial de no encontrarse apto para la realización de ningún trabajo productivo, y sin que el tiempo se detenga a su favor sino, muy por el contrario, con una lesión degenerativa, todo lo cual evidencia que la dilación indebida por parte de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura ha implicado serias violaciones a sus derechos fundamentales y que pueden, a su vez, desencadenar conculcaciones a otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, y que este tribunal constitucional, en este caso concreto, se ha determinado a proteger.

pp. Por lo anterior, promover la posibilidad de que la parte recurrente se someta a una nueva espera frente a la administración, contra la que, como ocurre usualmente con los envejecientes, el tiempo obrará con inclemencia redoblada, sería someterlo, asimismo, a la incertidumbre de si va a recibir o no, en tiempo razonable, la protección que probablemente ni siquiera tenga la oportunidad de disfrutar.

qq. La parte recurrente no debe cargar con la inobservancia de los principios que rigen a la Administración Pública, descentralizada, y a sus órganos autónomos y desconcentrados, y que en este caso ha hecho la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura, como entidad pública que pertenece al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), órgano autónomo del Estado que tiene a su cargo la administración y prestación de los servicios del Seguro de Riesgos del Trabajo, y que a su vez forman parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

TC/0203/13, numeral 10, oo–qq, pág. 23 — PDF oficial

rr. Lo anterior implica que este tribunal constitucional debe revocar la sentencia de amparo, ya que obran en el expediente sendos certificados médicos, de validez incuestionable, que permiten a este tribunal constitucional verificar el estado de discapacidad de la parte recurrente, sobrevenida a consecuencia de un accidente laboral, por lo que está en condiciones de recibir la debida protección del Estado, y para que la administración correspondiente realice la función para la cual fue creada: proceder a reconocer a Juan Prebisterio Meli su derecho a una pensión correspondiente al setenta por ciento (70%) de su salario base por discapacidad permanente total al haber quedado inhabilitado, permanentemente y por completo, para ejercer cualquier profesión u oficio, sin poder dedicarse a otra actividad, conforme a las previsiones de los artículos 195.c y 196.c de la Ley núm. 87-01. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firmas del magistrado Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; así como también el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0203/13, numeral 10, rr, pág. 24 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Juan Prebisterio Meli, contra la Sentencia núm. 008-2012, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: ACOGER el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Juan Prebisterio Meli y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 008-2012, descrita en el ordinal precedente.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo incoada por Juan Prebisterio Meli contra la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS).

CUARTO: DISPONER que la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) reconozcan y autoricen al recurrente, Juan Prebisterio Meli, la compensación y pago correspondiente a la pensión por discapacidad que le corresponde, por el monto del setenta por ciento (70%) de su salario base.

QUINTO: DISPONER que la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) cumplan de manera retroactiva con lo dispuesto en el ordinal anterior, es decir, desde el momento en que dejó de percibir su salario en ocasión del accidente de trabajo.

SEXTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales tercero y cuarto de este dispositivo sean ejecutados en un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar de la notificación de esta sentencia.

SEPTIMO: IMPONER una astreinte de DIEZ MIL PESOS ORO DOMINICANO CON 00/100 (RD$10,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contra la Administradora de Riesgos Laborares Salud Segura (ARLSS) y del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), en favor del Hogar de Ancianos Capotillo.

OCTAVO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Juan Prebisterio Meli, a la parte recurrida, Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS), al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y a la Procuraduría General Administrativa.

NOVENO: DECLARAR los efectos de la presente sentencia oponibles solo a las partes identificadas en el presente dispositivo.

DÉCIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de la Ley núm. 137-11. DÉCIMO

PRIMERO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0203/13, del 20 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0203-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.