Sentencia TC/0206/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 3 de septiembre de 2014 · Expediente TC-08-2012-0042

Recurso de casación incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 120-2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0206/14?

El recurso reviste especial trascendencia o relevancia constitucional porque permite al Tribunal fijar su posición sobre el derecho a ser juzgado por el juez legalmente competente. Esta garantía, que el Tribunal infiere del artículo 8.2.j de la Constitución de 2002 y reconoce en el artículo 69.2 de la Constitución vigente, está ligada a la independencia y la imparcialidad judicial. Para resolver el conflicto tributario, el Código Tributario atribuye competencia a la DGII en sede administrativa y al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (actualmente Tribunal Superior Administrativo) en sede jurisdiccional (TC/0206/14, numeral 9, a–b, pág. 18) (TC/0206/14, numeral 9, c, pág. 19) (TC/0206/14, numeral 10, j, pág. 22).

El Tribunal constató que en el expediente no constaba la notificación de la demanda ni del recurso de apelación al Ministerio Público y que la sentencia recurrida no lo mencionó al declarar el defecto por incomparecencia de la DGII. Consideró que el incumplimiento del deber previsto en el artículo 19 de la Ley núm. 1486 derivó de haber acudido a la jurisdicción civil en vez de a la contencioso-administrativa, en la que la presencia del Ministerio Público es indispensable para constituir el tribunal. Concluyó que la sentencia vulneró tanto el derecho de la DGII a ser juzgada por el juez predeterminado por la ley como su derecho de defensa (TC/0206/14, numeral 10, j, pág. 22).

Decisión

Admite y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la DGII, anula en todas sus partes la Sentencia núm. 120-2009 y confirma la Ordenanza núm. 38-09, que declaró inadmisible por notoriamente improcedente la acción de amparo de Inmobiliaria del Cabo, S.A. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“En definitiva, el derecho a ser juzgado por el juez competente constituye una garantía procesal con rango de derecho fundamental íntimamente unido a la imparcialidad e independencia judicial en sus dos manifestaciones: en razón de la materia y del territorio.” (TC/0206/14, numeral 10, j, pág. 22).
“De manera que es el propio Código Tributario –ley especial en materia de tributos– el que establece la jurisdicción competente para resolver los conflictos que surjan entre la Administración y los particulares en el ejercicio de las funciones que le atribuye la ley.” (TC/0206/14, numeral 10, j, pág. 22).
“En definitiva, como resultado del examen de la sentencia recurrida este tribunal determina que la misma vulnera el derecho fundamental de la parte recurrente a ser juzgada por el juez predeterminado por la ley, así como también su derecho de defensa.” (TC/0206/14, numeral 10, j, pág. 22).

Normas interpretadas

Constitución de 2002: artículo 8.2.j.

Constitución vigente: artículos 69.2, 69.7 y 72, in fine.

Ley núm. 11-92 (Código Tributario): artículos 57 a 90 y 141.

Ley núm. 1486: artículo 19.

Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En fecha trece (13) de abril de dos mil nueve (2009) la sociedad Inmobiliaria del Cabo, S.A. (INCABOSA) formuló una consulta técnica a la Dirección General de Impuestos Internos (en adelante, “DGII”) en relación con el tratamiento que dicha entidad debe dar a los activos que fueron ajustados con la amnistía fiscal establecida por la Ley núm. 288-04. La DGII contestó la consulta indicando, entre otros, que los valores originados por el ajuste producido por la amnistía fiscal no forman parte de la base imponible para el cálculo de los activos. El conflicto se origina cuando con posterioridad a dicha consulta, la DGII, a través de la Administración Local de San Pedro de Macorís, solicitó a dicha entidad el pago de los activos correspondientes al período 12-2007 y 6-2008. Frente a esta solicitud la entidad interpuso un recurso de reconsideración y, acto seguido, acción de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. En su recurso de amparo la sociedad Inmobiliaria del Cabo, S.A. (INCABOSA) solicitó, entre otros, que la DGII cese en las persecuciones del cobro de los activos indicados, mientras que la DGII alegó, entre otros, que dicho cobro obedece a un cambio legislativo que deja sin efecto el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley núm. 288-04, que regulaba la amnistía invocada por la sociedad. El juez de amparo decidió declarar inadmisible la acción por considerarla notoriamente improcedente tras valorar que dicha controversia debió ser ventilada a través de los recursos administrativos y, en su caso, ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (actualmente, Tribunal Superior Administrativo), tal como establece el Código Tributario. Esta decisión fue apelada ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, que decidió, entre otros, declarar el defecto por incomparecencia de la DGII y ordenar a la DGII el cese definitivo de las persecuciones de cobro indicadas, en virtud del efecto vinculante de la consulta realizada por la sociedad Inmobiliaria del Cabo, S. A. Esta decisión fue recurrida en casación por la DGII el diez (10) de julio de dos mil nueve (2009) y, en fecha primero (1º) de febrero de dos mil trece (2013), la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio de la Resolución núm. 7734-2012, se declaró incompetente para conocer del recurso y lo remitió al Tribunal Constitucional para su conocimiento y decisión.

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9. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en

materia de amparo Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido:

a. El indicado artículo establece que: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. Sobre el contenido que encierra el concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal ha señalado, en la Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), que reúnen esta condición aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

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c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el Tribunal fijará posición con respecto a la necesidad de ser juzgado por el juez legamente competente, como derecho y garantía fundamental que se establece en el artículo 69.7 1 de la Constitución. 1 En la Constitución dominicana de 2002 (constitución vigente al momento de interposición del recurso de amparo), esta misma garantía se infería del artículo 8.2.j) en términos de que: Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para

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10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo Tal como ha sido apuntado, este litigio surge a raíz de una consulta que realiza la sociedad Inmobiliaria del Cabo, S.A. a la DGII sobre la aplicación de una amnistía en la exigibilidad del cobro de unos impuestos y sobre cuya respuesta la sociedad exige a la DGII la vinculación, no obstante dicha amnistía haber quedado derogada en virtud de una modificación normativa. En esta fase del proceso, la parte recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), le solicita a este tribunal que sea revocada la sentencia recurrida y enviada al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (actualmente, Tribunal Superior Administrativo), debido a que vulnera el derecho fundamental al debido proceso de ley regulado en el artículo 8.2.j de la Constitución de dos mil dos (2002), en la medida en que dicha jurisdicción no es la competente para conocer el conflicto y la Corte de Apelación no cumplió con su obligación legal de convocar al representante del Ministerio Público. En este sentido, a continuación iniciaremos el examen de los derechos fundamentales que la parte recurrente alega que dicha sentencia le vulnera, atendiendo a los aspectos que fueron planteados en su escrito de recurso, esto es: a) el derecho a ser juzgado mediante los procedimientos que establezca la ley, de acuerdo con el artículo 8.2.j de la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), en relación con los artículos 139, 141 y 187 de la Ley núm. 11-92, que instituye el Código Tributario de la República Dominicana; b) la obligación legal de convocar al representante legal del Ministerio Público, de asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa.

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Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres. acuerdo con lo establecido por el artículo 8.2.j de la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), en relación con el artículo 19 de la Ley núm. 1486 del veintiocho (28) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938). A. Sobre la presunta vulneración del derecho a ser juzgado mediante los procedimientos que establezca la ley Al respecto, en su escrito la parte recurrente señala que la Corte de Apelación, al decidir el recurso interpuesto por la sociedad Inmobiliaria del Cabo, S.A., no valoró el hecho de que, tal como había fallado el juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con la Ley núm. 437-06, dicho recurso resultaba inadmisible por ser notoriamente improcedente debido a que, de conformidad con el Codigo Tributario Dominicano, la via competente era la contencioso-administrativa 2 . En este sentido, la parte recurrente señala que la sentencia dictada por la Corte de Apelación vulnera el artículo 8.2.j de la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), el cual textualmente establece lo siguiente: Artículo 8: Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.

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Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas: 2 A este respecto, téngase en cuenta que de conformidad con la derogada Ley núm. 437-06, los recursos de amparo podían ser acogidos o declarados notoriamente improcedentes, sin que dicha ley previera la posibilidad declarar la inadmisibilidad del recurso por la existencia de otra vía judicial que permita de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, tal como prevé el artículo 70.1 de la actualmente vigente Ley núm. 137-11. 2. La seguridad individual. En consecuencia:

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j) Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres. En efecto, de conformidad con el literal j, apartado 2, del artículo 8 de la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), ser juzgado por el juez predeterminado por la ley constituye una garantía procesal con carácter de derecho fundamental, que en términos del citado artículo vendría a ser una de las observancias de procedimiento que debían aplicarse. En la Constitución actualmente vigente, este derecho se regula en el artículo 69.2 en términos de que toda persona tiene “el derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una vía jurisdiccional competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley”. En este sentido, de acuerdo con la doctrina constitucional, la garantía de ser juzgado por el juez competente cumple con una doble finalidad: por un lado, evita cualquier tipo de manipulación en la administración de justicia, es decir, intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de conocer una litis, tenga lugar algún tipo de influencia en el resultado del proceso. Por otro lado, el derecho al juez predeterminado por la ley cumple una crucial función de pacificación en la medida en que las leyes dejan importantes márgenes de interpretación al juez y el hecho de que el órgano judicial competente esté constituido de antemano, según criterios públicos y objetivos para disipar posibles sospechas, hace que la decisión adoptada por el juez sea aceptable para la parte vencida en el juicio.

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En definitiva, el derecho a ser juzgado por el juez competente constituye una garantía procesal con rango de derecho fundamental íntimamente unido a la imparcialidad e independencia judicial en sus dos manifestaciones: en razón de la materia y del territorio. En el presente supuesto, tal como alega la parte recurrente, de conformidad con el Código Tributario Dominicano, Ley núm. 11-92 del veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992), la jurisdicción competente para conocer del conflicto planteado en este proceso es, en fase administrativa, la propia Dirección General de Impuestos Internos (de acuerdo con los artículos 57-90), y, en sede contenciosa, el Tribunal Contencioso y Tributario, según el artículo 141 de dicha ley (actualmente Tribunal Superior Administrativo). De manera que es el propio Código Tributario –ley especial en materia de tributos– el que establece la jurisdicción competente para resolver los conflictos que surjan entre la Administración y los particulares en el ejercicio de las funciones que le atribuye la ley. B.

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Sobre la presunta obligación legal de convocar al representante legal del Ministerio Público Al respecto, la parte recurrente arguye que la Corte de Apelación vulneró su derecho fundamental de defensa tambien regulado en el articulo 8.2.j de la Constitución de dos mil dos (2002) (artículo 69.4 de la Constitución vigente), en la medida en que no cumplió con la obligación legal relativa a que el tribunal no puede ser constituido sin la presencia del Ministerio Público en los casos en que el Estado sea parte del proceso, obligación prevista por el artículo 19 de la Ley núm. 1486 del veintiocho (28) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938), que textualmente establece lo siguiente: En las causas en que el Estado figure como parte, el Tribunal no puede constituirse sin la presencia del ministerio público, salvo solo en las Alcaldias y en el Tribunal de Tierras. Cuando, en la audiencia señalada para conocer de alguna demanda contra el Estado, el funcionario del ministerio publico que debe representarlo en la instancia, por falta de otro represente o mandatario, afirme al tribunal que no ha recibido de sus superiores las instrucciones necesarias para formular o justificar sus conclusiones, el tribunal debera reenviar el conocimiento de la causa para otro dia, sin que en ningun caso pueda acordarse de este modo un plazo de mas de treinta dias, contados desde la audiencia original, para el conocimiento de la causa. Al respecto, en ninguno de los documentos que forman el expediente se hace constar la notificación de la demanda ni del recurso de apelación al Ministerio Publico. De igual forma, la sentencia recurrida al decidir el defecto por incomparecencia de la DGII no hace alusión al Ministerio Público.

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En este sentido, este tribunal considera que el incumplimiento del deber que establece el artículo 19 de la Ley núm. 1486 del veintiocho (28) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938), es uno de los vicios que se derivan de la elección de la jurisdicción que no era la competente para ventilar el conflicto en cuestión. En efecto, en la jurisdicción civil el Ministerio Publico no es parte en el proceso, mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa la presencia del Ministerio Público es indispensable para que pueda constituirse el Tribunal. En ese orden, el incumplimiento de esta obligación viene a ser consecuencia de la vulneración del derecho fundamental a ser juzgado por el juez predeterminado por la ley, tal como fue explicado previamente. En definitiva, como resultado del examen de la sentencia recurrida este tribunal determina que la misma vulnera el derecho fundamental de la parte recurrente a ser juzgada por el juez predeterminado por la ley, así como también su derecho de defensa. En este sentido, el Tribunal procede a acoger el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos y, en consecuencia, decide revocar la sentencia recurrida y confirmar la ordenanza dictada por el juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís del dieciséis (16) de marzo de dos mil nueve (2009), que declara inadmisible la solicitud de amparo presentada por Inmobiliaria del Cabo, S.A, por considerarla notoriamente improcedente, tras determinar que la jurisdicción competente para resolver el conflicto es la propia Dirección General de Impuestos Internos en sede administrativa, y el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (actualmente Tribunal Superior Administrativo) en sede jurisdiccional.

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Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

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Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el diez (10) de julio de dos mil nueve (2009), contra la Sentencia núm. 120-2009, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR en todas sus partes la sentencia recurrida.

TERCERO: CONFIRMAR la Ordenanza núm. 38-09, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el dieciséis (16) de marzo de dos mil nueve (2009).

CUARTO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y a la parte recurrida, Inmobiliaria del Cabo, S.A.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0206/14, del 3 de septiembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0206-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.