Sentencia TC/0223/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de julio de 2018 · Expediente TC-01-2014-0020
Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la razón social Voz, S. R. L., contra el artículo 1384 del Código Civil dominicano
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0223/18?
Voz, S. R. L., tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido porque fue condenada al pago de una indemnización con fundamento en el artículo 1384 del Código Civil. Su escrito identifica con claridad y precisión la infracción constitucional que atribuye a ese artículo y satisface los requisitos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia. La acción se dirige contra una disposición legal, no contra la sentencia civil aportada para acreditar la legitimación ni contra un mero criterio jurisprudencial: la presunción cuestionada tiene su fundamento en la parte final del propio artículo 1384 (TC/0223/18, numeral 8, d, pág. 12; TC/0223/18, numeral 9, d–e, pág. 14; TC/0223/18, numeral 9, f–g, pág. 14; TC/0223/18, numeral 9, 14.1–h, pág. 15; TC/0223/18, numeral 9, k–l, pág. 17; TC/0223/18, numeral 9, m–o, pág. 18).
La presunción legal de responsabilidad del guardián de la cosa inanimada no vulnera la igualdad procesal. Aunque dispensa a la víctima de probar la falta del guardián, no la exime de acreditar la intervención activa de la cosa, que esta escapó al control material del guardián y el nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño. La sola prueba de ausencia de culpa no destruye la presunción, pero el guardián puede desvirtuarla si acredita un caso fortuito o de fuerza mayor, la falta exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero. Esa distribución de la prueba preserva la igualdad de armas entre la víctima y el guardián (TC/0223/18, numeral 11, o–q, pág. 28; TC/0223/18, numeral 11, r–s, pág. 28; TC/0223/18, numeral 11, t–u, pág. 29).
Decisión
Admite en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme a la Constitución el artículo 1384 del Código Civil dominicano. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la notificación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“las presunciones comportan un desplazamiento de la prueba de determinados hechos, pues su fin radica en deducir de un hecho conocido la existencia de un hecho desconocido que se intenta probar” (TC/0223/18, numeral 11, i–l, pág. 26).
“ella deja de existir ante la prueba de que el daño ocurrido es producto (i) de un caso fortuito o de fuerza mayor, (ii) de la falta exclusiva de la víctima o (iii) del hecho de un tercero” (TC/0223/18, numeral 11, o–q, pág. 28).
“no se excluye a la víctima del deber de probar la participación activa de la cosa en la consumación del daño, ni que ella haya escapado del control material del guardián o la existencia del nexo de causalidad entre el hecho de la cosa y el daño” (TC/0223/18, numeral 11, r–s, pág. 28).
Normas interpretadas
Constitución dominicana: artículos 6, 39, 69.4 y 185.1.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 36, 37 y 38.
Código Civil dominicano: artículos 1349, 1350, 1352 y 1384.
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: artículo 14.1.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0594/16, TC/0150/13, TC/0068/12, TC/0054/12, TC/0022/12 y TC/0044/12. Suprema Corte de Justicia: sentencias núm. 5, de 21 de diciembre de 1931; núm. 3, de 11 de agosto de 1933; y núm. 4, de 26 de septiembre de 1944.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Legitimación activa o calidad de la accionante
a. La calidad que debe exhibir la parte que interpone la acción directa de inconstitucionalidad, en términos de este tribunal, supone “la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes”. 1
b. El artículo 185, numeral 1), constitucional, sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. (…).
c. Asimismo, el artículo 37 de la citada ley núm. 137-11, reproduce las disposiciones instauradas por el legislador constituyente en cuanto a la calidad para accionar en esta clase de procedimiento constitucional. En efecto, coinciden con que toda persona revestida de un “interés legítimo y jurídicamente protegido” puede interponer tal acción.
d. En el presente caso, visto que el objeto de esta acción directa de inconstitucionalidad lo constituye la impugnación del artículo 1384 del Código Civil dominicano ─específicamente el aspecto relativo a la presunción de responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada─ es necesario tomar en cuenta que la aplicación del citado texto puede afectar a todas las personas que sean 1 Tribunal Constitucional dominicano. Sentencia TC/0594/16, del veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). sometidas a un proceso de justicia ordinaria con la intención de que se evalúe si su responsabilidad civil se encuentra comprometida. Este tribunal considera que la razón social Voz, S. R. L. ─quien fue condenada al pago de una indemnización resarcitoria conforme a la Sentencia civil núm. 365-12-01218─, tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, y en consecuencia, goza de la legitimación requerida en la Constitución y la ley para tales fines.
9. Análisis de los planteamientos incidentales
a. En la audiencia celebrada el veinte (20) de junio de dos mil dieciséis (2016), la Cámara de Diputados planteó la inadmisibilidad de la presente acción directa de inconstitucionalidad, en virtud de que la parte accionante no dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 38 de la Ley núm. 137-11, ya que en su instancia introductoria no expuso, de manera clara y precisa, las disposiciones constitucionales vulneradas.
b. El artículo 38 de la referida ley núm. 137-11, sobre el contenido que debe exhibir el acto introductorio de una acción directa de inconstitucionalidad, establece: “El escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas”.
c. En efecto, en la lectura del el acto introductorio hemos podido constatar que la razón social Voz, S. R. L., sustenta su acción directa de inconstitucionalidad en el supuesto de que el artículo 1384 del Código Civil dominicano, cuando establece una presunción de responsabilidad civil sobre el guardián de la cosa inanimada, vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso, en la medida que se le confiere un trato desigual frente a la víctima reclamante, contrario a como sucede en los demás órdenes de responsabilidad civil, vulneraciones que proscriben el artículo 69.4 de la Constitución dominicana y 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
d. De lo anterior se desprende que en la especie no obra dificultad alguna para que el Tribunal Constitucional se adentre a valorar el único medio de inconstitucionalidad planteado por la accionante, pues no obstante a que su argumentación es bastante sucinta, la misma es clara, precisa y refiere con solidez los motivos y la disposición constitucional que considera vulnerada. Por tal razón, se impone rechazar el medio de inadmisión planteado por la Cámara de Diputados, pues la parte accionante satisfizo las previsiones del artículo 38 de la Ley núm. 137- 11, en su instancia introductoria del procedimiento constitucional que nos ocupa; valiendo esto decisión al respecto, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.
e. Asimismo, en la audiencia de referencia, el Senado de la República concluyó ratificando su opinión del dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016) y solicitando la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad por esta no cumplir con las formalidades mínimas de claridad, certeza, especificidad y pertinencia, que exigen para estos escritos la jurisprudencia constitucional y la Ley núm. 137-11.
f. Al respecto, este tribunal constitucional en la Sentencia TC/0150/13, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), realizó algunas precisiones sobre la claridad, certeza, especificidad y pertinencia que debe exhibir el escrito introductorio de toda acción directa de inconstitucionalidad, de la manera siguiente: Es decir, que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada. En tal virtud, la infracción constitucional debe tener: Claridad: Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos; Certeza: La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada; Especificidad: Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionado vulnera la Constitución de la República; Pertinencia: Los argumentos invocados deben de ser de naturaleza constitucional, y no legales o referidos a situaciones puramente individuales.
g. Contrario a lo argumentado por el Senado de la República, la presente acción directa de inconstitucionalidad se ajusta a lo presupuesto en el precedente de marras, ya que: (i) La infracción constitucional invocada se identifica de forma clara y precisa cuando la accionante indica que la presunción de responsabilidad civil desprendida del texto atacado ─artículo 1384 del Código Civil dominicano─ afecta su derecho fundamental y garantía constitucional a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso en cuanto a la igualdad procesal ─artículo 69.4 constitucional, y artículo
14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos─. (ii) La infracción a la Carta Magna denunciada por la accionante ─violación a la igualdad procesal─ se imputa a la norma infraconstitucional ─artículo 1384 del Código Civil dominicano─ atacada, motivo del cual se desprende la certidumbre de la acción ejercida, ya que es un supuesto de violación a la Carta Fundamental contra una norma legal vigente. (iii) La accionante ha sido específica al indicar que la norma atacada viola la Constitución cuando se coloca al guardián de la cosa inanimada en una situación de desigualdad procesal frente a la víctima. (iv) Por último, son pertinentes las imputaciones realizadas por la parte accionante en inconstitucionalidad, ya que refieren un supuesto de violaciones de naturaleza constitucional, como es la garantía a la igualdad procesal consagrada en el artículo
69.4 de la Carta Magna, para una tutela judicial efectiva y un debido proceso.
h. Por lo tanto, y en vista de que el presente caso satisface los presupuestos de claridad, certeza, especificidad y pertinencia precisados por este tribunal constitucional en el citado precedente contenido en la Sentencia TC/0150/13, que debe esbozar el escrito introductorio de la acción directa de inconstitucionalidad, ha lugar a rechazar el medio de inadmisión planteado por el Senado de la República. Lo anterior se dispone, y vale decisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia.
i. De su lado, el procurador general de la República plantea la inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad que nos ocupa considerando, en apego a lo establecido en los precedentes fijados mediante las sentencias TC/0068/12 y TC/0054/12, que: el objeto de la misma no está dirigido a su disposición normativa sino, a la presunción de responsabilidad del guardián de la cosa inanimada y a las excepciones para liberarse de la misma, que constituyen un contenido normativo fruto de la interpretación de los tribunales judiciales a partir de la indicada disposición.
j. En su Sentencia TC/0068/12, del veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), este tribunal indicó: 8.3.- Es una consecuencia obligada para la determinación de la admisibilidad de la presente acción, el establecimiento de la diferencia entre norma y disposición normativa. Precisamente, en nuestro ordenamiento jurídico encontramos, por un lado, disposiciones normativas y por otro, normas o contenidos normativos. Las primeras se refieren al texto legal como tal, en tanto que las segundas, corresponden a la interpretación que hacen los jueces de ese texto legal. 8.4.- De la lectura de los artículos 185 de la Constitución y 36 de la referida Ley No. 137-11, se desprende que sólo las disposiciones normativas (ley, decreto, reglamento, ordenanza y resoluciones) son objeto de control de constitucionalidad. Dicho texto no comprende a las decisiones jurisdiccionales a que se contrae el artículo 53 de la Ley sobre el Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, las que pueden ser objeto de revisión constitucional por ante este tribunal.
k. Asimismo, conviene indicar que la Sentencia TC/0054/12, del veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012), establece: En la especie, el reclamante no pretende el control abstracto de una norma estatal, sino la revocación o nulidad de una actuación judicial de efectos particulares o específicos a un caso en concreto, lo que desnaturaliza o desconfigura la esencia y finalidad fundamental de la acción directa en inconstitucionalidad, que no está destinada para corregir o controlar las actuaciones del poder judicial, pues para ello la Constitución de la República (Art. 277 de la Constitución) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Arts. 53 y siguientes de la Ley No. 137-11), instituyen el recurso de la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales; por lo que en tal virtud, la presente acción deviene en inadmisible, al no tratarse los actos impugnados de alguna de las normas susceptibles de ser atacadas mediante el ejercicio de la acción directa en inconstitucionalidad y que están identificadas en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la referida Ley No. 137-11.
l. Es necesario recalcar que si bien es cierto que la accionante aporta la Sentencia civil núm. 365-12-01218 ─dictada el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago─, no es con la finalidad de atacarla por la vía de la acción directa de inconstitucionalidad, sino de justificar su legitimación para impugnar el artículo 1384 del Código Civil dominicano, ya que este fue el texto de ley que se utilizó para fundamentar la referida decisión jurisdiccional que, a su entender, afecta sus intereses.
m. De ahí que, en el presente caso, resultan inaplicables, en aras de inadmitir la presente acción directa de inconstitucionalidad, los precedentes de marras ─TC/0068/12 y TC/0054/12─, toda vez que la acción que nos ocupa está dirigida a atacar el contenido del citado artículo 1384 del Código Civil dominicano, el cual es un texto de ley susceptible del referido control conforme a los artículos 6 y 185.1 de la Carta Magna.
n. Además, respecto al argumento de la Procuraduría General de la República en cuanto a que la presente acción directa de inconstitucionalidad está dirigida a atacar una interpretación o criterio jurisprudencial y no una disposición normativa, es preciso indicar ─como se desarrollará más adelante─ que la presunción de responsabilidad civil calificada de inconstitucional por la accionante encuentra su asidero jurídico en la parte final del impugnado artículo 1384 del Código Civil dominicano, cuando se excluye tanto al guardián, como a los amos y comitentes, de la posibilidad de liberarse ─en principio─ de la presunción de responsabilidad prevista a su cargo en dicho cuerpo normativo; de modo que ha lugar a rechazar el medio de inadmisión planteado por la Procuraduría General de la República, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la decisión.
o. Dicho lo anterior, previo a analizar el único medio de inconstitucionalidad planteado por la parte accionante, haremos unas breves puntualizaciones en cuanto al régimen de responsabilidad civil por el hecho de las cosas inanimadas establecido en el artículo 1384 del Código Civil dominicano.
10. El régimen de responsabilidad civil por el hecho de las cosas inanimadas
Dada la amplitud del tema, haremos unas breves precisiones en cuanto al derecho de la responsabilidad civil o derecho de daños y el régimen ─o sistema de responsabilidad─ vigente en República Dominicana respecto de los daños causados por las cosas inanimadas que están bajo el cuidado de una persona. Las mismas versan de la manera siguiente:
a. La noción de responsabilidad en el derecho es difícil de concretar, aún ella encierre varios órdenes ─civil, penal, administrativa, disciplinaria, etc.─ debido a que ─aún dimane de ella una fuerte connotación moral─ las personas están conminadas a responder ante la justicia, tanto por sus propios actos ─u omisiones─ de naturaleza antijurídica, como por los de otros y, también, por los de las cosas que se encuentren bajo su cuidado.
b. Sin embargo, podemos afirmar que la responsabilidad civil supone el conjunto de reglas jurídicas que obliga al autor de un daño o perjuicio a repararlo, a favor de la víctima, mediante una justa compensación. Es decir que ella implica la existencia de un hecho que demanda una contestación en derecho contra quien ha infringido las reglas del ordenamiento jurídico.
c. En la esfera de la responsabilidad civil se configuran varias teorías, siendo predominantes las relativas a la falta y al riesgo. La primera ─la de la falta─ exige que la víctima demuestre la culpa del sujeto causante del daño y que este último suponga una consecuencia directa de dicha falta o culpa. Para la segunda de las teorías enunciadas ─la del riesgo─, el deber de compensación surge independientemente de la existencia de una falta a cargo del sujeto causante del daño, ya que no se basa en la culpa probada o presumida, sino en el riesgo creado.
d. Cabe resaltar que en el derecho local, la teoría de la responsabilidad civil dominante es la referente a la falta, de acuerdo con la normativa civil vigente. Excepcionalmente, la teoría del riesgo es aplicada en nuestro ordenamiento en ocasión de los accidentes de trabajo y de aviación civil. 2
e. Como es bien sabido, la responsabilidad civil puede desprenderse de una obligación legal, que en ocasiones puede ser delictual ─cuando el daño ha sido provocado de manera voluntaria por su autor─, en otras cuasi delictual ─siempre que el daño causado por el autor no sea intencional─, o de una obligación contractual ─si el perjuicio resulta del incumplimiento de un contrato─. Estos órdenes de responsabilidad se encuentran gobernados por principios y elementos comunes, los cuales ─únicamente─ tienden a variar ─mínimamente─ dependiendo del régimen de responsabilidad de que se trate.
f. Así, dentro de los órdenes de responsabilidad que comportan una obligación legal ─delictual y cuasi delictual─, tenemos la responsabilidad civil por el hecho de las cosas inanimadas, la cual, en lo adelante, será el eje nuclear de nuestro análisis.
g. A partir de lo anterior, podemos inferir que la responsabilidad civil por el hecho de las cosas inanimadas consiste en el deber u obligación que tiene toda persona ─guardián de la cosa─ de reparar los daños que han sido provocados por las cosas bajo su uso, cuidado y dirección al momento del hecho generador del daño.
h. En tal sentido, la responsabilidad civil por el hecho de las cosas ─contrario a la responsabilidad por el hecho personal que demanda la presencia de un perjuicio, una falta y un nexo de causalidad entre la falta y el daño─, para concretarse ─dada la presunción de falta que pesa sobre el guardián─, conlleva la intervención de los siguientes elementos constitutivos: (i) una cosa, (ii) una acción de la cosa y (iii) un vínculo de causalidad entre la cosa y el daño. 2 Cfr. Ley número 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y su reglamento de Seguro de Riesgos Laborales y la ley número 491-06, sobre Aviación Civil en la República Dominicana, respectivamente.
i. La primera vez que nuestra Suprema Corte de Justicia tuvo la oportunidad de referirse a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas inanimadas establecida en el artículo 1384, párrafo I, del Código Civil dominicano, fue mediante la Sentencia núm. 5, del veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos treinta y uno (1931), publicada en el Boletín Judicial número 257, ocasión en la cual precisó: …el artículo 1384, inciso 1o., que tiene un alcance general, se aplica al daño causado por los inmuebles, lo mismo que al causado por los muebles; que en consecuencia, como el accidente sufrido por el intimado señor Juan Francisco Blanco (a) Manatico no fue causado por la caída del poste que pintaba, sino por la corriente eléctrica que pasaba por los alambres que sostenía dicho poste, el caso no podía estar regido por el artículo 1386 y solo podía serlo por el artículo 1384 que aplicó la Corte a-quo. Considerando, que al determinar el artículo 1384 del Código Civil que uno es responsable no solamente del daño que uno causa por su propio hecho, sino también del causado por el hecho de las cosas que uno tiene bajo su guarda, esa disposición legal establece, respecto del guardián de la cosa, una presunción de falta que no puede ser destruida sino cuando este prueba que el accidente tuvo por causa un caso fortuito o de fuerza mayor, o una falta de la víctima 3 .
j. El criterio anterior continuó su desarrollo y evolución, de manera que nuestra Corte de Casación llegó al razonamiento de que a raíz de la presunción de responsabilidad civil que pesa sobre el guardián, conforme a los términos del artículo 1384 del Código Civil dominicano, no hay necesidad de que la víctima demuestre una falta atribuible al mismo. Al respecto, señaló que …el artículo 1384, párrafo primero, del Código Civil establece respecto del guardián de la cosa inanimada que ha causado un daño a otro una 3 Los subrayados son nuestros. presunción de falta, que por tanto, en el presente caso, el recurrente señor Pablo Antoinette no tenía que probar que el accidente en el cual su hijo perdió la vida había sido causado por la negligencia e imprudencia de los empleados de la compañía intimada y no le bastaba a esta probar que sus empleados no habían cometido ninguna falta. 4
k. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia ─mediante su Sentencia núm. 4, del veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), publicada en el Boletín Judicial número 410─ detalló las causas por las cuales, conforme a la parte in fine ─no el párrafo primero─ del citado artículo 1384 del Código Civil, recae sobre el guardián de la cosa inanimada una presunción legal, indicando lo siguiente: Considerando, que el examen que en vez de limitarse a la parte primera del artículo 1384 del Código Civil, abarque todo el artículo mencionado pondrá de manifiesto que éste, cuando dice en su parte final que “la responsabilidad antedicha tiene lugar, a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a las responsabilidades” con tales términos se refiere a todos los casos de responsabilidad para los cuales fueron dictadas las partes anteriores del mismo caso, aunque no a la responsabilidad por el hecho propio, que sólo figura allí como punto de referencia inicial, y que únicamente está regida por el artículo 1382; y la misma razón por la cual se admite que la circunstancia de no figurar los “amos y comitentes” entre las personas a quienes, según el canon legal de que se trata, les sea permitido probar que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a las responsabilidades, hace pensar sobre dichos “amos y comitentes” una presunción legal de falta, esa misma razón basta para llegar al convencimiento de que también sobre el guardián de una cosa inanimada que cause un perjuicio “pesa una presunción legal de responsabilidad, al no haberlo incluido, los términos 4 Suprema Corte de Justicia. Sentencia número 3, del once (11) de agosto de mil novecientos treinta y tres (1933). B. J. 277. Los subrayados son nuestros. legales de que se hace referencia, entre las personas que puedan hacer ciertas pruebas contrarias, y si haberlo dejado abarcado, de modo, por la regla general de que “la responsabilidad antedicha tiene lugar” para los casos no exceptuados por la ley. 5
l. Por consiguiente, la presunción de responsabilidad que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada prevista en la parte in fine del artículo 1384 del Código Civil dominicano está fundamentada en que, al momento de materializarse el hecho generador del daño, dicha cosa: (i) haya intervenido activamente, cuestión de que ella sea la productora del daño y (ii) escape al control material de su guardián ─durante la generación del perjuicio─.
m. Hechas las precisiones anteriores, en lo adelante el Tribunal Constitucional se aprestará a analizar el único medio de inconstitucionalidad planteado por la accionante Voz, S. R. L., contra el artículo 1384 del Código Civil dominicano.
11. Sobre el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional, luego de analizar el fondo de la presente acción directa de inconstitucionalidad, realiza las siguientes precisiones:
a. La accionante, Voz, S. R. L., alega que la presunción de responsabilidad civil consagrada en el artículo 1384 del Código Civil dominicano comporta una desigualdad procesal para el guardián de la cosa inanimada frente a la víctima en ocasión de una acción judicial promovida bajo el amparo del referido régimen de responsabilidad civil, porque: (i) la víctima está exenta de la presentación de pruebas alusivas a la falta constitutiva del daño cuya reparación es reclamada en justicia, y (ii) dicha presunción no se destruye, salvo que concurra alguna de las causales eximentes de responsabilidad civil. 5 Los subrayados son nuestros.
b. Por lo anterior, la accionante considera que dicho texto contraría los términos del artículo 69.4 de la Constitución dominicana y del artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, razón por la cual solicita al Tribunal Constitucional que declare dicho precepto ─el artículo 1384 del Código Civil dominicano─ no conforme con la Carta Magna.
c. En sus opiniones, los interventores oficiales ─procurador general de la República, Cámara de Diputados y Senado de la República─ sostienen que las pretensiones de la accionante carecen de fundamento y, por tanto, deben ser rechazadas.
d. Conviene recordar que la garantía relativa a la igualdad procesal establecida en el artículo 69.4 de la Constitución y el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el marco de una tutela judicial efectiva y un debido proceso, se encuentra ligada al derecho fundamental a la igualdad establecido en el artículo 39 de la Carta Magna de la manera siguiente: Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. (…)
e. Este colegiado, mediante la Sentencia TC/0022/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), estableció que [l]a igualdad procesal implica que al momento de conocer un determinado conflicto el proceso a seguir debe ser uniforme cuando se trate de la misma materia, sin importar las personas e instituciones que intervengan, y no se viola dicho principio cuando el legislador ha dispuesto un procedimiento especial…, nada de lo cual es contrario al principio de igualdad (…).
f. Ciertamente, como afirma la accionante y hemos precisado en párrafos anteriores de esta sentencia, el artículo 1384 del Código Civil dominicano, al establecer la responsabilidad civil por el hecho de las cosas ─la cual recae sobre su guardián─, consigna una presunción legal de responsabilidad cuando le excluye ─al igual que a los amos y comitentes─ de la posibilidad de probar que le fue imposible evitar el hecho generador del perjuicio. Al respecto, conviene reiterar el contenido del citado texto, cuando indica: …no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado. (…), La responsabilidad antedicha tiene lugar, a menos que el padre, la madre, los maestros y artesanos, prueben que les ha sido imposible evitar el hecho que da lugar a la responsabilidad. 6
g. La cuestión en la especie está en determinar si dicha presunción de responsabilidad civil coloca al guardián de la cosa inanimada en un escenario de desigualdad de armas o herramientas procesales frente a la víctima ─lo cual sancionan el artículo 69.4, constitucional, y 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos─ de cara al proceso que, en efecto, ha de generarse a los fines de procurar una compensación del daño. A tales fines conviene verificar, en primer lugar, el alcance del concepto “presunción legal” de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y luego, la posibilidad que tiene el guardián de destruir la presunción del artículo 1384 del Código Civil dominicano. 6 El subrayado es nuestro.
h. En efecto, el artículo 1349 del Código Civil dominicano establece: “Son presunciones, las consecuencias que la ley o el magistrado deduce de un hecho conocido a uno desconocido”.
i. Asimismo, el artículo 1352 del citado cuerpo normativo dispone: La presunción legal dispensa de toda prueba a aquel en provecho del cual existe. No se admite ninguna prueba contra la presunción de la ley, cuando sobre el fundamento de esta presunción anula ciertos actos o deniega la acción judicial, a menos que me reserve la prueba en contrario, y salvo lo que se dirá respecto al juramento y confesión judiciales.
j. A partir de lo anterior es posible inferir que las presunciones comportan un desplazamiento de la prueba de determinados hechos, pues su fin radica en deducir de un hecho conocido la existencia de un hecho desconocido que se intenta probar.
k. En el caso de las presunciones legales, el razonamiento está subordinado a la prudencia del legislador, motivo por el cual, para su interpretación ─la cual es estricta─, aplica el método deductivo, pues la ley consagra el principio y de ahí se deducen o extraen las consecuencias.
l. Estas presunciones son bastante peculiares pues, para que ellas existan ─como hemos venido advirtiendo─ se hace necesario que un texto legal las establezca. El artículo 1350 del Código Civil dominicano precisa, a modo enunciativo ─más no limitativo─, los escenarios en los que la ley puede atribuir a ciertos actos o hechos jurídicos una presunción. Al respecto indica: 1. los actos que la ley declara nulos, por presumirse hechos en fraude de sus disposiciones, atendida a su propia cualidad; 2o. los casos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de ciertas circunstancias determinadas; 3o. la autoridad que la ley le atribuye a la cosa juzgada; 4o. la fuerza que la ley da a la confesión de la parte o a su juramento.
m. Para ilustrar mejor el carácter enunciativo de las presunciones legales previstas en el artículo 1350 del Código Civil dominicano, conviene revelar algunas de las presunciones que se encuentran dispersas en el articulado del citado cuerpo normativo: - La presunción de paternidad (artículo 312). - La presunción de existencia de una pared medianera entre patios y jardines de los poblados y campos (artículo 653). - La presunción de personas interpuestas ─padres, hijos, descendientes y cónyuge─ en una disposición o adquisición por donación entre vivos o por testamento hecha en beneficio de un incapaz (artículo 911). - La presunción de donación a personas interpuestas (artículo 1100). - La presunción de pago o quita de una deuda contra entrega voluntaria de la primera copia del título que la contiene (artículo 1283). - La presunción de responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada (artículo 1384). - La presunción de responsabilidad civil que recae sobre el guardián de un animal (artículo 1385). - La presunción de responsabilidad civil atribuida al dueño de un bien inmueble en ruinas (artículo 1386). - La presunción de inclusión a la masa de la comunidad de bienes de los bienes inmobiliarios cuya propiedad o posesión legal no se haya adquirido anterior al matrimonio, salvo aquellos adquiridos con posterioridad a título de donación o sucesión (artículo 1402). - La presunción de posesión, como si se fuera propietario, cuando otro no ha poseído la cosa (artículo 2230).
n. En otros términos ─y para una mayor comprensión─, entendemos que las presunciones legales crean una simple premisa del hecho. Lo anterior, en vista de que los acontecimientos o hechos pueden conjugarse apartados del principio que ha previsto nuestro legislador.
o. Así las cosas, la misma ley ─en el artículo 1384 del Código Civil dominicano─, cuando dispensa a la víctima de tener que probar la falta o culpa del guardián de la cosa inanimada, le permite al afectado con la citada presunción legal ─el guardián de la cosa inanimada─ hacer prueba del hecho que destruye la premisa establecida en la ley, esto es, la acreditación de una de las causas eximentes de la responsabilidad civil, a saber: (i) el caso fortuito o de fuerza mayor, (ii) la falta exclusiva de la víctima o (iii) el hecho de un tercero.
p. En ese tenor, si bien es cierto que la presunción legal de responsabilidad establecida en el párrafo I del artículo 1384 del Código Civil dominicano no sucumbe ante la prueba de ausencia de falta o culpa que se le imputa al guardián de la cosa inanimada, no menos cierto es que, como acabamos de precisar, ella deja de existir ante la prueba de que el daño ocurrido es producto (i) de un caso fortuito o de fuerza mayor, (ii) de la falta exclusiva de la víctima o (iii) del hecho de un tercero; es decir, que el afectado ─guardián de la cosa inanimada─ de la citada presunción, al comparecer a un juicio no se encuentra en condición de desigualdad procesal frente al beneficiario de la misma ─víctima─.
q. Conforme a lo anterior, la presunción legal de responsabilidad consagrada en el citado párrafo I del artículo 1384 del Código Civil dominicano tiene un fin constitucionalmente válido.
r. En la especie no se consagra tampoco una desigualdad procesal para que se vea comprometida la responsabilidad civil del guardián de la cosa inanimada, pues en la medida en que la presunción se establece solamente en el ámbito de la falta, no se excluye a la víctima del deber de probar la participación activa de la cosa en la consumación del daño, ni que ella haya escapado del control material del guardián o la existencia del nexo de causalidad entre el hecho de la cosa y el daño.
s. Así, conviene recordar que el Tribunal Constitucional, al momento de verificar que una norma impugnada de inconstitucional no afecta el derecho de defensa previsto en el artículo 69.4 de la Constitución, en la Sentencia TC/0044/12, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), estableció: En nada perjudica a la accionante en cuanto al ejercicio de las potestades procesales que supone el derecho de defensa, pues tal y como considera el Tribunal Constitucional de Perú: “…el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera que sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan” (Sent. 4945-2006-AA/TC de fecha 16 de agosto del 2006; Tribunal Constitucional del Perú).
t. En resumidas cuentas, a la luz de la Carta Magna se constata un equilibrio válido entre los beneficios obtenidos ─por la víctima─ y los resultados de la aplicación ─respecto del guardián─ de la consabida presunción legal de responsabilidad civil, al permitírsele al afectado la aportación de pruebas respecto de las eximentes de responsabilidad anteriormente indicadas, lo cual garantiza un proceso en igualdad de armas procesales a cada justiciable, elemento que forma parte del derecho fundamental a un debido proceso de ley consagrado en el artículo 69 constitucional.
u. De ahí que, habida cuenta de que el párrafo I del artículo 1384 del Código Civil dominicano consigna una presunción legal de responsabilidad civil que afecta al guardián de la cosa inanimada, ella no vulnera las disposiciones establecidas en el artículo 69.4 de la Constitución dominicana y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en cuanto a la igualdad procesal que debe mediar entre la víctima y el guardián de la cosa inanimada, motivo por el cual se impone rechazar la presente acción directa de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar la conformidad con la Carta Magna del citado texto de ley. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la razón social Voz, S. R. L., contra el artículo 1384 del Código Civil dominicano, al satisfacer las previsiones del artículo 185 de la Constitución dominicana y los artículos 37 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, dicha acción directa de inconstitucionalidad y en consecuencia, DECLARAR conforme a la Constitución el artículo 1384 del Código Civil dominicano.
TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR que la presente sentencia sea notificada, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la accionante, la razón social Voz, S. R. L.; así como también al procurador general de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
QUINTO: ORDENAR que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0223/18, del 19 de julio de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0223-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.