Sentencia TC/0231/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 29 de noviembre de 2013 · Expediente TC-07-2013-0041

La solicitud de suspensión de ejecución presentada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), contra la Sentencia núm. 144-2013, de fecha nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de seguridad jurídica

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0231/13?

El artículo 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-11 faculta al Tribunal Constitucional, a petición de parte, a suspender la ejecución de sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Aunque no existe una disposición que autorice expresamente la suspensión de las sentencias de amparo y estas son ejecutorias de pleno derecho, el Tribunal puede suspenderlas en casos muy excepcionales, con fundamento en los principios de efectividad y supletoriedad (TC/0231/13, numeral 9, a–c, pág. 7; TC/0231/13, numeral 9, d–f, pág. 8).

Cuando el recurso de revisión de amparo se funda en el cuestionamiento de la competencia del tribunal que dictó la sentencia o en la existencia de una irregularidad manifiesta, la suspensión excepcional puede preservar la seguridad jurídica y el orden institucional. En este caso, el Tribunal apreció que ejecutar la sentencia que ordenaba la reposición de Geanilda Antonia Vásquez Almánzar podía causar un daño irreparable al sistema jurisdiccional integral, al afectar la seguridad jurídica, la certeza de los asuntos electorales y el funcionamiento de las organizaciones políticas (TC/0231/13, numeral 9, a–c, pág. 7; TC/0231/13, numeral 9, g–i, pág. 9; TC/0231/13, numeral 9, j, pág. 10).

Decisión

Acoge la demanda del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y suspende la ejecución de la Sentencia núm. 144/2013 hasta que el Tribunal Constitucional conozca el recurso de revisión interpuesto contra ella. Declara la demanda libre de costas, ordena comunicar la decisión a las partes y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“en esta materia, como regla general, dicha demanda es procedente sólo en casos muy excepcionales” (TC/0231/13, numeral 9, a–c, pág. 7).
“se pueda causar un daño irreparable a la estructura del sistema jurisdiccional integral (justicia ordinaria, justicia electoral y justicia constitucional)” (TC/0231/13, numeral 9, g–i, pág. 9).
“el recurso de revisión de amparo se sustente en el cuestionamiento a la competencia del tribunal que dictó la sentencia objeto de dicho recurso o en la existencia de una irregularidad manifiesta” (TC/0231/13, numeral 9, g–i, pág. 9).

Normas interpretadas

Ley núm. 137-11: artículo 54, numeral 8 (suspensión de la ejecución); numerales 4 y 12 (principios de efectividad y supletoriedad); artículo 7.6 (gratuidad).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/13 y TC/0166/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis de la demanda en suspensión

El caso que nos ocupa se contrae a la demanda en suspensión de ejecutoriedad de la Sentencia núm. 144/2013, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones de amparo, el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013), incoada por el demandante Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que alega que tal solicitud se produce en vista de que la eventual ejecución de la sentencia objeto del presente recurso pondría en peligro el normal desenvolvimiento institucional de la indicada entidad política.

TC/0231/13, numeral 7, pág. 6 — PDF oficial

9. Sobre la presente demanda en suspensión

El Tribunal Constitucional entiende que la demanda en suspensión de ejecutoriedad que nos ocupa debe ser acogida en vista de los siguientes razonamientos:

a. En la especie, se solicita la suspensión de la ejecutoriedad de la Sentencia núm. 144/2013, la cual ordena la reposición de la ciudadana Geanilda Antonia Vásquez Almánzar en las funciones de secretaria nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

b. En dicha solicitud de suspensión de sentencia de amparo, el demandante, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), alega que esta resulta arbitraria, por haber sido emitida por un juez incompetente y que su ejecución causaría un daño irreparable a la vida orgánica y funcional de esa institución política, lo que afectaría su agenda institucional y su derecho a la seguridad jurídica.

c. De conformidad con lo preceptuado en la Ley núm. 137-11, que norma los procedimientos constitucionales, incumbe al Tribunal Constitucional, a pedimento de parte interesada, ordenar la suspensión de la ejecución de las sentencias de los tribunales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, conforme lo previsto en el numeral 8 del artículo 54. En estos casos, respecto a la suspensión de ejecutoriedad de sentencias de amparo, este tribunal ha fijado su criterio en la Sentencia No. TC/0013/13 del 11 de febrero de2013, en los términos siguientes: La inexistencia de un texto que de manera expresa faculte al Tribunal Constitucional a suspender la ejecución de la sentencia en la materia que nos ocupa; así como la ejecutoriedad de pleno derecho de la sentencia que resuelven acciones de amparo e igualmente la posibilidad de que el juez pueda ordenar la ejecución sobre minuta constituyen elementos que permiten a este Tribunal establecer que en esta materia, como regla general, dicha demanda es procedente sólo en casos muy excepcionales.

TC/0231/13, numeral 9, a–c, pág. 7 — PDF oficial

d. En este sentido, en su Sentencia No. TC/0166/13, del 17 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional ha precisado: El legislador no previó el otorgamiento de suspensión de ejecutoriedad a la sentencia de amparo, pero sí lo hizo con respecto a las sentencias definitivas. Por tal motivo concibió los términos del artículo 54, numeral 8, de la Ley núm. 137-11. Sin embargo, en atención a casos muy excepcionales y a una naturaleza muy especial, bien podría este tribunal considerar y analizar tal posibilidad bajo los efectos deparados por la interpretación de los principios rectores de efectividad y supletoriedad, con el supremo interés de administrar una sana, plena y oportuna justicia constitucional.

e. El principio de efectividad contenido en el numeral 4 de la indicada ley, expresa: Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.

f. El principio rector de supletoriedad contenido en el numeral 12 de la precita disposición legal se manifiesta en los términos siguientes: Para la solución de toda imprevisión. oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.

TC/0231/13, numeral 9, d–f, pág. 8 — PDF oficial

g. La vida interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tiene que discurrir con sujeción a los principios establecidos por la Constitución de la República y con estricto apego a las leyes adjetivas como forma de garantizar la necesaria seguridad jurídica, la cual produce certeza, que debe traducirse en el establecimiento de un ambiente de confianza plena y en el imperio de relaciones armónicas y de respeto entre los integrantes de estas organizaciones, sus dirigencias y las instituciones del Estado.

h. En el presente caso se evidencia una singular situación en la que resulta previsible la posibilidad de que con la ejecución de la sentencia objeto del presente recurso, se pueda causar un daño irreparable a la estructura del sistema jurisdiccional integral (justicia ordinaria, justicia electoral y justicia constitucional) instaurado por el constituyente en la Carta Sustantiva proclamada el 26 de enero de 2010. Este daño consistiría en una afectación directa a la seguridad jurídica y a la certeza de los asuntos electorales, así como al funcionamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, con las negativas repercusiones que tendría para nuestro ordenamiento como Estado social y democrático de derecho.

i. En ese mismo orden de ideas, este tribunal considera que en casos como el de la especie, en el cual el recurso de revisión de amparo se sustente en el cuestionamiento a la competencia del tribunal que dictó la sentencia objeto de dicho recurso o en la existencia de una irregularidad manifiesta, resulta pertinente adoptar la providencia excepcional de suspender la ejecutoriedad de una decisión de tal naturaleza, bajo el predicamento de que, además, con ello se estaría preservando la seguridad jurídica y el orden institucional que de manera esencial propicia y garantiza nuestra norma suprema.

TC/0231/13, numeral 9, g–i, pág. 9 — PDF oficial

j. Resulta obvio, entonces, que en la especie se trata de una singular situación que encuadra con los referidos principios rectores de la justicia constitucional de efectividad y supletoriedad instituidos por la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0231/13, numeral 9, j, pág. 10 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ACOGER la demanda en suspensión de ejecutoriedad incoada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contra la Sentencia núm. 144/2013, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013) y, en consecuencia, SUSPENDER la ejecución de dicha sentencia hasta tanto este tribunal conozca el recurso de revisión interpuesto contra esta última.

SEGUNDO: DECLARAR la presente demanda en suspensión libre de costas, conforme lo preceptuado en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011).

TERCERO: ORDENAR que la presente Sentencia sea comunicada a la parte demandante, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y, a la demandada, ciudadana Geanilda Antonia Vásquez Almánzar.

CUARTO: DISPONER que esta decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0231/13, del 29 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0231-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.