Sentencia TC/0233/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 29 de noviembre de 2013 · Expediente TC-05-2013-0006

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Dirección General de Prisiones, contra la Sentencia núm. 193-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de seguridad personal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0233/13?

El recurso presentó especial trascendencia constitucional porque permitía precisar los límites de la Dirección General de Prisiones al trasladar a una persona privada de libertad y la competencia del juez de amparo. El juez penal era el juez natural para conocer la acción relativa a la libertad o la seguridad personal. Aunque el traslado se produjo desde la cárcel de Najayo y el amparo pudo interponerse en San Cristóbal, el tribunal del Distrito Nacional también era territorialmente competente porque en esa demarcación se encontraba la sede central de la Dirección General de Prisiones (TC/0233/13, numeral 9, d, pág. 11; TC/0233/13, numeral 10, d–f, pág. 13; TC/0233/13, numeral 10, g–i, pág. 13).

La Dirección General de Prisiones no puede disponer traslados al margen de la exigencia constitucional de una orden escrita y motivada de autoridad competente, salvo en los estados de excepción de conmoción interior y de emergencia señalados por el Tribunal. En este caso, el traslado sin esa orden vulneró el derecho a la seguridad personal del interno, pero no su derecho a la libertad, que ya había sido restringido por decisión judicial (TC/0233/13, numeral 10, g–i, pág. 13; TC/0233/13, numeral 10, j–n, pág. 14; TC/0233/13, numeral 10, o–q, pág. 15).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma parcialmente la Sentencia núm. 193-2012, manteniendo el amparo del derecho a la seguridad personal y modificándola para establecer que no hubo violación del derecho a la libertad. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la decisión.

Citas textuales clave

“el juez penal era el juez natural para instruir y conocer una acción de amparo bajo la garantía efectiva del derecho a la libertad o seguridad personal de un individuo” (TC/0233/13, numeral 10, d–f, pág. 13).
“queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente” (TC/0233/13, numeral 10, j–n, pág. 14).
“se transgredió el derecho a la seguridad personal, no así el derecho a la libertad” (TC/0233/13, numeral 10, o–q, pág. 15).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículo 40, en particular su numeral 12, y artículo 72, numeral 4 e in fine, según las referencias de la sentencia.

Ley núm. 137-11: artículos 4, 72, 94 y 100.

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, identificada como núm. 173-11 en el dispositivo: artículos 7.6 y 66.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En el caso que nos ocupa, Edward Mayobanex Rodríguez Montero fue enviado a la cárcel modelo de Najayo, mediante la Resolución núm. 1084-2008, de fecha siete (7) de noviembre de dos mil ocho (2008), dictada por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia, confirmado por el Auto de Apertura a Juicio núm. 01-AP-2010, dictado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil diez (2010). El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó al ahora recurrido a cumplir pena en la cárcel del kilómetro 15 de Azua. Éste recurrió la decisión ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y esta ordenó, por sentencia, su reingreso a la cárcel modelo de Najayo. Este mandato judicial se cumplió por cierto tiempo; sin embargo, de manera intempestiva y sin orden judicial, el referido interno fue trasladado a la cárcel de San Pedro de Macorís, motivo por el cual incoó una acción de amparo contra esta decisión, ante la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tribunal que acogió la acción, la cual es ahora objeto del presente recurso.

TC/0233/13, numeral 7, pág. 9 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible en atención a las siguientes razones jurídicas:

a) El artículo 94 de la Ley núm. 137-11 establece: Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo.- Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común.

b) El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 dispone: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0233/13, numeral 9, a–b, pág. 10 — PDF oficial

c) La especial trascendencia o relevancia constitucional es una noción abierta e indeterminada, y este tribunal la ha definido en la Sentencia TC/0007/12, dictada en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en la cual expresó: (…) tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0233/13, numeral 9, c, pág. 10 — PDF oficial

d) Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que el Tribunal Constitucional podrá fijar criterio en relación a los límites que, con respecto a sus funciones, tiene la Dirección General de Prisiones al momento de disponer el traslado desde un establecimiento carcelario a otro de una persona que guarda prisión. También, el tribunal tiene la oportunidad de pronunciarse en relación a las competencias del juez ratione loci (por la razón del territorio) y ratione personae (por la razón de la persona), en ocasión de conocer, en materia de amparo, lo relativo a la violación de derechos fundamentales y sus garantías. Por tanto, resulta admisible el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado, razón por la cual el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo.

TC/0233/13, numeral 9, d, pág. 11 — PDF oficial

10. El fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de

amparo En lo que se refiere al fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa, el Tribunal Constitucional formula las siguientes precisiones:

a) El Tribunal a-quo, al valorar los argumentos y pruebas presentadas por el accionante en amparo, consideró que se violaron derechos fundamentales como resulta el derecho a la seguridad personal, así como el valor de la dignidad humana.

b) Por su parte, la Dirección General de Prisiones, recurrente en revisión, aduce que el referido tribunal transgredió la garantía a tutela judicial efectiva porque la misma presentó la excepción de incompetencia en razón del territorio, en la audiencia donde se conocía la acción de amparo, agregando que el accionante se encontraba en prisión en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, hasta que se produjo su traslado a la cárcel de San Pedro de Macorís, en fecha trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), por lo que entiende que la alegada violación al derecho fundamental se materializó en la cárcel de Najayo; en consecuencia, ha considerado que el tribunal competente para conocer dicha acción era la Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal.

c) En cuanto al argumento de que el juez a-quo expresó en la indicada sentencia que el tribunal competente es el del lugar donde se produjo la impugnación, la recurrente entiende que tal apreciación desborda y desnaturaliza el contenido del artículo 72 de la Ley núm. 137-11.

TC/0233/13, numeral 10, a–c, pág. 12 — PDF oficial

d) Al respecto, el Tribunal Constitucional se manifiesta a favor de nuestro texto supremo que establece en el numeral 4 del artículo 72: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución.

e) En ese sentido, al momento que la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declara su competencia, no desvirtúa la naturaleza misma del amparo en lo concerniente a su ámbito competencial, pues, en el caso, el juez penal era el juez natural para instruir y conocer una acción de amparo bajo la garantía efectiva del derecho a la libertad o seguridad personal de un individuo, conforme a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico.

f) Y en cuanto a la competencia territorial, si bien es cierto que el traslado se suscita en la cárcel pública de Najayo, provincia de San Cristóbal, y que pudo haberse interpuesto el amparo en la jurisdicción de San Cristóbal, no menos cierto resulta que el tribunal a-quo actuó, en el caso, conforme a las reglas de competencia, toda vez que la Dirección General de Prisiones, sede central, se encuentra territorialmente dentro del Distrito Judicial del Distrito Nacional.

TC/0233/13, numeral 10, d–f, pág. 13 — PDF oficial

g) Siendo así, al declararse competente por estar dentro de la demarcación territorial de dicha dirección, el tribunal a-quo actuó correctamente pues las decisiones adoptadas por una dependencia de cualquier organismo produce los mismos niveles de eficacia que los que se producirían en la eventualidad de que dicha decisión la tomara la propia dirección central, cuestión que constituye una manifestación de inequívoca institucionalidad, por lo que en el presente caso el tribunal a-quo hizo una correcta aplicación de la norma.

h) Además, argumenta la recurrente, la Dirección General de Prisiones, que el tribunal a-quo le impidió el ejercicio del principio de contradicción así como el derecho de defensa, pues no le permitió probar que la Procuraduría General de la República había programado el acondicionamiento del recinto carcelario Najayo, al tiempo que rehusó aceptar el depósito de pruebas en tal sentido, alegando –para consumar su negativa– carencia de objeto y que dichas pruebas no fueron comunicadas.

i) El Tribunal Constitucional estima que el Director General de Prisiones no puede ordenar el traslado de un interno de un establecimiento carcelario a otro lugar, al margen de lo preceptuado por la Constitución de la República, salvo la declaratoria de los estados de excepción –estado de conmoción interior y estado de emergencia– previstos por dicho texto sustantivo, razón por la cual se descarta la posibilidad de éxito de cualquier esfuerzo probatorio que en tal sentido se realice y sufraga a favor de que el mismo pueda devenir sin objeto.

TC/0233/13, numeral 10, g–i, pág. 13 — PDF oficial

j) El derecho a la seguridad personal es un derecho fundamental que ha sido estatuido de manera coherente y constante en la Constitución de la República; de su protección se encarga al Estado y sus instituciones, garantizando su pleno imperio de manera que todo ciudadano pueda alcanzar el pleno disfrute del mismo, sin restricción ni dificultad alguna.

k) El referido texto sustantivo expresa en su artículo 40 que: “toda persona tiene derecho (…) a la seguridad personal. (...)”. En el ordinal 12, de este mismo artículo 40, se indica: “queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente”.

l) En este mismo orden, el artículo 7, numerales 1, 3 y 4, de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho a la libertad personal, y al respecto dispone: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

m) De igual forma, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, suscrito por nuestro país, en su artículo 9, numeral 1, expresa: Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

n) En el presente caso, el tribunal a-quo ha hecho una correcta interpretación y aplicación de la norma constitucional; por vía de consecuencia, ha amparado de manera adecuada el derecho fundamental de la seguridad personal del imputado.

TC/0233/13, numeral 10, j–n, pág. 14 — PDF oficial

o) Sin embargo, este tribunal constitucional entiende de lugar establecer que el tribunal a-quo hizo una incorrecta interpretación de los hechos y circunstancias que rodean el presente caso, toda vez que consignó en la sentencia de amparo, objeto de revisión, que se había vulnerado el derecho a la libertad, cuando en realidad el ciudadano, Edward Mayobanex Rodríguez Montero, no disfrutaba de plena libertad, estado natural del hombre, sino que se encontraba sometido a la excepción a la referida regla, que es la prisión.

p) Es decir, que al trasladar al interno de un establecimiento carcelario a otro, sin autorización de una autoridad competente, se transgredió el derecho a la seguridad personal, no así el derecho a la libertad, pues en este caso se trata de un ciudadano que está sometido al control y la protección del Estado (Dirección General de Prisiones) por haber sido dispuesto su encarcelamiento por tribunales competentes, quedando así privado de libertad.

q) La libertad quedó restringida al momento en que fue dispuesta su prisión mediante la decisión emitida por la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia, núm.1084-2008, toda vez que este ciudadano no disponía de la misma. Mas, sin embargo, es obvio que en esas circunstancias se puso en riesgo su seguridad personal, al trasladársele de un establecimiento carcelario a otro sin orden motivada y escrita emanada de una autoridad competente. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0233/13, numeral 10, o–q, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Dirección General de Prisiones, en fecha cuatro (4) de enero del año dos mil trece (2013), contra la Sentencia núm. 193-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión y, en consecuencia, CONFIRMAR, en parte, la sentencia descrita en el ordinal anterior, modificándola en cuanto a que en la especie no se configuró violación al derecho a la libertad del ciudadano Edward Mayobanex Rodríguez Montero, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia.

TERCERO: DECLARAR, el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 173-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, la Dirección General de Prisiones, y al recurrido, Edward Mayobanex Rodríguez Montero.

QUINTO: ORDENAR, que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0233/13, del 29 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0233-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.