Sentencia TC/0236/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de mayo de 2017 · Expediente TC-05-2016-0188
recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado el señor Freilin Gabriel García contra la Sentencia núm. 212-2016-SSEN- 00027, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
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Temas: Derecho a la intimidad personal y familiar · Derecho al libre desarrollo de la personalidad · Derechos sexuales y reproductivos
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0236/17?
La visita conyugal en prisión es un derecho fundamental por conexidad con la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos. Favorece la unidad familiar y la resocialización de la persona privada de libertad. Su ejercicio puede regularse para preservar la seguridad, la salubridad y la disciplina del recinto, pero no suspenderse. Las restricciones deben estar previstas en normas de rango legal y ser aplicadas por las autoridades competentes con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ante una suspensión arbitraria, el juez de amparo debe examinar si hubo vulneración del derecho, en lugar de rechazar la acción por considerar la visita una mera prerrogativa (TC/0236/17, numeral 10, k–l, pág. 12; TC/0236/17, numeral 10, m–n, pág. 12; TC/0236/17, numeral 10, o–r, pág. 13; TC/0236/17, numeral 10, v–x, pág. 15).
El Equipo Multidisciplinario excedió su competencia al suspender la visita conyugal sin intervención del juez de la ejecución de la pena. La suspensión por un año fue arbitraria y desproporcionada, pues el artículo 46.b de la Ley núm. 224 prevé la privación de visitas o correspondencia hasta por treinta días. La medida vulneró los derechos del interno a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la unidad familiar (TC/0236/17, numeral 10, v–x, pág. 15; TC/0236/17, numeral 10, y–z, pág. 16).
Decisión
El Tribunal admite el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo, revoca la Sentencia núm. 212-2016-SSEN-00027 y declara el recurso libre de costas. Declara admisible y acoge la acción de amparo, y ordena al Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, restaurar el derecho de visita conyugal de Freilin Gabriel García dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia e informar al Tribunal Constitucional una vez cumplida la orden.
Citas textuales clave
“la visita conyugal durante la reclusión carcelaria constituye un derecho fundamental por su estrecho vínculo con los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y a los derechos sexuales y reproductivos” (TC/0236/17, numeral 10, k–l, pág. 12).
“solo debe ser sometido a restricciones consagradas en normas de rango legal y ejercidas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad por las autoridades competentes” (TC/0236/17, numeral 10, v–x, pág. 15).
“la suspensión por un (1) año de la visita conyugal constituye un exceso y arbitrariedad” (TC/0236/17, numeral 10, y–z, pág. 16).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 55, 72 (in fine) y 74.1.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 95 y 100.
Ley núm. 224: artículos 35 y 46.b.
Ley núm. 10-15, que modifica la Ley núm. 76-02 (Código Procesal Penal): artículo 74.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14 y TC/0127/14; T-815/13 y T-474/2012 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y alegatos promovidos por las partes, el presente caso tiene su génesis en la sanción impuesta por el Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, al interno Freilin Gabriel Batista, por alegadamente haber incurrido en faltas muy graves dentro de dicho penal, consistente en la posesión de vegetal verdoso, presumiblemente marihuana. Entre las sanciones impuestas al interno se encuentra la suspensión conyugal por un (1) año. Ante tal suceso, el señor Freilin Gabriel Batista interpuso una acción de amparo contra el Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, en la cual alega que el derecho a la familia y su dignidad personal le están siendo vulnerados. La referida acción fue rechazada mediante la Sentencia núm. 212-2016-SSEN-00027, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Esta decisión es objeto del recurso de revisión constitucional que nos ocupa.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia
de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 que, de manera taxativa y específica, lo sujeta (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b. Luego de ponderar los documentos que forman el expediente, llegamos a la conclusión de que el presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que permitirá a este tribunal constitucional referirse al tema de si la visita conyugal en los recintos carcelarios constituye un derecho fundamental y si su suspensión conlleva vulneración al mismo.
10. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos:
a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.
b. Del análisis realizado a los documentos depositados en el expediente, se verifica que la sentencia recurrida fue notificada al representante legal del recurrente el veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), mediante acto s/n, suscrito por la encargada de la Unidad de Citaciones y Notificaciones Judiciales del Palacio de Justicia de La Vega; y el recurso de revisión constitucional fue depositado por el recurrente el veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016). En este sentido, se puede comprobar que el indicado recurso fue depositado dentro del plazo establecido en la ley.
c. En cuanto al fondo del recurso, la parte recurrente, Freilin Gabriel Batista, persigue la anulación de la Sentencia núm. 212-2016-SSEN-00027, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016), invocando que la decisión hoy atacada inobservó las reglas del debido proceso y tutela judicial efectiva y vulneró el derecho fundamental a la familia e igualdad, y que, en consecuencia, se deje sin efecto la medida disciplinaria que le prohíbe a su esposa visitarlo.
d. No obstante lo anterior, previo a realizar las ponderaciones de lugar para establecer si tienen méritos los planteamientos realizados por el recurrente en su instancia, se hace necesario que este tribunal constitucional determine si la visita conyugal a los centros de reclusión penitenciaria se encuadra en el catálogo de derechos fundamentales contemplados en la Constitución.
e. La Constitución dominicana reconoce y garantiza una serie de derechos fundamentales a todos los ciudadanos en condición de igualdad; ahora bien, el ejercicio de estos derechos podría ser restringido o imposibilitado a determinados grupos de individuos, que debido a la especial situación en la que se encuentran no podrán ejercitar ciertos derechos en las mismas condiciones, como es el caso de las personas condenadas a prisión, y que se encuentran cumpliendo la misma en un centro penitenciario, los cuales se encuentran expresamente condicionados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
f. Es importante destacar, además, que toda persona, sin importar su situación, se encuentra amparada por derechos constitucionales que no pueden ser objeto de restricción durante su estadía en prisión. Se trata de derechos como el derecho a la vida, integridad personal, dignidad humana, intimidad y el honor personal, entre otros.
g. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional comparada clasifica los derechos fundamentales de los internos en tres grupos: (i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción y los derechos políticos, como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables, conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos se derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: el derecho a la vida y el derecho al debido proceso; por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 1
h. En relación con el tema que nos ocupa, el régimen de visitas de las personas privadas de libertad se encuentra desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley núm. 224, del veintiséis (26) de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), que establece el Sistema Penitenciario dominicano, cuyo artículo 11 fue modificado por la Ley núm. 60-93, del veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), la cual está basada en la Constitución de la República y las reglas mínimas aprobadas en la Convención sobre tratamiento del Delincuente, celebrada en Ginebra en mil novecientos cincuenta y cinco (1955); así como en el Manual de Gestión Penitenciaria, del tres (3) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
i. Del contenido de la referida ley núm. 224, se advierte que en su artículo 35 establece el régimen de visitas, y si bien es cierto que ésta no distingue entre las visitas familiares y las visitas íntimas o conyugales, en el Manual de Gestión Penitenciaria sí se efectúa, consignándose en el capítulo IV, dedicado a las comunicaciones con el exterior y visitas: “Comunicaciones familiares” y “Comunicaciones íntimas”. 1 Sentencia T-815/13 Corte Constitucional de Colombia.
j. De la lectura del artículo 35 de la Ley núm. 224, se verifica la importancia que la misma le concede al derecho de familia, concretándose en la posibilidad de visitas que pueden recibir con regularidad las personas que se encontraren restringidas en su libertad, al establecer: “Los reclusos podrán recibir, con la frecuencia que determinen los reglamentos, visitas de sus parientes...”.
k. En ese sentido, cabe precisar que al momento de establecer en el artículo 55 de nuestra Constitución que “la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas… Toda persona tiene derecho a constituir una familia... El Estado garantizará la protección de la familia”, el constituyente ha procurado garantizar que cada individuo pueda crear y conservar una familia sin importar su situación, máxime en el caso de la persona privada de libertad, en virtud de que la unidad familiar es esencial para su oportuna resocialización; de tal manera, que una vez recuperada la libertad, el reintegro a la sociedad se realice en circunstancias propicias, tanto en beneficio del buen desarrollo de los fines de la familia, como para los derechos de cada uno de sus miembros.
l. Es por ello que podemos entonces afirmar que la visita conyugal durante la reclusión carcelaria constituye un derecho fundamental por su estrecho vínculo con los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y a los derechos sexuales y reproductivos, lo que contribuye grandemente con el proceso de resocialización, aunque su ejercicio puede ser objeto de regulación, a fin de preservar la seguridad, salubridad, disciplina en el recinto, pero jamás puede ser suspendido, como ha ocurrido en la especie.
m. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia [Sentencia núm. T- 474/2012, del veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012)], se pronunció en el siguiente sentido: La Corte Constitucional ha considerado que el derecho a la visita conyugal es una posición jurídica de derecho fundamental, derivada de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y el libre desarrollo de la personalidad (en su faceta de libertad de sostener relaciones sexuales, siempre que estas cuenten con el consentimiento de los involucrados) y constituye también una pieza fundamental en el proceso de resocialización y bienestar físico y psíquico del individuo. Esta Corporación ha precisado que la visita íntima es un derecho fundamental limitado por las propias características que involucra el permitir las visitas conyugales, esto es, contar con instalaciones físicas adecuadas, privacidad e higiene, y se encuentra sujeto a una serie de restricciones propias del régimen carcelario, al igual que del régimen disciplinario al interior de cada establecimiento, con el propósito de cumplir con todas las normas de seguridad. Además, se ha indicado que la visita íntima guarda una especial relación con la efectividad de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad.
n. De ahí que, una vez verificado el carácter de derecho fundamental por conexidad que posee la visita conyugal en los centros penitenciarios, el cual se ubica en el ámbito constitucionalmente protegido de los derechos a la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y a los derechos sexuales y reproductivos, es posible señalar que se trata de un derecho susceptible de ser tutelado por la vía del de amparo. Además, cabe recordar que la enunciación de derechos fundamentales que proclama la Constitución es enunciativo, mas no limitativo.
o. En ese sentido, el artículo 74 de nuestra Carta Magna instaura: Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de 1os derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por 1os principios siguientes: 1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza;
p. De lo anteriormente expuesto, esta sede considera que el derecho a las visitas íntimas o conyugales puede ser tutelado por el juez de amparo cuando la suspensión de éstas se produzcan de forma arbitraria por parte de las autoridades competentes, y con ello restaurar derechos conculcados; de ahí que el juez a-quo estaba en la obligación de realizar las ponderaciones de lugar para determinar si existía o no tal conculcación.
q. En ese orden, este tribunal constitucional entiende que el juez a-quo obró incorrectamente al momento de decretar el rechazo de la referida acción, basado en el hecho de que la visita conyugal es una prerrogativa no un derecho fundamental; que es una condición sine qua non para que sea admisible la acción de amparo y en esas atenciones el centro no tiene la obligación de permitir esta visita conyugal.
r. En consecuencia, es necesario que el juez pondere ciertas decisiones administrativas (ya no sancionatorias) que pueden limitar derechos fundamentales, en orden a su razonabilidad, ya que la administración penitenciaria –en ocasiones– pudiera imponer restricciones acudiendo a conceptos vagos como serían las razones de seguridad, las cuales no guardan relación con la limitación.
s. En tal virtud, y tomando en consideración lo expuesto previamente, procede acoger el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, previo a la revocación de la misma, y en atención a la aplicación del principio de economía procesal, y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), este tribunal procederá a conocer la acción de amparo.
t. En lo concerniente al conocimiento de la acción de amparo, cabe precisar que los alegatos que promueve el accionante para demostrar la existencia de una vulneración al derecho fundamental incurrido por el Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, está basado en la suspensión por un (1) año de visitas conyugales, alegando que con dicha medida se vulnera el derecho a la familia y su dignidad personal.
u. Dado que la visita íntima o conyugal, como se ha establecido anteriormente, está estrechamente relacionada con la garantía de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, y favorece la función resocializadora de la pena, es esencial para el privado de su libertad tener la posibilidad de relacionarse con su pareja sentimental, toda vez que su impedimento perturba, no solo el aspecto físico, sino también el psicológico.
v. Por lo tanto, si bien el derecho a la visita conyugal puede ser condicionado por medidas que persiguen garantizar la seguridad de los centros de reclusión penitenciarios, a los fines de conservar la disciplina y el control en los referidos establecimientos, dichos mecanismos no pueden, de ningún modo, constituir una limitación que invalide el ejercicio del derecho a la misma, en virtud de que, por su característica, se configura como un derecho fundamental y solo debe ser sometido a restricciones consagradas en normas de rango legal y ejercidas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad por las autoridades competentes.
w. Del análisis realizado a la decisión evacuada por el Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, se verifica que la misma desborda el ámbito de su competencia, toda vez que la misma fue resuelta sin la intervención del juez de la ejecución de la pena, autoridad competente para conocer de todo incidente que se suscite durante la ejecución de las sentencias condenatorias, y cuyo principal rol consiste en tutelar el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, el Código Procesal Penal y la Ley núm. 224, sobre Régimen Penitenciario, además de controlar y vigilar la legalidad de la ejecución de la pena de los internos. 2
x. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos señalan, a este punto, que la conducta que constituye una infracción disciplinaria y el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar deberán ser establecidas por la ley o por reglamentos de la autoridad administrativa competente.
y. De lo anteriormente expuesto, este tribunal constitucional considera que al negarle la posibilidad al interno Freilin Gabriel García de ejercer su derecho a la visita conyugal por un (1) año, bajo el supuesto de que tras la visita de su esposa o compañera sentimental le fueron ocupadas sustancias sicotrópicas al interno, se desconocen sus derechos a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad y la unidad familiar.
z. Finalmente, resulta desproporcionada la medida, sobre todo cuando las sanciones disciplinarias que al efecto instaura la Ley núm. 224, del veintiséis (26) de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), establecen en su artículo 46.b la privación de visitas o correspondencias hasta treinta (30) días, por lo que la 2 Art. 74 de la Ley núm. 10-15, que introduce modificaciones a la Ley núm. 76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. suspensión por un (1) año de la visita conyugal constituye un exceso y arbitrariedad por parte del Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, lo cual comporta vulneración de derechos fundamentales en detrimento del accionante. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Freilin Gabriel García contra la Sentencia núm. 212-2016-SSEN-00027, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 212-2016-SSEN-00027, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el dos (2) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
TERCERO: DECLARAR admisible la acción de amparo interpuesta por el señor Freilin Gabriel García contra el Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega.
CUARTO: ACOGER la acción de amparo y, en consecuencia, ORDENAR al Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega, que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la notificación de la presente decisión, restaure el derecho de visita conyugal al interno Freilin Gabriel García, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión, y que una vez cumplido el mandato del presente fallo, sea notificado el mismo al Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Freilin Gabriel García; y a la parte recurrida, Equipo Multidisciplinario del Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, La Vega; así como a la Procuraduría General de República.
SEPTIMO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0236/17, del 19 de mayo de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0236-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.