Sentencia TC/0272/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de noviembre de 2014 · Expediente TC-08-2012-0019
recurso de casación y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuestos por el Dr. José Manuel Hernández Peguero, procurador fiscal del Distrito Nacional, contra la Sentencia núm. 434, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiocho (28) de junio de dos mil seis (2006).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0272/14?
El Tribunal admitió el recurso por su especial trascendencia constitucional, pues el caso le permitía continuar desarrollando las garantías del debido proceso. También descartó la extemporaneidad: el recurso se interpuso dentro del plazo franco de dos meses previsto para la casación, en cuyo cómputo se excluyen el día de la notificación y el del vencimiento (TC/0272/14, numeral 9, a–b, pág. 15; TC/0272/14, numeral 9, c, pág. 16; TC/0272/14, numeral 10, a–c, pág. 17).
Procedía devolver las 59 máquinas tragamonedas porque el Ministerio Público las incautó en un recinto privado sin obtener del juez competente la orden de allanamiento exigida por el artículo 180 del Código Procesal Penal. No concurría ninguna de las excepciones del artículo 181: las máquinas estaban almacenadas, no en funcionamiento, por lo que el registro no se realizó para evitar la comisión de una infracción, y el Ministerio Público no justificó la aplicación de otra excepción. La actuación fue arbitraria, violó el debido proceso y, como consecuencia, vulneró el derecho de propiedad protegido por el artículo 51.1 de la Constitución (TC/0272/14, numeral 10, e–f, pág. 19; TC/0272/14, numeral 10, g–h, pág. 19).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, lo rechaza y confirma la Sentencia núm. 434. Declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación de la sentencia a las partes y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo de las garantías del debido proceso.” (TC/0272/14, numeral 9, c, pág. 16).
“las indicadas máquinas tragamonedas no se encontraban funcionando, sino depositadas en un local, de lo que se colige que no se trataba de evitar la comisión de una infracción.” (TC/0272/14, numeral 10, e–f, pág. 19).
“sus actuaciones constituyen una arbitrariedad y una violación al debido proceso, violaciones que han tenido como consecuencia la vulneración del derecho de propiedad previsto en el artículo 51.1 de la Constitución” (TC/0272/14, numeral 10, g–h, pág. 19).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 51.1 y 72, in fine.
Código Procesal Penal: artículos 180 y 181.
Código de Procedimiento Civil: artículo 1033.
Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación: artículo 5.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66 y 100.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
En el presente caso, según los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, el litigio se origina en ocasión del decomiso (o incautación) de 59 máquinas tragamonedas en un “depósito de máquinas tragamonedas”, ubicado en la calle Nicolás de Ovando esquina 39 del Sector Cristo Rey, propiedad del señor Diógenes Luis Díaz Flores. El referido decomiso (o incautación) fue realizado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, por entender que el establecimiento en el cual se encontraban las indicadas máquinas no correspondía con los autorizados por el artículo 7 de la Ley núm. 96-88, sobre Dirección de casinos y juegos de azar, el cual autoriza exclusivamente a los casinos de Juego a operar máquinas tragamonedas. El señor Diógenes Luis Díaz Flores interpuso una acción de amparo en reivindicación del derecho de propiedad y devolución de objetos incautados, al considerar que dicha incautación fue realizada de manera irregular y arbitraria. La acción fue acogida mediante la Sentencia núm. 339/06, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veinte (20) de marzo de dos mil seis (2006). La indicada sentencia fue recurrida en apelación, recurso que fue resuelto mediante la sentencia recurrida objeto del recurso de casación, del cual nos encontramos apoderados, en virtud de la Resolución de declinatoria núm. 7730-2012, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012).
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido:
a. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el 22 de marzo del 2012, en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en él existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo de las garantías del debido proceso.
10. Sobre el fondo del recurso
a. En el presente caso, el recurrido ha invocado un medio de inadmisión fundamentado en la extemporaneidad. Según considera, el recurso que nos ocupa fue interpuesto veinticuatro (24) días después del plazo previsto en la ley que rige la materia.
b. En este orden, la sentencia recurrida fue notificada en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006), mediante el Acto núm. 480/2006, instrumentado por el ministerial Richar Bautista Arias, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, mientras que el recurso fue depositado en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil seis (2006), en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Como se observa, la fecha del depósito del recurso, veintiocho (28) de septiembre de dos mil seis (2006), está dentro del plazo de los dos meses establecidos por el artículo 5 la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, ya que dicho plazo es franco, en virtud de lo que establece el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, en el referido artículo se establece que “el día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio.
c. En la especie, el recurso que nos ocupa fue interpuesto contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante la cual se rechazó el recurso de apelación contra la decisión que acogió la acción de amparo incoada por Diógenes Luis Díaz Flores contra el procurador fiscal del Distrito Nacional, Dr. José Manuel Hernández Peguero, con la finalidad de que le fueran devueltas 59 máquinas tragamonedas que fueran decomisadas de un “deposito de máquinas tragamonedas”.
d. El tribunal que dictó la sentencia rechazó el recurso de apelación, bajo el entendido de que: (…) a) en el expediente fueron depositadas por la apelada, piezas a partir de las cuales este tribunal de alzada ha podido constatar, sin duda alguna, que real y efectivamente el señor Diógenes Díaz Flores es propietario de las máquinas tragamoneda que fueran incautadas a instancias de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, según acta de decomiso de fecha 22 de noviembre del año 2005; b) que también obran en el expediente varios recibos de ingresos expedidos por la Secretaría de Estado de Finanzas, a favor del señor Diógenes Díaz Flores, por concepto de tarifa de operación mensual de máquinas de diversión; c) que la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, alega, que la incautación de las máquinas tragamonedas propiedad del señor Diógenes Díaz Flores, fue llevada a cabo en cumplimiento a las disposiciones de la ley 96-88 de fecha 31 de diciembre de 1988, que regula la instalación de este tipo de equipo, así como por los artículos 179 y 181 del Código de Procedimiento penal; sin embargo, una simple revisión al acto de decomiso utilizado para la ejecución le permite a la Corte confirmar, tal y como lo dice la apelada, que los referidos artefactos no se encontraban operando, sino depositados en un local ubicado en la calle Nicolás de Ovando esquina 39, del sector Cristo Rey; d) que la actuación de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, al proceder a la incautación de bienes ajenos que guarnecían en calidad de depósito, sin cumplir con las formalidades que para ello exige la ley, deviene en arbitraria e ilegítima, violando el derecho de propiedad garantizado por la Constitución.
e. El Tribunal Constitucional considera, al igual que el tribunal que dictó la sentencia recurrida, que procede la devolución de las 59 máquinas tragamonedas, en razón de que el Ministerio Público procedió a comisar los referidos muebles sin la debida autorización del juez competente, contrariando con esto las disposiciones del artículo 180 del Código Procesal Penal, texto según el cual el registro de un recinto privado, destinado a la habitación o a otros fines particulares, sólo puede realizarse, a solicitud del ministerio público, por orden de allanamiento expedida mediante resolución judicial motivada. En los casos de urgencia y en ausencia del ministerio público, la policía puede solicitarla directamente.
f. En cuanto al alegato del Ministerio Público de que el comiso se configuraba dentro de las disposiciones del artículo 181 del Código Procesal Penal, el cual establece que “el registro sin autorización judicial procede cuando es necesario para evitar la comisión de una infracción, en respuesta a un pedido de auxilio o cuando se persigue a un sospechoso que se introdujo a una vivienda ajena”, este tribunal constitucional considera que el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de las referidas excepciones, ya que, como fue establecido por la Corte de Apelación, las indicadas máquinas tragamonedas no se encontraban funcionando, sino depositadas en un local, de lo que se colige que no se trataba de evitar la comisión de una infracción. Por otra parte, el Ministerio Público tampoco ha planteado las razones por las que considera que el presente caso se encuentra dentro de las referidas excepciones.
g. En tal sentido, al tratarse de un comiso en un “depósito de máquinas tragamonedas” y al no configurarse dentro de las excepciones del indicado artículo 181, el Ministerio Público debió requerir del juez competente una orden para el allanamiento del referido lugar, no penetrar en él sin la debida autorización, por lo que sus actuaciones constituyen una arbitrariedad y una violación al debido proceso, violaciones que han tenido como consecuencia la vulneración del derecho de propiedad previsto en el artículo 51.1 de la Constitución, texto según el cual ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.
h. En virtud de lo expuesto anteriormente, procede rechazar el recurso que nos ocupa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas te, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Dr. José Manuel Hernández Peguero contra la Sentencia núm. 434, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiocho (28) de junio de dos mil seis (2006).
SEGUNDO: RECHAZAR el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 434, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiocho (28) de junio de dos mil seis (2006).
TERCERO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, a la recurrente, el Dr. José Manuel Hernández Peguero, procurador fiscal del Distrito Nacional, y al recurrido, señor Diógenes Luis Díaz Flores.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (011).
QUINTO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0272/14, del 17 de noviembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0272-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.