Sentencia TC/0289/16

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de julio de 2016 · Expediente TC-05-2016-0017

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Sentencia núm. 00142015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil quince (2015).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho al acceso al agua potable

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0289/16?

El recurso es admisible conforme al artículo 100 de la Ley núm. 137-11 porque presenta especial trascendencia o relevancia constitucional: permite al Tribunal pronunciarse sobre el derecho fundamental al servicio de agua. (TC/0289/16, numeral 10, a–b, pág. 11; TC/0289/16, numeral 10, c, pág. 12)

La prioridad constitucional del consumo humano del agua y el deber estatal de velar por el acceso al agua potable responden a que de su disfrute dependen la vida y los demás derechos. La CAASD vulneró el derecho al servicio de agua al negar la instalación por una deuda del ocupante anterior. Las facturas impagadas deben cobrarse a quien incumplió, no hacerse valer contra el inmueble en perjuicio de quienes no fueron parte del contrato. La negativa a instalar una nueva acometida solo se justificaría si la solicitara la persona deudora. (TC/0289/16, numeral 11, c–d, pág. 13; TC/0289/16, numeral 11, e–g, pág. 14)

Decisión

El Tribunal admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo y revoca la Sentencia núm. 0014-2015. Acoge la acción de amparo, ordena a la CAASD instalar el contador y el servicio de agua a favor del accionante y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional referirse al derecho fundamental al servicio de agua.” (TC/0289/16, numeral 10, c, pág. 12)
“el hecho de que el anterior ocupante del inmueble haya incumplido con su obligación de pago del servicio no puede ni debe perjudicar a los próximos ocupantes.” (TC/0289/16, numeral 11, e–g, pág. 14)
“De manera que la negativa para instalar una nueva acometida es una sanción que sólo se justificaría si la solicitud la hubiere hecho la persona que tiene la deuda.” (TC/0289/16, numeral 11, e–g, pág. 14)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 15, 61.1 y 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 100, 7.6 y 66.

Ley núm. 125-01, General de Electricidad, modificada por la Ley núm. 186-07: artículo 96, incluido su párrafo II, citado por analogía.

Reglamento para la Prestación y Cobro de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario: artículo 8.13.

Resolución núm. 64/292 de las Naciones Unidas: artículo 1.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y alegatos de las partes, se trata de que al señor Napoleón Francisco Marte Cruz le fue negada la solicitud de instalación de contador y de servicio de agua dirigida a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), bajo el fundamento de que el inmueble tiene una deuda por factura de agua a nombre del señor Cristino Valdez Marte, por lo que, hasta tanto dicha deuda sea pagada, no es posible la instalación del servicio. Ante la negativa de instalación del servicio de agua, el indicado señor Napoleón Francisco Marte Cruz incoó una acción de amparo contra la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la cual fue rechazada. No conforme con la sentencia dictada por el juez de amparo, Napoleón Francisco Marte Cruz interpuso el recurso de revisión constitucional que nos ocupa.

TC/0289/16, numeral 8, pág. 10 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia

de amparo Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En este sentido:

a. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configura en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0289/16, numeral 10, a–b, pág. 11 — PDF oficial

c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional referirse al derecho fundamental al servicio de agua.

TC/0289/16, numeral 10, c, pág. 12 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

a. En la especie, se trata de que al señor Napoleón Francisco Marte Cruz le fue negada la solicitud de instalación de contador y de servicio de agua realizada a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), bajo el fundamento de que el inmueble tiene una deuda por factura de agua a nombre del señor Cristino Valdez Marte, por lo que, hasta tanto dicha deuda sea pagada, no es posible la instalación del servicio.

b. Ante tal eventualidad, el referido señor Marte Cruz accionó en amparo en contra de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), la cual fue rechazada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en el entendido de que (…) a la entrega de dicho inmueble, el DR. NAPOLEÓN FCO. MARTE CRUZ, solicitó ante la CAASD, la instalación del servicio de agua a su nombre; informándole la CAASD que su solicitud le fue negada en razón de la deuda contraída por el señor Cristino Valdez Marte; lo que nos permite constatar que la negación de la solicitud de instalación de servicio de agua, no se traduce en una vulneración a derecho fundamental alguno del accionante.

TC/0289/16, numeral 11, a–b, pág. 12 — PDF oficial

c. El Reglamento para la Prestación y Cobro de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario establece, en su artículo 8.13, lo siguiente: El propietario del predio servido es responsable, ante la Corporación, por el valor de los servicios que se suministre por medio de una o varias acometidas a todo el inmueble o a una parte de él y por los recargos, sanciones y demás valores derivados de la prestación del servicio. Con el inmueble que goza de un servicio de agua se garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de este Reglamento. En caso de traspaso o venta del inmueble, el nuevo propietario será pecuniariamente responsable de los valores que pudiera estar adeudando el propietario anterior, por concepto de servicio de agua, alcantarillado sanitario, presupuesto o cualquier otro cargo facturado al inmueble. 1

d. La Constitución de la República, en su artículo 15, establece que “(…) el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”. Igualmente, el artículo 61.1 establece: El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. 2 1 Negritas nuestras. 2 Negritas nuestras.

TC/0289/16, numeral 11, c–d, pág. 13 — PDF oficial

e. La protección especial que dispensa el constituyente dominicano, según el texto constitucional transcrito, se corresponde con la importancia que tiene este derecho, ya que de su disfrute depende la vida y, en consecuencia, todos los demás derechos; por estas razones, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce como un derecho humano, mediante la Resolución núm. 64/292, dictada en la 108 sesión plenaria, celebrada el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010). En efecto, en el artículo 1 de dicha resolución se establece que se “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

f. Este Tribunal Constitucional considera, contrario a lo establecido por el juez de amparo, que la negativa de instalación del servicio por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), bajo el alegato de que las deudas por factura de aguas son del inmueble, le vulnera al accionante en amparo y actual recurrente, señor Napoleón Francisco Marte Cruz, su derecho al servicio de agua; esto así, en razón de que el hecho de que el anterior ocupante del inmueble haya incumplido con su obligación de pago del servicio no puede ni debe perjudicar a los próximos ocupantes.

g. En este sentido, consideramos que las deudas por facturas sin pagar deben perseguir a la persona que ha incumplido con su obligación, no al inmueble que ha dejado de ocupar, ya que en esta última eventualidad se estaría perjudicando el derecho de acceso al agua a terceras personas, las cuales no fueron parte en el contrato de servicio de agua ni mucho menos han dejado de cumplir con sus obligaciones. De manera que la negativa para instalar una nueva acometida es una sanción que sólo se justificaría si la solicitud la hubiere hecho la persona que tiene la deuda.

TC/0289/16, numeral 11, e–g, pág. 14 — PDF oficial

h. Cabe destacar que esta es la tendencia en los contratos de servicios, como puede verificarse, por ejemplo, en los servicios de energía eléctrica, ya que la Ley núm. 125-01, General de Electricidad, modificada por la Ley núm. 186-07, establece que únicamente las personas deudoras del servicio están obligadas al pago. En efecto, el artículo 96 de la indicada ley consagra lo siguiente: Únicamente las personas físicas o jurídicas, que de acuerdo al contrato de suministro sean deudoras del servicio eléctrico prestado, estarán obligadas al pago de la facturación generada como consecuencia del mismo. Las Empresas Distribuidoras, podrán utilizar todas las vías legales disponibles para hacer efectivo el pago de las deudas resultantes del suministro del servicio eléctrico. Párrafo II.- El ocupante de un inmueble a título que fuere, será el único responsable de las deudas por el consumo de la energía eléctrica, en consecuencia la empresa distribuidora deberá suscribir contrato de suministro de energía eléctrica al nuevo ocupante o adquiriente del inmueble. 3

TC/0289/16, numeral 11, h, pág. 14 — PDF oficial

i. En este sentido, procede acoger el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, revocar la sentencia recurrida y acoger la acción de amparo interpuesta por el señor Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 3 Negritas nuestras. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0289/16, numeral 11, i, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Napoleón Francisco Marte Cruz contra la Sentencia núm. 0014-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil quince (2015).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0014-2015, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de julio de dos mil quince (2015).

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor Napoleón Francisco Marte Cruz en contra de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y, en consecuencia, ORDENAR la instalación de contador y de servicio de agua a favor del accionante.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Napoleón Francisco Marte Cruz; a la recurrida, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y a la Procuraduría General Administrativa.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0289/16, del 12 de julio de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0289-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.