Sentencia TC/0291/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de diciembre de 2014 · Expediente TC-05-2012-0088

recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) contra la Sentencia núm. 080-2012, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0291/14?

La Ley núm. 200-04 no limita el deber de suministrar información pública a las entidades estatales o a quienes reciben fondos públicos. También obliga a las entidades privadas que ejercen funciones públicas a brindar información sobre el ejercicio de esas funciones, con las limitaciones previstas en la ley. La exención reglamentaria que permite a ciertas entidades privadas no designar un responsable ni organizar una oficina de acceso a la información no elimina su deber de suministrarla (TC/0291/14, numeral 13, g, pág. 29; TC/0291/14, numeral 13, j, pág. 31; TC/0291/14, numeral 13, c, pág. 33).

La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, aunque es una entidad privada, ejerce con carácter exclusivo la función pública del Registro Mercantil en su jurisdicción. Las tarifas que cobra por ese servicio son fondos provenientes del público, distintos de las subvenciones estatales que la ley prevé para las cámaras oficiales. La falta de una partida en el presupuesto estatal vigente no la exime de suministrar la información solicitada sobre el manejo de los recursos captados por su actividad registral, pues el ejercicio de esa función pública la somete al régimen de la Ley núm. 200-04 (TC/0291/14, numeral 13, b, pág. 32; TC/0291/14, numeral 13, i, pág. 39; TC/0291/14, numeral 13, j–k, pág. 40; TC/0291/14, numeral 13, m, pág. 42).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 080-2012, que ordenó a la Cámara entregar las certificaciones solicitadas. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“los organismos e instituciones de derecho privado que ejerzan funciones públicas, y aquellos que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus fines” (TC/0291/14, numeral 13, j, pág. 31).
“las cámaras oficiales de comercio y producción son entidades privadas que, si bien surgen de la libre iniciativa de los particulares, ejercen funciones tanto públicas como privadas” (TC/0291/14, numeral 13, f–g, pág. 38).
“estas ejercen funciones públicas que las obligan a someterse a la disciplina del derecho público, y, en nuestro país, al régimen de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública” (TC/0291/14, numeral 13, m, pág. 42).

Normas interpretadas

Constitución: artículo 72.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 100 y 101.

Ley núm. 200-04: artículos 1, especialmente el literal f, 2, 3, 4 y 6.

Ley núm. 50-87: artículos 1, 2, 3, 12, literal c, 20, párrafo, y 22.

Ley núm. 10-07: artículo 2, párrafo I.

Ley núm. 3-02: artículos 1, 2, 3 y 8.

Reglamento de la Ley núm. 200-04, aprobado por el Decreto núm. 130-05: artículos 2 a 6.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0011/12, TC/0042/12, TC/0062/13 y TC/0045/13. Corte Constitucional de Colombia: C-909/07, C-166/95, C-259/08, T-414/10 y T-690-07.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

9. Síntesis del conflicto

El Tribunal Superior Administrativo acogió mediante la Sentencia núm. 080- 2012 una acción de amparo de la Fundación Primero Justicia (hoy recurrida en revisión), disponiendo que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (hoy recurrente en revisión) le suministrara a la primera una serie de certificaciones en las cuales constaran informaciones financieras y administrativas de la última. La recurrente denegó la solicitud de información al estimar que no es destinataria de fondos o recursos públicos, por lo que, según su criterio, no se encuentra sujeta a las obligaciones derivadas de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. Ante la decisión contenida en la indicada sentencia, la recurrente apoderó de su revisión constitucional al Tribunal Constitucional. En el caso interviene como amicus curiae la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCAMARAS), considerando que el proceso de la especie “pudiera tener una implicación directa a todas las cámaras de comercio y producción del país”.

TC/0291/14, numeral 9, pág. 18 — PDF oficial

11. Solicitud de celebración de audiencia

Previo a conocer el fondo del presente recurso, conviene referirse a la solicitud de fijación de audiencia formulada por la recurrente:

a. En casos como el de la especie, en los que el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de un recurso de revisión constitucional en materia de amparo, la convocatoria a audiencia constituye una potestad discrecional en atención al artículo 101 de la Ley núm. 137-11, que dispone: “Si el Tribunal Constitucional lo considera necesario 3 podrá convocar a audiencia pública para una mejor sustanciación del caso”.

b. En consecuencia, el Tribunal deberá conceder la solicitud de fijación audiencia muy excepcionalmente, es decir, cuando estime que las características particulares del caso requieran una mejor edificación respecto de los hechos y circunstancias planteadas, cuestión que no ocurre en el 3 Subrayado nuestro. presente caso, puesto que los argumentos aducidos por las partes y las piezas que figuran en el expediente resultan suficientes para tomar la presente decisión.

c. Por las razones expuestas, procede rechazar el pedimento examinado, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia y, en consecuencia, decidir el fondo del recurso que nos ocupa sin necesidad de celebrar audiencia.

TC/0291/14, numeral 11, a–c, pág. 19 — PDF oficial

12. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:

a. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece que: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. El concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional fue precisado por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) 4 . 4 En la referida decisión expresó que: […] tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal

c. Este tribunal estima que el caso de marras reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que decide su admisión, al plantearle al Tribunal Constitucional la posibilidad de desarrollar la figura de la legitimación pasiva en el derecho al libre acceso a la información pública.

TC/0291/14, numeral 12, a–c, pág. 20 — PDF oficial

13. El fondo del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo Con relación al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los argumentos que se indican a continuación, respecto al ámbito de aplicación de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, que, a juicio de este colegiado, no solo concierne a las entidades públicas que reciben fondos públicos (A), sino también a las entidades privadas que ejerzan funciones públicas o que puedan ser beneficiarias de subvenciones suministradas por el Estado dominicano (B). A. La Ley núm. 200-04 concierne a las entidades públicas que reciben fondos públicos En cuanto a las entidades públicas que reciben fondos públicos, este tribunal tiene a bien efectuar las observaciones siguientes, respecto a algunas de las disposiciones contenidas en el capítulo I de la Ley núm. 200-04, relativas al “[d]erecho de información y de acceso a los expedientes y a las actas de carácter administrativo”, a saber: Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0291/14, numeral 13, pág. 21 — PDF oficial

a. El artículo 1 de la Ley núm. 200-04 establece el derecho de toda persona a solicitar información “completa, veraz, adecuada y oportuna” de cualquier órgano de la Administración Pública y del Estado dominicano; y también de sociedades anónimas “con participación estatal” u otro género de entidades privadas sujetas a determinadas condiciones, en los términos que se transcriben a continuación: Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado Dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal, incluyendo:

a) Organismos y entidades de la administración pública centralizada;

b) Organismos y entidades autónomas y/o descentralizadas del Estado, incluyendo el Distrito Nacional y los organismos municipales;

c) Organismos y entidades autárquicos y/o descentralizados del Estado;

d) Empresas y sociedades comerciales propiedad del Estado;

e) Sociedades anónimas, compañías anónimas y compañías por acciones con participación estatal;

f) Organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Presupuesto Nacional para la consecución de sus fines;

g) El Poder Legislativo, en cuanto a sus actividades administrativas;

h) El Poder Judicial, en cuanto a sus actividades administrativas.

TC/0291/14, numeral 13, a–h, pág. 22 — PDF oficial

b. El artículo 2 de dicha ley dispone las prerrogativas que comprende el derecho de acceso a información pública, según se expresa a continuación: Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia, con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente ley. Párrafo: Para los efectos de esta ley se entenderá por actas y expedientes a todos aquellos documentos conservados o grabados de manera escrita, óptica, acústica o de cualquier otra forma, que cumplan fines u objetivos de carácter público 5 . No se considerarán actas o expedientes aquellos borradores o proyectos que no 5 Subrayado nuestro. constituyen documentos definitivos y que por tanto no forman parte de un procedimiento administrativo.

TC/0291/14, numeral 13, b, pág. 23 — PDF oficial

c. El artículo 3 de la indicada ley núm. 200-04 dispone, a su vez, la obligatoriedad de sometimiento a publicidad de todos los actos y actividades de la Administración Pública centralizada y descentralizada, así como de los actos, actividades y funcionamiento de los poderes legislativo y judicial: Todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, incluyendo los actos y actividades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la información referida a su funcionamiento estarán sometidos a publicidad, en consecuencia, será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado de información referida a:

a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución;

b) Programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión;

c) Llamado a licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados;

d) Listados de funcionarios, legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley;

e) Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros;

f) Estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos;

g) Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa;

h) Índices, estadísticas y valores oficiales;

i) Marcos regulatorios legales y contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones, negociaciones, cuadros tarifarios, y sanciones;

j) Toda otra información cuya disponibilidad al público sea dispuesta en leyes especiales.

TC/0291/14, numeral 13, c–j, pág. 24 — PDF oficial

d. De su parte, el artículo 4 de la referida ley núm. 200-04, bajo el epígrafe “Deberes del Estado, de sus poderes e instituciones”, pone a cargo del Estado dominicano, de los poderes públicos, así como de todos los organismos y entidades públicas y privadas indicadas en el precedente artículo 1 de dicha ley, la obligatoriedad de brindar acceso a la información pública: Será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes, organismos y entidades indicadas en el Artículo 1 de la presente ley, brindar la información que esta ley establece con carácter obligatorio y de disponibilidad de actualización permanente y las informaciones que fueran requeridas en forma especial por los interesados. Para cumplir estos objetivos sus máximas autoridades están obligadas a establecer una organización interna, de tal manera que se sistematice la información de interés público, tanto para brindar acceso a las personas interesadas, como para su publicación a través de los medios disponibles. Párrafo.- La obligación de rendir información a quien la solicite, se extiende a todo organismo legalmente constituido o en formación, que sea destinatario de fondos públicos 6 , incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo. 6 Subrayado nuestro.

TC/0291/14, numeral 13, d, pág. 25 — PDF oficial

e. De igual manera, el artículo 6 de la mencionada ley núm. 200-04, bajo el epígrafe “Tipo de información”, y respecto a la obligatoriedad de proveer acceso a la información, especifica lo siguiente: La Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier otro órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto público, y los demás entes y órganos mencionados en el Artículo 1 de esta ley, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenido por ella o que se encuentre en su posesión y bajo su control. Párrafo.- Se considerará como información, a los fines de la presente ley, cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público o proveniente de instituciones financieras del ámbito privado que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales.

TC/0291/14, numeral 13, e, pág. 26 — PDF oficial

f. Por otra parte, el Decreto núm. 130-05 del veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005), que aprueba el Reglamento de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, y que tiene por finalidad establecer las pautas para la aplicación de esta última, prevé, entre otras, las siguientes disposiciones: ARTÍCULO 2.- El Estado Dominicano en su conjunto, con los organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 de la LGLAIP 7 , todo organismo legalmente constituido o en formación que 7 Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. sea destinatario de fondos públicos – incluyendo 1os partidos políticos constituidos o en formación – y cualquier otro órgano, entidad o persona que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto públicos, interpretarán la Ley y el presente reglamento del modo más favorable a1 principio de la publicidad y a1 pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. ARTÍCULO 3.- Los organismos, instituciones, personas y entidades mencionados en los Artículos 1, 2 y 4 de la LGLAIP tienen la obligación de proveer la información solicitada, siempre que esta no se encuentre sujeta a algunas de las excepciones taxativamente previstas en la LGLAIP y que ello no implique la obligación de crear o producir información con la que no se cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que encuentren legalmente obligados a producirla, en cuyo caso deben proveerla. La obligación de proporcionar la información requerida no comprende su presentación conforme el interés del solicitante.

TC/0291/14, numeral 13, f, pág. 26 — PDF oficial

ARTÍCULO 4.- Todo organismo legalmente constituido o en formación que sea destinatario de fondos públicos - en los términos del Artículo 4, párrafo único, de la LGLAIP-, está sujeto a la LGLAIP en lo que respecta a la divulgación y publicidad de aquella información relacionada con los fondos públicos que reciba, incluyendo los planes de trabajo, evaluaciones y resultados obtenidos y cualquier otra información disponible que permita una completa rendición de cuentas respecto de dichos fondos. En el caso de los partidos políticos constituidos o en formación, la información que debe ser divulgada incluirá el origen y destino de todo su patrimonio, así como la identidad de sus contribuyentes públicos y privados. ARTÍCULO 5.- En virtud del principio de publicidad, cualquier norma preexistente o futura, general o especial, que directa o indirectamente regule el derecho de acceso a la información o sus excepciones y limitaciones, deberá siempre interpretarse de manera consistente con los principios sentados en la LGLAIP y este reglamento, y siempre del modo más favorable a1 acceso a la información. ARTÍCULO 6.- Cada uno de los organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 – a excepción de su inciso f – de la LGLAIP, deberán asignar un Responsable de Acceso a la Información (RAI) y organizar las respectivas Oficinas de Acceso a la Información (OAI). Esto se realizará partiendo de las áreas, estructuras y recursos humanos existentes en cada institución. Las oficinas sectoriales, regionales, provinciales, locales, embajadas, misiones, consulados, oficinas de negocios y delegaciones tomarán asimismo las medidas adecuadas para sistematizar y ofrecer la información disponible, en el marco de lo establecido en la LGLAIP y éste Reglamento.

TC/0291/14, numeral 13, f, pág. 26 — PDF oficial

Respecto de los organismos, instituciones y entidades mencionadas en el inciso f del Artículo 1 y en el párrafo único del Artículo 4 de la LGLAIP, éstos deberán organizarse del modo que consideren más eficiente para garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y todos los principios establecidos por la LGLAIP.

TC/0291/14, numeral 13, f, pág. 26 — PDF oficial

g. En relación con la aplicación del artículo 6 anteriormente transcrito, conviene precisar que su primer párrafo establece una excepción para “[c]ada uno de los organismos, instituciones y entidades descriptos en el Artículo 1 – a excepción de su inciso f 8 – de la LGLAIP”. Este último inciso concierne, como vimos, “[l]os organismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Presupuesto Nacional para la consecución de sus fines”. De la lectura del texto completo se infiere con claridad que el efecto de la referida excepción prevista en el primer párrafo del artículo 6 consiste, exclusivamente, en eximir a esos organismos e instituciones de derecho privado de asignar un responsable de acceso a la información (RAI) y de organizar una oficina de acceso a la información (OAI). Este colegiado opina, por tanto, que subsiste a cargo de dichos organismos e instituciones de derecho privado la obligación de suministrar información, tal como expresa el último párrafo del referido artículo 6, “del modo que consideren más eficiente para garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y todos los principios establecidos por la LGLAIP”.

TC/0291/14, numeral 13, g, pág. 29 — PDF oficial

h. Respecto a las condiciones de aplicación previstas por el artículo 2 de la aludida ley núm. 200-04, resulta pertinente señalar que en su Sentencia TC/0011/12 del tres (3) de mayo de dos mil doce (2012), el Tribunal Constitucional dictaminó lo siguiente: D) Por otra parte, el artículo 2 de la Ley 200-04, del 28 de julio de 2004, sobre Libre Acceso a la Información Pública, reglamenta las condiciones de acceso al derecho a obtener información, conforme a la normativa que se indica a continuación: ‘Este derecho de información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo 8 Subrayado nuestro. requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas, siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia, con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente ley’ 9 .

TC/0291/14, numeral 13, h, pág. 29 — PDF oficial

i. Posteriormente, mediante la Sentencia TC/0042/12 del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), este colegiado estableció que el derecho al libre acceso a la información pública tiene la finalidad de “controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa” 10 . Y, asimismo, al respecto reiteró lo siguiente en su Sentencia TC/0062/13 del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013):

10.4. El Estado dominicano adecuó la legislación interna al derecho internacional público mediante la Ley Núm. 200-04, promulgada en fecha veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), sobre Libre Acceso a la Información Pública y, en particular, al establecer en el artículo 3 de dicha ley, que: Todos los actos y actividades de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, incluyendo los actos y actividades administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la información referida a su funcionamiento 9 Pág. 13 (subrayado nuestro). 10 Pág. 20 (subrayado nuestro). estarán sometidos a publicidad, en consecuencia, será obligatorio para el Estado Dominicano y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o descentralizados, la presentación de un servicio permanente y actualizado de información (...) 11 .

TC/0291/14, numeral 13, i–10.4, pág. 30 — PDF oficial

j. En resumen, la ponderación del contenido de la Ley núm. 200-04 y del reglamento aprobado mediante el Decreto núm. 130-05, revelan que esos importantes estatutos disponen, en términos claros y categóricos (que han sido reiterados por el Tribunal Constitucional), el derecho que tiene toda persona al libre acceso a la información pública de que disponen 12 :  De una parte, en el ámbito público, según hemos visto: los poderes públicos de la República y todos los órganos, entidades y dependencias de la Administración Pública y del Estado dominicano; las entidades autónomas y/o descentralizadas y/o autárquicas, en general; y las empresas comerciales de propiedad estatal y/o con participación estatal.  De otra parte, en el ámbito privado, según abordaremos a continuación: “los organismos e instituciones de derecho privado que ejerzan funciones públicas, y aquellos que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional para la consecución de sus fines”. 11 Pág. 14 (subrayado nuestro). 12 Con las excepciones y limitaciones previstos en dichos estatutos. B. La Ley núm. 200-04 y su reglamento de aplicación conciernen las entidades privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos públicos Con relación a este aspecto del caso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes argumentos:

TC/0291/14, numeral 13, j, pág. 31 — PDF oficial

a. En la especie, nos encontramos apoderados de un recurso de revisión constitucional interpuesto contra la aludida sentencia de amparo núm. 080- 2012, que decidió sobre el alcance del derecho de acceso a la información pública respecto a la recurrente, entidad privada Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Dicho fallo ordenó, en efecto, que esta última entregara a la recurrida, Fundación Primero Justicia, una serie de certificaciones por medio de las cuales se pudiera constatar el grado de transparencia en el manejo de fondos públicos captados por dicha entidad para el registro de actos corporativos.

TC/0291/14, numeral 13, a, pág. 32 — PDF oficial

b. La recurrente, sin embargo, no suministró la información requerida, fundamentándose en que ella “no recibe recursos del Presupuesto Nacional ni percibe ningún tipo de asignación del Estado Dominicano”, según adujo en una comunicación, que obra en el expediente, dirigida a la hoy recurrida el veintisiete (27) de diciembre de dos mil once (2011) 13 . Dicho argumento figura asimismo enfatizado en el recurso de revisión de la recurrente CCPSD 14 , citando al efecto una “Certificación de No asignación 13 El tercer párrafo de dicha misiva expone lo siguiente: “En otro orden, esta Cámara de Comercio no recibe recursos del Presupuesto Nacional ni percibe ningún tipo de asignación del Estado Dominicano. Ante la no percepción y al no encontrarse beneficiada de ningún recurso público, esta Cámara ni las demás Cámaras del país son susceptibles al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 200-04, relativas a la publicación de sus informaciones presupuestarias, salariales, financieras y administrativas”. (Subrayado nuestro). 14 Principalmente, en las páginas 13 (in fine) y 15 (in fine). presupuestaria”, marcada con el número 184, que le fue expedida por el Ministerio de Hacienda el veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012) 15 . Al respecto, cabe observar, sin embargo, que esa certificación solo parece referirse al actual Presupuesto General del Estado dominicano, sin hacer alusión alguna a los anteriores presupuestos generales del país correspondientes a los más de 165 años de existencia 16 de la CCPSD 17 ; afirmación esta última que encuentra pertinencia en el hecho de que, según el artículo 12, literal c, de la Ley núm. 50-87 del veintiuno (21) de mayo de mil novecientos ochenta y siete (1987), los gastos de las cámaras oficiales de comercio y producción serán cubiertos, entre otras fuentes, por “[l]as subvenciones que regularmente ha venido suministrando 18 el Estado Dominicano y con otras que en el futuro pueda otorgarle”.

TC/0291/14, numeral 13, b, pág. 32 — PDF oficial

c. En vista de que la CCPSD no solo es una entidad privada que ejerce funciones públicas (como veremos más adelante), sino que como cámara oficial de comercio y producción pertenece a un estamento que ha venido recibiendo regularmente subvenciones del Estado dominicano (según expresa la Ley núm. 50-87) 19 , este tribunal tiene a bien reiterar la vigencia y alcance de algunas de las disposiciones previstas con relación al tema en la Ley núm. 200-04 y en el Decreto núm. 130-05, a saber: 15 Dicha certificación, que figura en el expediente, consta de un solo párrafo que expresa lo siguiente: “Cortésmente. Certificamos que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. RNC: 401023687, no tiene partida asignada en el Presupuesto General del Estado”. 16 Escrito de revisión de la recurrente, p. 12, in fine. 17 La indicada certificación tampoco alude a las subvenciones que pueden haber recibido las demás cámaras oficiales de comercio y producción del país en el actual Presupuesto General del Estado o en las ejecuciones presupuestarias correspondientes a los años anteriores. 18 O sea, que le ha suministrado con anterioridad. 19 Aunque, como ha establecido la CCPSD, no haya recibido fondos públicos en la actual ejecución presupuestaria del Estado dominicano.  Que el artículo 2 de la Ley núm. 200-04 dispone que el derecho de libre acceso a la información pública comprende: […] el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actas y expedientes de la administración pública, así como a estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas 20 […] 21 .

TC/0291/14, numeral 13, c, pág. 33 — PDF oficial

También comprende la libertad de buscar, solicitar, recibir y difundir informaciones pertenecientes a la administración del Estado y de formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las actividades de su competencia, con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente ley 22 .  Que en el párrafo de dicho artículo se establece que, para los efectos de esa ley, se entenderá por actas y expedientes a todos aquellos documentos conservados o grabados de manera escrita, óptica, acústica o de cualquier otra forma, que cumplan fines u objetivos de carácter público 23 .  Que, con relación a las entidades sujetas a la obligación de permitir el libre acceso a la información pública, así como respecto al tipo de documentación al que deben proveer acceso público, la primera parte del artículo 6 de la Ley núm. 200-04 prescribe lo que se indica a continuación: La Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, así como cualquier otro órgano o entidad que ejerza funciones públicas o ejecute presupuesto público, y los demás entes y órganos 20 Subrayado nuestro. 21 “[…] siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás”. 22 Subrayado nuestro. 23 Subrayado nuestro. mencionados en el Artículo 1 de esta ley, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos o digitales o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenido por ella o que se encuentre en su posesión y bajo su control 24 .  Que el “Párrafo” de dicho artículo dispone, a su vez, lo que sigue: Se considerará

TC/0291/14, numeral 13, c, pág. 33 — PDF oficial

como información, a los fines de la presente ley, cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público o proveniente de instituciones financieras del ámbito privado que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las minutas de reuniones oficiales.  Que el literal f del artículo 1 de la Ley núm. 200-04 incluye dentro del catálogo de personas o entidades que se encuentran obligadas a respetar el libre derecho de acceso a la información pública a los “[o]rganismos e instituciones de derecho privado que reciban recursos provenientes del Presupuesto Nacional para la consecución de sus fines 25 .  Que el artículo 4, “Párrafo” de la Ley núm. 200-04 prevé: La obligación de rendir información a quien la solicite, se extiende a todo organismo legalmente constituido o en formación, que sea destinatario de fondos públicos 26 , incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo”. 24 Subrayado nuestro. 25 Subrayado nuestro. 26 Subrayado nuestro.  Que el artículo 4 del mencionado decreto núm. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley núm. 200-04, dispone: Todo organismo legalmente constituido o en formación que sea destinatario de fondos públicos - en 1os términos del Artículo 4, párrafo único, de la LGLAIP 27 -, está sujeto a la LGLAIP en lo que respecta a la divulgación y publicidad de aquella información relacionada con 1os fondos públicos que reciba, incluyendo 1os planes de trabajo, evaluaciones y resultados obtenidos y cualquier otra información disponible que permita una completa rendición de cuentas respecto de dichos fondos.

TC/0291/14, numeral 13, c, pág. 33 — PDF oficial

d. Conviene, además, tomar en consideración el criterio expuesto por este colegiado en su aludida sentencia TC/0011/12 28 , en el sentido de que, según el artículo 2 de la mencionada ley núm. 200-04, el derecho al libre acceso a la información implica para toda persona el derecho a: […] estar informada periódicamente, cuando lo requiera, de las actividades que desarrollan entidades y personas que cumplen funciones públicas 29 , siempre y cuando este acceso no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. También comprende la libertad […] de formular consultas a las entidades y personas que cumplen funciones públicas, teniendo derecho a obtener copia de los documentos que recopilen información sobre el ejercicio de las 27 Subrayado nuestro. 28 Del tres (3) de mayo de dos mil doce (2012). 29 Como es el caso de la CCPSD, como se destaca más adelante. actividades de su competencia, con las únicas limitaciones, restricciones y condiciones establecidas en la presente ley’ 30 .

TC/0291/14, numeral 13, d, pág. 36 — PDF oficial

e. Resulta útil agregar, por otra parte, que el caso que nos ocupa atañe a la CCPSD, que es una entidad regida por la aludida ley núm. 50-87 del veintiuno (21) de mayo de mil novecientos ochenta y siete (1987), cuya preceptiva dispone:  En su artículo 1: que las cámaras de comercio y producción son “instituciones con personalidad jurídica y carácter autónomo que sin fines de lucro estarán destinadas a favorecer el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas del país y especialmente la de aumentar el bienestar y el progreso general dentro de sus respectivas jurisdicciones”.  En su artículo 2, Párrafo I: que “la creación de una cámara de comercio y Producción deberá iniciarse con una reunión de por lo menos veinte (20) futuros miembros, en la cual se aprueban los estatutos y reglamentos de la nueva institución”.  En su artículo 2, Párrafo 2: que el “reconocimiento oficial y personalidad jurídica se hará mediante solicitud dirigida al Poder Ejecutivo, vía Secretaría de Estado de Industria y comercio […]”.  En su artículo 3, párrafo capital: que el Poder Ejecutivo solo otorgará reconocimiento oficial y personalidad jurídica a una cámara de comercio y producción en la capital de la República, y a otra en cada una de las ciudades cabeceras de provincias. 30 Página 13 (subrayado del TC).  En su artículo 3, Párrafo I: que, aparte de las cámaras oficiales de comercio y producción, también podrán ser creadas las cámaras de comercio particulares de nacionales o extranjeros, las cuales no tendrán las atribuciones que dicha ley prescribe con relación a las primeras.

TC/0291/14, numeral 13, e, pág. 37 — PDF oficial

f. Tal como puede observarse, las disposiciones legales precitadas disponen, entre otros aspectos, que las cámaras oficiales de comercio y producción son entidades privadas que, si bien surgen de la libre iniciativa de los particulares, ejercen funciones tanto públicas como privadas. En ese sentido, poseen una naturaleza mixta que resulta del carácter dual de las actividades inherentes a su funcionamiento, que también encontramos en cámaras oficiales de comercio y producción de otros países latinoamericanos 31 .

g. Reconociendo esa naturaleza mixta, la mencionada ley núm. 50-87 somete su régimen financiero al que corresponde a las entidades públicas, puesto que prevé, en su artículo 20, párrafo, que “[s]us libros y sus cuentas podrán ser fiscalizadas en todo tiempo por la Cámara de Cuentas y el Contralor General de la República, para comprobar su regularidad o su irregularidad”. Además, las cámaras oficiales de comercio y producción también resultan beneficiarias de un régimen de exención análogo al de las entidades públicas, en la medida en que el artículo 22 de la indicada ley núm. 50-87 dispone que: Las Cámaras de Comercio y Producción disfrutarán de franquicia postal y telegráfica del mismo modo en que hasta ahora vienen disfrutando para sus comunicaciones internas, así como de la 31 Tal son, entre otros, los casos de Colombia (Sentencia C-909/07 de la Corte constitucional colombiana) y de Perú, según se expresa más adelante. exoneración de pago de todo impuesto, tasa, contribución, presente o por crearse en el futuro.

TC/0291/14, numeral 13, f–g, pág. 38 — PDF oficial

h. Con relación a estos aspectos del tema que nos ocupa, resulta útil también indicar que la disposición del Párrafo I del artículo 2 de la Ley núm. 10-07 del ocho (8) de enero de dos mil siete (2007) 32 , dispuso que el control interno de fondos y recursos públicos de la Contraloría General de la República se ejercerá sobre entidades y organismos diversos, entre los cuales se incluyen […] las personas físicas o jurídicas privadas y las organizaciones no gubernamentales que recauden, reciban o administren, a cualquier título, fondos o recursos públicos, o se beneficien de exenciones o cualquier otro privilegio, o presten servicios públicos no sujetos a la libre competencia […] 33 .

TC/0291/14, numeral 13, h, pág. 39 — PDF oficial

i. Conviene señalar, asimismo, que las cámaras oficiales de comercio y producción tienen a su cargo, con carácter exclusivo, el Registro Mercantil de la República Dominicana. Esta importante función pública le es atribuida por la Ley núm. 3-02, de Registro Mercantil del dieciocho (18) de enero de dos mil dos (2002). Sus artículos 1, 2 y 3 prescriben lo siguiente: ARTÍCULO 1.- El Registro Mercantil es el sistema conformado por la matrícula, renovación e inscripción de los libros, actos y documentos relacionados con las actividades industriales, comerciales y de servicios, que realizan las personas físicas o morales que se dedican de manera habitual al comercio de las cuales son depositarias y dan fe pública las Cámaras de Comercio y Producción facultadas por la presente ley. 32 Esta ley instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. 33 Subrayado del TC. ARTÍCULO 2.- El Registro Mercantil es público y obligatorio. Tiene carácter auténtico, con valor probatorio y oponible ante los terceros. ARTÍCULO 3.- EI Registro Mercantil estará a cargo de las Cámaras de Comercio y Producción, bajo la supervisión de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio. La supervisión de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio consistirá en tramitar al Poder Ejecutivo la solicitud de reconocimiento de las Cámaras de Comercio y Producción en formación; establecer las normas tendentes a facilitar la aplicación de la presente ley; velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Registro Mercantil y aplicar las sanciones previstas en el Artículo 23 de esta ley.

TC/0291/14, numeral 13, i, pág. 39 — PDF oficial

j. Respecto a la remuneración que concierne la prestación del servicio de registro y el destino de esos recursos, el artículo 8 de la indicada ley núm. 3- 02 dispone: Las tarifas a exigir a los negocios para su registro serán establecidas por las Cámaras de Comercio y Producción. Los ingresos así generados se reputarán rentas de la Cámara de Comercio correspondiente, la cual podrá utilizarlos para cubrir los gastos cobrados por este Registro y otros servicios, dentro del marco de los fines establecidos para sus actividades en la Ley Núm. 50-87, de las Cámaras de Comercio y Producción. De manera que las cámaras oficiales de comercio y producción cubren los gastos de su labor registral con los fondos que, como contrapartida al servicio prestado, les pagan los usuarios del Registro Mercantil; o sea, son fondos provenientes del público. Estos recursos también podrán ser utilizados, tal como lo indica el referido artículo 8, para costear otros servicios diferentes al registro mercantil que desempeñan las cámaras de comercio y producción al amparo de la Ley núm. 50-87.

k. Pero los gastos generados por todos los servicios que prestan las cámaras oficiales de comercio y producción no solo son cubiertos por los fondos suministrados por el público, sino que también pueden ser sufragados mediante fondos públicos 34 . Como ya hemos visto, a través de “[l]as subvenciones que regularmente ha venido suministrando [les] el Estado Dominicano y con otras que en el futuro pueda otorgarle”, tal como dispone el literal c del artículo 12 de la Ley núm. 50-87 35.

TC/0291/14, numeral 13, j–k, pág. 40 — PDF oficial

l. Volviendo a la a la naturaleza mixta de las cámaras de comercio, resulta pertinente mencionar que, en derecho comparado, el criterio jurisprudencial reiterado de la Corte Constitucional de Colombia, en virtud de la figura de la “descentralización por colaboración”, ha sido que: […] un determinado tipo de entidad privada, nacida de la libre iniciativa de los particulares, y que inicialmente se constituye para cumplir propósitos que sólo interesan a éstos, en razón del conocimiento y la experiencia por ella acumulados, es investida por ley de determinadas funciones públicas, bajo la consideración de que su cumplimiento resulta más eficiente en cabeza suya que en cabeza de una entidad estatal 36 . 34 O sea, del erario. 35 El texto completo del artículo 12 es el siguiente: Los gastos de las Cámaras de Comercio y Producción serán cubiertos con: a) Las cuotas de sus respectivos socios, las cuales deberán ser fijadas de acuerdo con las necesidades de cada Cámara. b) Las retribuciones que perciban por los servicios que presten y señalados en el Artículo 15 de esta Ley. c) Las subvenciones que regularmente ha venido suministrando el Estado Dominicano y con otras que en el futuro pueda otorgarle. 36 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-909/07. El cumplimiento de dichas funciones administrativas no implica, sin embargo, una mutación de la naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función (en la especie, las cámaras de comercio y producción), sino que la misma “[…] conserva inalterada su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad […]” 37 . La alta corte colombiana manifiesta, sin embargo, la conveniencia de que: […] resulta ineludible precisar que las personas jurídicas privadas aunque se hallan esencialmente orientadas a la consecución de fines igualmente privados, en la medida en que hayan sido investidas de la facultad de ejercer funciones administrativas, participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca con el ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de las prerrogativas del poder público y encontrándose, en consecuencia, sometidas a la disciplina del derecho público 38 .

TC/0291/14, numeral 13, l, pág. 41 — PDF oficial

m. De la totalidad de los precedentes razonamientos se infiere, por tanto, que la función administrativa no atañe exclusivamente al poder público sino que también incumbe a personas privadas; y que si bien el carácter identificatorio de las cámaras de comercio corresponde al de entidades eminentemente privadas, estas ejercen funciones públicas que las obligan a someterse a la disciplina del derecho público, y, en nuestro país, al régimen de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. 37 Ibídem. 38 Véanse: Tribunal Constitucional de Colombia, Sentencias C-166/95; C-259/08; T-414/10; y T-690-07 (subrayado del TC).

TC/0291/14, numeral 13, m, pág. 42 — PDF oficial

n. Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional comparada ha establecido, asimismo, que: Dado que la principal función pública que cumplen las cámaras de comercio es claramente la función registral, hoy referida no sólo a los comerciantes, sino también a las entidades sin ánimo de lucro, a los personas interesadas en celebrar contratos con las entidades estatales, e incluso (aunque ello resulte paradójico en este caso) a las veedurías ciudadanas, los primeros documentos que sin duda carecen de reserva y serán susceptibles de ser consultados y/o solicitados por cualquier persona, son los relacionados con los registros que ella lleva, la forma como está organizada la actividad registral, los actos administrativos que con ocasión de ella se expiden, etc. Lo mismo ocurre con todos los documentos relacionados con el recaudo, manejo e inversión de los ingresos de las cámaras que sean producto de los derechos autorizados por la ley para las inscripciones y certificados, los mismos que se encuentran sujetos al control y vigilancia que ejerce la Contraloría General de la República. En estos casos es evidente el interés público que abre a todas las personas en general la facultad para consultar estos documentos y/o solicitar copias de ellos 39 .

o. En cuanto a la importancia del acceso del público a la información pública, este tribunal dictaminó, mediante la Sentencia TC/0045/13 del tres (3) de abril de dos mil trece (2013), que: [L]a vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos 39 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-690/07. sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

TC/0291/14, numeral 13, n–o, pág. 43 — PDF oficial

p. El hecho de que la CCPSD constituye una entidad privada que ejerce funciones públicas es reconocido por ella misma en su precitada carta dirigida a la recurrida, Fundación Primero Justicia, Inc., el veintisiete (27) de diciembre de dos mil once (2011), en los términos que se transcriben a continuación: La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es una institución con personalidad jurídica, carácter autónomo y sin fines de lucro, regulada por la Ley Núm. 50-87 del 4 de junio de 1987 y sus modificaciones, y encargadas del Registro Mercantil, de conformidad con la Ley Núm. 3-02 sobre Registro Mercantil, por lo tanto es una institución privada con funciones públicas 40 .

q. La importancia del acceso del público a la información pública fue enfatizada por este tribunal en su Sentencia TC/0045/13 del tres (3) de abril de dos mil trece (2013), en los siguientes términos:: [L]a vinculación que existe entre el derecho a la información pública y el mencionado deber fundamental radica en que las personas y grupos sociales necesitan tener acceso a la información pública para estar en condiciones de defender la calidad de la democracia, el patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública 41 . 40 Subrayado nuestro. 41 Página 17.

TC/0291/14, numeral 13, p–q, pág. 44 — PDF oficial

r. En vista de todo lo anterior, procede rechazar el recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa y confirmar la sentencia objeto del mismo. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, así como el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0291/14, numeral 13, r, pág. 45 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) contra la Sentencia núm. 080-2012, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión constitucional en materia de amparo por las razones que figuran en el cuerpo de la sentencia y, en consecuencia, CONFIRMAR la referida sentencia núm. 080-2012.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; a la recurrida, Fundación Primero Justicia, Inc.; así como a la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCAMARAS) y a la Procuraduría General Administrativa.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0291/14, del 17 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0291-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.