Sentencia TC/0292/15
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de septiembre de 2015 · Expediente TC-08-2012-0021
Recurso de casación incoado por el Estado Dominicano, vía la Dirección General de Aduanas y el señor Miguel Cocco Guerrero, contra la Sentencia núm. 573, dictada por Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiuno (21) de septiembre de dos mil seis (2006).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0292/15?
El Tribunal reconoció especial trascendencia constitucional al recurso de revisión porque permitía precisar las condiciones de admisibilidad del amparo frente a la afectación del derecho de propiedad por el decomiso de vehículos, desarrollar su jurisprudencia sobre el debido proceso administrativo y pronunciarse sobre el derecho al juez competente. La competencia del juez de amparo se determina por el objeto de la acción —la protección de un derecho fundamental—, no por la naturaleza del acto que lo lesiona (TC/0292/15, numeral 9, a–b, pág. 18; TC/0292/15, numeral 9, d, pág. 19; TC/0292/15, numeral 10, d–e, pág. 21).
El secuestro de bienes para fines de decomiso por contrabando debe dar lugar a un proceso penal, y el decomiso del vehículo solo procede si su titular es autor o cómplice de la infracción. Aunque la devolución debía solicitarse al juez de la instrucción o al tribunal apoderado, no constaba que la Dirección General de Aduanas hubiera apoderado a la jurisdicción penal, lo que impedía a la autoridad judicial definir la situación de la accionante. Además, Aduanas se negó a acatar la orden del Ministerio Público de ejecutar el auto de incautación dictado en favor de la propietaria, cuya titularidad se acredita mediante la matrícula. El Tribunal consideró admisible el amparo frente a esa actuación arbitraria e ilegal y concluyó que Aduanas violó el debido proceso administrativo, incurrió en abuso de autoridad y conculcó el derecho de propiedad (TC/0292/15, numeral 10, f–g, pág. 22; TC/0292/15, numeral 10, h–i, pág. 23; TC/0292/15, numeral 10, j–k, pág. 24; TC/0292/15, numeral 10, l, pág. 24).
Decisión
El Tribunal admitió en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, lo rechazó en cuanto al fondo y confirmó la Sentencia núm. 573, sin costas. No conoció la demanda de suspensión de ejecución porque ya había sido decidida por la Suprema Corte de Justicia y constituía cosa juzgada.
Citas textuales clave
“Ciertamente la solicitud sobre la devolución del vehículo procede por ante el juez de la instrucción o el tribunal que se encontrare apoderado del caso, pero en el expediente no se refleja, en ninguna parte, que la Dirección General de Aduanas haya apoderado a la jurisdicción penal correspondiente.” (TC/0292/15, numeral 10, h–i, pág. 23).
“solo procede cuando sus titulares sean los cómplices o los autores del contrabando” (TC/0292/15, numeral 10, j–k, pág. 24).
“la Dirección General de Aduanas ha violado el debido proceso administrativo y ejercido un abuso de autoridad al no cumplir con la obligación indicada” (TC/0292/15, numeral 10, l, pág. 24).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 51 y 72.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 94 y 100.
Código Procesal Penal: artículo 190.
Ley núm. 3489, General de Aduanas, modificada por la Ley núm. 226: artículos 200, literal c), y 208, párrafo.
Ley núm. 483, sobre Venta Condicional de Muebles.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
De conformidad con los documentos depositados en el expediente y los hechos y alegatos invocados por las partes, el conflicto se origina por el decomiso efectuado por la Dirección General de Aduanas de un vehículo supuestamente utilizado en el transporte ilegal de arroz proveniente de la República de Haití, sin el pago de impuestos aduanales. Dicho vehículo fue vendido condicionalmente. Frente a la dificultad de la propietaria, hoy recurrida, de ejecutar la incautación o devolución del vehículo al amparo de la Ley sobre Venta Condicional de Muebles, interpuso una acción de amparo por la violación al derecho de propiedad y abuso de autoridad de la Dirección General de Aduanas, que fue declarado procedente y ordenado “entregar inmediatamente” el vehículo y condenado el “Estado dominicano vía la Dirección General de Aduanas y al señor Miguel Cocco Guerrero al pago solidario de una astreinte (…) por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión.” Esa sentencia fue recurrida en casación y la Suprema Corte de Justicia la declinó ante este tribunal porque, “a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la Ley No. 137-11 y de su párrafo, las decisiones del juez de amparo, únicamente son susceptibles del recurso de revisión, por ante el Tribunal Constitucional”.
9. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en
materia de amparo
a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería; por tanto, antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la antes referida ley.
b. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, sujetándola “(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (…)”. En efecto, este artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, “(…) atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”.
c. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal ha señalado en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), que reúnen esta condición aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
d. La jurisprudencia constitucional comparada ha contemplado la configuración de una causal de nulidad de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos transcendentales para el sentido de la decisión. 1 A ese respecto, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo tiene relevancia y trascendencia constitucional, en tanto que con el examen del mismo se podrá determinar las condiciones de admisibilidad del recurso de amparo cuando estemos en presencia de la vulneración de derechos fundamentales como es el derecho de propiedad en ocasión del decomiso de vehículos, para continuar con el 1 Corte Constitucional de Colombia, Auto 031A /02, del 30 de abril de 2002. Fundamentos jurídicos 13 a 20. desarrollo jurisprudencial respecto del tema del debido proceso administrativo y para fijar posición con respecto a la necesidad de ser juzgado por el juez legamente competente, como derecho fundamental.
10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo y la
demanda en suspensión de ejecución de sentencia A. En cuanto al recurso de revisión constitucional en materia de amparo
a. El presente caso se refiere al reclamo de devolución de un vehículo comprado de acuerdo a la Ley sobre Venta Condicional de Muebles que la Dirección General de Aduanas decomisó, en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Aduanas núm. 3489, por ser supuestamente utilizado en el transporte de arroz introducido de contrabando al país. La parte hoy recurrida interpuso una acción de amparo por la violación al derecho de propiedad y abuso de autoridad de la Dirección General de Aduanas, que fue declarada procedente y, mediante sentencia, se ordenó “entregar inmediatamente” el vehículo y se condenó el “Estado dominicano vía la Dirección General de Aduanas y al señor Miguel Cocco Guerrero al pago solidario de una astreinte (…) por cada día de retardo en el cumplimiento de la decisión”. De su parte, la recurrente, alega que actuó conforme al literal c) del artículo 200 de la Ley núm. 3489, del catorce (14) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), que dispone que se aplicará dicha medida a los animales, vehículos, embarcaciones u otros medios de transporte, y de los objetos o instrumentados que hayan servido para la comisión del hecho, siempre que pertenezcan al autor o a sus cómplices y que el valor de los objetos, productos, géneros o mercancías del contrabando exceda de cinco mil pesos (RD$5,000.00).
b. La parte recurrente le solicita a este tribunal que sea casada la sentencia recurrida y enviada a un tribunal competente para conocer el fondo. En cambio, la parte recurrida plantea que sea rechazado el recurso contra la Sentencia núm. 573, ya que acogerlo “equivaldría a fomentar actuaciones arbitrarias e ilegales como las cometidas por la Dirección General de Aduanas y el señor Miguel Cocco Guerrero”. El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado los documentos y argumentos de las partes, fundamenta su decisión en los aspectos que se exponen a continuación.
c. En primer lugar, es importante destacar que el tribunal que conoce del recurso de revisión no puede cuestionar la valoración de la prueba que hagan los jueces que conocieron el fondo del caso, puesto que si lo hicieren violarían los límites de sus atribuciones.
d. En segundo lugar, el recurso de amparo está abierto en favor de toda persona contra quien se ejecuten actos violatorios a sus derechos fundamentales, no estando determinada la competencia del juez de amparo por la naturaleza del acto violatorio del derecho lesionado, sino por el objeto de la acción, es decir, el amparo de ese derecho y la protección jurisdiccional de derechos fundamentales, según indica el artículo 72 de la Carta Magna, que expresa: Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
e. En tercer lugar, para que se verifique una violación a su derecho de defensa, la parte recurrente tendría que haberse visto impedida de defenderse y de presentar conclusiones en audiencia durante el proceso de apelación. No obstante, la parte recurrente compareció, solicitó las medidas que estimó de lugar y pudo defender sus intereses al concluir sobre el fondo, razón por la que se rechaza desde ya la violación al derecho de defensa que se aduce.
f. En otro sentido, el vehículo cuya devolución se reclama fue decomisado por la Dirección General de Aduanas por ser supuestamente utilizado en el transporte de arroz introducido de contrabando al país en violación a la Ley núm. 3489, General de Aduanas del catorce (14) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953). Sin embargo, cuando se produce el secuestro para fines de comiso de los objetos involucrados en contrabando, debe iniciarse un proceso penal para la sanción de la infracción cometida, y el Código Procesal Penal, en sus disposiciones, organiza los mecanismos jurídicos procesales para regular todas sus incidencias, incluyendo la disposición y destino de los bienes sujeto a decomiso.
g. Así, el artículo 190 del Código Procesal Penal dispone: Tan pronto se puede prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Esta devolución puede ordenarse provisionalmente en calidad de depósito judicial e imponerse al poseedor la obligación de presentarlos cuando se requiera. Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del dueño o poseedor, los objetos pueden ser entregados en depósito a un establecimiento asistencial que los necesite, que sólo pueden utilizarlos para cumplir el servicio que brinda al público. En caso de controversia acerca de la tenencia, posesión o dominio sobre una cosa o documento, para entregarlo en depósito o devolverlo, se aplican, analógicamente, las reglas civiles respectivas. La decisión del ministerio público referida a la devolución puede ser objetada ante el juez.
h. En el presente caso, el Ministerio Público, en virtud de dichas atribuciones conferidas por el repetido artículo 190, dispuso la entrega del vehículo mediante oficio del veinte (20) de enero de dos mil seis (2006), reiterado por otro del dieciocho (18) de marzo del mismo año, ordenándole a la Dirección General de Aduanas que ejecutara el auto de incautación del vehículo que en provecho de la recurrida había emitido el juez de paz competente, y que se hallaba en manos de dicha dirección, en virtud de lo que disponía el párrafo del artículo 208 de la Ley núm. 3489, General de Aduanas del catorce (14) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), en el sentido de que: Todos los artículos comisados, incautados, confiscados, u ocupados por cualquier autoridad, deberán ser entregados al Colector de Aduanas de la jurisdicción mediante recibo, en un plazo de 24 horas. La presentación de una certificación expedida por el Colector de Aduanas en la cual conste el detalle de los artículos comisados, incautados, confiscados u ocupados, servirá como cuerpo del delito en las causas que se ventilen ante los tribunales por violaciones a la presente ley.
i. Ciertamente la solicitud sobre la devolución del vehículo procede por ante el juez de la instrucción o el tribunal que se encontrare apoderado del caso, pero en el expediente no se refleja, en ninguna parte, que la Dirección General de Aduanas haya apoderado a la jurisdicción penal correspondiente. Ante tal circunstancia, no puede la autoridad judicial definir la situación del accionante en amparo, quedando este, en consecuencia, en un limbo jurídico.
j. La parte recurrida interpuso una acción de amparo por violación al derecho de propiedad y abuso de autoridad de la Dirección General de Aduanas y este tribunal constitucional entiende que la sentencia que admitió el recurso de amparo debe ser confirmada. Por tanto, dicha acción debe ser declarada admisible en vista de que está dirigida contra una actuación arbitraria e ilegal de la Dirección General de Aduanas, que tiene la obligación de apoderar a un tribunal para que conozca de la acusación de contrabando y se determinen las responsabilidades correspondientes, si las hubiere. Por otra parte, los medios supuestamente utilizados para el contrabando pueden ser objeto de decomiso por parte de las autoridades aduanales, según se establece en el artículo 200 de la Ley núm. 3489, para el Régimen de las Aduanas, modificada por la Ley núm. 226, del veintiuno (21) de junio de dos mil seis (2006), que otorga personalidad jurídica y autonomía funcional a la Dirección General de Aduanas, pero solo procede cuando sus titulares sean los cómplices o los autores del contrabando, según dispone la letra c) del mismo artículo 200 de la referida ley.
k. Además, la propiedad de un vehículo de motor se comprueba por el certificado o matrícula, que es un documento oficial emitido y garantizado por el Estado para acreditar la existencia de un derecho y como prueba y garantía de su titularidad. En tal sentido, no puede ser desconocido por acciones particulares ni del Estado ni sus instituciones, pues esto entrañaría una transgresión a importantes preceptos de la Ley núm. 483, sobre Venta Condicional del Muebles, y al artículo 51 del texto constitucional.
l. En definitiva, frente a la negativa de la Dirección General de Aduanas de acatar la disposición del Ministerio Público de ejecutar el auto de incautación del vehículo, no hay dudas que la Dirección General de Aduanas ha violado el debido proceso administrativo y ejercido un abuso de autoridad al no cumplir con la obligación indicada, comportamiento que ha tenido como consecuencia la conculcación del derecho de propiedad que tiene la accionante en amparo, Ochoa Hermanos, C. x A, por lo que hemos comprobado la existencia de fundamentos jurídicos constitucionales necesarios para sustentar una violación a su derecho de propiedad. Por los motivos anteriormente expuestos, procede rechazar el recurso que nos ocupa y confirmar la sentencia objeto del mismo. B. En cuanto a la demanda en suspensión de ejecución de sentencia Este tribunal también fue apoderado de una demanda en suspensión de ejecución de sentencia mediante instancia depositada en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de noviembre de dos mil seis (2006), en el mismo expediente relativo al recurso de revisión constitucional que nos ocupa. La referida demanda en suspensión ya había sido conocida y fallada por la Suprema Corte de Justicia, mediante resolución del veintidós (22) de febrero de dos mil siete (2007), por tanto, es cosa juzgada y el tribunal no conocerá la misma. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Estado dominicano, vía la Dirección General de Aduanas, contra la Sentencia núm. 573, dictada por Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiuno (21) de septiembre de dos mil seis (2006).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 573, dictada por Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiuno (21) de septiembre de dos mil seis (2006).
TERCERO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, el Estado dominicano, vía la Dirección General de Aduanas, y a la parte recurrida, Ochoa Hermanos, C. x A.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0292/15, del 23 de septiembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0292-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.