Sentencia TC/0303/16

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de julio de 2016 · Expediente TC-02-2016-0003

control preventivo de constitucionalidad del “Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, suscrito por República Dominicana el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Proteccion de las personas con discapacidad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0303/16?

El control preventivo de los tratados internacionales garantiza la supremacía constitucional mediante el examen de sus cláusulas antes de la ratificación legislativa. Su finalidad es evitar que el Estado asuma obligaciones internacionales contrarias a la Constitución, pues los tratados deben cumplirse de buena fe y no pueden invocarse normas internas para incumplir las obligaciones asumidas (TC/0303/16, numeral 4, 4.1–4.3, pág. 6; TC/0303/16, numeral 5, 5.1–5.4, pág. 7; TC/0303/16, numeral 5, 5.5–5.6, pág. 8).

Al revisar integralmente el Tratado de Marrakech, el Tribunal centró su examen en la protección de las personas con discapacidad, la igualdad y la educación. Las limitaciones y excepciones previstas para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso contribuyen a la protección e integración previstas en el artículo 58 de la Constitución, favorecen la igualdad reconocida en el artículo 39 y propician el acceso al sistema educativo en condiciones de igualdad, conforme al artículo 63. Por ello, el Tribunal concluyó que el Tratado es compatible con la Constitución (TC/0303/16, numeral 6, 6.1, pág. 9; TC/0303/16, numeral 6, a, pág. 9; TC/0303/16, numeral 6, b, pág. 10; TC/0303/16, numeral 6, c, pág. 11).

Decisión

Declara conforme con la Constitución el Tratado de Marrakech, suscrito por la República Dominicana el 28 de junio de 2013. Ordena comunicar la decisión al presidente de la República y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Este tratado tiene una clara dimensión de desarrollo humanitario y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.” (TC/0303/16, numeral 6, a, pág. 9)
“En ese orden, el referido Tratado se apega a la disposición contenida en el artículo 63 de la Constitución, en razón de que su contenido propende a que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en plano de igualdad.” (TC/0303/16, numeral 6, c, pág. 11)

Normas interpretadas

Constitución de la República Dominicana: artículos 39 (igualdad), 58 (protección de las personas con discapacidad), 63 (educación) y 128, numeral 1, literal d) (comunicación de la decisión al presidente de la República).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0037/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

4. Control de constitucionalidad

4.1. El control preventivo de constitucionalidad es el mecanismo habilitado por la Constitución para hacer efectivo el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual todas las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado, proclamando de esa manera la nulidad de todo acto contrario a la Constitución.

4.2. Este control se ejerce a posteriori mediante acciones directas de inconstitucionalidad contra toda ley, decreto, acto, resolución y ordenanza contrario a la Constitución; también a través del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo.

4.3. Por mandato de la referida ley que rige los procedimientos constitucionales, el Tribunal Constitucional decidirá sobre la constitucionalidad o no de los tratados internacionales, debiendo especificar si considera inconstitucional el Tratado, en cuáles aspectos recae la inconstitucionalidad y las razones en las que fundamenta la decisión.

TC/0303/16, numeral 4, 4.1–4.3, pág. 6 — PDF oficial

5. Recepción del derecho internacional

5.1. El control preventivo implica someter las cláusulas que integran un acuerdo internacional a un riguroso examen de constitucionalidad con la Carta Fundamental para evitar contradicción del ordenamiento constitucional con los tratados internacionales en tanto constituyen fuente del derecho interno, para que el Estado no se haga compromisario de obligaciones y deberes en el ámbito internacional contrarios a la Constitución.

5.2. El mecanismo diseñado por el constituyente para el ingreso del derecho internacional constituye una de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, al reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.

5.3. El Estado dominicano, como miembro de la comunidad internacional que busca promover el desarrollo común de las naciones, actúa apegado a las normas del derecho internacional, en la defensa de los intereses nacionales, abierta a la cooperación e integración mediante la negociación y concertación de tratados en áreas definidas como estratégicas en sus relaciones con la comunidad internacional.

5.4. La Constitución dominicana, en procura del fortalecimiento de las relaciones internacionales establece que en igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta el ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones.

TC/0303/16, numeral 5, 5.1–5.4, pág. 7 — PDF oficial

5.5. Reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, tiene una implicación que trasciende el ámbito interno. Es que, en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe (pacta sunt servanda), es decir, sin que se puedan invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la convención. Desde esta óptica se plantea la necesidad de que su contenido esté acorde con los principios y valores de la Constitución, que es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. 1

5.6. Es preciso recordar que esta posición fue expuesta por este tribunal en la Sentencia TC/0037/12, párrafo 2.4.3, en la que sostuvo: Estos argumentos de la doctrina justifican una postura coherente de los órganos públicos al momento de suscribir un tratado que va a implicar deberes y obligaciones para el Estado, pues ellos no pueden entrar en contradicción con la Constitución que es la norma habilitante que faculta a la autoridad que suscribe el tratado. De ahí que el control preventivo emerge como un mecanismo de gran utilidad para garantizar la supremacía constitucional. 1 Se trata del reconocimiento universal de los principios del “libre consentimiento”, “buena fe” y de la norma “pacta sunt servanda”. Etimológicamente esta última significa que los tratados deben ser cumplidos; a ella se hace alusión desde el Preámbulo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y está plasmada en el artículo 26 de la Convención.

TC/0303/16, numeral 5, 5.5–5.6, pág. 8 — PDF oficial

6. Aspectos del control de constitucionalidad

6.1. A los fines de ejercer el control preventivo de constitucionalidad sobre el Tratado de Marrakech sin dejar de cumplir con su rol de practicar una revisión integral, el Tribunal entiende pertinente centrar su atención en aquellos aspectos que están vinculados directamente con su contenido y que ameritan ser confrontados con los valores y principios de la Constitución, tales como: a) la protección de las persona con discapacidad; b) el derecho a la igualdad; y c) el derecho a la educación.

TC/0303/16, numeral 6, 6.1, pág. 9 — PDF oficial

a. La protección de las personas con discapacidad Como bien hemos indicado, el Tratado de Marrakech tiene como finalidad facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, perteneciendo el mismo al cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la OMPI. Este tratado tiene una clara dimensión de desarrollo humanitario y social, y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Como se observa, el Tratado de Marrakech, adoptado el veintisiete (27) de junio de dos mil trece (2013), en Marrakech, guarda relación con lo establecido por el constituyente, ya que en el artículo 58 de la Constitución de la República se establece que: Artículo 58. Protección de las personas con discapacidad. El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política. En ese sentido y en vista de que este es uno de los objetivos del tratado analizado, es ostensible que el mismo es conforme con la Constitución, a la vez que el documento de marras coadyuva en el desarrollo de la iniciativa consagrada en el referido artículo

TC/0303/16, numeral 6, a, pág. 9 — PDF oficial

b. El derecho a la igualdad En el preámbulo del Tratado de Marrakech, objeto del presente control, es constatable que el mismo tiene por finalidad el reconocimiento de los derechos que poseen las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y a la vez procura fijar las limitaciones y excepciones apropiadas para que esas personas puedan acceder a las obras, en particular, cuando el mercado es incapaz de proporcionar dicho acceso. Este objetivo encuentra correspondencia normativa con lo que dispone el artículo 39 de la Constitución, el cual establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”. 2 Dadas estas consideraciones, entendemos que la finalidad del presente tratado procura colocar en un plano de igualdad a la persona con discapacidad visual o con 2 Subrayado es nuestro. otras dificultades para que estos puedan tener las obras publicadas y textos impresos, lo cual guarda relación y procura optimizar el derecho de igualdad dispuesto en el artículo 39 de la Constitución.

TC/0303/16, numeral 6, b, pág. 10 — PDF oficial

c. El derecho a la educación Es evidente que el fin primordial del presente tratado es procurar el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, cuya imposibilidad propende a limitarles el derecho de acceder a una educación integral. Respecto a este, al ámbito de la Constitución dominicana, dispone en su artículo 63, que: Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: (…) 1) La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En ese orden, el referido Tratado se apega a la disposición contenida en el artículo 63 de la Constitución, en razón de que su contenido propende a que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en plano de igualdad. En ese sentido, en vista de que las disposiciones establecidas en el “Tratado de Marrakech” para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, no contravienen las disposiciones constitucionales, este tribunal constitucional entiende que el mismo resulta compatible con la Constitución. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0303/16, numeral 6, c, pág. 11 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR conforme con la Constitución de la República Dominicana, el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, suscrito por República Dominicana el veintiocho (28) de junio de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente decisión al presidente de la República para los fines contemplados en el artículo 128, numeral 1, literal d), de la Constitución.

TERCERO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0303/16, del 20 de julio de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0303-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.