Sentencia TC/0305/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de diciembre de 2014 · Expediente TC-03-2014-0001

conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Gobierno Central, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de separación de poderes · Prinicipio de autonomia constitucional

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0305/14?

La autonomía reforzada que el artículo 212 de la Constitución reconoce a la Junta Central Electoral (JCE) comprende no solo sus competencias expresas, sino también las accesorias e instrumentales indispensables para ejercerlas. De la atribución de gestionar el registro civil y la cédula de identidad y electoral se desprenden la competencia accesoria de proveer la cédula y la competencia instrumental de planificar y realizar las contrataciones necesarias para elaborarla. El control interno de sus actuaciones administrativas y financieras también es una competencia accesoria: someterla a la revisión jerárquica de una dependencia del Poder Ejecutivo desconocería su autonomía y vulneraría la separación de poderes (TC/0305/14, numeral 11, 11.7, pág. 27; TC/0305/14, numeral 11, 11.12, pág. 30; TC/0305/14, numeral 11, 11.22, pág. 38; TC/0305/14, numeral 11, 11.23, pág. 39).

Las decisiones de la JCE adoptadas conforme a su régimen normativo propio ponen fin a la vía administrativa. Por ello, no le son aplicables las disposiciones legales que faculten a un órgano infraconstitucional para conocer recursos jerárquicos contra esas decisiones o ejercer otros controles administrativos o financieros. Esto no exime a la JCE de observar los principios generales de la legislación sobre contrataciones públicas ni excluye el control fiscal externo de la Cámara de Cuentas, el control jurisdiccional y el control del Congreso Nacional (TC/0305/14, numeral 11, 11.18, pág. 35; TC/0305/14, numeral 11, 11.23, pág. 39).

Decisión

Admitió en cuanto a la forma y acogió en cuanto al fondo el conflicto de competencia, y rechazó in limine la intervención voluntaria de Global ID Solutions. Declaró que el control interno de la actuación administrativa y financiera es una competencia accesoria de la JCE y que la DGCP carece de competencia para conocer recursos jerárquicos contra sus actuaciones.

Citas textuales clave

“Así, los órganos constitucionales están dotados de una autonomía reforzada, es decir, de un grado tal de autonomía muy superior al de los entes administrativos y municipales, que les garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo.” (TC/0305/14, numeral 11, 11.7, pág. 27)
“La autonomía constitucional implica que las decisiones de la Junta Central Electoral, adoptadas según su régimen normativo propio, al igual que cualquier otro órgano extrapoder, ponen fin a la vía administrativa.” (TC/0305/14, numeral 11, 11.23, pág. 39)
“La competencia de autocontrol en sede administrativa no supone la indefensión de la ciudadanía ante las actuaciones de los órganos constitucionales.” (TC/0305/14, numeral 11, 11.20, pág. 36)

Normas interpretadas

Constitución: arts. 4, 6, 69, 134, 141, 212 y 245 a 248. Ley núm. 340-06: art. 35.1, modificado por la Ley núm. 449-06. Ley núm. 247-12: arts. 4, 12.5, 24 y 25. Ley núm. 275-97: art. 5.a. Ley núm. 107-13: art. 2, párrafo II. Ley núm. 10-07: arts. 2, párrafo III, y 11. Ley núm. 10-04: art. 30.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0061/12; TC/0152/13; Resolución núm. 00919-99 de la Sala Constitucional de Costa Rica.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del Conflicto

El presente caso concierne a un conflicto de competencia planteado a instancia de la Junta Central Electoral (JCE) contra el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda. Dicho conflicto se generó por la solicitud que realizara la DGCP a la JCE de remitir su escrito de defensa, así como el expediente administrativo de la licitación pública internacional JCE-CEL-LPI-2001, con la finalidad de conocer un recurso jerárquico incoado por la empresa Global ID Solutions (Caleum Dominicana, S.R.L.) contra la adjudicación del contrato de la licitación de referencia. Esta última concierne a la adquisición de equipos y materiales para la impresión de la nueva cédula de identidad y electoral. El conflicto de competencia se manifiesta en la diferencia conceptual de criterio entre un órgano constitucional autónomo (la JCE) y un órgano de la Administración Central (la DGCP), al presumirse ambos competentes (conflicto positivo) para ejercer el control administrativo de los actos de uno de ellos (la JCE).

TC/0305/14, numeral 7, pág. 18 — PDF oficial

9. Sobre la admisibilidad del conflicto de competencia

9.1. Este tribunal, en su Sentencia TC/0061/12, estableció, de una parte, que habrá conflicto de competencia de orden constitucional cuando: 1) exista disputa por atribución de las mismas facultades entre: a) poderes públicos entre sí; b) poderes públicos y órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, municipios u otras personas de derecho público; o c) cualesquiera de estas entre sí, a instancia de sus titulares. Y, de otra parte, expresó que para que se configure el conflicto de competencia constitucional se requiere, además, que: 2) las competencias en disputa estén asignadas en la Constitución; 3) el conflicto se inicie a instancia del titular del órgano que invoca el conflicto y; 4) el titular esté legitimado por la norma que establece el mecanismo de su elección, nombramiento o designación.

9.2. En cuanto al primer requisito de admisibilidad, puede advertirse que en el presente caso existe un conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral (JCE) y el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda; conflicto que se origina por la pretensión de la entidad dependiente del Ejecutivo de conocer de recursos jerárquicos contra actuaciones del órgano constitucional electoral. Se trata, en efecto, de dos órganos de derecho público, a saber: la accionante JCE es un órgano constitucional autónomo con personería jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera; el accionado Poder Ejecutivo, que actúa en la especie a través de la DGCP que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, según el artículo 35.1 de la Ley Núm. 340-06 (modificado por la Ley núm. 449-06).

TC/0305/14, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 19 — PDF oficial

9.3. Resulta necesario consignar que el artículo 134 de la Constitución establece: “para el despacho de los asuntos de gobierno habrá los ministerios que sean creados por ley. Cada ministerio estará a cargo de un ministro y contará con los viceministros que se consideren necesarios para el despacho de sus asuntos”. Sobre el particular, los artículos 24 y 25 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, precisan, a su vez, que: los ministerios son órganos de planificación, dirección, coordinación y ejecución de la función administrativa del Estado, encargados en especial de la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios en las materias de su competencia y sobre las cuales ejercen su rectoría… El ministro o ministra es la autoridad superior de la Administración Pública en un ámbito determinado del Estado y, en esta calidad, dispone de prerrogativas jerárquicas, de tutela administrativa y de supervisión necesarias para garantizar la adecuada organización y funcionamiento de su sector. Los órganos administrativos del Poder Ejecutivo se incorporarán a los ministerios y serán regidos por el principio jerárquico bajo la autoridad superior del ministro o ministra. Los entes descentralizados funcionalmente estarán adscritos al ministerio que les corresponda, según el mismo criterio, y sometidos a la tutela administrativa de éste.

TC/0305/14, numeral 9, 9.3, pág. 20 — PDF oficial

9.4. A la luz de lo anteriormente expuesto, este tribunal considera que la DGCP es un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo, incorporado legalmente en el Ministerio de Hacienda y sujeto jerárquicamente a la autoridad superior del ministro o ministra del sector. Por tanto, los conflictos constitucionales incoados por cualquiera de los órganos legitimados para accionar en esta materia en contra de una actuación antijurídica de órgano administrativo subordinado (como es el caso de la DGCP) deben ser comunicados al Ministerio del ramo competente para que tenga la oportunidad de fijar la posición del órgano superior en relación al objeto del proceso. Es así que los órganos administrativos subordinados tienen una legitimación pasiva condicionada, pues resulta claro que el superior jerárquico, al participar en el proceso, puede condicionar las pretensiones del ente subordinado por razones de oportunidad, conveniencia o mérito.

TC/0305/14, numeral 9, 9.4, pág. 20 — PDF oficial

9.5. Para verificar el cumplimiento del segundo requisito de admisibilidad, es necesario recordar que este tribunal ha planteado que “el objeto del conflicto de competencia constitucional consiste en la controversia por la titularidad de la competencia asignada por la Constitución a los órganos o personas de Derecho Público, que puede referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones”. 6 Por esta razón, este proceso procede contra cualquier actuación que voluntariamente o en cumplimiento de una norma jurídica produzca una lesión a la jerarquía, la territorialidad o las funciones de los poderes y órganos legitimados para accionar. Las competencias constitucionales que ha de tutelar el Tribunal Constitucional no pueden interpretarse en sentido restrictivo, sino que han de abarcar tanto las competencias fundamentales expresamente señaladas en las Constitución, como las competencias accesorias e instrumentales que implícitamente se deriven de aquellas.

9.6. La atribución competencial que se disputa en la especie consiste en la capacidad de una dependencia del Poder Ejecutivo de ejercer un control administrativo sobre los actos realizados por la Junta Central Electoral en un 6 Sentencia TC/0061/12 (destacado nuestro). proceso de licitación para la obtención de los equipos y los servicios conexos necesarios para la expedición de la cédula de identidad y electoral. Este Tribunal considera, prima facie, que la capacidad para revisar las actuaciones en vía administrativa constituye una competencia que se desprende de la autonomía e independencia que el artículo 212 de la Constitución reserva a la Junta Central Electoral. Pero este aspecto constituye el objeto de la controversia y será abordado con mayor profundidad en los fundamentos sustantivos de la presente sentencia.

TC/0305/14, numeral 9, 9.5–9.6, pág. 21 — PDF oficial

9.7. El tercer y el cuarto requisito de admisibilidad se cumplen en la especie, toda vez que el proceso competencial ha sido impulsado por el presidente de la Junta Central Electoral, quien “ejerce la representación legal del organismo”. 7 Este funcionario fue designado por el órgano constitucionalmente competente para tales fines, que es el Senado de la República, condición que le otorga titularidad y legitimidad procesal activa para la representación de la parte accionante en el presente conflicto de competencia.

9.8. Este colegiado ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para la configuración de un conflicto de competencia de orden constitucional, circunstancia que le permitirá pronunciarse en relación al cuestionamiento de la accionante JCE respecto a que el Poder Ejecutivo, a través de la DGCP, que actúa en la especie en ejercicio de un alegado mandato legal, pueda conocer recursos jerárquicos contra sus actuaciones administrativas.

TC/0305/14, numeral 9, 9.7–9.8, pág. 22 — PDF oficial

10. En cuanto a la intervención voluntaria

Este tribunal considera que la naturaleza del conflicto de competencia no admite la participación de particulares en la condición de partes interesadas a través de 7 Artículo 5.a de la Ley Núm. 275-97. mecanismos como la intervención voluntaria o forzosa. No cabe duda que la determinación de la competencia que surja de la decisión del Tribunal Constitucional podría afectar intereses de particulares, pero esta eventual afectación, si es que llegase a ocurrir, no sería suficiente para permitir que las personas de derecho privado intervengan en un proceso constitucional que se instaura entre dos o más entidades de derecho público que se disputan competencias entre sí (conflicto positivo), o que se niegan a asumir (conflicto negativo) una competencia constitucional. Por este motivo se rechaza in limine la intervención de la Empresa Global ID Solutions (Caelum Dominicana S. R. L.).

TC/0305/14, numeral 10, pág. 22 — PDF oficial

11. Análisis del conflicto constitucional

11.1. La Junta Central Electoral fue creada por la Ley núm. 3413, de doce (12) de abril de mil novecientos veintitrés (1923), durante el período de transición que preparó el retorno a la soberanía nacional en la antesala de la Tercera República. Fue incorporada en el artículo 84 de la Carta Magna, en la reforma de 1924, en los siguientes términos: “Las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de ésta, de conformidad con la ley”. A partir de la revisión constitucional de 1927, se le asigna la potestad de “juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley”, y, en la Constitución de 1966 es investida de “iniciativa legislativa en asuntos electorales”. La creación de este órgano procuraba sentar las bases normativas e institucionales para la competencia política democrática y cerrar las puertas a la manipulación de los resultados electorales. Pero, como es sabido, esto solo empezaría a cobrar efectividad después la dictadura que rigió el país por 31 años. Es decir, en el transcurso de la Cuarta República, cuando se produce la modernización de nuestro sistema electoral.

TC/0305/14, numeral 11, 11.1, pág. 23 — PDF oficial

11.2. En el decurso de las últimas décadas, la Junta Central Electoral ha adquirido una relevancia incuestionable en el ordenamiento jurídico y político dominicano, lapso en que se ha producido un proceso de consolidación mediante el cual no solo ha pasado a ser un órgano de carácter más relevante, sino que también ha ido asumiendo más funciones para el aseguramiento de la institucionalidad democrática. Es así como, en 1992, se le transfiere legalmente la gestión del registro civil y la cédula de identidad y electoral, que eran dependencias del Poder Ejecutivo, y luego, en 1997, adquiere autonomía, en virtud de la Ley Electoral núm. 275-97, quedando configurada como una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable, con capacidad para realizar todos los actos jurídicos que fueren útiles para el cumplimiento de sus fines, en la forma y en las condiciones que la Constitución, las leyes y sus reglamentos determinen y con autonomía económica y presupuestaria.

TC/0305/14, numeral 11, 11.2, pág. 24 — PDF oficial

11.3. La Constitución de 2010, si bien elimina la función jurisdiccional de la Junta Central Electoral, traspasándola al Tribunal Superior Electoral 8 , le deja la iniciativa legislativa en asuntos electorales 9 , al tiempo de fortalecer su autonomía y su estatus institucional en los siguientes términos: La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.[…]. 8 Artículo 214. 9 Artículo 96, acápite 4. Párrafo II. Serán dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral. Párrafo III. Durante las elecciones la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública, de conformidad por la ley. Párrafo IV. La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. 10

TC/0305/14, numeral 11, 11.3, pág. 24 — PDF oficial

11.4. En virtud de estas disposiciones constitucionales, se establece que la competencia fundamental de la Junta Central Electoral es “organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular”; que es el órgano superior del registro civil y la cédula de identidad y electoral y que, además, ha sido configurado como un órgano constitucional autónomo o extrapoder, conforme a las siguientes características: a) se encuentra investido de independencia técnica, administrativa, financiera y presupuestaria; b) goza de personería jurídica propia; c) es un ente de carácter colegiado; d) posee iniciativa legislativa en materia electoral, y e) tiene capacidad reglamentaria en los asuntos de su competencia. La facultad reglamentaria, en particular, no se limita a la regulación electoral y a los mecanismos de participación, sino que también abarca al registro civil, así como la cédula de identidad y electoral. Se trata, en consecuencia, de 10 Artículo 212 (subrayados nuestros). instrumentos imprescindibles para que pueda cumplir con sus cometidos. Los reglamentos que adopta pasan a formar parte del régimen normativo propio y actualizan el ordenamiento jurídico estatal generando derechos y obligaciones.

11.5. Preciso es señalar que los órganos extrapoder son creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de la separación de los poderes, los cuales surgen de la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales de gobierno. En ese sentido:

a. Constituyen órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales;

TC/0305/14, numeral 11, 11.4–a, pág. 25 — PDF oficial

b. escapan a toda línea jerárquica y a los controles de vigilancia y tutela jurídica de la autoridad rectora de la Administración Pública;

c. reciben directamente de la Constitución el estatus y competencias esenciales que definen su posición institucional en la estructura del Estado; y

d. concretan externamente las formas de gobierno y el Estado manifiesta a través de ellos su voluntad con la máxima eficacia formal.

e. los parámetros bajo los cuales ejercen sus funciones no pasan por los criterios inmediatos del momento, sino que, al ser órganos troncales o supremos, preservan el equilibrio institucional de la República y participan con los poderes tradicionales en la dirección política del Estado.

TC/0305/14, numeral 11, b–e, pág. 26 — PDF oficial

11.6. Este tribunal constitucional considera que resulta vital para la salud de la democracia que las elecciones se desarrollen en un clima de libertad, que se encaucen a través de partidos libres de la presión oficial y que se expresen bajo las garantías de un sistema electoral que descarte la manipulación del cuerpo electoral y haga imposible alterar la verdadera expresión de su voluntad. No menos importante es la garantía de un ágil y debido registro civil, así como la de una cedulación segura que garantice la identidad de las personas y posibilite el ejercicio de los derechos de ciudadanía. De modo que la autonomía e independencia de la Junta Central Electoral son consecuencia, por una parte, de la necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente de los partidos políticos y del Gobierno la competencia exclusiva y excluyente de organizar y gestionar la contienda electoral para asegurar que los resultados que acreditaran a los gobernantes sean efectivamente la expresión de la voluntad popular y, por otra parte, de la indispensable garantía de que la identidad nacional será resguardada y preservada celosamente, a fin de blindar el Registro Civil contra las acciones fraudulentas, falsificaciones y suplantaciones que por mucho tiempo le han afectado. Por estos motivos, las actuaciones y decisiones de este importante órgano tienen que permanecer absolutamente al margen de toda confrontación e intervención de carácter administrativo proveniente de otras fuentes de poder que con sus actuaciones puedan interferir con las funciones que le ha conferido la Carta Sustantiva.

TC/0305/14, numeral 11, 11.6, pág. 26 — PDF oficial

11.7. La autonomía, en el derecho público, constituye una noción polisémica porque tiene múltiples dimensiones y se emplea en diversos sentidos en el campo de la distribución del poder, conforme a la concepción específica acerca de la forma jurídico-política del Estado que define la Carta Magna. Necesario es precisar, entonces, que la autonomía de la que han sido revestidos los órganos extrapoder en la Constitución de 2010 es cualitativamente superior a la autonomía meramente administrativa que la Constitución reconoce a los organismos autónomos y descentralizados de la Administración Pública, los cuales podrán ser creados por ley y “estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector”. 11 Ella se distingue también de la autonomía de la Administración Local o Municipal 12 , que la Constitución establece para estimular la descentralización territorial 13 en el contexto de una República unitaria 14 . Así, los órganos constitucionales están dotados de una autonomía reforzada, es decir, de un grado tal de autonomía muy superior al de los entes administrativos y municipales, que les garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo.

TC/0305/14, numeral 11, 11.7, pág. 27 — PDF oficial

11.8. Cabe agregar que la autonomía constitucional, como categoría jurídica abstracta y mandato de optimización, necesita materializarse de algún modo si es que pretende ser operativa en el ejercicio del poder público. Por ello, la Constitución reconoce tres manifestaciones esenciales (funcional, administrativa y presupuestaria) de las que emergen implícitamente un conjunto de competencias accesorias e instrumentales indispensables para el desempeño eficaz de las competencias fundamentales atribuidas al órgano. Son accesorias, las competencias sustantivas implícitas ligadas indisolublemente a las competencias fundamentales; e“instrumentales, las competencias que sirven de medio para el ejercicio de una competencia fundamental o accesoria atribuida al órgano en cuestión. Las competencias accesorias e instrumentales, que materializan la autonomía en su integralidad, son inescindibles de las potestades que la Constitución y las leyes orgánicas reservan a los distintos órganos constitucionales. En ese sentido, su lesión comporta siempre una cuestión de relevancia constitucional que habilita la intervención contralora de la justicia constitucional, conforme a los 11 Artículo 141. 12 Artículo 199. 13 Artículo 204. 14 Artículo 7. procesos definidos en la Constitución y la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

TC/0305/14, numeral 11, 11.8, pág. 28 — PDF oficial

11.9. La autonomía funcional implica el mayor grado de independencia o autogobierno para que el órgano ejerza las competencias específicas que le han sido encomendadas por la Constitución y por su ley orgánica. En ese orden de ideas, tal como ha expresado este colegiado: “Respetar su contenido esencial, equivale a no sujetar su capacidad de autogobierno a las decisiones de otras entidades que obstaculicen el cumplimiento de sus funciones”. 15 La autonomía funcional otorga al órgano constitucional la potestad de planificar, conforme su ley orgánica y sin injerencia de otras autoridades, “las políticas, estrategias, metas y objetivos” que resulten necesarios para ejercer sus funciones, al igual que para desarrollar las actividades y ejecutar los actos que den fiel cumplimiento a lo planificado, conforme a las competencias fundamentales que le ha asignado la Constitución. Comprende, además, “el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados”, 16 con la finalidad de corregir cualquier desviación significativa e identificar oportunidades de mejoramiento continuo.

TC/0305/14, numeral 11, 11.9, pág. 29 — PDF oficial

11.10. La autonomía administrativa asegura al órgano constitucional la capacidad de autoorganización y autoadministración necesarias para que pueda realizar sus atribuciones de manera independiente y sin interferencias de ningún otro órgano o poder. Cualquier entidad compleja necesita disponer sus estructuras y asignar cometidos a sus responsables para poder alcanzar correctamente sus objetivos. Esta potestad se ejercita a través de normas reglamentarias, o bien mediante decisiones o actos de carácter no normativo. Comprende, asimismo, la capacidad de disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que resulte más conveniente para el 15 Sentencia TC/0152/13: 9.1.9. 16 Artículo 12.5 de la Ley Núm. 247-12. cumplimiento de los cometidos y fines que tiene asignados. Esta vertiente de la autonomía se configura como una garantía en el desarrollo independiente de las funciones del órgano constitucional, que parte de la especialidad en su administración por su estatus jurídico y la función que desempeña en el ordenamiento jurídico político.

TC/0305/14, numeral 11, 11.10, pág. 29 — PDF oficial

11.11. La autonomía presupuestaria garantiza una amplia libertad de acción en la elaboración de los presupuestos de cada uno de estos órganos, así como a la programación de su ejecución, aspectos éstos que inciden ampliamente sobre la esfera de autodeterminación del órgano, pues lo eximen de la posibilidad de verse supeditado a la influencia que en determinado momento pueda ejercer el Poder Ejecutivo sobre sus decisiones, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión. En ese sentido, en materia presupuestaria, la independencia de los órganos constitucionales se refleja en la posibilidad de que sean los mismos los que elaboren su plan anual de gastos, así como la programación de su ejecución, de acuerdo con las necesidades propias de cada institución. Supeditar las referidas atribuciones a la actuación previa del Ejecutivo equivale a cercenar una de las principales garantías de independencia de que disponen tales órganos, y que les permite realizar efectivamente sus funciones activas y contraloras. 17

TC/0305/14, numeral 11, 11.11, pág. 30 — PDF oficial

11.12. En el caso de la Junta Central Electoral, la autonomía e independencia que le reconoce el artículo 212 de la Constitución implica, necesariamente, la potestad de ejercer múltiples competencias accesorias e instrumentales para llevar a cabo los cometidos primordiales que le ha asignado la Constitución. Así, por ejemplo, de las competencias de gestionar el registro civil y la cédula de identidad y electoral se derivan, de manera implícita, la competencia 17 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución Núm. 00919-99, de 12 de febrero de 1999. accesoria de proveer a la ciudadanía la cédula, al igual que la competencia instrumental de planificar y realizar las compras, licitaciones o concesiones que sean necesarias para su elaboración. El estatus que la Constitución de 2010 le asegura al órgano electoral impide que sus competencias fundamentales, accesorias e instrumentales puedan ser limitadas irrazonablemente por el órgano legislativo; y menos aún subordinarlas ni someterlas a la supervigilancia o control, en sede administrativa, de organismos dependientes del Poder Ejecutivo, ya que esto implicaría eliminar la jerarquía que le corresponde como órgano fundamental del Estado y también desconocer la autonomía constitucional de la que se encuentra revestido. La Junta Central Electoral tiene la obligación de garantizar la libre expresión y transparente resultado de la voluntad popular electoral sin interferencias de otro poder u órgano del Estado.

TC/0305/14, numeral 11, 11.12, pág. 30 — PDF oficial

11.13. No son atendibles los planteamientos de la parte accionada que procuran fundar la legitimidad del control de los procesos de compras y contrataciones de la Junta Central Electoral por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones, en atención al mandato que de manera armónica y sistematizada le hacen los artículos 245 de la Constitución de la República, la ley 5-07, que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, la ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, y la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas. En efecto, tales argumentos deben ser desestimados, en razón de que la obligación que impone el artículo 245 de la Constitución 18 consiste en el establecimiento legal de un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de 18 “Artículo 245.- Sistema de contabilidad. El Estado dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley”. contabilidad en las instituciones Estado; sistema que procura lograr un mecanismo que transparente el gasto público, en tiempo real, para fortalecer el control que, en el marco de sus respectivas competencias, han de ejercer los órganos constitucionales señalados por el artículo 246 de la Carta Magna 19 , así como la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.

TC/0305/14, numeral 11, 11.13, pág. 31 — PDF oficial

11.14. Preciso es señalar que el artículo 247 de la Constitución 20 establece que la Contraloría General de la República es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo. Aunque es un ente público prefigurado por la Constitución, carece de la autonomía necesaria para ser considerado un auténtico órgano extrapoder. El artículo 11 de la Ley núm. 10-07, que regula el funcionamiento de la Contraloría General de la República, precisa que es un organismo del Poder Ejecutivo, rector del control interno. Ejerce la fiscalización interna y evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos por las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley, en función del logro de los objetivos institucionales y de los planes y programas de gobierno. Es por ello que el artículo 2, párrafo III de la ley de la Contraloría General, establece que los otros poderes y órganos constitucionales, como es el caso de la Junta Central Electoral, “establecerán y mantendrán su propio control interno […] conforme a sus objetivos, planes y políticas, para lo cual deberán tomar como referencia la presente ley y las normas que emita la Contraloría General de la República.” 19 “Artículo 246.- Control y fiscalización de fondos públicos. El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.” 20 “Artículo 247.- Control interno. La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento de los trámites legales y administrativos, de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.” Estas disposiciones evidencian que tanto el constituyente, como el legislador han reconocido que la Contraloría General de la República no tiene competencia para ejercer el control interno de los otros poderes y órganos constitucionales autónomos.

TC/0305/14, numeral 11, 11.14, pág. 32 — PDF oficial

11.15. Cabe agregar que en el diseño institucional de la Carta Magna de 2010, no existe posibilidad alguna de que una entidad administrativa subordinada a un poder del Estado, incluyendo al Ejecutivo, pueda ser configurada legalmente como intermediaria entre la ciudadanía y los otros poderes u órganos constitucionales para asegurar el control social de la ejecución de los fondos públicos. Nuestra Constitución reconoce la función y el deber de la ciudadanía de velar por el uso correcto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública 21 ; pero el control social que en relación a este deber dispone el artículo 246 de la Constitución es ejercido por el pueblo en forma directa, conforme a la ley, en armonía con las previsiones del artículo 2. En ese sentido, existen mecanismos como el regulado por la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, del 28 de junio de 2004, así como las Comisiones de Veeduría Ciudadana, que regula el Decreto núm. 188-14, del 4 de junio de 2014, para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, con irrestricto apego a la Ley Núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones, del 6 de diciembre de 2006. Estas comisiones podrán acceder a la Cámara de Cuentas para canalizar sus observaciones y sugerencias 22 . 21 Artículo 75 inciso 12. 22 Artículo 7, Párrafo, Ley núm. 10-04.

TC/0305/14, numeral 11, 11.15, pág. 33 — PDF oficial

11.16. Este tribunal entiende que las actuaciones administrativas de los órganos que tienen autonomía constitucional, como el caso de la Junta Central Electoral, no pueden estar sujetas al control administrativo o financiero ejercido por una dependencia del Poder Ejecutivo u otra instancia infraconstitucional, procurando debilitar la potestad que tiene esa entidad para reglamentar los asuntos de su competencia o las acciones que de ella se deriven. Esa facultad conlleva la potestad de decidir todo lo relativo a sus actos, entre los cuales pueden mencionarse la regulación de los derechos y deberes de sus servidores públicos, mediante el establecimiento de normas que garanticen la idoneidad y estabilidad en el empleo, la remuneración, contratación, retiro y jubilación de sus servidores; lo relativo al sistema de contratación de bienes, obras y servicios que se realicen en el marco de los principios legales vigentes y de la moral administrativa.

TC/0305/14, numeral 11, 11.16, pág. 34 — PDF oficial

11.17. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 2010, el legislador empezó a delimitar cautelosamente la aplicabilidad de las disposiciones legales externas al régimen normativo propio de los órganos constitucionales, con la finalidad de preservar la autonomía que les ha conferido la Constitución. Así, tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, núm. 247, del 14 de agosto de 2012, como el artículo 2 (párrafo II), de la Ley Núm. 107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, acertadamente establecen que sus disposiciones se aplicarán a los órganos y entes de rango constitucional, siempre que resulten compatibles con su normativa específica, no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes. Esto evidencia que el Poder Legislativo asume que los órganos constitucionales tienen la facultad para decidir todo lo relativo al ejercicio de su autonomía; y, en consecuencia, a emitir las normas, reglamentos y resoluciones que les permitan ejercer plenamente sus funciones sin influencias de normas adjetivas que, si fueren aplicadas en la forma en que resultaron concebidas antes de la Constitución vigente, disminuirían la voluntad autonómica que les otorgó el poder constituyente, en su última manifestación de voluntad soberana el 26 de enero de 2010.

TC/0305/14, numeral 11, 11.17, pág. 34 — PDF oficial

11.18. Lleva la razón la accionante Junta Central Electoral cuando plantea que al igual como ocurre en el presente caso [con la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones], otras normas legales, tales como la ley 87- 01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la ley 10-07 de Contraloría, la ley 105-13 general de salarios y la ley 41-08 de función pública, entre otras, les son aplicables en sus principios y conceptos generales, pero no en los aspectos que impliquen una relación de subordinación o dependencia administrativa respecto del gobierno central u otro poder, en la medida en que esto afecta su autonomía constitucional. Ello no significa, en modo alguno, que sus actuaciones se encuentren exentas de control, pues la propia Carta Magna traza los lineamientos para que sus actividades administrativas, al igual que las de los otros órganos constitucionales, estén sometidas a supervisión y control: primero, a través de la Cámara de Cuentas de la República, en su rol de órgano de control fiscal externo; segundo, por la vía jurisdiccional que ejercen el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en el marco de sus respectivas competencias; y, tercero, del Congreso Nacional a través de los mecanismos de control político, legislativo y presupuestario.

TC/0305/14, numeral 11, 11.18, pág. 35 — PDF oficial

11.19. En ese sentido, el artículo 248 de la Constitución dispone que la Cámara de Cuentas es el órgano superior de control externo del Estado, correspondiéndole la vigilancia de la gestión de los recursos públicos y la protección del patrimonio público, así como fiscalizar que los procesos administrativos se ajusten a sólidas políticas, prácticas y principios de gestión pública. Puede apreciarse, entonces, que la competencia de este órgano va mucho más allá de la sola gestión financiera. La fiscalización sobre la adecuada tramitación de los procesos administrativos remite a un amplio abanico de competencias que se extienden a la verificación sobre el respeto de los contenidos de los términos de referencia en los procesos públicos de licitación para la adjudicación de obras, entre otras muchas cuestiones de alto interés para la ciudadanía. Cabe agregar, además, que el artículo 30 de la ley núm. 10-04 precisa que el control externo cubre tanto la evaluación de la “legalidad y confiabilidad de la información presentada en los estados financieros y presupuestarios” (auditoría financiera), como la verificación de “si los resultados esperados por las instituciones del Estado y sus programas se están logrando con observancia de la ética, así como con criterios de eficiencia, de economía y adecuado cuidado del ambiente” (auditoría de gestión).

TC/0305/14, numeral 11, 11.19, pág. 35 — PDF oficial

11.20. La competencia de autocontrol en sede administrativa no supone la indefensión de la ciudadanía ante las actuaciones de los órganos constitucionales. El paradigma de protección de los derechos e intereses legítimos de las personas que ha privilegiado el constituyente es la tutela jurisdiccional 23 . Esta se garantiza a través de los mecanismos dispuestos por la Constitución y las leyes de procedimiento de los distintos tribunales que ejercen la función jurisdiccional del Estado. Así, el Tribunal Superior Administrativo, que está llamado a controlar la legalidad de la actuación administrativa de los 23 Artículo 69 de la Carta Magna. órganos del Estado a requerimiento de la ciudadanía 24 ; la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales 25 y, en tal virtud, tiene competencia para conocer de los recursos de casación y los juicios penales incoados contra los titulares de los órganos constitucionales 26 ; y el Tribunal Constitucional, cuya competencia incluye el conocimiento de la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales firmes 27 , la revisión de sentencias de amparo al igual las acciones directas en inconstitucionalidad contra leyes, decretos, reglamentos o resoluciones 28 , así como los conflictos de competencia constitucional, a instancia de los titulares de los poderes u órganos 29 .

TC/0305/14, numeral 11, 11.20, pág. 36 — PDF oficial

11.21. La función de control del Congreso Nacional no puede reducirse a procedimientos determinados, ya que abarca la totalidad de sus actuaciones como órgano de representación popular. Así, en primer lugar, el control legislativo de los órganos constitucionales se manifiesta a través de la adopción de la ley orgánica que habría de regirlos 30 . Esta constituye una forma de control primaria, porque el legislador actúa en el momento de formación de la normativa que delimita y condiciona el ejercicio de sus facultades y competencias, siempre y cuando no vulnere el núcleo esencial de la autonomía constitucional. El control del Poder Legislativo también se hace patente en la aprobación del presupuesto 31 que han de aplicar anualmente los órganos constitucionales. 24 Artículos 139 y 165. 25 Artículo 152. 26 Artículo 154. 27 Artículo 277. 28 A instancia del presidente de la República, de las dos terceras partes del Senado o de la Cámara de Diputados, y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido 29 Artículo 185, acápite 1). 30 Artículo 112. 31 Artículos 234 y 235. Preciso es destacar aquí, asimismo, que incumbe al Legislativo, y no al Ejecutivo, la facultad constitucional de modificar las iniciativas presupuestarias de los órganos constitucionales autónomos. El Poder Ejecutivo al hacerlo en provecho de sus dependencias y en desmedro de los órganos constitucionales autónomos, lesiona la independencia presupuestaria de los mismos dificultando o eliminando sus planes operativos anuales y estratégicos. Por último, el control del legislador se ejercita, a posteriori, a través de la rendición de cuentas de los órganos constitucionales, la evaluación de los informes que con relación a ellos elabora la Cámara de Cuentas, así como mediante el juicio político y otros mecanismos constitucionales a los que se encuentran sujetos los titulares de los órganos extrapoderes.

TC/0305/14, numeral 11, 11.21, pág. 37 — PDF oficial

11.22. Este tribunal considera que limitar la autonomía constitucional mediante la vigilancia, supervisión o control de un ente infraconstitucional equivale a transferir, por vía legal, una potestad constitucional a una entidad distinta a la que ha decidido el constituyente, por lo que, en consecuencia, se pierde la independencia de los poderes y órganos y se atenta gravemente contra los artículos 4 y 6 de nuestra Carta Magna. Resulta inaceptable que una entidad de rango legal pueda incidir sobre decisiones que emanen de poderes u órganos constitucionales, sin que no se pueda deducir interferencia; sobre todo, si normas posteriores a las que le atribuye la facultad han sido modificadas, bien sea por leyes de naturaleza orgánica, o por efecto de la entrada en vigencia de la Constitución de 2010. Por lo tanto, ningún órgano del Poder Ejecutivo puede, en el ejercicio de sus facultades legales, interferir en las decisiones de los otros poderes públicos y órganos constitucionales autónomos, cuando estos intentan aplicar normas que no afectan la Constitución y la transparencia con que deben desempeñar sus funciones. Y en caso de que estas entidades, al igual que cualquier persona, requieran información de relevancia pública sobre la marcha o manejo de un determinado órgano constitucional autónomo, podrán tramitar sus solicitudes por los medios que se prevén en la Constitución y en la Ley núm. 200-04, de Acceso a la Información Pública.

TC/0305/14, numeral 11, 11.22, pág. 38 — PDF oficial

11.23. En virtud de lo anterior, este tribunal entiende que el agotamiento de la vía administrativa de los distintos actos que adoptan los órganos constitucionales es una garantía de la independencia y autonomía que les garantiza la Constitución. Por esta razón, contraviene el diseño constitucional de 2010 y, por ende, resulta inaplicable al órgano constitucional concernido, cualquier disposición legislativa que autorice a un órgano infraconstitucional que actué en la esfera de cualquier poder del Estado para conocer en sede administrativa de recursos jerárquicos contra las decisiones de la Junta Central Electoral o ejercer otros tipos de controles administrativos o financieros. A partir de ese momento las instancias competentes son la Cámara de Cuentas, las vías jurisdiccionales y el control del Poder Legislativo. La autonomía constitucional implica que las decisiones de la Junta Central Electoral, adoptadas según su régimen normativo propio, al igual que cualquier otro órgano extrapoder, ponen fin a la vía administrativa. En consecuencia, procede declarar que el control interno de la actuación administrativa y financiera (autocontrol) constituye una competencia accesoria de la Junta Central Electoral, que se deriva implícitamente de la autonomía e independencia otorgada por el pacto fundamental para el cumplimiento de sus competencias fundamentales. Por tanto, puede ser regulada por vía reglamentaria conforme a su régimen normativo propio, así como por cualesquiera otras disposiciones legales que resulten compatibles con aquel, siempre que no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto. Asimismo, los votos disidentes de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez; y del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0305/14, numeral 11, 11.23, pág. 39 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la presente acción de conflicto de competencia interpuesta por el presidente de la Junta Central Electoral contra el Poder Ejecutivo, que actúa través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la referida acción en conflicto de competencia, y en consecuencia, DECLARAR: a) que el control interno de la actuación administrativa y financiera constituye una competencia accesoria de la Junta Central Electoral, la cual forma parte indisoluble de la autonomía e independencia que le otorga el artículo 212 de la Constitución; y b) que, por tanto, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del Ministerio de Hacienda, carece de competencia para conocer un recurso jerárquico en contra de sus actuaciones.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, al presidente de la Junta Central Electoral, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).

CUARTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0305/14, del 22 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0305-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.