Sentencia TC/0309/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de diciembre de 2014 · Expediente TC-05-2013-0126
recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoada por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 145/2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana el veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0309/14?
El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite esclarecer la aplicación del criterio de la Sentencia TC/0168/13 en un conflicto relativo a los derechos a la nacionalidad y a la ciudadanía. La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Romana era competente para conocer del amparo contra la Junta Central Electoral, pero debía hacerlo en atribuciones contencioso-administrativas, no civiles. Al decidir en atribuciones distintas de las previstas por la ley, desconoció la garantía del juez competente, lo que justificó revocar la sentencia. No obstante, por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, el Tribunal conoció directamente del amparo y reiteró ese criterio para las reclamaciones de actas del estado civil o documentos de identidad que hubieran ingresado al Tribunal antes del 23 de septiembre de 2013 (TC/0309/14, numeral 9, c–d, pág. 9; TC/0309/14, numeral 10, a, pág. 9; TC/0309/14, numeral 10, b–d, pág. 10; TC/0309/14, numeral 10, e–7.4, pág. 11; TC/0309/14, numeral 10, 7.11–f, pág. 12).
La Ley núm. 169-14 dispone que la Junta Central Electoral regularice o transfiera las actas de quienes estén comprendidos en el régimen especial, los acredite como nacionales dominicanos y les expida la cédula de identidad y electoral. El régimen excluye los casos de falsedad o suplantación directamente imputables al beneficiario. Constatada la veracidad de los datos del acta de nacimiento de Wander Reyes, el Tribunal acogió el amparo; si la Junta cuestionara la veracidad de su contenido, debía someter la cuestión al tribunal competente (TC/0309/14, numeral 10, j–l, pág. 14; TC/0309/14, numeral 10, m–p, pág. 14; TC/0309/14, numeral 10, q–s, pág. 15).
Decisión
El Tribunal admitió y acogió el recurso de revisión constitucional y revocó la Sentencia núm. 145/2013. Acogió la acción de amparo y ordenó a la Junta Central Electoral expedir a Wander Reyes el acta de nacimiento y la cédula de identidad y electoral correspondientes.
Citas textuales clave
“Sin embargo, dicho tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contenciosa administrativa y no como una jurisdicción civil.” (TC/0309/14, numeral 10, b–d, pág. 10).
“No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional no declinará el expediente, sino que procederá a conocer la acción, siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia TC/0168/13 del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013).” (TC/0309/14, numeral 10, e–7.4, pág. 11).
“En tal virtud, se debe acoger la acción de amparo incoada por Wander Reyes y, en caso de que se cuestione la veracidad del contenido del acta de nacimiento expedida a su favor, la Junta Central Electoral debería proceder a formalizar el apoderamiento correspondiente ante un tribunal competente.” (TC/0309/14, numeral 10, q–s, pág. 15).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69.2 y 72.
Ley núm. 137-11: artículos 7.2, 7.4, 7.6, 7.11, 66, 75, 94, 100 y 117.
Ley núm. 169-14: artículos 1, 2, 4 y 5.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando la Junta Central Electoral cancela el registro correspondiente al acta de nacimiento de Wander Reyes y, en consecuencia, no se le expide la cédula de identidad como mayor de edad, no obstante este presentar su acta de nacimiento certificada y su cédula de identidad de menor de edad. En razón de esta situación, Wander Reyes procedió a interponer una acción de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, acción que fue acogida por medio de la decisión que está siendo hoy recurrida en revisión constitucional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible por las siguientes razones:
a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal fijó su posición mediante la Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), según la cual tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
d. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo tiene relevancia y trascendencia constitucional, ya que plantea un conflicto relativo al derecho fundamental a la nacionalidad y a la ciudadanía, respecto de lo cual el Tribunal puede seguir esclareciendo y determinando la aplicación correcta de su criterio fijado en la Sentencia TC/0168/13.
10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En lo que se refiere al recurso de revisión constitucional en materia de amparo, este tribunal entiende que el mismo debe ser acogido, en virtud del siguiente razonamiento:
a. En el presente caso, la acción de amparo tiene como finalidad cuestionar una actuación de la Junta Central Electoral que es un órgano administrativo. En este sentido, en el artículo 75 de la Ley núm. 137-11 se establece que “la acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”. Igualmente, en el artículo 117 de la misma ley se consagra lo siguiente: Se disponen las siguientes disposiciones transitorias en materia de amparo: DISPOSICIONES TRANSITORIA. Primera: Hasta tanto se establezca la jurisdicción contenciosa administrativa de primer grado, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal distinta a la del Distrito Nacional y los Municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, será competente para conocer de la acción de amparo el juzgado de primera instancia que corresponda a ese municipio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Segunda: Asimismo, será competente para conocer de la acciones de amparo interpuesta contra los actos u omisiones de una autoridad administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado de primera instancia que corresponda a dicho municipio.
b. En aplicación de la disposición transitoria segunda, transcrita en el párrafo anterior, y en razón de que la acción de amparo fue interpuesta contra la Junta Central Electoral, institución que cuenta con sedes en las provincias del país, correspondía conocer de la misma al tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana. Sin embargo, dicho tribunal debió conocer de la acción como jurisdicción contenciosa administrativa y no como una jurisdicción civil.
c. El derecho a un juez competente es una de las garantías mínimas del debido proceso, consagrada en el artículo 69.2 de la Constitución, según el cual toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a ser oída por una jurisdicción competente, establecida con anterioridad por la ley. Esta garantía no solamente supone la existencia de un órgano judicial que haya sido previamente creado por el legislador, sino que se nutre de un principio de imparcialidad que procura evitar la confusión o contaminación de las funciones de cada juez. Así, la eficacia y aplicación práctica de la garantía del juez competente busca encaminar la actuación judicial hacia el respeto de los derechos fundamentales de toda persona.
d. En virtud de lo anterior, procede revocar la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional, ya que fue dictada en atribuciones distintas a las consagradas por la normativa legal vigente.
e. No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional no declinará el expediente, sino que procederá a conocer la acción, siguiendo el criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia TC/0168/13 del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013). Las razones por las cuales el Tribunal Constitucional no declinó el expediente fueron las siguientes: §2.1.1. La Ley núm. 137-11 establece en sus artículos 7.2, 7.4 y 7.11, de manera expresa, los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, entre otras normas rectoras del sistema de justicia constitucional, las que se encuentran concebidas como sigue:
7.2. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales (como es la acción de amparo), deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria.
7.4. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.
7.11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. §2.1.2. En virtud de dichos principios, la acción de amparo procura cumplir con su finalidad esencial, ofreciendo un “procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”, según dispone el artículo 72 de la Constitución; puesto que dicha acción consiste en un mecanismo de protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. §2.1.3. En la especie, se verifican con particular evidencia los requisitos de preferencia, sumariedad y celeridad que caracterizan a la acción de amparo, ante una aparente restricción a los derechos fundamentales de la recurrente, que alega se encontrase desprovista de toda documentación de identificación personal que la acredite como nacional o extranjera residente en el país.
f. En la especie, procede reiterar el criterio establecido en la referida sentencia TC/0168/13, el cual debe mantenerse no solo en este caso, sino en todos los casos en los cuales se reclame ante la Junta Central Electoral la expedición de uno de los actos del estado civil o el documento de identidad, en razón de que la carencia de tales documentos genera graves dificultades, a condición de que –como en la especie– se trate de asuntos que hayan ingresado al Tribunal Constitucional antes del veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013), fecha en que fue dictada la referida decisión.
g. En el presente caso, la Junta Central Electoral se negó a entregar a Wander Reyes la cédula de identidad y electoral, cuando este adquirió la mayoría de edad, no obstante presentar su acta de nacimiento debidamente certificada emitida por la Junta Central Electoral, y su cédula de identidad de persona menor de edad, en virtud de que este último organismo cuestiona la legalidad del documento de nacimiento. Ante tal negativa, el señor Wander Reyes accionó en amparo, alegando que se le estaban violando sus derechos a la educación, identidad, al trabajo, y a la dignidad humana, consagrados en los artículos 38, 43, 55.8, 62 y 63 de la Constitución dominicana.
h. Es importante recalcar que el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia TC/0168/13, fijó su criterio en relación a la expedición de la documentación relativa a las actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral de extranjeros, afirmando, luego de haberle ordenado a la Junta Central Electoral emitir la correspondiente acta de nacimiento, que se debían someter las referidas declaraciones de nacimiento a un tribunal competente a los fines de determinar su validez o nulidad, especificando además que este procedimiento debía de seguirse para todos los casos similares.
i. No obstante, con posterioridad a la emisión de la referida sentencia, el veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), fue promulgada la Ley núm. 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional e inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano, y sobre naturalización.
j. Dicha ley responde, precisamente, a las críticas hechas por este tribunal constitucional, mediante la referida sentencia TC/0168/13, a las imprevisiones legales de la política migratoria del país y a las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil, que predominaban desde junio de mil novecientos veintinueve (1929) y que provocaron que un determinado número de personas nacidas en este país, aun siendo extranjeros, recibieran documentación como si fueran auténticos nacionales dominicanos, al inscribirlos irregularmente en los libros del Registro Civil.
k. En tal virtud, a los fines de regular la situación, y en cumplimiento del mandato de este tribunal, se emite la referida ley núm. 169-14, como respuesta a parte de la problemática que fuera generada por el propio Estado dominicano.
l. La Ley núm. 169-14, en su artículo 1, dispone que tiene por objeto exclusivo establecer: (a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el dieciséis (16) de junio de mil novecientos veintinueve (1929) al dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y (b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.
m. Conforme al artículo 2 de la referida ley núm. 169-14, la Junta Central Electoral debe proceder a regularizar y/o transferir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación descrita en el literal “a” del párrafo anterior, a quienes debe acreditarse como nacionales dominicanos. Igualmente, se expedirá a favor de estas personas la respectiva cédula de identidad y electoral, sea que se trate del mismo documento que le había sido expedido con anterioridad a la promulgación de la referida ley, sea que se trate del documento que se vaya a expedir por primera vez, esto en virtud del artículo 4 de la nueva norma.
n. Sin embargo, no podrán beneficiarse de la ley aquellas personas en cuyos registros se verifique falsedad de datos, suplantación de identidad, o cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad de escritura pública, siempre y cuando el hecho sea imputable directamente al beneficiario del registro especial.
o. En la especie, a Wander Reyes –quien ha solicitado la expedición de la cédula de identidad y electoral que corresponde a las personas adultas–, le ha sido cancelada su acta de nacimiento, cuestiones a las que se limita el presente conflicto.
p. Según el artículo 5 de la referida ley núm. 169-14, el Estado dominicano reconoce, con eficacia a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de su titular, a la vez que reconoce y dispone que sean oponibles a terceros todos los actos realizados por los beneficiarios de la misma, con los documentos que utilizaron bajo presunción de legalidad.
q. Ahora bien, tomando en consideración lo dispuesto tanto en la referida sentencia TC/0168/13 como en la referida ley núm. 169-14, y constatada la veracidad de los datos contenidos en el acta de nacimiento del recurrido, procedería entonces la expedición, a favor de Wander Reyes, de la cédula de identidad y electoral.
r. En tal virtud, se debe acoger la acción de amparo incoada por Wander Reyes y, en caso de que se cuestione la veracidad del contenido del acta de nacimiento expedida a su favor, la Junta Central Electoral debería proceder a formalizar el apoderamiento correspondiente ante un tribunal competente.
s. En virtud de lo expuesto anteriormente procede acoger el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, anular la sentencia recurrida, y acoger la acción de amparo intentada por Wander Reyes. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Peña Medrano, primera sustituta; y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Junta Central Electoral contra la Sentencia núm. 145/2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana el veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013).
SEGUNDO: ACOGER el referido recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia núm. 145/2013.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por Wander Reyes contra la Junta Central Electoral y, en consecuencia, ORDENAR a la Junta Central Electoral que proceda a expedir a su favor el acta de nacimiento y la cédula de identidad y electoral correspondientes.
CUARTO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente en revisión constitucional, Junta Central Electoral, y a la parte recurrida en revisión constitucional, Wander Reyes, así como a la Dirección General de Migración.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0309/14, del 22 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0309-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.