Sentencia TC/0348/19

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 16 de septiembre de 2019 · Expediente TC-01-2019-0007

Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Prensa y Derecho, Inc. contra el artículo 284, numeral 18, de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, de dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la libertad de expresión

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0348/19?

La Fundación Prensa y Derecho, Inc. tiene legitimación activa porque la promoción de la libertad de expresión e información es uno de sus fines estatutarios y la impugnación versa sobre esa materia, lo que acredita su interés legítimo y jurídicamente protegido. El escrito también satisface la exigencia de claridad porque identifica las disposiciones constitucionales que estima vulneradas y explica cómo se produciría cada infracción (TC/0348/19, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 11; TC/0348/19, numeral 8, 8.3, pág. 12; TC/0348/19, numeral 9, 9.2, pág. 13; TC/0348/19, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 13).

La pena de tres a diez años de prisión prevista para las campañas falsas o denigrantes, difamantes o injuriosas contra candidatos o personal de las candidaturas es desproporcionada: supera las penas previstas para la difamación y la injuria en el Código Penal y en la Ley núm. 6132, así como la prevista en la disposición electoral anulada por la Sentencia TC/0092/19. Esa penalidad restringe el núcleo esencial de la libertad de expresión protegida por el artículo 49 de la Constitución y suprime el debate electoral necesario para que los ciudadanos voten informados. La nulidad no impide reclamar indemnización por los daños derivados del ejercicio abusivo de esa libertad ni que la Junta Central Electoral, en ejercicio de su potestad reglamentaria, configure la conducta como una prohibición electoral sujeta a medidas cautelares (TC/0348/19, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 14; TC/0348/19, numeral 10, 10.1.5, pág. 17; TC/0348/19, numeral 10, 10.1.6, pág. 17; TC/0348/19, numeral 10, 10.1.7, pág. 18; TC/0348/19, numeral 10, 10.1.8, pág. 18; TC/0348/19, numeral 10, 10.1.9, pág. 19).

Decisión

Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la acoge en cuanto al fondo y declara nulo, por inconstitucional, el artículo 284, numeral 18, de la Ley núm. 15-19. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“esta excesiva penalidad constituye una limitación inconstitucional al derecho a la libertad de expresión durante el período electoral que suprime el adecuado debate respecto de los candidatos nominados a puestos de elección popular” (TC/0348/19, numeral 10, 10.1.6, pág. 17).
“la libertad de expresión es un factor clave durante el proceso electoral en la medida de que favorece que los electores se encuentren debidamente informados respecto de los candidatos a elegir” (TC/0348/19, numeral 10, 10.1.8, pág. 18).

Normas interpretadas

Constitución de la República, artículos 49, 185.1 y 212; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 37 y 38; Ley núm. 15-19, artículo 284, numeral 18.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0092/19, TC/0095/12, TC/0211/13, TC/0716/17, TC/0437/16 y TC/0075/16.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

8.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

8.2. En ese orden de ideas, la accionante Fundación Prensa y Derecho, Inc., asociación sin fines de lucro, tiene entre sus objetivos conforme al artículo 11, literal a), de los estatutos de dicha institución: “promover una cultura de respeto y afianzamiento de las libertades de expresión, información y fomentar el derecho de la comunicación, la tecnología de la información, la propiedad intelectual y el pluralismo político en la República Dominicana”. En ese sentido, es preciso señalar que este tribunal ha acreditado legitimación activa a las asociaciones sin fines de lucro cuando invocan una materia afín a su área de labor.

TC/0348/19, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 11 — PDF oficial

8.3. En efecto, en su Sentencia TC/0092/19, de veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Constitucional señaló: el Tribunal entiende que los señores Namphi A. Rodríguez, Héctor Herrera Cabral y la Fundación Prensa y Derecho, Inc. tienen calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, en razón de que se trata de normas aplicables a todo ciudadano (…). En el caso de la fundación, por tratarse de una materia afín al área en que labora ésta. En este caso, la Fundación Prensa y Derecho, Inc. objeta (al igual que en el caso a que se refiere la Sentencia TC/0092/19) una disposición legal que, a su juicio, afecta el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, cuya promoción y respeto constituye -como se ha señalado en el párrafo anterior- uno de los fines sociales de la organización accionante, en su condición de asociación sin fines de lucro, conforme disponen sus estatutos. Por tanto, la Fundación Prensa y Derecho, Inc. está revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido que le confiere la debida calidad o legitimidad para actuar en el presente caso.

TC/0348/19, numeral 8, 8.3, pág. 12 — PDF oficial

9. En cuanto a la petición de inadmisibilidad por falta de claridad

9.1. La Cámara de Diputados de la República Dominicana promueve, mediante su escrito de opinión de treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), la inadmisibilidad de la presente acción directa en inconstitucionalidad, aduciendo que el escrito introductorio que sustenta la referida acción no cumple con los requisitos argumentativos exigidos en el artículo 38 de la Ley núm. 137-11, muy especialmente, “por falta de claridad”.

9.2. El artículo 38 de la Ley núm. 137-11 señala que el escrito mediante el cual se interponga una acción directa de inconstitucionalidad “debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas”. Además, el propio Tribunal Constitucional ha señalado que todo escrito contentivo de una acción de esta naturaleza debe cumplir con unos requisitos mínimos de exigibilidad (sentencias TC/0095/12 y TC/0211/13) entre estos, la “claridad” que “significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito, en términos claros y precisos”.

TC/0348/19, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 13 — PDF oficial

9.3. Se observa de la lectura del escrito de diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019), contentivo de la presente acción directa de inconstitucionalidad, que la parte accionante estructura su escrito en 9 ítems, dedicando el IV ítem (pág. 5 del escrito) a desarrollar su análisis sobre las infracciones constitucionales que -a juicio de la accionante- se configuran en el presente caso. En ese sentido, subdivide su análisis en tres (3) ejes argumentativos: primer eje argumentativo: inconstitucionalidad por violación al derecho a la información de los ciudadanos, consagrado en el art. 49, numeral 1 de la Constitución (págs. 5 a la 7 del escrito); segundo eje argumentativo: inconstitucionalidad por violación a los artículos 40.15 y 49 de la Constitución, que consagran el principio de razonabilidad y la libertad de expresión, respectivamente (págs. 7 a la 18 del escrito); tercer eje argumentativo: inconstitucionalidad por violación a los artículos 40.15 y 69.7 de la Constitución, los cuales consagran el principio de legalidad (págs. 19 a la 22 del escrito).

9.4. En cada uno de estos ejes argumentativos, la accionante desarrolla analíticamente en que medida (a su juicio) se produce la alegada violación por parte de la norma legal impugnada (artículo 284, numeral 1, de la Ley núm. 15-19) a la Constitución de la República, por lo que el mismo cumple con la exigencia argumentativa de “claridad”, requerida por el artículo 38 de la Ley núm. 137-11, así como la propia jurisprudencia constitucional del Tribunal. Razón por la cual, procede, como al efecto, rechazar el medio de inadmisibilidad formulado por la Cámara de Diputados de la República, sin necesidad de que esta decisión se haga constar en el dispositivo de la presente sentencia.

TC/0348/19, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 13 — PDF oficial

10. Análisis de la presente acción directa de inconstitucionalidad

10.1. En cuanto al alegato de violación al derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento

10.1.1. La accionante Fundación Prensa y Derecho, Inc. solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 284, numeral 18, de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, que establece una sanción penal de tres (3) a diez (10) años de prisión para aquellas personas que financien, elaboren, promuevan o difundan por medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales campañas falsas o denigrantes, difamantes o injuriosas contra el honor e intimidad de los candidatos o el personal de las candidaturas internas u oficiales de los partidos, movimientos o agrupaciones participantes en los procesos electorales. La accionante aduce que dicha norma legal transgrede el derecho a la libertad de expresión del pensamiento, consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República.

10.1.2. El artículo 49 de la Constitución dominicana señala: Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa (…) Párrafo. - El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público.

TC/0348/19, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 14 — PDF oficial

10.1.3. Este tribunal constitucional ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en materia de derecho a la libertad de expresión, en la cual ha destacado que dicha libertad de expresión está destinada a desarrollar una opinión publica orientada a la búsqueda de la verdad, como elemento necesario para el correcto funcionamiento de la democracia (Sentencia TC/0716/17); asimismo, la libertad de expresión se aplica al internet del mismo modo que a otros medios de comunicación (Sentencia TC/0437/16); igualmente, las sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra los funcionarios públicos o aquellas personas que ejerzan funciones públicas constituyen una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa (Sentencia TC/0075/16); del mismo modo, la sanción privativa de libertad resulta innecesaria y excesivamente gravosa porque considera a las redes sociales un medio más riesgoso que otros por contemplar penas más altas que las contempladas para los delitos de difamación e injuria (Sentencia TC/0092/19).

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.3, pág. 15 — PDF oficial

10.1.4. Recientemente, este tribunal conoció de una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), disposición que sancionaba con pena privativa de libertad la difusión de mensajes negativos a la imagen de cualquier candidato en la precampaña o campaña interna. Esta disposición legal fue declarada inconstitucional mediante la Sentencia TC/0092/19, de veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019). En dicha decisión, este tribunal señaló, entre otras consideraciones, lo siguiente: …la libertad de expresión es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado social y democrático de derecho. En toda sociedad abierta o verdaderamente democrática, es indispensable, pues, la protección y promoción de la libre circulación de información, ideas y expresiones de todo tipo. El Estado tiene un deber esencial de garantizar neutralidad ante los contenidos y que no queden personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público. Las personas, por su parte, tienen derecho a pensar autónomamente y a compartir dicho pensamiento, independientemente de su aceptación social o estatal y de que ofendan o perturben (…) Este tribunal constitucional comparte el criterio de que la sanción correspondiente de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo para quien durante el período de precampaña o campaña interna “difunda mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos”, resulta innecesaria y excesivamente gravosa (…) el temor a ser sancionado con una pena de prisión puede más bien desalentar a los ciudadanos y ciudadanas a hacerlo y a cumplir consecuentemente con su deber establecido en el artículo 75, numeral 12, de la Constitución dominicana de “velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia” (…) una sanción desproporcionada puede inducir a las personas a, por miedo o inseguridad, abstenerse de realizar una conducta socialmente deseable, como es el caso. Esta configuración normativa defectuosa, si bien no configura de manera expresa una censura previa, puede tener un resultado similar al inducir a las personas a suprimir una conducta, en general, beneficiosa para el sistema democrático, como lo es el debate respecto a candidatos a puestos electivos.

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.4, pág. 15 — PDF oficial

10.1.5. Es preciso señalar, que la norma anulada por este tribunal (artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18) se refería a “mensajes negativos”, entendidos estos, conforme a la doctrina electoral, como aquellos que tienen “como objetivo persuadir al electorado para obtener su voto en favor de una opción política, pero también para evitar que se decanten por otras opciones” [Martin Salgado, (2002) 1 ]; la norma enjuiciada mediante la presente acción directa de inconstitucionalidad se refiere en cambio a los mensajes de contenidos difamantes o injuriosos, así como también a “campañas falsas” o sucias, definidas estas como “aquella que recurre a ofensas, inventa información, cae en la calumnia o se entrometen la vida privada del candidato” (sic) [Dworak, (2012) 2 ]. Sin embargo, en ambos casos la condena penal impuesta por el legislador para sancionar la referida acción ilícita resulta desproporcionada en atención a que la misma constituye una limitación al núcleo duro del derecho a la libertad de expresión.

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.5, pág. 17 — PDF oficial

10.1.6. En ese orden de ideas y en lo relativo al caso que nos ocupa, al igual que la situación legal planteada y decidida en la Sentencia TC/0092/19, se advierte que la norma cuestionada establece una sanción penal privativa de libertad mucho más gravosa y desproporcionada [tres (3) a diez (10) años de prisión] que la contemplada para los delitos de difamación e injuria señalados en el Código Penal [seis (6) días a tres (3) meses de prisión]; en la Ley núm. 6132, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, [quince (15) días a seis (6) meses de prisión] e incluso más desproporcionada que la pena contemplada para la violación del anulado artículo 44, numeral 6, de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y 1 Diccionario Electoral, Tomo I A-K, IIDH, San José, Costa Rica, 2017, p. 103. 2 Ob. Cit. Movimientos Políticos, [tres (3) meses a (1) año de prisión]. Por tanto, esta excesiva penalidad constituye una limitación inconstitucional al derecho a la libertad de expresión durante el período electoral que suprime el adecuado debate respecto de los candidatos nominados a puestos de elección popular, lo que sin duda afecta el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático.

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.6, pág. 17 — PDF oficial

10.1.7. En ese sentido, la circunstancia de que la conducta tipificada como ilícita en el referido numeral 18 del artículo 284 de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, resulte nula por establecer una sanción penal desproporcionada que limita indebidamente el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión conforme al sentido de los precedentes de las sentencias TC/0075/16 y TC/0092/19, en aquellos casos en los cuales se difundan expresiones alusivas funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones de Estado, o igualmente en el ámbito de un debate electoral que involucre candidaturas a cargos electivos (cuestión que por su naturaleza tiene una relevancia pública); no significa en modo alguno que los daños o perjuicios que pudieren derivarse de un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión no sean susceptibles de ser indemnizados mediante la correspondiente demanda en daños y perjuicios ante los tribunales correspondientes, o bien, le impidan a la Junta Central Electoral (JCE) en su condición de órgano rector del proceso electoral y revestida de la facultad constitucional de reglamentar los asuntos de su competencia (artículo 212 de la Constitución) decida configurar como una prohibición electoral sujeta a medidas cautelares (como sería el retiro de la propaganda o la advertencia al partido o candidato responsable) la conducta tipificada como ilícita en el texto sujeto a revisión constitucional.

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.7, pág. 18 — PDF oficial

10.1.8. En ese sentido, compartimos el criterio de que la libertad de expresión es un factor clave durante el proceso electoral en la medida de que favorece que los electores se encuentren debidamente informados respecto de los candidatos a elegir al momento de ejercer su sagrado derecho al sufragio, lo que redunda en un voto más consciente por parte del ciudadano, fortaleciéndose así la calidad de la democracia. En efecto, Edison Lanza (2018) 3 considera los procesos electorales están íntimamente vinculados a la libertad de expresión e información, ya que para que los ciudadanos puedan llevar adelante sus decisiones en el momento de votar es indispensable que cuenten con la mayor cantidad de información posible. Para esto, es crucial que los hechos, las ideas y las opiniones circulen libremente. Sin lugar a dudas, el modo más común que tienen los ciudadanos de informarse en la actualidad es a través de los medios de comunicación de masas.

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.8, pág. 18 — PDF oficial

10.1.9. En tal virtud, procede como al efecto declarar la nulidad por inconstitucional del artículo 284, numeral 18, de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, de dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por transgredir su contenido el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional 3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe Anual 2018. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.” Volumen II, 17 de marzo del 2019; págs. 34-35

TC/0348/19, numeral 10, 10.1.9, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación Prensa y Derecho, Inc. el diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019) contra el artículo 284, numeral 18, de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, de dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la referida acción y, en consecuencia, DECLARAR la nulidad, por inconstitucional, del artículo 284, numeral 18, de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, de dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por las razones expresadas en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Fundación Prensa y Derecho, Inc., al Senado, a la Cámara de Diputados de la República Dominicana y a la Procuraduría General de la República.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0348/19, del 16 de septiembre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0348-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.