Sentencia TC/0367/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de octubre de 2015 · Expediente TC-04-2013-0080

Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de noviembre de dos mu 2012; la Resolución núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Público del siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción el nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Debida motivación

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0367/15?

La revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales solo procede contra sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después del 26 de enero de 2010. El dictamen del Ministerio Público no puede impugnarse directamente por esta vía porque es un acto administrativo, incluso si se invoca la vulneración de un derecho fundamental. El Auto núm. 395-10 y la Resolución núm. 374-PS-2012 tampoco son revisables porque eran susceptibles de recursos en la vía judicial y, por tanto, carecían de firmeza. En cambio, la Resolución núm. 7229-2012 no era susceptible de otro recurso judicial, la falta de motivación se había invocado en casación y el asunto revestía especial trascendencia constitucional porque permitía profundizar el criterio sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso (TC/0367/15, numeral 10, 10.1–a, pág. 18; TC/0367/15, numeral 10, b–e, pág. 19; TC/0367/15, numeral 10, f–g, pág. 20; TC/0367/15, numeral 10, h–10.2.1, pág. 21; TC/0367/15, numeral 10, a–d, pág. 22; TC/0367/15, numeral 10, g–b, pág. 24).

El deber de motivación, como parte de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, exige explicar de manera clara, congruente y lógica cómo se aplica el derecho a los hechos del caso. La Suprema Corte de Justicia se limitó a transcribir disposiciones del Código Procesal Penal y a emplear fórmulas generales, sin explicar por qué el recurso de casación no encajaba en los supuestos legales. Esa insuficiencia vulneró el artículo 69 de la Constitución y justificó anular la resolución y remitir el expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para que reconsiderara los motivos del recurso y fallara con arreglo a los requisitos de motivación fijados en la Sentencia TC/0009/13 (TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25; TC/0367/15, numeral 10, d–e, pág. 28; TC/0367/15, numeral 10, f, pág. 29).

Decisión

Declara inadmisible el recurso respecto del dictamen del Ministerio Público, el Auto núm. 395-10 y la Resolución núm. 374-PS-2012. Admite y acoge el recurso respecto de la Resolución núm. 7229-2012, la anula y ordena remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia.

Citas textuales clave

“En tal sentido, se precisa que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes o disposiciones que se aplican.” (TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25).
“De manera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y lógica, de suerte tal que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en derecho.” (TC/0367/15, numeral 10, d–e, pág. 28).

Normas interpretadas

Constitución, artículos 69 y 277; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 53 y 54 (numerales 5, 7 y 10); Código Procesal Penal, artículo 24.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0053/13, TC/0038/2012, TC/0009/13 y T-214/12 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

El presente proceso tiene su origen en la demanda en rescisión de contrato y daños y perjuicios, de cuya acción fue apoderada la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Durante el curso de dicha demanda, la señora Terrero Díaz interpuso en fecha veintidós (22) de septiembre de dos mil ocho (2008) una querella penal con constitución en actor civil ante la Fiscalía y José A. Reyes Quezada en su calidad de presidente la compañía vendedora, y en contra de Luis José Asilis Elmúdesi y Steven Charles Ankron, en calidad de propietarios del terreno, por supuesta violación al Código Penal. Durante el transcurso procesal del referido caso intervino el dictamen de archivo emitido por la Fiscalía el siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), el cual fue revocado mediante la Resolución núm. 331-2012, de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012), emitida por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Contra la referida resolución recurrieron en apelación los señores Luis José Asilis Elmúdesi, Steven Charles Ankrom y Metro Country Club, siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual rindió su Resolución núm. 374-PS-2012, del diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), que revocó la Resolución núm. 331-12. Contra esta última resolución la señora Ivanoska Díaz Terrero, interpuso recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, el cual fue rechazado mediante Resolución no. 7229-2012 del veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012). No estando conforme con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, la señora Ivanoska Díaz Terrero interpuso ante este tribunal constitucional el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional contra las Resoluciones núm. 7229-2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012) y núm. 374-PS-2012, dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012); el Dictamen del Ministerio Pública, de fecha siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción.

TC/0367/15, numeral 8, pág. 17 — PDF oficial

10. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional Antes de conocer sobre la admisibilidad o no del presente recurso de revisión debemos precisar que son cuatro (4) las decisiones que están siendo atacadas ante este tribunal constitucional: a) Dictamen del Ministerio Público, de fecha siete (7) de diciembre de dos mil once (2011); b) Auto núm. 395-10, de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), dictada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción; c) Resolución núm. 374-PS-2012, de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y d) Resolución núm. 7229-2012, de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por la Suprema Corte de Justicia. El análisis y juzgamiento de las mismas serán realizadas de forma separada.

10.1. Con relación a la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional contra el Dictamen del Ministerio Público, de fecha siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), el Auto núm. 395-10, de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil dice (2010), dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción y la Resolución núm. 374-PS-2012, de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, este tribunal constitucional estima que resultan inadmisibles por las siguientes razones:

a. De conformidad con el artículo 277 de la Constitución, y el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero del año dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional.

TC/0367/15, numeral 10, 10.1–a, pág. 18 — PDF oficial

b. El legislador ha abierto la posibilidad de este recurso, pero lo ha hecho de forma tal que ha dejado clara y taxativamente establecido su propósito de evitar que se convierta en un recurso más y que, con ello, este órgano constitucional se transforme en una especie de cuarta instancia.

c. En este sentido, basta recordar los múltiples y estrictos requisitos establecidos por el referido artículo 53 para la admisión de dicho recurso en esta sede constitucional. En efecto, el legislador ha querido limitar, en la medida de lo posible, la interposición del recurso de revisión de decisión jurisdiccional a los fines de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y de independencia del Poder Judicial. Se ha dejado claro que los tribunales ordinarios deben tener la posibilidad de poder remediar cualquier situación o violación de derechos que pudiese acaecer en un proceso particular.

d. En lo que respecta al Dictamen del Ministerio Público, de fecha siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), este tribunal constitucional determina la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional, puesto que las decisiones del Ministerio Público son de carácter administrativo, de modo que aunque se invoque la violación de un derecho fundamental, no pueden ser recurridas por vía directa en jurisdicción constitucional.

e. En tal sentido, el referido acto, no es una decisión jurisdiccional con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada a la que se le pueda aplicar los requisitos exigidos por el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual impone de manera ineludible la concurrencia y cumplimiento de todos y cada uno de ellos.

TC/0367/15, numeral 10, b–e, pág. 19 — PDF oficial

f. En lo relativo al Auto núm. 395-10, de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción y la Resolución núm. 374-PS-2012, de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el presente recurso de revisión no cumple con el requerimiento establecido en el artículo 53, letra b, de la referida ley núm. 137-11, que sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión a: que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. En efecto, las decisiones impugnadas son susceptibles de los recursos ordinarios y el recurso de casación.

g. Este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0053/13 del 9 de abril de 2013, dictaminó que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se interpone contra sentencias firmes, que han adquirido la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraordinario, ya que de lo contrario, es decir, cuando la sentencia atacada tiene abiertas las vías recursivas por ante los tribunales ordinarios, el recurso deviene inadmisible.

TC/0367/15, numeral 10, f–g, pág. 20 — PDF oficial

h. En efecto, tomando en consideración la naturaleza de la figura del recurso de revisión de decisión jurisdiccional, este solo procede en contra de sentencias –con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada– que “pongan a fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes” (Sentencia TC/0053/13), situación que solo se puede evidenciar en dos casos particulares: (i) sentencias que resuelven el fondo del asunto presentado ante la jurisdicción correspondiente y (ii) sentencias incidentales que, en vista de la decisión tomada, ponen fin definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es competente para conocer el caso (por ejemplo, cuando se acoge un medio de inadmisión, excepción de incompetencia o excepción de nulidad).

i. En tal virtud, el presente recurso de revisión constitucional no cumple con los requisitos ni del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ni del artículo 277 de la Constitución Dominicana, ya que las decisiones impugnadas no han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

10.2. Con relación a la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional contra la Resolución núm. 7229-2012, de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, este tribunal constitucional estima lo siguiente:

10.2.1. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional

TC/0367/15, numeral 10, h–10.2.1, pág. 21 — PDF oficial

a. Previo a referirnos sobre la admisibilidad del presente recurso conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones: una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, en la sentencia TC/0038/2012, del trece (13) de septiembre de 2012, se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal sólo debía dictarse una, criterio que el tribunal reitera en el presente caso.

b. El recurso de revisión constitucional procede, según lo establecen el artículo 277 de la Constitución y el artículo 53 de la referida ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), requisito que se cumple en la especie, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012).

c. El recurso de revisión previsto en el mencionado artículo 277 tiene como finalidad permitir al Tribunal Constitucional revisar las decisiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de interpretación constitucional y, al mismo tiempo, sancionar las violaciones a los derechos fundamentales que se cometan en el ámbito del Poder Judicial en ocasión de un litigio.

d. En este orden, todas las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) pueden ser objeto de revisión ante el Tribunal Constitucional, independientemente de la materia de que se trate.

TC/0367/15, numeral 10, a–d, pág. 22 — PDF oficial

e. En el artículo 53 de la referida Ley núm. 137-11 se establece que el recurso de revisión procede: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

f. En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación del precedente constitucional sentado en la Sentencia núm. TC/0009/13 1 y en la violación al derecho a la motivación de la sentencia que le asiste a todo justiciable, es decir, que se están invocando la segunda y tercera causales indicadas en el párrafo anterior. En relación con esta última, el mismo artículo 53 establece que el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión de1 órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 1 Sentencia TC/0009/13 |11/02/13| Referencia: Expediente TC-04-2012-0019, relativo al Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales interpuesto por la sociedad comercial Malespín Constructora, S. A. y Marcos E. Malespín, contra la Resolución No. 830-2012, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012).

TC/0367/15, numeral 10, e–f, pág. 23 — PDF oficial

g. En la especie, se cumplen los requisitos indicados en el párrafo anterior, ya que la ausencia de motivación fue invocada ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, según consta en el recurso de casación. Por último, la decisión recurrida no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder Judicial, por haber sido dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia y mediante ella se rechazó el referido recurso de casación.

h. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionado, además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del mencionado artículo 53 de la Ley núm. 137-11. Este tribunal constitucional estima que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y debe conocer su fondo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado le permitirá profundizar su criterio relativo a la observancia de la garantía a la tutela judicial efectiva y el debido proceso por parte de los tribunales.

10.2.2. Sobre el fondo del recurso de revisión de sentencia

a. En primer lugar, este tribunal constitucional procede a analizar si de los argumentos presentados por las partes y de los fundamentos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia se desprende una violación de derechos fundamentales como alega el recurrente en su recurso de revisión.

b. El recurrente invoca que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en su fallo, declaró arbitrariamente inadmisible un recurso de casación, sin rendir las motivaciones suficientes y pertinentes, y haber conocido las argumentaciones o alegatos del recurso.

TC/0367/15, numeral 10, g–b, pág. 24 — PDF oficial

c. En tal virtud, es necesario determinar si la resolución objeto del presente recurso de revisión constitucional carece o no de una motivación suficiente y ponderar si está apegado a las normas procesales aplicables a la especie, por lo que se realizan las siguientes consideraciones: 1. En su Resolución No. 7229-2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia cita literalmente los artículos 393, 399, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, sin explicar por qué aplican al presente caso, es decir no realizó un análisis argumentativo a través de los cuales subsumiera los mencionados textos legales al caso concreto sobre el que pronunció la inadmisibilidad. De manera que la resolución objeto de la presente revisión constitucional no expresa los motivos por los cuales el recurso de casación de que se trata no se ajustaba a los supuestos descritos en los artículos señalados en el Código Procesal Penal. 2.

TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25 — PDF oficial

En efecto, el principal argumento de la Resolución No. 7229-2012 para declarar la inadmisibilidad del recurso de casación es que el tribunal que la emitió motivó de manera correcta y adecuada, sin incurrir en violaciones a la Constitución de la República, a los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, ni ha desconocido o violentado las leyes contentivas de las imputaciones y de las normas procesales aplicables, y en la especie, de los argumentos expuestos por la recurrente, cuyo resumen figura transcrito precedentemente, y de la simple lectura de la sentencia de que se trata, no se advierten los vicios denunciados por ésta ya que la decisión recurrida cumplió con el debido proceso, así como con las normas legales vigentes, debido a que no se le vulneraron sus derechos fundamentales; por lo que deviene inadmisible el indicado recurso de casación Todo cual constituye la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto, lo cual jamás podría sustituir la motivación, tal como establece el artículo 24 del Código Procesal Penal. En tal sentido, se precisa que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes o disposiciones que se aplican. 3. En cuanto al deber de motivación, este tribunal constitucional ha fijado el alcance de la obligación que tienen los tribunales de dictar decisiones debidamente motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso, al establecer en su Sentencia No.

TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25 — PDF oficial

TC/0009/13, del 11 de febrero del 2013, lo siguiente: Al respecto, consideramos que no es discutible la obligación positiva de motivación de sentencia que recae sobre los jueces y tribunales en toda materia y jurisdicción, e incluso sobre las autoridades administrativas en el ejercicio de ciertas atribuciones, el cual por otra parte encarna y representa un derecho que tienen las partes de que se les explique los motivos por los cuales se acoge o rechaza una demanda o un recurso. La obligación de motivar la decisión por parte de los tribunales, constituye un elemento integral del derecho a una tutela judicial efectiva, y no basta la mera enunciación genérica de principios y normas sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho a aplicar. Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. 4.

TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25 — PDF oficial

Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia, en su Sentencia T- 214/12 de fecha dieciséis (16) de marzo de 2012, en el ejercicio de una acción de tutela contra providencias judiciales, expuso lo siguiente: La motivación es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque sólo mediante la motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos, y porque sólo cuando la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa. En el caso de los jueces de última instancia, la motivación es, también, su fuente de legitimación democrática, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jurídicas y sociales. La motivación de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posición jurídica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica aplicable al caso. En el estado constitucional de derecho, la motivación adquiere mayor importancia.

TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25 — PDF oficial

La incidencia de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho y la obligación de los jueces y operadores jurídicos de aplicar las reglas legales y/o reglamentarias sólo en la medida en que sean conformes con la Carta Política (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiación, interpretación conforme y carácter normativo de la Constitución) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que dé cuenta del ajuste entre su interpretación y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentación que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales.

TC/0367/15, numeral 10, c, pág. 25 — PDF oficial

d. En tal virtud, el indicado precedente indica que a fin de dar cumplimiento al deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial se requiere:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones;

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción…

e. De manera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y lógica, de suerte tal que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en derecho. En el presente caso, la resolución impugnada no reúne los elementos fundamentales de una decisión motivada, por cuanto se limita a transcribir textos legales y a emplear fórmulas generales y vacías de fundamentación para el caso concreto, por lo que este Tribunal verifica que la misma vulnera la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva y el debido proceso del recurrente, consagrada en el artículo 69 de la Constitución.

TC/0367/15, numeral 10, d–e, pág. 28 — PDF oficial

f. En tal sentido, este tribunal constitucional considera que la Resolución núm. 7229-2012, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 27 de noviembre del 2012, no cumple con los requisitos de una debida motivación, por lo que debe ser anulada, y en consecuencia, por aplicación de lo que establece el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, remitir el expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de reconsiderar los motivos expuestos por el recurrente y fallar el caso apegado a los requisitos establecidos en el precedente sentado en la Sentencia No. TC/0009/13, a fin de que le sea preservada al recurrente la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto particular del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano y los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos e Idelfonso Reyes. Consta en Acta el voto disidente del magistrado Wilson S. Gómez Ramírez, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0367/15, numeral 10, f, pág. 29 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 374-PS-2012, de fecha diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), dictada por la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; el Dictamen del Ministerio Público, de fecha siete (7) de diciembre de dos mil once (2011) y el Auto núm. 395-10, de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), dictado por el Séptimo Juzgado de la Instrucción, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Ivanoska Díaz Terrero contra la Resolución núm. 7229-2012, de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por la Suprema Corte de Justicia.

TERCERO: ACOGER dicho recurso revisión constitucional y, en consecuencia, ANULAR la Resolución núm. 7229-2012, de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil doce (2012), dictada por la Suprema Corte de Justicia.

CUARTO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señora Ivanoska Díaz Terrero y a la parte recurrida, señores Luis José Asilis Elmúdesi, Steven Charles Ankrom y Metro Country Club.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, numeral 6, de la referida ley núm. 137-11.

SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0367/15, del 15 de octubre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0367-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.