Sentencia TC/0369/16
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 5 de agosto de 2016 · Expediente TC-04-2015-0078
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Darío Rosario Adames (a) Fausto Rosario contra la Resolución núm. 2534-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0369/16?
La revisión constitucional fue admisible porque la resolución recurrida adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución de 2010, el recurrente invocó oportunamente la vulneración alegada y agotó los recursos disponibles sin que esta se subsanara. Como la posible vulneración era atribuible al modo en que la Suprema Corte de Justicia aplicó la norma, el Tribunal reconoció especial trascendencia constitucional a la cuestión de si la aplicación de las causales de inadmisibilidad de la casación lesionó el acceso a la justicia y el derecho a recurrir (TC/0369/16, numeral 10, 10.1–b, pág. 11; TC/0369/16, numeral 10, c–10.5, pág. 12; TC/0369/16, numeral 10, 10.6–10.8, pág. 13).
El derecho a recurrir tiene rango constitucional, pero su ejercicio está sujeto a las condiciones de admisibilidad que establezca el legislador, con respeto a su contenido esencial y al principio de razonabilidad. La casación, por su carácter extraordinario, solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. La Suprema Corte de Justicia examinó el recurso y aplicó las condiciones legales al declarar inadmisible la casación contra un auto dictado en oposición que no era susceptible de ese recurso. Como el recurrente pudo utilizar las vías procesales y su recurso fue examinado para determinar su admisibilidad, el resultado desfavorable no vulneró el acceso a la justicia ni el derecho a recurrir (TC/0369/16, numeral 11, 11.2–11.3, pág. 14; TC/0369/16, numeral 11, 11.4–11.5, pág. 15; TC/0369/16, numeral 11, 8.5.2–14.5, pág. 16; TC/0369/16, numeral 11, 11.7–11.8, pág. 17; TC/0369/16, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 17).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Resolución núm. 2534-2014 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley” (TC/0369/16, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 17).
“El derecho a recurrir corresponde a quienes les es expresamente acordado por la ley.” (TC/0369/16, numeral 11, 11.2–11.3, pág. 14).
“la inadmisibilidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia no supone una violación al artículo 69.9 de la Constitución, toda vez que ese órgano jurisdiccional respetó las condiciones dispuestas en materia penal para el ejercicio del recurso de casación.” (TC/0369/16, numeral 11, 11.9–11.11, pág. 17).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69.9, 154.2 y 277.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6 y 53.3, literales a), b) y c), y párrafo.
Código Procesal Penal: artículos 393, 399 y 425.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0489/15 y TC/0057/12.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
Conforme a las documentaciones depositadas en el expediente, así como a los hechos invocados por las partes, la decisión cuya revisión constitucional se solicita declaró inadmisible un recurso de casación que interpusiera el hoy recurrente Sr. Darío Rosario Adames (a) Fausto Rosario, en contra del Auto núm. 027-2014, dictado por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014). Este último auto había sido dictado, a su vez, sobre un recurso de oposición interpuesto por dicho recurrente en contra del Auto núm. 462-2013, dictado por la misma sala el nueve (9) de diciembre de dos mil trece (2013), a través del cual declaró la inadmisibilidad de la querella con constitución en actor civil presentada por el Sr. Darío Rosario Adames (a) Fausto Rosario contra del Lic. Vinicio Castillo Semán, por supuesta violación de los artículos 29, 33 y 35 de la Ley núm. 6132, sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento.
10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
10.1. En atención a lo dispuesto en los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución de veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014).
10.2. De conformidad con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos; a saber: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional, y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vida jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. Párrafo: la revisión por la causa prevista el numeral 3 de este artículo solo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere qué, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado (…).
10.3. En el presente caso, el recurso se basa esencialmente en la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en diferentes vertientes como el acceso a la justicia y el derecho a recurrir; es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, por lo que este tribunal examinará previamente si se cumplen y concurren todos los requisitos de los literales a), b) y c), del numeral 3), del artículo 53.3.
10.4. En cuanto al literal a), la recurrente ha invocado oportunamente ante las instancias jurisdiccionales correspondientes la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, razón por la cual ha cumplido con este requisito.
10.5. Respecto al literal b), este requisito exige el agotamiento de todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación invocada no haya sido subsanada. En el caso de la especie, se advierte que el recurrente ha agotado los recursos disponibles en la jurisdicción ordinaria, a los fines de revertir la decisión jurisdiccional dictada en su contra, incluyendo el recurso de casación, el cual fue declarado inadmisible, razón por la cual esta adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
10.6. En relación con el literal c), en el presente caso, la forma en que la Suprema Corte de Justicia aplicó la norma es lo que podría producir la violación al derecho alegado; por lo tanto, se cumple con ese requisito.
10.7. Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se exige la especial transcendencia o relevancia constitucional, según dispone el párrafo del mencionado artículo 53. En el mismo texto, se pone a cargo del tribunal la obligación de motivar la decisión.
10.8. Luego de analizar la violación denunciada como fundamento del recurso de revisión, el Tribunal considera que la misma le permitirá examinar si el acceso a la justicia y derecho a recurrir como garantía constitucional fueron vulnerados por el órgano jurisdiccional al aplicar las causales de inadmisibilidad del recurso de casación, lo que determina la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada y que amerita un examen del recurso de revisión constitucional.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional Con respecto al recurso de revisión constitucional que nos ocupa, formulamos los siguientes razonamientos:
11.1. El hoy recurrente, Darío Rosario Adames (a) Fausto Rosario, impugnó en revisión constitucional la Resolución núm. 2534-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014), porque, a su juicio, al declarar inadmisible el recurso de casación dicho órgano judicial vulneró el derecho a un verdadero recurso ante un tribunal superior, cerrando cualquier vía procesal para resarcir sus derechos, y que además, no le permitió evaluar su proceso, sino que procedió a inadmitirlo utilizando criterios violatorios a la ley y al acceso a la tutela judicial efectiva.
11.2. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, para inadmitir el recurso de casación, sostuvo que: (…) si bien es cierto que al tenor de las disposiciones del artículo 393 del indicado código, las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables, no menos cierto es que toda sentencia puede ser recurrida, pero es de conformidad con la ley, tal y como lo establece nuestra Carta Magna, en su artículo 69 numeral 9; (…) que en la especie, el recurrente ataca una decisión que fue producto de la presentación de un recurso de oposición contra una resolución que declaró la inadmisibilidad de la querella o acusación privada, amparada en la falta de formulación precisa de cargos; aspecto que tiende a dilucidar en su instancia recursiva, sin embargo, el referido fallo principal sólo fue objeto del indicado recurso de oposición; en consecuencia, el auto hoy impugnado no está contemplado en nuestra norma procesal penal como susceptible del recurso de casación, por lo que no cumple con lo previsto en los referidos artículos 393, 399 y 425 del Código Procesal Penal y 69 numeral 9 de la Constitución, como bien contempla el escrito de defensa de la parte recurrida; por ende deviene inadmisible.
11.3. De lo anterior, se verifica que la inadmisibilidad pronunciada se sostiene en los límites impuestos por las disposiciones generales que rigen los recursos en materia penal, es decir, por los principios de taxatividad 1 objetiva y subjetividad que caracterizan las acciones recursivas. El Código Procesal Penal, en su artículo 393, señala que las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. El derecho a recurrir corresponde a quienes les es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables.
11.4. En ese tenor, si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a recurrir tiene rango constitucional, 2 su ejercicio está supeditado a la regulación que determine la ley para su presentación, puesto que corresponde al legislador configurar los límites en los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes para su interposición debiendo respetar su contenido esencial y el principio de razonabilidad que constituyen el fundamento de validez de toda norma destinada a la regulación de derechos fundamentales. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada ha dicho que “…es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales 1 LLOVET RODRÍGUEZ, JAVIER. Código Procesal Penal Comentado. Editora Jurídica Continental, edición 1998, pp.819-820. En sus comentarios 1 y 2 del Título I de Los Recursos, este autor señala que el principio de taxatividad objetiva refiere a que una decisión solo es recurrible cuando la ley así lo determina, mientras que en virtud del principio de taxatividad subjetiva una resolución solo es recurrible por aquél a quien la ley le otorga el derecho de recurrir. 2 Artículo 69, numeral 9, de la Constitución de la República tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio…”. 3
11.5. Sobre el particular, este tribunal constitucional ha establecido en su Sentencia TC/0489/15, lo siguiente:
8.5.2 (…) conviene precisar que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria, lo que equivale decir que sólo procede en los casos expresamente determinados por la ley. Es la propia Constitución de la República en su artículo 154.2 la que establece como una atribución de la Suprema Corte de Justicia “Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley”. De modo que actualmente la determinación de las decisiones que pueden ser objeto de este recurso es materia legislativa y no constitucional(…) 8.5.6 (…) al disponer el numeral 9) del artículo 69 de la Constitución, que “toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”, se le ha atribuido un carácter de legalidad al derecho de recurrir las decisiones judiciales, estando facultado el legislador de establecer las condiciones y limitantes bajo las cuales se puede acceder a su ejercicio(…).
11.6. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, lo hizo en uso de sus facultades de valoración y aplicación de los requisitos de admisibilidad para acceder al recurso extraordinario de casación, por lo que la resolución impugnada no puede entenderse como una violación del derecho al acceso a la justicia y a la vía recursiva. 3 Este derecho también está previsto en el artículo 8.2 h de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona durante el desarrollo del proceso a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; lo mismo que el artículo
14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prevé el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
11.7. La invocación de la conculcación del derecho al acceso a la justicia tiene razón de ser cuando el recurrente no ha tenido la oportunidad de presentar o hacer uso de las vías que la ley ha dispuesto para el reclamo de sus pretensiones; lo que no aplica en la especie, en virtud de que el recurrente ha elegido la vía procesal considerada más oportuna para el reclamo de sus pretensiones.
11.8. El derecho a recurrir, constitucionalmente consagrado como garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, se encuentra regulado por normas que determinan los elementos que deben observarse para su ejercicio; en el caso que nos ocupa, al tratarse de un recurso de casación, este derecho se rige por los artículos 393, 399, 425 del Código Procesal Penal y 69, numeral 9, de la Constitución, normas jurídicas que provienen del legislativo. En ese sentido, el Tribunal ha fijado el criterio en el precedente establecido en la Sentencia TC/0057/12, al señalar que: La aplicación de normas legales por parte de los tribunales judiciales no puede asumirse como una acción violatoria de algún derecho fundamental. La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho fundamental.
11.9. En la especie, la sentencia emanada de la Suprema Corte de Justicia efectúa el examen del caso concreto y de la norma correspondiente a los fines de determinar su admisibilidad, por lo que, en ese sentido, no puede considerarse la existencia de una violación del derecho al acceso a la justicia y del derecho a recurrir por no obtener la resolución pretendida, toda vez que la valoración de la norma para producir el dictamen implica en sí misma que ha habido una apertura al proceso para dar respuesta a lo demandado, sobre todo al haberse analizado y aplicado las reglas impuestas por la regulación para delimitar el recurso de casación, como en el caso de la especie.
11.10. Si bien es cierto que esa apertura al proceso debe conducir a la protección del derecho, también es cierto que, en primer orden, el órgano jurisdiccional debe observar las condiciones establecidas por el legislador para ordenar los procesos, que en el caso del recurso de casación en la materia que nos ocupa, se encuentran definidas por el artículo 425 del Código Procesal Penal y garantizadas por el artículo 69, numeral 9, de la Constitución, el cual instituye que “toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley”.
11.11. Por otra parte, en el curso de la sustanciación de un expediente para la determinación de la admisibilidad o inadmisibilidad de un recurso, la interpretación que realiza el juez respecto de la ley constituye un ejercicio soberano sujeto a los principios y valores previstos en la Constitución; y que en la especie, la inadmisibilidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia no supone una violación al artículo 69.9 de la Constitución, toda vez que ese órgano jurisdiccional respetó las condiciones dispuestas en materia penal para el ejercicio del recurso de casación.
11.12. En consecuencia, de las consideraciones vertidas precedentemente, este Tribunal Constitucional estima que tanto el derecho al acceso a la justicia, como el de recurrir fueron facultativamente ejercidos por el accionante, y es por ello que, al hacer uso de las vías recursivas de que disponía, al margen de lo establecido por los artículos 393 y 399 del Código Procesal Penal, incurrió en una falta que no puede serle imputada al órgano jurisdiccional, motivos por los cuales procede rechazar el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional del ocho (8) de septiembre de dos mil catorce (2014), interpuesto por el señor Darío Rosario Adames (a) Fausto Rosario contra la Resolución núm. 2534-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el presente recurso de revisión; y en consecuencia, confirmar la Resolución núm. 2534-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014).
TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea comunicada, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, señor Darío Rosario Adames (a) Fausto Rosario; a la parte recurrida, Lic. Vinicio A. Castillo Semán, y a la Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0369/16, del 5 de agosto de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0369-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.