Sentencia TC/0430/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de octubre de 2015 · Expediente TC-052014-0185

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio pro actione

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0430/15?

La revisión reviste especial trascendencia constitucional porque permite distinguir los efectos del control difuso y del control concentrado y plantea un conflicto relativo al medioambiente y la salud en relación con permisos administrativos (TC/0430/15, numeral 9, d, pág. 12). Bajo el artículo 29 de la Ley núm. 437-06, vigente al interponerse la apelación, las sentencias de amparo solo podían impugnarse mediante casación o tercería. La Corte de Apelación no podía extender a otro caso la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo hecha por la Suprema Corte de Justicia en control difuso, pues sus efectos son inter partes, a diferencia de los efectos erga omnes del control concentrado. La Corte debió declarar su incompetencia e indicar el tribunal competente. Para no perjudicar a la recurrente por un error judicial, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia de apelación y, en aplicación del principio pro actione, conoció directamente la revisión de la sentencia de amparo (TC/0430/15, numeral 10, a–c, pág. 12; TC/0430/15, numeral 10, f–h, pág. 14; TC/0430/15, numeral 10, i–j, pág. 15; TC/0430/15, numeral 10, k–n, pág. 15).

Aunque se alegó una amenaza a derechos fundamentales, lo que debía resolverse era si los actos administrativos que autorizaron la instalación y operación de la planta de GLP se ajustaban a la normativa aplicable. Ese examen de legalidad corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa en atribuciones ordinarias, donde pueden adoptarse medidas cautelares. Al existir otra vía judicial más efectiva, el amparo era inadmisible conforme al artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11 (TC/0430/15, numeral 10, o–p, pág. 16; TC/0430/15, numeral 10, q–r, pág. 17; TC/0430/15, numeral 10, s–u, pág. 18; TC/0430/15, numeral 10, v, pág. 19).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión de Propano y Derivados, S.A., y anula la Sentencia núm. 214/2010. Revoca la Sentencia civil núm. 00236/2010 y declara inadmisible la acción de amparo por existir otra vía judicial más efectiva.

Citas textuales clave

“contra la sentencia de amparo solo podían interponerse los recursos de casación y de tercería; no así el recurso de apelación.” (TC/0430/15, numeral 10, a–c, pág. 12).
“el control de constitucionalidad difuso tiene efectos inter partes” (TC/0430/15, numeral 10, f–h, pág. 14).
“la presente acción de amparo debe ser declarada inadmisible por existir otra vía judicial más efectiva para dirimir de tales asuntos.” (TC/0430/15, numeral 10, v, pág. 19).

Normas interpretadas

Constitución, artículos 72, in fine, y 188; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 51, 66, 70.1 y 100; Ley núm. 437-06, artículo 29; Ley núm. 1494, artículo 1, literal d).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0223/14, TC/0079/14, TC/0045/15 y TC/0030/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En la especie, según los documentos depositados en el expediente y los alegatos de las partes, el conflicto se origina con ocasión de la resolución del 14 de agosto de 2009, mediante la cual el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Nagua decidió que no tiene objeción para que el señor Rubén Darío Grullón instale una planta de GLP, en el Km. 1 de la carretera que comunica el municipio Nagua con San Francisco de Macorís. La referida decisión del Concejo de Regidores fue atacada mediante una acción de amparo, la cual fue acogida y, en consecuencia, anuló el acto administrativo en cuestión, mediante la Sentencia núm. 00236/2010, dictada el 30 de abril de 2010 por la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia María Trinidad Sánchez. En adición, el juez de amparo le prohibió al señor Rubén Darío Grullón instalar la envasadora Expreso Gas Nagua y Propano Derivados, C. por A. La sentencia descrita en el párrafo anterior fue objeto de un recurso de apelación, el cual fue rechazado mediante la decisión recurrida en revisión constitucional.

TC/0430/15, numeral 7, pág. 10 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11.

a) El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en la especie existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo.

TC/0430/15, numeral 9, a–c, pág. 11 — PDF oficial

d) La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que se abordarán los efectos del control difuso de constitucionalidad, de cara a los efectos del control concentrado de constitucionalidad. Asimismo, se aprecia un conflicto que involucra el derecho al medioambiente y a la salud en relación con los permisos medioambientales emitidos por la Administración Pública.

TC/0430/15, numeral 9, d, pág. 12 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional

a) En la especie, la recurrente sometió ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, un recurso de apelación el dieciocho (18) de junio del año dos mil diez (2010) contra la Sentencia civil núm. 00236/2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y del Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el 30 de abril de 2010.

a) Ahora bien, antes de abordar el fondo del presente recurso de revisión constitucional, conviene establecer cuál era la normativa aplicable para la fecha en que se interpuso el referido recurso de apelación. En tal sentido, del estudio de las piezas que componen el expediente, podemos advertir que en ese momento aún estaba vigente la Ley núm. 437-06, la cual establecía y regulaba lo relativo al amparo.

b) En este orden el artículo 29 de la Ley núm. 437-06 disponía lo siguiente: La sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada mediante ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la tercería o la casación, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. Párrafo Único.- Cuando un recurso de amparo ha sido desestimado por el juez apoderado, no podrá llevarse de nuevo ante otra jurisdicción.

c) De la lectura del texto transcrito en el párrafo anterior se advierte que contra la sentencia de amparo solo podían interponerse los recursos de casación y de tercería; no así el recurso de apelación. De manera que la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís debió declarar inadmisible dicho recurso de apelación, en aplicación del artículo 29 de la referida ley.

TC/0430/15, numeral 10, a–c, pág. 12 — PDF oficial

d) Sin embargo, mediante la Sentencia núm. 214/2010, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís rechazó la excepción de incompetencia planteada por la parte recurrida y declaró regular y válido el recurso de apelación interpuesto, invocando una sentencia dictada por la Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia, que al ejercer control difuso de constitucionalidad determinó la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley núm. 437/06, sobre Amparo. La referida Corte de Apelación expresa en la sentencia que revisa este tribunal constitucional lo siguiente: (…) en este sentido ha sido juzgado por la Primera Cámara de la Suprema Corte de Justicia que “tanto la apelación, reconocida como derecho fundamental de los justiciables, como se ha visto, como la casación tienen en nuestro derecho positivo categoría sustantiva; que como los demás recursos, ordinarios y extraordinarios, de nuestro ordenamiento procesal, deben su existencia a la ley, el legislador ordinario sí puede limitar y reglamentar el ejercicio de esos recursos y, si lo estima conveniente para determinados asuntos, suprimirlos o hacerlos desaparecer, no así respecto de la apelación y la casación, a los que sólo puede reglamentar (Casación Civil 6 de mayo 2009)”.

e) Sin embargo, es propicio que este tribunal se refiera a los efectos de las sentencias dictadas en el ejercicio del control de constitucionalidad, sea concentrado o difuso, de tal suerte que se pueda determinar si la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís obró correctamente al conocer el referido recurso de apelación en contra de una sentencia de amparo durante la vigencia de la Ley núm. 437/06.

TC/0430/15, numeral 10, d–e, pág. 13 — PDF oficial

f) De conformidad con los artículos 188 de la Constitución y 51 de la Ley núm. 137-11, se trata de una excepción en el marco de una contestación judicial principal. Es decir, de un juicio de constitucionalidad a la luz del caso concreto, a diferencia del control concentrado en el cual, este tribunal, de manera exclusiva y excluyente, lleva a cabo un juicio abstracto de contrastación de normas generales.

g) Así las cosas, el control de constitucionalidad difuso tiene efectos inter partes, por cuanto se trata de la interpretación que hacen los jueces respecto de una disposición normativa al juzgarla en un determinado caso, razón por la cual no surte efectos generales, contrario a lo que ocurre con el control concentrado de constitucionalidad, cuyos efectos son erga omnes.

h) Hecha la distinción que antecede, este tribunal constitucional ha constatado que la referida corte de apelación obró incorrectamente, por cuanto al aplicar al caso que juzgaba una sentencia de la Suprema Corte de Justicia dada en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, traspasó los efectos que estas producen, los cuales son inter partes; es decir, no era posible, en modo alguno, extender los efectos de lo decidido en la Sentencia del 6 de mayo del 2009, al caso decidido en apelación.

TC/0430/15, numeral 10, f–h, pág. 14 — PDF oficial

i) Sobre el particular, este tribunal constitucional estableció lo siguiente en Sentencia TC/0223/14: La declaratoria de inconstitucionalidad mediante la Sentencia núm. 309, de fecha seis (6) de mayo de dos mil nueve (2009), a la que hace referencia la Suprema Corte de Justicia para inadmitir este recurso, fue resultado del control difuso de constitucionalidad ejercido en el marco de un recurso de casación que fue interpuesto ante dicho tribunal. Todos los tribunales de la República tienen competencia y la obligación de ejercer el control difuso de constitucionalidad; sin embargo, dicha declaratoria de inconstitucionalidad tiene efecto únicamente inter partes, no erga omnes. Es decir, solamente se le impone a las partes envueltas en el conflicto, no así a terceros que no han sido parte en el mismo, como es el caso de la hoy recurrente.

j) En tal sentido, el referido tribunal al verificar su propia competencia para conocer de los asuntos que se le plantean, en virtud del principio de “competence de la competence”, el cual ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debió declarar su incompetencia, al tiempo de indicar el tribunal competente, de modo que el recurrente pudiera incoar el recurso correspondiente. Por tanto, este tribunal constitucional entiende que procede anular la referida sentencia y conocer la revisión de la sentencia que resuelve la acción de amparo, pues lo contrario sería penalizar a la parte recurrente por una falta cometida por el órgano judicial.

TC/0430/15, numeral 10, i–j, pág. 15 — PDF oficial

k) Así lo ha establecido este tribunal constitucional en su Sentencia núm. 79/14, al establecer: En cualquier esfera jurisdiccional constituye un imperativo para todo juez o tribunal examinar y establecer su propia competencia antes de abocarse a conocer el fondo de un determinado asunto. En ese esfuerzo tiene que ser objeto de especial ponderación la competencia de atribución, toda vez que este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden público e incide de manera importante en la seguridad jurídica; por tanto, esta es improrrogable, no puede ser objeto de modificación y, además, es inderogable.

l) En efecto, en aplicación del principio pro actione o favor actionis, el cual impide interpretaciones en sentido desfavorable al recurrente ante una omisión o falta que no le es atribuible, y con el objeto de conservar el proceso judicial, este tribunal constitucional conocerá de la revisión constitucional de la Sentencia civil núm. 00236/2010.

m) En la especie, la decisión objeto de revisión se sustenta, para acoger la acción de amparo, en el razonamiento de que el referido acto administrativo “viola el orden constitucional relativo al debido proceso y al principio de legalidad, pues se contravienen las disposiciones de los artículos 52, 58 y 135 de la ley 176-07”.

n) Sin embargo, este tribunal entiende que la presente acción de amparo debe ser inadmitida por el hecho de que en la especie las pretensiones de la parte accionante giran en torno a la oposición a que sea instalada la referida estación de combustible, lo que implica cuestionar los actos administrativos dictados por las autoridades correspondientes y mediante los cuales se autorizó dicha instalación.

TC/0430/15, numeral 10, k–n, pág. 15 — PDF oficial

o) En efecto, en su escrito recursivo, los recurrentes sostuvieron que con la instalación y operación de la referida estación gasolinera se están violando las leyes, reglamentos y normas aplicables a esos casos, señalando lo siguiente: (…) No obstante todo lo anteriormente expuesto, y al tratarse de una amenaza que pretende conculcar los derechos de los ciudadanos del municipio de Nagua, al pretenderse instalarse una envasadora en el centro de la ciudad, al margen y en violación a las disposiciones legales y reglamentarias que regular este tipo de servicio o negocio, en especial las disipaciones contenidas en el Reglamento Ambiental para Plantas de Almacenamiento, Envasado y Expendio de Gas Licuado de Petróleo del mes de Marzo del 2006. Ley # 602 de fecha 20 de Mayo del ario 1977; Ley # 520 de fecha 25 de Mayo del año 1973; Reglamento de la Ley # 520 de fecha 15 de agosto del año 1989; Reglamento de la Ley # 2119 de fecha 29 de Marzo del año 1989; Decreto # 1880 de fecha 29 de Marzo del ario 1984; Resolución No. 139/99 de fecha 12 de abril del 1999; Resolución No.140/2007 de fecha 9 de octubre del 2007; ley 64-00 sobre medio ambiente, es que de manera garantista el Tribunal Constitucional debe emitir una decisión que proteja los derechos de los ciudadanos del municipio de Nagua 1 .

p) En tal sentido, se puede evidenciar que en el presente caso existe un asunto de carácter contencioso en lo relativo al cumplimiento de los actos administrativos que autorizaron la ejecución del proyecto del expendio de combustibles en el municipio Nagua, de cara al cumplimiento de las normativas reglamentarias que le son aplicables, cuyo escrutinio debe ser sometido a la ponderación de la jurisdicción administrativa en atribuciones ordinarias.

TC/0430/15, numeral 10, o–p, pág. 16 — PDF oficial

q) Este tribunal considera que independientemente de que la parte accionante alegue una posible amenaza contra sus derechos fundamentales, la decisión adoptada por el tribunal que dictó la sentencia recurrida no ha sido rendida conforme a las normas constitucionales, en razón de que los conflictos que se susciten en torno a los actos administrativos, como el caso que nos ocupa, deben ser dirimidos siguiendo el procedimiento previsto ante la jurisdicción administrativa.

r) En efecto, así ha sido decidido por este tribunal constitucional en su Sentencia núm. 045/15 cuando establece: Las alegadas irregularidades imputadas a la autorización de la construcción de la referida estación gasolinera no pueden examinarse ni decidirse por la vía del juez de amparo, ya que en la misma se sigue un 1 Subrayado es nuestro. proceso breve, en el cual el debate sobre los medios de prueba no tienen el mismo alcance que en los procedimientos ordinarios, además de que se invocan cuestiones de legalidad ordinaria que escapan al ámbito del amparo.

TC/0430/15, numeral 10, q–r, pág. 17 — PDF oficial

s) En tal virtud , este tribunal entiende que al estar fundamentada la esencia de la discusión de fondo del presente proceso de amparo en la legalidad de los actos administrativos que han dado origen a la instalación y operación de la estación gasolinera, el mismo debe ser conocido por la jurisdicción contenciosa administrativa en atribuciones ordinarias, en virtud del literal d) del artículo 1 de la Ley núm. 1494, que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual establece: (…) Toda persona, natural o jurídica, investida de un interés legítimo, podrá interponer el recurso contencioso administrativo que más adelante se prevé, en los casos, plazos y formas que esta ley establece, 1ro. contra las sentencias de cualquier Tribunal contencioso-administrativos de primera instancia o que en esencia tenga este carácter, y 2do. contra los actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, que reúnan los siguientes requisitos: (…) d) Que constituyan un ejercicio excesivo, o desviado de su propósito legítimo, de facultades discrecionales conferidas por las leyes, los reglamentos o los decretos.

t) De manera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, es la jurisdicción administrativa la que tiene la facultad de realizar los juicios para determinar si los actos administrativos emitidos por las instituciones que han autorizado la instalación y operación de la referida estación gasolinera constituyen un ejercicio excesivo de las facultades que le han sido conferidas por las leyes que regulan la materia.

u) Al respecto cabe destacar que la eficacia de los referidos recursos fue explicada y desarrollada en la Sentencia TC/0030/12, dictada por este tribunal el 3 de agosto de 2012, en la cual incluso se pueden adoptar medidas cautelares.

TC/0430/15, numeral 10, s–u, pág. 18 — PDF oficial

v) Finalmente nos permitimos indicar que al tener el juez de amparo la facultad de restituir derechos y no de realizar evaluaciones de legalidad que tengan por objeto la determinación de la legalidad de los actos administrativos emitidos por un órgano de la Administración, consideramos que la presente acción de amparo debe ser declarada inadmisible por existir otra vía judicial más efectiva para dirimir de tales asuntos. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández. Consta en acta el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, así como el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0430/15, numeral 10, v, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por Propano y Derivados, S.A., contra la Sentencia núm. 214/2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el seis (6) de diciembre de dos mil diez (2010).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 214/2010, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el seis (6) de diciembre de dos mil diez (2010).

TERCERO: REVOCAR la Sentencia civil núm. 00236/2010, dictada por la Cámara Civil, Comercial y del Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el 30 de abril de 2010.

CUARTO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Lic. Pedro Baldera Germán, Prof. Amado Mercedes, Natanael Alcántara, Elianny Marielys de la Rosa y compartes contra el Ayuntamiento del municipio Nagua, representado por el síndico Inocencio Mercedes Eduardo, Dr. Carlos Evangelista Suárez Mata, presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Nagua; Rubén Darío Grullón, Envasadora Expreso Nagua y Ministerio de Estado de Industria y Comercio, por los motivos antes expuestos.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Propano y Derivados, S.A., y la parte recurrida, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Junta de Vecinos de la Urbanización José Brito y los señores Francisco Lantigua Almonte, Lic. Pedro Baldera Germán, Prof. Amado Mercedes, Natanael Alcántara, Elianny Marielys de la Rosa, Gisela Reynoso Fermín y María Zoraida Núñez.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida ley núm. 137-11.

SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0430/15, del 30 de octubre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0430-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.