Sentencia TC/0436/15
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de octubre de 2015 · Expediente TC-04-2013-0067
Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y demanda en suspensión incoados por el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría General de la República contra la Sentencia núm. 161, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0436/15?
El recurso de revisión revestía especial trascendencia constitucional porque permitía precisar el alcance de las garantías fundamentales y del derecho de propiedad en un proceso de extradición. Una vez concluido ese proceso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no debía conocer del amparo contra la negativa del Ministerio Público a devolver los bienes, sino declinarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Por ello, el Tribunal Constitucional revocó la sentencia y conoció directamente del amparo conforme a los principios de oficiosidad, celeridad y efectividad. La retención de los bienes, pese a las gestiones del accionante para recuperarlos, constituía una lesión continua, por lo que el plazo de sesenta días no se computaba desde la primera actuación lesiva y el amparo podía interponerse mientras persistiera la vulneración (TC/0436/15, numeral 9, c, pág. 15; TC/0436/15, numeral 10, c–d, pág. 16; TC/0436/15, numeral 10, e, pág. 17; TC/0436/15, numeral 10, f–g, pág. 17).
Las órdenes de arresto y allanamiento no autorizaban el secuestro de los bienes. La solicitud de incautación había quedado sobreseída y el Tratado de Extradición no permitía el secuestro automático: se requería una orden judicial competente. Como ni el accionante ni sus bienes estaban sometidos a un proceso penal en la República Dominicana, no correspondía remitir el reclamo al juez de la instrucción. El secuestro sin orden judicial fue arbitrario, vulneró el derecho de propiedad y justificó la devolución inmediata de los bienes (TC/0436/15, numeral 10, f–g, pág. 17; TC/0436/15, numeral 10, h–i, pág. 18; TC/0436/15, numeral 10, l–n, pág. 20).
Decisión
El Tribunal admitió en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acogió parcialmente, revocó la Sentencia núm. 161 y consideró innecesario pronunciarse sobre la solicitud de suspensión. Acogió el amparo y ordenó a la Procuraduría General de la República devolver de inmediato los bienes reclamados conforme al acta de allanamiento, bajo astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo a favor del CONANI; además, declaró el recurso libre de costas y ordenó comunicar y publicar la sentencia.
Citas textuales clave
“no procedía conocer de la acción de amparo, sino declinarla ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo” (TC/0436/15, numeral 10, c–d, pág. 16).
“la acción de amparo puede ser incoada mientras se mantenga o prolongue la violación al derecho” (TC/0436/15, numeral 10, f–g, pág. 17).
“El secuestro de los bienes del accionante llevado a cabo por parte del Ministerio Público constituye una vulneración a su derecho de propiedad, razón por la cual este tribunal considera que procede acoger la acción de amparo y ordenar su inmediata devolución.” (TC/0436/15, numeral 10, l–n, pág. 20).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 51, incluido su numeral 1, y 72, parte final.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66, 70.2, 75 y 100.
Código Procesal Penal: artículos 164 y 190.
Tratado de Extradición entre Estados Unidos de América y la República Dominicana: artículo X.
Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículo 17.
Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 21.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/205/13 y TC00/88/2012.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el presente caso se refiere a un pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos de América al gobierno de República Dominicana del señor Peter Gruman y otras personas en función de una investigación que realizaba el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en relación con un fraude de telemercado cometido mediante el uso de un call center operado desde República Dominicana, en perjuicio de varias personas de nacionalidad estadounidense. El quince (15) de agosto de dos mil trece (2013), las autoridades del Ministerio Público apresaron al señor Gruman y secuestraron sus bienes. Posteriormente el recurrido fue presentado ante los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y declaró que aceptaba regresar voluntariamente para enfrentar los cargos en su contra, por lo que la referida sala decidió declarar no ha lugar estatuir sobre la solicitud de extradición del recurrido, mediante la Resolución núm. 4907-2012, del veinte (20) de agosto de dos mil doce (2012). En consecuencia de esta decisión, el señor Gruman, intimó a la Unidad de Antilavados de Activos de la Procuraduría General de la República a la devolución de sus bienes muebles y objetos personales. Al no obtener satisfacción a su solicitud, el veinte (20) de febrero del año dos mil trece (2013), interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que le fueran devueltos los bienes secuestrados por la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, mediante allanamiento practicado el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013). Esta acción de amparo fue acogida mediante la Sentencia núm. 161, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), la cual ordenó a la parte accionada la devolución de los bienes del accionante. El veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013), no estando de acuerdo con esta decisión, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría General de la República decidieron interponer el presente recurso de revisión constitucional.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia
de amparo El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible por las siguientes razones:
a) La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional en materia de amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, el cual dispone lo siguiente: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b) Este tribunal fijó criterio con respecto a la especial trascendencia y relevancia constitucional en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), mediante la cual consideró que tal condición solo se verifica en los supuestos siguientes: 1) Que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c) Luego de ponderar los documentos del expediente que nos ocupa y apreciar las circunstancias en las cuales se adoptó la decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional, este tribunal considera que existe especial trascendencia y relevancia constitucional, debido a que el presente caso le permitirá profundizar sobre el alcance y la importancia del cumplimiento de las garantías fundamentales y el derecho de propiedad en el marco de un proceso de extradición.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión
Con respecto al recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa formulamos los siguientes razonamientos:
a) La Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia acogió una acción de amparo presentada por el señor Peter Gruman y ordenó la devolución de sus bienes, los cuales habían sido secuestrados por la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República mediante allanamiento practicado el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) en el marco de un proceso de extradición; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo mediante el auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012), había sobreseído estatuir sobre la solicitud del Ministerio Público relativa a la incautación de bienes.
b) El veinte (20) de agosto de dos mil doce (2012), mediante Resolución núm. 4907-2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió sobre la solicitud de extradición declarar un no ha lugar y el archivo del expediente, en virtud de que el señor Gruman expresó su disposición de marcharse voluntariamente del país a enfrentar los cargos en su contra que servían de fundamento para la extradición, de conformidad con el artículo 164 del Código Procesal Penal que en su parte in fine establece: “(…)Concluida la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, decide en un plazo de quince días”.
c) El veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), es decir, seis (6) meses después de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia haber emitido su decisión sobre la extradición, fue apoderada de una acción de amparo interpuesta por el señor Peter Gruman contra la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, ante la negativa de esta a devolverle los bienes incautados; acción de amparo que fue acogida por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ordenando la devolución de dichos bienes.
d) Este tribunal considera que en el presente caso, en razón de que la Suprema Corte de Justicia había concluido el proceso de extradición, no procedía conocer de la acción de amparo, sino declinarla ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en virtud del artículo 75 de la Ley núm. 137-11 que dispone: “Amparo contra actos y omisiones administrativas. La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa.” Por estos motivos este tribunal procede a revocar la decisión objeto del recurso de revisión, y en virtud de los principios de oficiosidad, celeridad y efectividad se abocará a conocer de la acción de amparo.
e) Respecto al argumento de la parte accionada, Procuraduría General de la República de que la acción de amparo presentada por el señor Peter Gruman resultaba extemporánea, debido a que la fecha de allanamiento practicado es el quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y la presentación de la referida acción es el veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), por lo que habría transcurrido un tiempo superior a los sesenta (60) días que señala el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, este tribunal entiende que los actos y actuaciones, que por sus efectos pudieran dar lugar a que se prolongue en el tiempo una vulneración de derechos fundamentales de manera continua, pueden ser impugnados en todo momento, (Sentencia TC/205/13, pág. 19, Párr. dd). Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, que reiteran la violación. En estos casos el plazo no se debe computar desde el momento en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las múltiples actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho vulnerado, así como las repetidas negativas de la administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en continua.
f) En el presente caso, el derecho fundamental reclamado, como lo es el derecho de propiedad, estando aun los bienes en poder de las autoridades y el accionante haber realizado gestiones en procura de subsanar la violación invocada, permiten configurar un situación lesiva de naturaleza continua, por lo que la acción de amparo puede ser incoada mientras se mantenga o prolongue la violación al derecho, y no desde el momento que se manifestó la primera actuación lesiva, por lo que resulta irrelevante considerar el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11.
g) En cuanto a la acción de amparo presentada por el señor Peter Gruman, mediante la cual demandaba la devolución de los bienes que le habían sido secuestrado por el Ministerio Público, este tribunal considera que si bien el Ministerio Público, contaba con una orden de arresto pronunciada por la Suprema Corte de Justicia, y una orden de allanamiento autorizado por el juez de la instrucción, el Ministerio Público carecía de una orden para el secuestro e incautación de bienes porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia había sobreseído su solicitud para dicha incautación y fallado un no ha lugar en relación con el proceso de extradición, ordenando el archivo del expediente, por lo que procedía la entrega de los bienes.
h) Lo dispuesto en el artículo X del Tratado de Extradición entre Estados Unidos de América y la República Dominicana, del veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos diez (1910), no debe suponer el secuestro automático de los bienes de una persona solicitada en extradición, pues si bien el contenido de la referida norma favorece que “todo lo se encuentre en poder del criminal fugado en el momento de su captura, ya sea producto del crimen o delito o que pueda servir de prueba del mismo será en cuanto sea posible, con arreglo a las leyes de cada una de las partes contratantes, entregado con el reo al tiempo de su entrega”, tales bienes deben ser secuestrados solo por orden de una autoridad judicial competente, lo cual no ocurrió en el presente caso.
i) La Constitución dominicana, en su artículo 51, reconoce el derecho de propiedad al disponer que: El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social, que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Y el numeral 1 precisa: Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.
j) La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 17: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente, 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. En este mismo sentido, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”. De esto se desprende que el derecho de propiedad es un bien jurídicamente protegido por la legislación nacional e internacional, que no debe ser vulnerado ni obstaculizado en su pleno goce, usufructo y disposición, salvo las excepciones contempladas por la Constitución, observándose siempre las garantías que ella misma dispone en favor de su titular.
k) En este sentido se ha expresado este tribunal constitucional en su Sentencia TC00/88/2012, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), página 8, literal c), cuando establece: La concesión del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición. Este derecho ha sido definido como el derecho exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este bien produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre los mismos.
l) En el presente caso, la parte accionante, señor Peter Gruman no se encuentra sometido a un proceso penal en República Dominicana, como tampoco sus bienes, lo cual no permite justificar que su reclamo requiera ser conocido por el juez de la instrucción, en atención a lo dispuesto por el artículo 190 del Código Procesal Penal vigente. Además, el secuestro de los bienes del accionante por parte de la autoridad actuante, sin estar provista de una orden judicial, configura una actuación arbitraria que evidencia la necesidad de que este tribunal se pronuncie sobre sus efectos respecto al derecho fundamental cuya vulneración se invoca.
m) El secuestro de los bienes del accionante llevado a cabo por parte del Ministerio Público constituye una vulneración a su derecho de propiedad, razón por la cual este tribunal considera que procede acoger la acción de amparo y ordenar su inmediata devolución.
n) En relación con la solicitud de suspensión que hace la parte recurrente, este tribunal entiende que no es necesario referirse a ella, en virtud de la decisión que adoptará respecto a las pretensiones principales del accionante. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos; así como el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría General de la República contra la Sentencia núm. 161, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).
SEGUNDO: ACOGER parcialmente el referido recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría General de la República.
TERCERO: REVOCAR, la Sentencia núm.161, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en materia de amparo, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).
CUARTO: ACOGER la acción de amparo presentada por el señor Peter Gruman en contra de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría General de la República.
QUINTO: ORDENAR a la Procuraduría General de la República la devolución inmediata de los bienes reclamados por el señor Peter Gruman, de acuerdo con contenido descrito en el Acta de allanamiento del Ministerio Publico-Unidad de Antilavado de Activos, del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012).
SEXTO: IMPONER un astreinte de diez mil pesos dominicanos con 00/100 ($10,000.00), por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión en contra de la Procuraduría General de la República en favor de la institución Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Procuraduría General de la República, y al recurrido, señor Peter Gruman.
OCTAVO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once (2011).
NOVENO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0436/15, del 30 de octubre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0436-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.