Sentencia TC/0448/18

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de noviembre de 2018 · Expediente TC-042014-0103

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de defensa

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0448/18?

El Tribunal admitió el recurso porque se interpuso dentro del plazo de treinta días desde la notificación y se dirigió contra una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada posterior a la proclamación de la Constitución de 2010. Tuvo por satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 porque las vulneraciones alegadas se atribuían directa e inmediatamente a la sentencia impugnada, no podían invocarse antes de que esta se dictara y no cabían recursos ordinarios contra ella. Apreció especial trascendencia constitucional por la oportunidad de consolidar su jurisprudencia sobre los límites de la revisión de la prueba y el alcance del deber de motivación (TC/0448/18, numeral 9, a–c, pág. 10; TC/0448/18, numeral 9, d–h, pág. 11; TC/0448/18, numeral 9, i–k, pág. 12; TC/0448/18, numeral 9, l, pág. 13).

En cuanto al fondo, el Tribunal descartó la alegada lesión del derecho de propiedad por no ser imputable al órgano judicial. Reiteró que la revisión constitucional no permite volver a valorar los hechos ni las pruebas ya examinados por la jurisdicción ordinaria, sino verificar si la interpretación del derecho respetó el alcance y el contenido esencial de los derechos fundamentales. Al aplicar el test de la debida motivación, comprobó que la Suprema Corte de Justicia respondió individualmente los medios de casación, explicó de manera lógica y coherente la aplicación del derecho y actuó dentro de sus atribuciones. En consecuencia, no constató vulneración de la tutela judicial efectiva ni del debido proceso (TC/0448/18, numeral 10, c–e, pág. 14; TC/0448/18, numeral 10, f–g, pág. 15; TC/0448/18, numeral 10, h–j, pág. 16; TC/0448/18, numeral 10, k–b, pág. 17; TC/0448/18, numeral 10, c–e, pág. 18; TC/0448/18, numeral 10, m–n, pág. 18).

Decisión

Admite el recurso de revisión constitucional interpuesto por Domingo Tejada y Altagracia Rosario Arroyo, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 694, dictada el 27 de noviembre de 2013 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la decisión.

Citas textuales clave

“En tal sentido, esta sede constitucional procede a descartar el análisis de la alegada violación al derecho de propiedad de la parte recurrente, por cuanto del análisis de las piezas que integran el expediente, es ostensible que la referida violación no es imputable al órgano judicial.” (TC/0448/18, numeral 10, c–e, pág. 14)
“En tal sentido, conviene destacar que se admite en la jurisprudencia constitucional que el Tribunal Constitucional, al revisar una sentencia, no puede entrar a valorar las pruebas y los hechos de la causa, por tratarse de aspectos de la exclusiva atribución de los tribunales judiciales.” (TC/0448/18, numeral 10, f–g, pág. 15)
“De manera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y lógica, de suerte tal que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en derecho.” (TC/0448/18, numeral 10, m–n, pág. 18)

Normas interpretadas

Constitución, artículos 69 y 277. Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 53 (en particular, numeral 3, literales a, b y c, y párrafo sobre especial trascendencia o relevancia constitucional) y 54, numerales 1, 5 y 7. Leyes núms. 3726 y 108-05, invocadas respecto de las facultades de la Suprema Corte de Justicia en casación, sin indicación de artículos específicos.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0038/12, 378/15, TC/0037/13, TC/0160/14, TC/0342/14, TC/0224/15, TC/610/15, TC/720/16, TC/077/17, TC/0617/16, TC/0516/17 y TC/009/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

La especie tiene su origen en la litis sobre derechos registrados interpuesta por los señores Domingo Tejada y Altagracia Rosario Arroyo, respecto de la parcela núm. 77-Ref, del distrito catastral núm. 3, del municipio y provincia La Vega, de la cual resultó apoderada el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original, Sala I de la Vega. Dicho tribunal dictó la Sentencia núm. 2011-0047, que declaró inadmisible la referida solicitud, por prescripción de la acción. No conforme con esta decisión, los señores Domingo Tejada y Altagracia Rosario Arroyo interpusieron un recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte mediante sentencia del tres (3) de agosto de dos mil once (2011). Como consecuencia de ello, los referidos señores, interpusieron un recurso de casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el cual fue rechazado mediante la Sentencia núm. 694, del veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), la cual es objeto del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional del cual ha sido apoderada esta sede constitucional.

TC/0448/18, numeral 7, pág. 9 — PDF oficial

9. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

a. Previo a referirnos sobre la admisibilidad del presente recurso conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional; sin embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal sólo debía dictarse una, criterio que el tribunal reitera en el presente caso.

b. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional debe ser interpuesto en un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su notificación.

c. La sentencia recurrida fue notificada al recurrente, mediante Acto núm. 033/2014, el veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014), y el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue interpuesto el veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014). En ese sentido, se puede comprobar que el mismo fue interpuesto dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11.

TC/0448/18, numeral 9, a–c, pág. 10 — PDF oficial

d. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede, según lo establecen el artículo 277 de la Constitución y el artículo 53 de la Ley núm. 137- 11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), requisito que se cumple en la especie, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013).

e. El artículo 277 de la Constitución tiene como finalidad permitir al Tribunal Constitucional revisar las decisiones dictadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de interpretación constitucional y al mismo tiempo, sancionar las violaciones a los derechos fundamentales que se cometan en el ámbito del Poder Judicial en ocasión de un litigio.

f. En este orden, todas las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) pueden ser objeto de revisión ante el Tribunal Constitucional, independientemente de la materia de que se trate.

g. En el artículo 53 de la Ley núm 137-11, se establece que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional, y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

h. En la especie, los derechos y garantías fundamentales cuya transgresión se alegan en el presente recurso son: 1) tutela judicial efectiva, 2) derecho de propiedad y 3) falta de motivación de la sentencia rendida por el órgano de casación.

TC/0448/18, numeral 9, d–h, pág. 11 — PDF oficial

i. En el recurso que nos ocupa, como se ha hecho constar en el párrafo literal h), se están invocando violaciones que se enmarcan en tercera causal indicadas en el párrafo anterior.

j. En relación con esta última, el mismo artículo 53 establece que el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) Que se hayan agotado todos 1os recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

k. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que con relación a los requisitos de los literales a) y b) y c) del artículo 53.3, estos son satisfechos, pues las alegadas violaciones a la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho de propiedad se atribuyen a la sentencia impugnada; por tanto, no podía ser invocada previamente, ni existen recursos ordinarios posibles contra la misma, al tratarse de una sentencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso. El tercero de los requisitos se cumple, igualmente, en razón de que se invoca la violación de los derechos fundamentales antes citados contra la sentencia impugnada y las violaciones se le imputan, de modo inmediato y directo, al órgano que ha dictado la decisión impugnada.

TC/0448/18, numeral 9, i–k, pág. 12 — PDF oficial

l. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada, además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del mencionado artículo 53 de la Ley núm. 137-11. Este tribunal constitucional estima que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso debe conocer el fondo del mismo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado le permitirá continuar consolidando su precedente acerca de la valoración de pruebas que hicieran los tribunales ordinarios ante este tribunal constitucional, así como también del impacto y alcance de una decisión motivada en los procesos jurisdiccionales.

TC/0448/18, numeral 9, l, pág. 13 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:

a. En el presente caso, la parte recurrente pretende la nulidad de la Sentencia núm. 694, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), sosteniendo que con esta decisión se ha incurrido en falta de motivación, violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la propiedad.

b. En lo que respecta a la alegada violación al derecho de propiedad, vale acotar que tal como ha sido juzgado en casos similares, no se trata de una falta imputable a la Suprema Corte de Justicia. En efecto, esta sede constitucional en su Sentencia 378/15 determinó lo siguiente:

10.19. La violación que se alega debe ser en relación con un derecho fundamental y tiene que ser imputable al órgano judicial, según lo disponen los artículos 53.3 y 53.3.c de la referida ley núm. 137-11. Para una mejor ilustración de esta cuestión, conviene que nos formulemos lo siguiente: ¿En qué hipótesis puede un juez violar el derecho de propiedad?

10.20. La única hipótesis en que puede ocurrir la referida violación, considera este tribunal, es si el juez se adjudicara el bien litigioso, eventualidad que es imposible que se produzca en la realidad o, al menos, no ha ocurrido en la especie.

10.21. Otra cuestión muy distinta es que el derecho de propiedad sea desconocido como consecuencia de una violación de orden procesal imputable al tribunal. En tal hipótesis corresponde a quien invoca dicha violación aportar la prueba en tal sentido, requisito que no ha sido satisfecho en la especie.

TC/0448/18, numeral 10, a–10.21, pág. 13 — PDF oficial

c. En tal sentido, esta sede constitucional procede a descartar el análisis de la alegada violación al derecho de propiedad de la parte recurrente, por cuanto del análisis de las piezas que integran el expediente, es ostensible que la referida violación no es imputable al órgano judicial.

d. En la especie, la parte recurrente, señores Domingo Tejada y Altagracia Rosario Arroyo, para justificar sus pretensiones, sostiene, entre otros motivos, los siguientes: Era imprescindible la ponderación del poder y el pasaporte, porque con el cotejamiento de las fechas se habría dado cuenta el tribunal de que se trató de una grosera y torpe falsedad en escritura privada, es decir, la juez y los jueces se habrían dado cuenta de que estaban frente a una simulación absoluta, que es aquella en la que no hay vínculo jurídico entre el propietario real del inmueble y quien dice ser titular de ese derecho. (…) era una obligación ineludible analizar los documentos aportados y emitir su opinión sobre los mismos, sólo soslayando esos documentos se podía fallar a favor de la parte demandada como se hizo, cometió un pecado mortal el tribunal a quo al ocular la cabeza como avestruz ante el poder demoledor de las pruebas aportadas (…)

e. En ese sentido, es ostensible que las pretensiones de los hoy recurrentes procuran que este tribunal constitucional proceda nuevamente a la valoración de unas pruebas que fueron conocidas y evaluadas en el proceso judicial ante los tribunales ordinarios.

TC/0448/18, numeral 10, c–e, pág. 14 — PDF oficial

f. En efecto, en el estudio de la instancia del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se comprueba que las alegadas violaciones a los derechos y principios fundamentales de los recurrentes están directamente relacionadas con la forma en que las instancias que componen el Poder Judicial valoraron los medios que les fueron presentados en la litis sobre derechos registrados interpuesta por los hoy recurrentes.

g. En tal sentido, conviene destacar que se admite en la jurisprudencia constitucional que el Tribunal Constitucional, al revisar una sentencia, no puede entrar a valorar las pruebas y los hechos de la causa, por tratarse de aspectos de la exclusiva atribución de los tribunales judiciales. Su función, cuando conoce de este tipo de recurso, se debe circunscribir a la cuestión relativa a la interpretación que se haya hecho del derecho, con la finalidad de determinar si los tribunales del orden judicial respetan en su labor hermenéutica el alcance y el contenido esencial de los derechos fundamentales.

TC/0448/18, numeral 10, f–g, pág. 15 — PDF oficial

h. Al respecto, este tribunal constitucional estableció desde su Sentencia TC/0037/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), el criterio siguiente: La lectura del texto revela que, en la especie, lo que pretende el recurrente es el análisis de cuestiones sobre la valoración específica de las pruebas que sustentaron la sentencia condenatoria que le declara culpable. Alega que no existe prueba alguna para determinar su responsabilidad. Sin embargo, el recurrente, en sí, lo que no está es de acuerdo con la valoración dada a las pruebas que fueron admitidas legalmente (el testimonio y el certificado médico). El examen del expediente, por tanto, nos lleva a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional para examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria, tal y como en su momento se efectuó.

i. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada por esta sede constitucional en sus sentencias núm. TC/0160/14, del veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014); TC/0342/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015), TC/0224/15, del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), TC/610/15, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), TC/720/16, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), TC/077/17, del siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017), TC/0617/16, del veinticinco(25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) y TC/0516/17, del dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017), entre otras.

j. De manera que a este tribunal le está vedado valorar los elementos de prueba, en razón de que estos se entienden dirimidos en la jurisdicción inmobiliaria y sobre los mismos los tribunales se pronunciaron en las distintas instancias en las cuales el proceso fue ventilado.

TC/0448/18, numeral 10, h–j, pág. 16 — PDF oficial

k. En relación con el alegato que denuncia la falta de motivación de la Suprema Corte de Justicia, este tribunal constitucional ha podido comprobar la falta de méritos en el argumento sostenido por los recurrentes, toda vez que luego de ponderar si la Sentencia núm. 694, carece o no de una motivación suficiente, así como también si ha reñido con las normas procesales aplicables a la especie, esta sede constitucional estima que se ha realizado un análisis argumentativo adecuado y pertinente, respondiendo a cabalidad los medios sometidos a su escrutinio, así como la correlación de los textos legales aplicables al caso concreto.

l. Sobre el punto en cuestión, entendemos recomendable remitirnos al precedente que respecto al alcance del deber de motivación este tribunal ha fijado en su Sentencia núm. TC/009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013). Así, el indicado precedente indica los estándares o requisitos que debe reunir toda decisión jurisdiccional para considere debidamente motivada, instaurando así el llamado “test de la debida motivación” en los siguientes términos:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones: En la Sentencia núm. 694, cumple con este requisito, pues se da respuesta de manera individualizada a todos los medios de casación invocados por la parte recurrente.

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar: Al tratarse de un recurso de casación en materia inmobiliaria, la valoración de las pruebas por parte de la Suprema Corte de Justicia está limitada a determinar si la forma en que el Tribunal Superior de Tierras interpretó y aplicó los textos legales se ajusta al derecho, situación que se evidencia en la especie.

TC/0448/18, numeral 10, k–b, pág. 17 — PDF oficial

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada: La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en aplicación de los textos legales que rigen la materia, determinó que la corte a-qua satisfizo los requerimientos de los hoy recurrentes, ofreciendo una respuesta lógica y jurídicamente coherente a los medios planteados.

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción: En la sentencia impugnada mediante el presente recurso de revisión constitucional no se hacen enunciaciones genéricas de principios, ni de los textos legales aplicables al caso, de modo que se cumple con este cuarto requisito.

e. Asegurar que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional: Al estar debidamente motivada y al actuar Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en funciones de corte de casación, dentro de las facultades competenciales que le reconoce tanto la Ley núm. 3726, sobre Recurso de Casación y la Ley núm. 108-05, se cumple con el quinto y último requisito del test.

TC/0448/18, numeral 10, c–e, pág. 18 — PDF oficial

m. De manera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, congruencia, y lógica, de suerte tal que se constituya en una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su causa no sea arbitrario y esté fundado en derecho. En el presente caso, la sentencia impugnada reúne los elementos fundamentales de una decisión motivada, por lo que este tribunal verifica que la misma no vulnera la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva y el debido proceso del recurrente, consagrada en el artículo 69 de la Constitución.

n. En tal sentido, en el presente caso, la sentencia impugnada reúne los elementos fundamentales de una decisión motivada, los cuales fueron ampliamente desarrollados por este tribunal constitucional en su Sentencia 009/13, por lo que es ostensible que la misma no vulnera la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva y el debido proceso del recurrente, consagrada en el artículo 69 de la Constitución.

TC/0448/18, numeral 10, m–n, pág. 18 — PDF oficial

o. En definitiva, en el presente recurso no se prueba la violación a algún derecho o principio fundamental, limitándose a simplemente hacer mención de que existe una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, fundamentada supuestamente en la forma en que la Suprema Corte de Justicia resolvió la litis, y no demostrando algún error o arbitrariedad en su decisión, razón por la que procedemos a rechazar el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, así como el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.

TC/0448/18, numeral 10, o, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional los señores Domingo Tejada y Altagracia Rosario Arroyo contra la Sentencia núm. 694, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: RECHAZAR el indicado recurso revisión constitucional, y en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia Sentencia núm. 694, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013).

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Domingo Tejada y Altagracia Rosario Arroyo y a la parte recurrida, Miguel Ángel Concepción, Juan Pablo Rosa, Paul Rosa, Francés Rosa y Erick Rosa.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, numeral 6 de la Ley núm. 137-11.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0448/18, del 13 de noviembre de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0448-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.