Sentencia TC/0705/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 8 de noviembre de 2017 · Expediente TC-05-2017-0027
Al recurso de revisión constitucional de amparo incoado por la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, y Edgar Juan Aníbal Ramírez, contra la Sentencia núm. 0001-2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015).
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Temas: Derecho al trabajo · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0705/17?
El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de cinco días hábiles y francos. Su notificación tardía no causó agravio, pues la recurrida pudo ejercer su defensa. El asunto tenía especial trascendencia constitucional porque permitía reiterar que el incumplimiento de la Ley núm. 176-07 por un órgano municipal puede reclamarse mediante amparo de cumplimiento cuando vulnere derechos fundamentales de funcionarios electos por voto popular. El juez de primera instancia erró al tramitar como amparo ordinario una acción que procuraba el cumplimiento de un deber legal. Por ello, el Tribunal revocó la sentencia y conoció directamente la acción, sin exigir el agotamiento de la vía administrativa, tras verificar la legitimación de la subdirectora, la identificación de la autoridad obligada, la intimación previa y la presentación oportuna de la acción (TC/0705/17, numeral 9, pág. 14; TC/0705/17, numeral 9, a–d, pág. 15; TC/0705/17, numeral 9, g, pág. 17; TC/0705/17, numeral 10, a–d, pág. 17; TC/0705/17, numeral 10, g, pág. 20).
La falta de pago del salario a la subdirectora electa vulneró su derecho al trabajo y a percibir la remuneración legal. La carta de renuncia anterior a la elección no generó derechos ni obligaciones, y un pacto político privado no podía imponerse en contra de la voluntad de la funcionaria y de quienes la eligieron. Para determinar la remuneración, el Tribunal equiparó la subdirección distrital a la vice-sindicatura: el 60 % del sueldo del titular es un tope, no un porcentaje fijo, y corresponde al órgano municipal establecer la escala aplicable. Concluido el mandato, la Junta Distrital debía pagar retroactivamente los completivos y los salarios adeudados, porque la deuda era institucional y no personal (TC/0705/17, numeral 10, h–c, pág. 23; TC/0705/17, numeral 10, d–m, pág. 24; TC/0705/17, numeral 10, r–s, pág. 26; TC/0705/17, numeral 10, y–z, pág. 28; TC/0705/17, numeral 10, h–bb, pág. 29).
Decisión
Admitió en cuanto a la forma y acogió en cuanto al fondo el recurso de revisión, revocó la Sentencia núm. 00001-2015 y declaró procedente el amparo de cumplimiento. Ordenó a la Junta Distrital de Monserrat pagar a Rosalina Reyes Reyes los completivos salariales de agosto de 2010 a julio de 2013 y la totalidad de los salarios dejados de percibir desde agosto de 2013 hasta el término de su gestión en agosto de 2016, e impuso a favor de la accionante una astreinte de RD$5,000 por cada día de retardo.
Citas textuales clave
“se estaba ante una acción de amparo de cumplimiento, la cual fue conocida como si se tratara de un amparo ordinario.” (TC/0705/17, numeral 10, a–d, pág. 17)
“los cargos públicos no deben ser objeto de pactos o convenciones entre particulares en violación al ejercicio soberano del voto popular.” (TC/0705/17, numeral 10, r–s, pág. 26)
“la deuda contraída frente a la accionante en amparo de cumplimiento no es personal, sino institucional” (TC/0705/17, numeral 10, h–bb, pág. 29)
Normas interpretadas
Constitución dominicana: artículos 62, numeral 9, y 72, parte in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 7, numeral 6; 65; 66; 94; 95; 97; 100; y 104 a 111, en particular los artículos 104 a 107.
Ley núm. 176-07: artículos 82 y 89, incluido el párrafo I de este último.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0205/14 y TC/0138/15.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando los partidos aliados PRSC y PRD postulan para las elecciones congresuales y municipales del año dos mil diez (2010) al señor Edgar Juan Aníbal Ramírez como director y a la señora Rosalina Reyes Reyes como subdirectora por el distrito municipal Monserrat, municipio Tamayo, provincia Bahoruco. A propósito de dicha alianza y previo al certamen electoral, ambos partidos proponen un acuerdo entre las señoras Rosalina Reyes Reyes y Fannys Soveida Reyes Peña para compartir entre ellas el ejercicio de la función y el salario durante el período completo de resultar electa la primera; documento que este colegiado constata dentro del legajo depositado, que solo contiene la firma de la señora Fannys Soveida Reyes Peña. En el discurrir de su mandato, la señora Rosalina Reyes Reyes es privada del pago completo de su salario durante los años dos mil diez (2010) al dos mil trece (2013) y de la totalidad del salario durante los años dos mil trece (2013) al dos mil dieciséis (2016) en virtud de la oposición de pago que hiciera la señora Fannys Soveida Reyes Peña a la Junta Distrital de Monserrat, bajo el alegato de que la subdirectora de la Junta había incumplido el supuesto pacto político suscrito entre ambas. La hoy recurrida, intima y pone en mora a la Junta Distrital de Monserrat y a su director al pago de sus salarios y ante el silencio de la autoridad decide interponer una acción de amparo de cumplimiento en el que alega violación al derecho fundamental al trabajo. En dicha acción de amparo de cumplimiento solicitaba el cumplimiento de las disposiciones del artículo 89 de la Ley núm. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, en lo relativo al salario de los vicealcaldes. El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Bahoruco dictó la Sentencia núm. 000001-2015 en la que acogió la acción de amparo y ordenó a la Junta Distrital de Monserrat y el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez Reyes a pagar los completivos y los salarios dejados de pagar. No conforme con dicha decisión, los recurrentes interponen el presente recurso de revisión en materia de amparo que nos ocupa.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo Previo a abordar el fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, se hace preciso dar respuesta a lo planteado por la recurrida, señora Rosalina Reyes Reyes, que entiende que el mismo debe ser declarado inadmisible por no cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 97 y 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. relativos a la notificación del recurso de revisión y a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada. En lo concerniente al medio de inadmisión planteado por violación al artículo 97 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que “el recurso le será notificado a las demás partes en el proceso, junto con las pruebas anexas, en un plazo no mayor de cinco días”, este tribunal considera que, si bien es cierto que el recurso le fue notificado a la recurrida, señora Rosalina Reyes Reyes, fuera del plazo de los cinco (5) días establecidos, también es cierto que la misma tuvo oportunidad de depositar su escrito de defensa -planteando medios de inadmisión y argumentos de defensa basados precisamente en los alegatos de la parte que recurre- y dejar en evidencia que su derecho a defenderse no se vio afectado. Precisado lo anterior, este colegiado procederá a rechazar dicho medio de inadmisión en razón de que no existe nulidad sin agravio. 2 Artículo 9.- Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan ante él y dirimirá las dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones. 3 Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. En lo que atañe a la inadmisibilidad planteada por violación al artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, relativo a la trascendencia o relevancia constitucional del recurso, este también será rechazado, puesto que dicha revisión permitirá al tribunal constitucional referirse a los derechos fundamentales de los funcionarios electos por medio del voto popular. Luego de contestar los medios de inadmisión propuestos, este tribunal procede a determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la materia, para lo cual pasamos a exponer las siguientes consideraciones:
a. El presente caso se contrae a una revisión en materia de amparo interpuesta contra la Sentencia núm. 00001-2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Bahoruco el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), la cual acogió la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la señora Rosalina Reyes Reyes.
b. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las sentencias dictadas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
c. Según lo pautado en el artículo 95 de la referida Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de notificación de la sentencia impugnada. Cabe destacar que este plazo debe considerarse franco y computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).
d. En el expediente no consta que la Sentencia núm. 00001-2015 haya sido notificada al recurrente. Ahora bien, el recurrente indica en su recurso que la misma le fue notificada el veintinueve (29) de diciembre de dos mil quince (2015). El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo fue depositado ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Bahoruco, el cinco (5) de enero de dos mil dieciséis (2016), por lo que se evidencia que fue interpuesto dentro del plazo establecido.
e. Los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo están establecidos en el artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, indicando que dicha admisibilidad está sujeta a que el asunto de que se trate el recurso suponga una especial trascendencia o relevancia constitucional; a saber: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.
f. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal fijó su posición mediante la Sentencia núm. TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012), en la cual estableció que (…) tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) Que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
g. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional ya que le permitirá reiterar el criterio de que el incumplimiento, por parte de los órganos municipales, de la Ley núm. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, que vulnere los derechos fundamentales de los funcionarios electos por medio del voto popular, puede ser reclamado mediante la acción de amparo de cumplimiento.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. Los recurrentes, la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, y su director, el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez, alegan que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Bahoruco, por medio de la Sentencia núm. 00001- 2015, incurrió en una errónea interpretación y desnaturalización del recurso de amparo al inobservar la existencia de otras vías abiertas para la protección del derecho invocado por la recurrida en su acción de amparo de cumplimiento, como lo es la vía administrativa por tratarse de asuntos relacionados con el salario.
b. En ese contexto, este colegiado constitucional estima que ciertamente el tribunal a-quo incurrió en una errónea interpretación y desnaturalización del recurso de amparo, pero no por la inobservancia de la existencia de otra vía judicial para proteger los derechos invocados, sino porque se estaba ante una acción de amparo de cumplimiento, la cual fue conocida como si se tratara de un amparo ordinario.
c. Este tribunal considera que procede acoger el recurso de revisión interpuesto y anular la decisión impugnada en vista de que el juez de amparo incurrió en un error procesal al inobservar el régimen aplicable al amparo de cumplimiento previsto en los artículos 104 al 111 de la referida Ley núm. 137-11. Consecuentemente, se avocará a conocer la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la señora Rosalina Reyes Reyes, en virtud de los principios de oficiosidad, efectividad y economía procesal.
d. Este colegiado estableció en su Sentencia TC/0205/14 4 la distinción entre ambos tipos de amparo al acotar que:
c. [e]l amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 137- 11, es una acción que tiene por finalidad principal la protección de los derechos fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que emane de una autoridad pública o de cualquier particular, que de forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta tiendan a lesionar, restringir, alterar u amenazar los derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución. d. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión mediante la cual se ordene a un funcionario o autoridad pública renuente, el cumplimiento de una norma legal, la 4 Sentencia TC/0205/14, del tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014), literales c., d. y e., Págs. 11 y 12. ejecución o firma de un acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento. e. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha establecido un amparo ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento, el cual tiene un carácter especial, creando para la interposición de ambas acciones requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se persiguen objetos también distintos.
e. La accionante en amparo de cumplimiento, la señora Rosalina Reyes Reyes, resultó electa subdirectora por el distrito municipal Monserrat del municipio Tamayo, provincia Bahoruco, como representante del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y aliados, por el período constitucional comprendido entre el dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010) y el dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciséis (2016). En el expediente que nos ocupa consta la certificación, expedida por la Junta Electoral de Tamayo, de dicha elección.
f. La accionante alega que luego de tomar posesión en el cargo descrito anteriormente nunca le fueron pagados sus salarios completos. En ese sentido expone que desde agosto del año dos mil diez (2010) hasta mayo del año dos mil trece (2013), cobraba cuatro mil quinientos pesos con 00/100 ($4,500.00) mensuales y que, durante los meses de junio y julio de ese mismo año, cobró siete mil ciento cincuenta pesos con 00/100 ($7,150.00) y que a partir de julio de dos mil trece (2013) no ha vuelto a percibir pago alguno, y es por esto que intima y pone en mora a la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, provincia Bahoruco, y a su director, el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez, mediante el Acto núm. 510-15, del treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015).
g. Para examinar la procedencia de la acción de amparo de cumplimiento, este tribunal verificará que la misma cumple con los requisitos establecidos para dicha figura en los artículos de la Ley núm. 137-11: Articulo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. La acción interpuesta corresponde a un amparo de cumplimiento, puesto que la misma procuraba el cumplimiento de una ley -que en este caso es la Ley núm. 176- 07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios. La cual en su artículo 89 se refiere a las retribuciones por el ejercicio del cargo: “Los síndicos/as, regidores/as, directores y vocales, tienen derecho a percibir, con cargo al presupuesto municipal o distrital, los salarios y otras retribuciones por el ejercicio de sus funciones […]”. Artículo 105.- Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I.- Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo.
En relación con la legitimación establecida en el citado artículo 105, la accionante en amparo de cumplimiento cumple con dicho requisito puesto que la misma ejercía el cargo de subdirectora de la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, provincia Bahoruco -para el cual fue electa- y por lo tanto, es perjudicada por el no cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo 89 de la referida Ley núm. 176-07; además invoca que la retención de parte o del total de su salario mes por mes constituye una vulneración a su derecho al trabajo -consagrado en el artículo 62 de nuestra Carta Magna- que en su numeral 9 establece: El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. En consecuencia: 9) Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de igual valor, sin discriminación de género o de otra índole y en idénticas condiciones de capacidad, eficiencia y antigüedad. Artículo 106.- Indicación del recurrido. La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo.
En cuanto a la observancia del requisito del artículo 106, el mismo se verifica pues la acción de amparo de cumplimiento estuvo dirigida contra la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, provincia Bahoruco, y su director el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez, autoridad alegadamente renuente al cumplimiento de la Ley núm. 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, en lo que se refiere al pago de las retribuciones en ocasión del ejercicio del cargo. Artículo 107.- Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud. Párrafo I.- La acción se interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese plazo. Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. En lo que respecta al requisito establecido en el artículo 107 de la Ley núm. 137- 11, en lo relativo a la puesta en mora de la autoridad demandada, la accionante en amparo de cumplimiento intimó y puso en mora a la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, provincia Bahoruco, y a su director, el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez, mediante el Acto núm. 510-15, del treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), a los fines de que procediera a cumplir con la obligación legal y constitucional de pagar sus salarios completos.
Luego de vencido el plazo de los quince (15) días y no recibir respuesta, la accionante interpone la presente acción de amparo de cumplimiento el veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015), por lo que se puede verificar que también cumple con el requisito de interposición de la acción dentro del plazo de los sesenta (60) días contados a partir del vencimiento del plazo de la intimación y puesta en mora de la autoridad renuente.
h. Luego de verificar los requisitos formales de la acción de amparo de cumplimiento, este tribunal procederá al análisis del fondo de la misma.
i. La recurrente alega en su instancia que el salario que le corresponde por ley a los vicedirectores de una junta distrital asciende al sesenta y cinco por ciento (65%) del salario de los síndicos, y en ese sentido arguye que el director de la Junta Distrital de Monserrat, señor Edgar Juan Aníbal Ramírez, devenga un salario mensual de treinta mil pesos dominicanos con 00/100 ($30,000.00).
j. En ese tenor, es preciso destacar, que la referida Ley núm. 176-07 en el Párrafo I del citado artículo 89 establece: “El vice-síndico/a devengará un sueldo mensual de hasta el sesenta por ciento (60%) del que le corresponda al síndico/a”.
k. En relación con lo que precede, y a los fines de este caso, se debe hacer la salvedad que el artículo 82 de la referida Ley núm. 176-07 se refiere a las atribuciones y limitaciones del director/a y vocales de los distritos municipales, dándole la misma categoría y atribución del/la síndico/a al/la directora/a, por lo que se puede colegir que el/la sub-director/a tiene la misma categoría y atribuciones del/la vice síndico/a. Artículo 82.- Atribuciones y limitaciones del director/a y vocales del distrito municipal. Las y los directores y vocales de los distritos municipales tienen, limitado a su demarcación territorial, las mismas atribuciones que las/os síndicas/os y regidoras/es del municipio al cual pertenecen, 5 con las excepciones siguientes, que previa autorización del concejo municipal:
a. Realizar empréstitos; 5 Subrayado y negritas del Tribunal Constitucional.
b. Apropiar y enajenar bajo cualquier forma bienes municipales sin importar su naturaleza;
c. La creación de arbitrios de cualquier naturaleza;
d. Autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones y concesiones de conformidad con ley que regula la materia.
l. Como se puede apreciar, en su acción de amparo de cumplimiento la accionante incurre en un error en el porcentaje sobre el cual calcula el monto al que asciende su salario mensual con respecto al del director, el cual ella advierte es de treinta mil pesos dominicanos con 00/100 ($30,000.00) por lo que el de su cargo como subdirectora de la Junta Distrital, sería de diecinueve mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($19,500.00). Según el citado artículo 89, “el vice- síndico/a devengará un sueldo mensual de hasta el sesenta por ciento (60%) del que le corresponda al síndico/a”. Como se puede observar el artículo que precede no establece con claridad cual porcentaje le correspondería a la accionante en la especie, pues al decir que el sueldo mensual será de hasta un sesenta por ciento (60%) se presta a diferentes interpretaciones por el órgano que debe aplicar la escala a pagar al/la subdirector/a, tomando en cuenta las condiciones propias de cada órgano municipal.
m. Dicho lo anterior, y partiendo del escrutinio de los documentos depositados en el expediente, este colegiado ha podido constatar que según la relación de pagos mensuales realizados al señor Edgar Juan Aníbal Ramírez a través del Banco de Reservas de la República Dominicana -que consta en el expediente a nuestro cargo y que comprende los pagos realizados desde agosto de dos mil diez (2010) hasta noviembre de dos mil quince (2015) -así como la numeración de los cheques emitidos, el sueldo del director de la Junta Distrital de Monserrat, el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez era de diez mil novecientos noventa y tres pesos dominicanos con 00/100 ($10,993.00) y no de treinta mil pesos dominicanos con 00/100 ($30,000.00) como alega la accionante.
n. De igual manera, consta en el expediente la relación de pagos mensuales realizados a la señora Rosalina Reyes Reyes en el período comprendido entre agosto de dos mil diez (2010) y julio de dos mil trece (2013) en donde se puede evidenciar que durante los meses de agosto de dos mil diez (2010) a marzo de dos mil once (2011) el sueldo de la accionante era de cuatro mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($4,500.00); entre abril de dos mil once (2011) y mayo de dos mil trece (2013) era de seis mil pesos dominicanos con 00/10 ($6,000.00) y durante los meses de junio y julio de dos mil trece (2013) el sueldo devengado fue de siete mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 00/100 ($7,150.00). Es preciso señalar que a partir de agosto de dos mil trece (2013) no hay constancia de que la señora Rosalina Reyes Reyes haya percibido ningún otro pago. No se verifican los motivos que sustentan las variaciones en los montos devengados por la señora Rosalina Reyes Reyes, ya sea porque hubo aumentos en el salario del director o porque a la subdirectora se le haya aplicado una escala diferente en el cálculo del suyo.
o. Los accionados, Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, y Edgar Juan Aníbal Ramírez, alegan que la razón por la cual no se le reconocieron los salarios correspondientes a agosto de dos mil trece (2013) hasta agosto de dos mil dieciséis (2016) -fecha en la que culminaba el mandato constitucional para el que fue electa la señora Rosalina Reyes Reyes- es “que la accionante dejó cesar en sus funciones por la Carta de renuncia que dice presentar ante las autoridades municipales y que no han sido negadas por la misma” como consecuencia de un pacto político que constaba en dividir con otra persona el período constitucional, en caso de resultar electa, para ejercer durante los primeros tres (3) años la función de subdirectora y ceder los tres (3) años restantes, es decir desde agosto dos mil trece (2013) hasta agosto dos mil dieciséis (2016) a la otra parte del pacto.
p. Otro argumento esbozado por los accionados es que “el Art. 43 inciso e, de la citada ley reza: LA CONDICION DE SINDICO, VICESINDICO/A O REGIDOR/A SE PIERDE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS…E) POR RENUNCIA QUE DEBE HACERSE EFECTIVA POR ESCRITO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL”.
q. En respuesta a estos argumentos, este tribunal considera que si bien existe constancia en el expediente de una carta de renuncia de la accionante en la que explica que, en razón del pacto político contraído entre el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) durante la campaña electoral del año dos mil diez (2010), presenta “formal renuncia al cargo que ostentará dentro de esa honorable Junta Municipal a partir del 16 de agosto de 2010 hasta el 16 de agosto de 2013”, también es cierto que dicha carta está fechada el diez (10) de abril de dos mil diez (2010), que resulta ser la fecha en que se firmó el referido pacto.
r. Esta circunstancia nos permite inferir que se trata de una renuncia previa a la ostentación del cargo o función de subdirectora y ante un consejo de vocales y un director que aún no habían sido electos, ya que las elecciones en las que participarían no se habían realizado. Se trata pues, de que las personas involucradas no tenían un derecho adquirido, sino una simple expectativa de derechos que se concretaría a través del voto popular, por lo que dicha carta no está revestida de legalidad y, por lo tanto, no debe generar derechos ni obligaciones.
s. Es necesario establecer que imponer a un funcionario público, de elección popular y directa, el cumplimiento de un pacto político de carácter privado, constituye un acto ilegal que vulnera la voluntad del que ha sido electo y del pueblo que lo ha elegido como su representante. El pacto político que interviene se presume que es un acto realizado bajo la presión ejercida a los candidatos que las entidades políticas postulan en un certamen electoral y resulta en una práctica indigna del ejercicio de la política, ya que los cargos públicos no deben ser objeto de pactos o convenciones entre particulares en violación al ejercicio soberano del voto popular.
t. Resulta distinto si el funcionario, de manera voluntaria y libre de toda coacción, decide presentar su renuncia con posterioridad a haber sido electo para lo cual debe motivar las razones que justifican su decisión -circunstancia que no está presente en el caso concreto de la accionante en amparo de cumplimiento-, ya que la accionante ha manifestado su interés de que se reconozca que es la titular del cargo de subdirectora, obtenido en el proceso electoral del año dos mil diez (2010) y, en esa calidad, reclama los salarios que le han dejado de pagar durante los años del dos mil trece (2013) al dos mil dieciséis (2016) en adición a los completivos de los salarios que sí devengó, los cuales argumenta no corresponden a la escala contenida en la Ley núm. 176-07.
u. Los accionados arguyen que retuvieron los pagos correspondientes a agosto de dos mil trece (2013) en adelante porque habían sido notificados del Acto núm. 199-2013, de oposición formal de pago, interpuesto por la señora Fannys Soveida Reyes Peña el veintisiete (27) agosto del año dos mil trece (2013), en razón de que la señora Rosalina Reyes Reyes había incumplido el acuerdo político suscrito entre ellas de compartir la función de subdirectora de la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, y el salario correspondiente al mismo cuando una u otra estuviese en el ejercicio de dicho cargo y que al momento se encontraban inmersas en una litis por esa razón.
v. En ese tenor este colegiado ha podido comprobar en la documentación que sustenta el expediente que consta la referida oposición de pago y otros documentos que dan cuenta de que las autoridades municipales, preocupadas por resolver un conflicto que afectaba la gobernabilidad de la municipalidad, sostuvieron reuniones en más de una ocasión con las señoras Rosalina Reyes Reyes y Fannys Soveida Reyes Peña, así como representantes de los partidos suscribientes del pacto generador del conflicto Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a los fines de procurar una solución amigable que pusiera fin al conflicto. En ningún caso la subdirectora y accionante en amparo de cumplimiento, consintió en firmar las propuestas de acuerdo.
w. Asimismo, consta en el expediente la negativa por parte de la Junta Distrital de Monserrat, de emitir dos (2) cheques en las personas de Rosalina Reyes Reyes y Fannys Soveida Reyes Peña equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del salario dividido entre las dos en razón de dar cumplimiento a las condiciones del pacto suscrito entre ellas. Su negativa se sustentó en que no había una razón legal para justificarlo en la ejecución presupuestaria de la Junta Distrital.
x. Este tribunal considera que el reclamo de la accionante de que se cumpla lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley núm. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, relativo a las retribuciones por el ejercicio del cargo de los síndicos/as, regidores/as, directores/as y vocales de los distritos municipales tiene mérito por estar fundada en la ley, por lo que el tribunal constitucional declara que procede la presente acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la señora Rosalina Reyes Reyes contra la Junta Distrital de Monserrat.
y. En conclusión, la Junta Distrital de Monserrat, al no cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley núm. 176-07, relativo al pago del salario por el ejercicio de la función de subdirectora del distrito municipal Monserrat, municipio Tamayo, de la señora Rosalina Reyes Reyes, electa por votación popular para el período comprendido entre agosto de dos mil diez (2010) y agosto de dos mil dieciséis (2016), vulneró su derecho al trabajo y a devengar el salario que la ley dispone para dicha función.
z. En un caso similar, este colegiado constitucional al decidir una acción de amparo interpuesta por unos regidores del distrito municipal Vengan a Ver, del municipio Duvergé, los cuales fueron sustituidos en sus cargos de manera arbitraria y ante la circunstancia de que el período constitucional había cesado y era imposible restituirlos en sus cargos, dispuso en la Sentencia TC/0138/15 6 que: No obstante [y]a fueron celebradas las elecciones congresuales y municipales del año dos mil diez (2010), en las cuales fueron elegidas, por voto directo, las nuevas autoridades de la Junta del Distrito Municipal Vengan a Ver, razón por la cual al estar legitimados deben permanecer en sus cargos hasta la concurrencia de nuevas elecciones, lo cual impide que los accionantes puedan ser repuestos en las posiciones de las que arbitrariamente resultaron cancelados, pues tal cosa sería violatoria del orden constitucional, legal y contraria a la voluntad popular de ese municipio. 7
h. Ante la imposibilidad de reponer a los señores Cruz Amauris Vólquez Pérez, Yude Arsenia Segura y compartes en las posiciones que actualmente ocupan otros ciudadanos que fueron elegidos por voto popular, este tribunal constitucional se ve precisado a ordenar en su dispositivo a la Sala Capitular del Ayuntamiento de Duvergé el pago de los salarios dejados de devengar, desde el momento de producirse la destitución y hasta el dieciséis 6 Sentencia TC/0138/15 del diez (10) de junio de dos mil quince (2015), pág. 20, literales g y h. 7 Subrayado nuestro. (16) de agosto de dos mil diez (2010), al haberse verificado violación al debido proceso administrativo y el derecho al trabajo. 8 .
aa. Las autoridades demandadas en amparo de cumplimiento fueron electas para el período constitucional comprendido entre agosto de dos mil diez (2010) y agosto de dos mil dieciséis (2016). Dicho período constitucional ha cesado, por lo que, ante la eventualidad de que sean otros los titulares a los que les corresponda cumplir el mandato de resarcir el derecho conculcado a la accionante, quien también ha cesado en sus funciones, este tribunal dispondrá que el reclamo de la accionante sea atendido de manera retroactiva por la actual Junta Distrital de Monserrat.
bb. Lo anterior en virtud de que la deuda contraída frente a la accionante en amparo de cumplimiento no es personal, sino institucional y corresponde al órgano municipal asumir el pago de los salarios dejados de pagar a la señora Rosalina Reyes Reyes desde agosto del año dos mil trece (2013) hasta agosto del año dos mil dieciséis (2016), así como el completivo de los salarios pagados durante el período comprendido entre el dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010) y agosto de dos mil trece (2013), que serán calculados según la escala que el órgano municipal establezca.
cc. El Tribunal Constitucional en el dispositivo de la presente decisión ordenará el pago de una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) contra la Junta Distrital de Monserrat por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia en favor de la accionante, la señora Rosalina Reyes Reyes. 8 Subrayado nuestro. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto disidente del magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, y Edgar Juan Aníbal Ramírez contra la Sentencia núm. 00001- 2015, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Bahoruco el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo el referido recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR, la Sentencia núm. 00001-2015, en razón de que se estaba frente a una acción de amparo de cumplimiento.
TERCERO: DECLARAR que procede la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la señora Rosalina Reyes Reyes, contra la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, en la persona de su director, señor Edgar Juan Aníbal Ramírez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR a la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, cumplir con lo establecido en los artículos 89 de la Ley núm. 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios y el artículo 62, numeral 9, de la Constitución dominicana y, en consecuencia, efectúe el pago del completivo de los salarios devengados por la señora Rosalina Reyes Reyes entre agosto de dos mil diez (2010) y julio de dos mil trece (2013) y el total de los salarios dejados de percibir desde agosto de dos mil trece (2013) al término de su gestión en agosto de dos mil dieciséis (2016).
QUINTO: IMPONER una astreinte de cinco mil pesos con 00/100 ($5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra de la Junta Distrital de Monserrat y en favor de la accionante, la señora Rosalina Reyes Reyes.
SEXTO: ORDENAR, por secretaría, la comunicación de la presente sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, a la accionante, la señora Rosalina Reyes Reyes, y a los accionados, la Junta Distrital de Monserrat, municipio Tamayo, y su director, el señor Edgar Juan Aníbal Ramírez.
SEPTIMO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 parte in fine de la Constitución de la República, y 7, numeral 6, y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
OCTAVO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0705/17, del 8 de noviembre de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0705-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.