Sentencia TC/0710/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 8 de noviembre de 2017 · Expediente TC-072017-0034
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0710/17?
El recurso de revisión constitucional no suspende por sí solo la ejecución de una decisión jurisdiccional irrevocable. Conforme al artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal puede ordenar expresamente la suspensión a petición debidamente motivada de la parte interesada. Es una medida excepcional porque priva a la parte favorecida de la ejecución inmediata de la sentencia, pero permite proteger provisionalmente un derecho o interés cuya reivindicación podría resultar imposible o muy difícil si la decisión impugnada fuera anulada (TC/0710/17, numeral 9, a–d, pág. 13).
En este caso, la ejecución de la sentencia podía provocar el desalojo de una vivienda familiar y causar daños potencialmente irreparables a los demandantes y a sus familiares. El Tribunal tomó en cuenta que la controversia involucraba titularidades a favor de ambas partes y concluyó que procedía suspender la ejecución hasta decidir el recurso de revisión constitucional (TC/0710/17, numeral 9, g–i, pág. 15; TC/0710/17, numeral 9, j, pág. 16).
Decisión
Acoge la demanda de Silverio Cruz y Bolívar Díaz Franco y suspende la ejecución de la Sentencia núm. 552 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia hasta que se decida el recurso de revisión constitucional interpuesto en su contra. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la decisión.
Citas textuales clave
“La suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales recurridas procura la protección provisional de un derecho o interés y que, si finalmente la sentencia de fondo lo llega a reconocer, su reivindicación no resulte imposible o de muy difícil ejecución.” (TC/0710/17, numeral 9, a–d, pág. 13)
“En tal virtud, para el Tribunal Constitucional, en la especie existe la posibilidad de que, al momento de ejecutarse el desalojo sobre la vivienda de los demandantes, el daño pueda tornarse irreparable, por lo que procede la suspensión de la referida sentencia núm. 552, hasta tanto este tribunal conozca del recurso de revisión constitucional y decida sobre el mismo.” (TC/0710/17, numeral 9, j, pág. 16)
Normas interpretadas
Ley núm. 137-11, artículo 54.8 (suspensión de la ejecución) y artículo 7.6 (gratuidad).
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0046/13, TC/0097/13, TC/0250/13, TC/0227/14 y TC/0264/15.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis de la demanda en suspensión de ejecución de sentencia
Según los documentos depositados en el expediente y los argumentos invocados por la parte demandante, el presente caso se contrae al hecho de que la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, mediante la Sentencia núm. 2095, del veinticinco (25) de junio de dos mil ocho (2008), rechazó la demanda en nulidad de actos de venta y deslinde, respecto de la parcela núm. 67- B-10, del distrito catastral núm. 11/tercera parte, del municipio Higüey, provincia La Altagracia. Con posterioridad, los señores Silverio Cruz y Bolívar Díaz Franco interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, mediante el cual se confirmó la referida decisión, mediante sentencia del diez (10) de abril de dos mil quince (2015). No conforme con dicha sentencia, estos interpusieron un recurso de casación, el cual fue rechazado mediante la Sentencia núm. 552, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016), objeto de la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia.
9. Sobre la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia
Este tribunal constitucional entiende que esta demanda en suspensión de ejecutoriedad debe ser acogida por las razones siguientes:
a. El Tribunal Constitucional tiene facultad para suspender, a pedimento de una de las partes, la ejecución de las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en aplicación del artículo 54.8 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual: “El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario”.
b. La suspensión de ejecución de las decisiones jurisdiccionales recurridas procura la protección provisional de un derecho o interés y que, si finalmente la sentencia de fondo lo llega a reconocer, su reivindicación no resulte imposible o de muy difícil ejecución.
c. Este tribunal ha establecido, en su Sentencia TC/0046/13, que la suspensión de ejecución de sentencia es una medida de naturaleza excepcional, en razón de que su otorgamiento afecta “la tutela judicial efectiva de la parte contra la cual se dicta, privándola de la efectividad inmediata de la sentencia dictada en su favor”.
d. De manera que la solicitud en suspensión tiene por objeto el cese de la ejecución de la sentencia impugnada en revisión para evitar graves perjuicios al recurrente, en la eventualidad de que la sentencia resultare definitivamente anulada, tal como ha sido sentado por este tribunal en su Sentencia TC/0097/13.
e. En la especie, la parte demandante procura la suspensión de una decisión jurisdiccional que, entre otras cosas, rechazó el recurso de casación incoado contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el diez (10) de abril de dos mil quince (2015) y, en consecuencia, confirmó la referida decisión, la cual ordena la cancelación de la inscripción del certificado de título que ampara el derecho de propiedad de los señores Silverio Cruz Taveras y Bolívar Díaz Franco.
f. En tal sentido, los demandantes, en su escrito introductivo de la presente demanda en suspensión de ejecución de sentencia, sostienen: (…) es preciso señalar que la propiedad en cuestión no se reduce a una parcela o una determinada porción de terreno, sino a una mejora construida a lo largo de más de 30 años de posesión; en la cual habitan personas, existe una inversión cuantiosa y significativa, no solo en términos materiales y cuantitativos, sino emocionales, como se demostrara oportunamente mediante el depósito de la documentación de lugar. Que finalmente, en lo que tiene que ver con la no afectación a terceros mediante la suspensión solicitada, en la especie no solo se cumple con el indicado requisito, sino que se procura precisamente que con la potencial ejecución no ocurra una afectación como la que la jurisprudencia evita, toda vez que el bien que se pretende embargar a nuestros representados forma parte tanto del entorno familiar como de apresurada, como la que se pretende, podría en serio riesgo a la seguridad jurídica y lo más legítimos intereses y derechos de los señores Bolívar Díaz Franco y Silverio Cruz Taveras y sus respectivas familias.
g. De manera que, en la especie, la parte demandante fundamenta su petición en el hecho de que la ejecución de la referida sentencia de desalojo le causaría serios daños y perjuicios y le violaría sus derechos fundamentales, tomando en consideración que el inmueble en cuestión ha sido la residencia de ellos y sus familias por más de treinta (30) años, daños que no podrían ser reparados con una indemnización económica otorgada, una vez sea comprobada la legitimidad de la posesión de las recurrentes.
h. En efecto, se trata de un desalojo de una vivienda familiar, acción que pudiera causar daños y perjuicios tanto a los hoy recurrentes, así como a los demás miembros de su familia, en caso de ejecutarse la sentencia, sobre todo cuando en la especie hay envuelta una discusión que involucra titularidades a favor de ambas partes.
i. Esta ha sido la línea jurisprudencial que, de manera excepcional, ha sido desarrollada por esta sede constitucional en su Sentencia TC/0250/13, en donde determinó lo siguiente: En efecto, en la especie no se trata de una condena económica, sino que se trata de un desalojo de una vivienda familiar, que pudiera causar daños y perjuicios a los señores Félix Octavio Payano Beras y Meng-Kind Rosario Joa Leo y a sus familias, al verse desalojados de la que ha sido su vivienda familiar por más de diez (10) años –en virtud del contrato de compra-venta de inmueble–, pudiendo los mismos tornarse en irreparables, lo que haría que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, que ha sido incoado por estas partes, perdiera su finalidad, generándose así una imposibilidad o una gran dificultad de que estas familias pudieran volver a ocupar el referido inmueble 1 . 1 Esta postura ha sido reiterada en las sentencias TC/0227/14, TC/0264/15, entre otras.
j. En tal virtud, para el Tribunal Constitucional, en la especie existe la posibilidad de que, al momento de ejecutarse el desalojo sobre la vivienda de los demandantes, el daño pueda tornarse irreparable, por lo que procede la suspensión de la referida sentencia núm. 552, hasta tanto este tribunal conozca del recurso de revisión constitucional y decida sobre el mismo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, presidente, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y el voto salvado del magistrado Ana Isabel Bonilla Hernández. Constan en acta el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ACOGER la demanda en suspensión de ejecución de sentencia incoada por los señores Silverio Cruz y Bolívar Díaz Franco contra la Sentencia núm. 552, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016), y en consecuencia, SUSPENDER la referida decisión hasta tanto sea decidido el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra la misma.
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte demandante, señores Silverio Cruz y Bolívar Díaz Franco; y a la parte demandada, compañía Yupa C. por A.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0710/17, del 8 de noviembre de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0710-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.