Sentencia TC/0002/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 28 de enero de 2015 · Expediente TC-05-2013-0084

recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc. (CCPALT) contra la Sentencia núm. 566/2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de igualdad · Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0002/15?

Las cámaras oficiales de comercio y producción son entidades privadas que ejercen funciones públicas y privadas. Por esa naturaleza mixta, el acceso a sus documentos públicos registrales no está restringido, mientras que el acceso a sus documentos internos exige que la solicitud se funde en un motivo de interés público y que el documento concierna directamente al solicitante. El acta de expulsión, aunque privada, debía entregarse porque constituía un medio probatorio para que el afectado pudiera impugnar la decisión. Negarle el acceso vulneraba el debido proceso, garantía que la Cámara no podía eludir invocando sus normas internas (TC/0002/15, numeral 10, c, pág. 17; TC/0002/15, numeral 10, e, pág. 19; TC/0002/15, numeral 10, f–10.4, pág. 19; TC/0002/15, numeral 10, i–a, pág. 22).

La autonomía estatutaria de las cámaras oficiales debe conciliarse con el derecho a la igualdad, especialmente porque solo se reconoce oficialmente una cámara en cada ciudad cabecera de provincia. Los literales a) y e) del párrafo I del artículo 4 de los estatutos de la CCPALT favorecían a empresarios y profesionales liberales altagracianos frente a otros aspirantes. Esas condiciones de ingreso eran discriminatorias y restringían la libertad de empresa, comercio e industria. Por ello, el juez de amparo actuó dentro del marco constitucional y legal al ordenar la modificación del artículo 4 (TC/0002/15, numeral 10, b–c, pág. 23; TC/0002/15, numeral 10, a–d, pág. 24; TC/0002/15, numeral 10, f–g, pág. 25; TC/0002/15, numeral 10, i–e, pág. 27; TC/0002/15, numeral 10, f–j, pág. 27; TC/0002/15, numeral 10, k, pág. 28).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 566/2013, incluida la astreinte de RD$500.00 por cada día de retardo, a partir de la notificación, a favor del Cuerpo de Bomberos de la provincia La Altagracia. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“las cámaras oficiales de comercio y producción son entidades privadas que, si bien surgen de la libre iniciativa de los particulares, ejercen funciones tanto públicas como privadas.” (TC/0002/15, numeral 10, c, pág. 17)
“En ese sentido, la denegación de acceso a ese documento viola en su perjuicio la preceptiva constitucional inherente al debido proceso.” (TC/0002/15, numeral 10, e, pág. 19)
“se impone balancear el derecho fundamental a la igualdad con el principio de la autonomía de la voluntad privada, evitando que el ejercicio del segundo limite injustamente el ingreso a las cámaras oficiales de comercio y producción de las personas que, cumpliendo con los demás requisitos legales, quieran ejercer actividades comerciales legítimas” (TC/0002/15, numeral 10, i–e, pág. 27)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 39 (párrafo capital y numeral 3), 50, 69 y 72.

Ley núm. 137-11: artículos 7 (incluido el numeral 6), 66, 95 y 100.

Ley núm. 50-87: artículos 1, 2 y 3. Al retomar la regla del artículo 3 sobre reconocimiento oficial, el texto menciona la Ley núm. 80-57.

Ley núm. 200-04: artículo 2, párrafo, citado respecto de los documentos con fines u objetivos públicos.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/2012, TC/0061/2013, TC/0071/2013, TC/0007/12 y TC/0201/13. En jurisprudencia comparada: C-909/07, T-414/10, T-690-07, T-098 de 1994, C-166/95, C-259/08 y STC N.° 1461-2004-AA.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El recurrido en revisión, señor Ovipo Pérez Ramírez, solicitó a la recurrente, CCPALT, la expedición de una constancia de su expulsión de dicha entidad, que fue decidida en su asamblea extraordinaria celebrada el dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013). La recurrente no obtemperó a dicha solicitud, estimando que esos documentos no eran de carácter público, sino que pertenecían al dominio privado de la institución. En tal virtud, el recurrido interpuso una acción de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, alegando violación de los derechos fundamentales de información, igualdad y no discriminación. Dicha acción fue acogida mediante la Sentencia núm. 566/2013, por lo que la CCPALT interpuso el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, en el que solicita la nulidad de la sentencia de amparo, invocando la existencia de otra vía judicial ordinaria para la reclamación de los derechos del señor Ovipo Pérez Ramírez.

TC/0002/15, numeral 7, pág. 13 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a los siguientes razonamientos:

a. Para los casos de revisiones constitucionales en materia de amparo se hace imperativo analizar la exigencia contenida en la parte in fine del artículo 95 de la reseñada ley núm. 137-11, cuyo texto dispone que “el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Sobre el particular, este tribunal estableció que dicho plazo es hábil y franco, o sea, que para su cómputo no se toman en cuenta los días no laborables ni los días de la notificación ni del vencimiento 1 y que su inobservancia se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso.

b. En la especie se comprueba que la sentencia impugnada fue notificada el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013). Asimismo, se evidencia que la recurrente introdujo el recurso de revisión constitucional que nos ocupa el veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013), por lo que podemos afirmar que fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley.

TC/0002/15, numeral 9, a–b, pág. 14 — PDF oficial

c. Precisado lo anterior, procede analizar el requisito de especial trascendencia o relevancia constitucional señalado en el artículo 100 de la 1 En ese sentido, véanse las sentencias TC/0080/2012, TC/0061/2013 y TC/0071/2013. referida ley núm.137-11 2 , cuyo concepto fue precisado por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) 3 . En ese sentido, luego de haber ponderado los documentos, hechos y argumentos del expediente que nos ocupa, este tribunal opina que existe especial trascendencia o relevancia constitucional en la especie, por lo cual esta debe ser acogida a trámite, en vista de su importancia para esclarecer un conflicto que involucra los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de asociación y a la libertad de empresa.

TC/0002/15, numeral 9, c, pág. 14 — PDF oficial

10. El fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

El Tribunal Constitucional abordará el estudio del fondo del recurso, tomando sucesivamente en consideración los dos aspectos fundamentales que suscita el estudio del expediente relativo al caso, de acuerdo con el ordinal segundo del dispositivo de la referida sentencia núm. 566-2013, que ordena a la CCPALT lo siguiente: de una parte, entregar al señor Ovipo Pérez Ramírez el acta de la asamblea que contiene la resolución mediante la cual se le expulsa de dicha institución (A); y, de otra parte, modificar el artículo 4 de los estatutos sociales de dicha entidad (B). 2 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 3 En esa decisión, el Tribunal expresó que tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. A. La orden de entrega del acta de la asamblea de la CCPALT que dispone la expulsión del señor Ovipo Pérez Ramírez Respecto a esta disposición de la indicada sentencia núm. 566-2013, el Tribunal Constitucional estima conveniente formular las siguientes precisiones:

TC/0002/15, numeral 10, pág. 15 — PDF oficial

a. La CCPALT interpuso el recurso de revisión constitucional de la especie, alegando que la indicada sentencia núm. 566/2013 no solo decidió sobre asuntos internos de la recurrente susceptibles de ser resueltos por la jurisdicción ordinaria, sino que al ordenar la modificación de sus estatutos sociales también conculcó el derecho a reglamentar sus relaciones internas; violación esta que, según aduce, afecta las condiciones estatutarias requeridas para el ingreso en ella de cualquier interesado.

TC/0002/15, numeral 10, a, pág. 16 — PDF oficial

b. En relación con la solicitud de expedición de la constancia de expulsión del recurrido, el Tribunal Constitucional parte de la preceptiva que contienen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley núm. 50-87, sobre Cámaras de Comercio y Producción, del cuatro (4) de junio, los cuales disponen lo siguiente:  En su artículo 1: que las cámaras de comercio y producción son instituciones con personalidad jurídica y carácter autónomo que sin fines de lucro estarán destinadas a favorecer el desarrollo y estabilidad de las actividades económicas del país y especialmente la de aumentar el bienestar y el progreso general dentro de sus respectivas jurisdicciones.  En su artículo 2, Párrafo I: que “la creación de una cámara de comercio y producción deberá iniciarse con una reunión de por lo menos veinte (20) futuros miembros, en la cual se aprueban los estatutos y reglamentos de la nueva institución”.  En su artículo 2, Párrafo 2: que el “reconocimiento oficial y personalidad jurídica se hará mediante solicitud dirigida al Poder Ejecutivo, vía Secretaría de Estado de Industria y Comercio […]”.  En su artículo 3, párrafo capital: que el Poder Ejecutivo solo otorgará reconocimiento oficial y personalidad jurídica a una cámara de comercio y producción en la capital de la República, y a otra en cada una de las ciudades cabeceras de provincias.  En su artículo 3, Párrafo I: que, aparte de las cámaras oficiales de comercio y producción, también podrán ser creadas las cámaras de comercio particulares de nacionales o extranjeros, las cuales no tendrán las atribuciones que dicha ley prescribe con relación a las primeras.

TC/0002/15, numeral 10, b, pág. 16 — PDF oficial

c. Tal como puede observarse, las disposiciones legales precitadas disponen, entre otros aspectos, que las cámaras oficiales de comercio y producción son entidades privadas que, si bien surgen de la libre iniciativa de los particulares, ejercen funciones tanto públicas como privadas. En ese sentido, poseen una naturaleza mixta que resulta del carácter dual de las actividades inherentes a su funcionamiento. Debido a ese carácter híbrido, que también encontramos en cámaras oficiales de comercio y producción de otros países latinoamericanos 4 , este tribunal constitucional concluye que los particulares interesados pueden tener acceso en estas entidades a los documentos que se indican a continuación según las siguientes dos modalidades: 4 Tal son, entre otros, los casos de Colombia (Sentencia C-909/07 de la Corte constitucional colombiana) y de Perú, según se expresa más adelante.  Acceso sin restricción: a los documentos públicos registrales que se encuentran en los archivos de las cámaras, puesto que dichos documentos revisten naturaleza intrínsecamente pública.  Acceso restringido: a los documentos internos o privados de las cámaras que se indican a continuación, sujeto a que la solicitud del interesado se funde en motivos de interés público y conciernan directamente a este último, a saber 5 : 1. Los documentos que conciernen las actividades privadas de la cámara y los relativos a la percepción de recursos financieros distintos a los obtenidos por los trabajos registrales. 2. Los documentos que atañen el manejo de los recursos humanos de la institución. 3. Los documentos atinentes a sus actividades de carácter gremial. 4. Los documentos resultantes de su propio funcionamiento empresarial, o sea, las actas de las asambleas de las cámaras y de las reuniones de sus juntas directivas.

TC/0002/15, numeral 10, c, pág. 17 — PDF oficial

d. Respecto a las actas de las asambleas de las Cámaras y de las reuniones de sus juntas directivas, en particular, la Corte Constitucional de Colombia ha puntualizado, con razón:  Que únicamente cuando el acceso a dichos documentos no pueda fundamentarse sobre la base del interés público “debe prevalecer el carácter 5 Sobre los distintos tipos de documentos, coincidiendo con los criterios expuestos, véanse las sentencias T- 414/10 y T-690-07 del Tribunal Constitucional de Colombia. privado y, consiguientemente, la reserva que por regla general se predica de este tipo de documentos”.  Que la ausencia de interés público se encuentra especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de conocerlos de manera abierta y genérica y sin acotación alguna, como ocurre sin duda cuando se solicitan todas las actas de la Junta Directiva de un determinado período, todos los contratos celebrados dentro de un lapso específico, etc. (Sentencia T-690-07, precitada, subrayado nuestro).

TC/0002/15, numeral 10, d, pág. 18 — PDF oficial

e. En el caso que nos ocupa, la solicitud de acceso documental del hoy recurrido no concierne a un paquete indeterminado de contratos ni todas las actas de la Junta Directiva de la CCPALT; tampoco un documento que cumpla fines u objetivos públicos 6 . Se trata simplemente de un solo documento privado o de carácter particular de la CCPALT: la aludida acta de la asamblea extraordinaria de esa entidad que contiene la resolución relativa a la expulsión del recurrido. Dada la particular circunstancia de que se trata de un documento privado de la CCPALT, el Tribunal Constitucional estima que el acceso al mismo por el recurrido debe supeditarse a la existencia de un motivo de orden público. En la especie, este requisito resulta satisfecho, puesto que la solicitud del recurrido tiene por objeto proveerse de un medio probatorio efectivo para ejercer las vías recursivas jurídicamente disponibles tendentes a impugnar dicha expulsión, si así lo deseare. En ese sentido, la denegación de acceso a ese documento viola en su perjuicio la preceptiva constitucional inherente al debido proceso.

TC/0002/15, numeral 10, e, pág. 19 — PDF oficial

f. En el caso que nos ocupa, la recurrente, CCPALT, no puede evadir la obligación de propiciar el acceso del recurrido al indicado documento 6 Respeto a este último tipo de documentos con “fines u objetivos públicos”, véase el artículo 2, “Párrafo”, de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004). aduciendo que es una entidad regida por sus propias normas internas, ya que la garantía al respeto de los derechos fundamentales constituye un asunto de orden público que vincula a todas las personas sin distinción de su naturaleza física o moral, privada o pública, de acuerdo con normativa prevista en el párrafo capital del artículo 69 de nuestra Carta Magna, así concebido: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: […].

g. El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de precisar la aplicación de esta disposición en los siguientes términos:

10.4. Las garantías mínimas que, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución dominicana, conforman el debido proceso, sirven para definir el tipo de proceso respecto del cual debe exigirse su aplicación. Su análisis permite la conclusión, en consonancia con la jurisprudencia constitucional comparada, de que en sede administrativa su aplicación deberá ser exigida en los procedimientos administrativos sancionatorios y en aquellos que puedan tener como resultado la pérdida de derechos de las personas. [Sentencia TC/0201/13, del trece (13) de noviembre, págs. 26-27]

TC/0002/15, numeral 10, f–10.4, pág. 19 — PDF oficial

h. En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha manifestado que cuando se trate de una institución de derecho privado (como es la CCPALT en la especie), cualquier afectación sobre el contenido de derechos fundamentales […] es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional, sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada, respetando, desde luego, el procedimiento legal-estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere 7 . Cónsono con el anterior razonamiento, y respecto del aludido derecho al debido proceso en el ámbito de relaciones inter privatos, la indicada alta corte expresó, además, en la referida sentencia, que: 51. […] si bien el derecho al debido proceso se encuentra en el título relativo a la función jurisdiccional (artículo 139°, inciso 3, de la Constitución), su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos. 52. En suma, el derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida que el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado social y democrático de Derecho y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora. 53. De ahí que el debido proceso se aplica también a las relaciones inter privatos, pues el que las asociaciones sean personas jurídicas de Derecho privado no quiere decir que no estén sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano o institución (pública o privada), tienen la obligación de respetarlas, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora. En tal sentido, las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto del derecho 7 Sentencia T-690-07 del 1 de octubre de 2007, párrafos 51-53. fundamental al debido proceso, sea en sus manifestaciones de derecho de defensa, doble instancia, motivación resolutoria u otro atributo fundamental, debiéndolo incorporar a la naturaleza especial del proceso particular que establezcan; a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen [Cf. STC N.° 1461-2004-AA].

TC/0002/15, numeral 10, h, pág. 20 — PDF oficial

i. A la luz de los argumentos precedentes, respecto al primer aspecto que acabamos de examinar de la referida sentencia núm. 566/2013, este tribunal constitucional estima:  Que procede acoger parcialmente el recurso de revisión de la especie, así como la confirmación también parcial de dicha sentencia, en cuanto al libre acceso de los particulares a informaciones internas y de orden privado contenidas en documentos que se encuentran en posesión de entidades privadas que también desempeñan funciones públicas, como es el caso de las cámaras oficiales de comercio y producción.  Que tal solución se justifica siempre que el contenido de los documentos en cuestión conciernan directamente a dichos particulares, como resulta en el caso que nos ocupa; y siempre que la privación de acceso vulnere la garantía a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en las relaciones inter privatos, o cualquier otra garantía constitucional o derecho fundamental. B. Orden de modificación del artículo 4 de los estatutos sociales de la CCPALT En relación con este aspecto, el Tribunal Constitucional efectúa las siguientes observaciones:

a. Incumbe esencialmente al Tribunal verificar si la orden dictada por la referida sentencia núm. 566/2013, de modificar el artículo 4 de los estatutos sociales de la CCPALT 8 , viola los derechos fundamentales de dicha entidad recurrente. Al respecto, conviene indicar que la base jurídica de la facultad para conocer los méritos del amparo reside en la esencia misma de dicha acción como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, así como en la aplicación de los principios rectores de autonomía y economía procesal, tutela judicial efectiva y celeridad, consagrados respectivamente en el referido artículo 69 de nuestra Carta Magna y en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11.

TC/0002/15, numeral 10, i–a, pág. 22 — PDF oficial

b. Para el tribunal a-quo resultan discriminatorios los literales a) y e), Párrafo 1, artículo 4 de los estatutos de la CCPALT, adoptados por la Junta Directiva de dicha institución en asamblea celebrada el veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012) y ratificados en la asamblea extraordinaria celebrada por dicha entidad el dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013), que rezan de la siguiente manera: Literal a): Los empresarios altagracianos; o sus representantes, siempre que estén apoderados con poderes especiales por escrito o empresas extranjeras con Registro Mercantil radicadas en la provincia con más de cinco años y de igual forma si van a ser representadas deben poseer poderes especiales por escrito de sus dueños o Consejos Directivos. Literal e): Los profesionales liberales altagracianos o aquellos que demuestren tener más de cinco años ininterrumpidos haciendo 8 Artículo 4 (párrafo capital): Los miembros de esta Cámara, serán de dos categorías: Los activos y los honoríficos. Siendo los miembros activos, aquellos que cumplan con estos estatutos. Honoríficos, serán todos aquellos a quienes la Junta Directiva, les confiera esta distinción por haber prestado servicios relevantes a la Institución o a la comunidad en general. comercio o actividades vinculadas al sector comercial, tales como: Contadores, administradores de empresas, abogados, ingenieros civiles, arquitectos y afines (subrayados nuestros).

c. El Tribunal Constitucional estima bien fundado el criterio del tribunal a quo respecto la interpretación que hizo de los previamente transcritos literales

TC/0002/15, numeral 10, b–c, pág. 23 — PDF oficial

a) y e), por los motivos que se indican a continuación:  En cuanto al literal a), porque dispone un privilegio en favor de los “empresarios altagracianos 9 ; o sus representantes” para su admisión como miembros de la CCPALT, estableciendo una discriminación en perjuicio de otros empresarios, salvo los incluidos en la referida disposición que no sean los “agricultores y ganaderos” (literal b), los del “sector de zona franca y turismo” (literal c), y las “instituciones bancarias o financieras” (literal d).  Respecto al literal b), porque también privilegia, en términos análogos al caso anterior, a los “profesionales liberales altagracianos”, en perjuicio de otros profesionales.

d. Este colegiado estima ambas limitaciones como contrarias al derecho de igualdad consagrado en el párrafo capital del artículo 39 de nuestra Carta Magna, que constituye uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, el cual reza como sigue: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, 9 Oriundo de la provincia La Altagracia. opinión política o filosófica, condición social o personal (subrayado nuestro).

TC/0002/15, numeral 10, a–d, pág. 24 — PDF oficial

e. Este derecho fundamental obliga al Estado dominicano, de acuerdo con el acápite 3 del indicado artículo 39, a “promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”. Con relación a la discriminación, la Corte Constitucional de Colombia la ha definido de la siguiente manera: […] un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica […]. El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende - consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales […] (Sentencia T-098 de 1994).

TC/0002/15, numeral 10, e, pág. 25 — PDF oficial

f. En estricto respeto al derecho fundamental de igualdad constitucional y de rechazo a la discriminación, en cuanto a la condición relativa al nacimiento o el origen de las personas, el artículo 2 de la referida ley núm. 50-87, sobre Cámaras de Comercio y Producción, expresa de manera general que: […] serán miembros de pleno de las Cámaras Oficiales de Comercio y Producción siempre que contribuya a su sostenimiento con las cuotas que ellas establezcan […]: 1.- Los comerciantes y proveedores de servicios dominicanos debidamente apatentados y los representantes de las compañías comerciales. 2.- Los comerciantes extranjeros apatentados que tengan cinco años por lo menos de residencia en el país. 3. Los industriales apatentados y los representantes de las compañías industriales. 4.- Los agricultores. 5. Los ganaderos.

g. Reforzando el carácter imperativo de su normativa, el artículo 2, Párrafo III, de la indicada ley núm. 50-87 dispone que “las Cámaras de comercio que actualmente funcionan en el país deberán modificar sus estatutos en cuanto sea necesario, a los fines de adaptarlos a los requisitos previstos en la presente ley”.

TC/0002/15, numeral 10, f–g, pág. 25 — PDF oficial

h. Cabe señalar, además, que en estricto respeto a los principios constitucionales y legales previamente citados, los estatutos de las principales cámaras de comercio y producción del país, o sea, la de Santo Domingo 10 y la 10 El artículo 7 de los estatutos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo establece lo siguiente: MEMBRESÍA. Se establecen dos categorías de Asociados: Activos y Honorarios. Asociados Activos. Son Asociados Activos aquellas personas físicas o morales que se dediquen a actividades empresariales, y que deseen contribuir con la promoción, el fortalecimiento y desarrollo de las actividades económicas, siempre que contribuyan con las cuotas o contribuciones que sean establecidas o solicitadas por la Junta Directiva. Asociados Honorarios. Son Asociados Honorarios, las personas físicas o jurídicas a quienes la Junta Directiva otorgue dicha calidad, por haber prestado servicios útiles y desinteresados a la CCPSD que contribuyan a los objetivos de ésta. Párrafo I: Podrán ser también Asociados Activos u Honorarios aquellas instituciones sin fines de lucro, tales como asociaciones, gremios, federaciones, cooperativas, cámaras de comercio bi-nacionales y otras que tengan dentro de sus objetivos principales el fomento del comercio y de las actividades inherentes al mismo. […]. de Santiago 11 , no contienen disposición estatutaria alguna que discrimine el acceso de interesados en ingresar como miembros por motivos de lugar de su nacimiento u origen.

TC/0002/15, numeral 10, h, pág. 26 — PDF oficial

i. En ese orden de ideas, dado que si bien las cámaras oficiales de comercio y producción nacen por iniciativa de los particulares para la consecución de objetivos privados, y se encuentran por tanto sometidas al derecho privado, igualmente quedan regidas por el derecho público, en lo atinente a las funciones públicas que desempeñan 12 . Partiendo de la naturaleza sui generis que sujeta simultáneamente esas entidades a los regímenes respectivos de ambas disciplinas normativas, se impone balancear el derecho fundamental a la igualdad con el principio de la autonomía de la voluntad privada, evitando que el ejercicio del segundo limite injustamente el ingreso a las cámaras oficiales de comercio y producción de las personas que, cumpliendo con los demás requisitos legales, quieran ejercer actividades comerciales legítimas, equilibrio este tanto más necesario si consideramos que el mencionado artículo 3 de la Ley núm. 80-57, sobre Cámaras Oficiales de Comercio y Producción, al tiempo de conceder a los particulares la libre iniciativa de la formación de esas corporaciones, dispone asimismo que solo una de ellas será oficialmente reconocida por el Poder Ejecutivo en cada ciudad cabecera de provincia. 11 El artículo 2 de los estatutos de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago dispone lo siguiente: Podrán ser miembros de esta Cámara de conformidad con la ley y estos estatutos:

a) Los empresarios dominicanos y los representantes de empresas extranjeras radicadas en el país.

b) Los empresarios extranjeros que tengan residencia en el país o sus representantes.

c) Los agricultores y ganaderos reconocidos como tales.

d) Las firmas o bufetes de entidades profesionales acreditados en la Provincia de Santiago.

e) Las instituciones bancarias o financieras.

TC/0002/15, numeral 10, i–e, pág. 27 — PDF oficial

f) En general todas las personas físicas o morales, que de una manera u otro desarrollen actividades ligadas al comercio, la industria, la banca, los bienes mobiliarios o inmobiliarios, y que reúnan las condiciones exigidas por estos estatutos. 12 En el mismo sentido, véanse las sentencias C-166/95, C-259/08, T-414/10 y T-690-07 del Tribunal Constitucional de Colombia.

j. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que toda sociedad democrática requiere la previsión de medidas que promuevan la igualdad efectiva de las empresas privadas, especialmente en casos como el de la especie donde condicionantes como las impugnadas en la acción de amparo objeto del presente recurso introducen trabas al libre y fluido funcionamiento y desarrollo del comercio y de las relaciones comerciales; inconveniente que no solo produce efectos discriminatorios en detrimento del derecho fundamental a la igualdad, sino que asimismo restringe y coarta el libre ejercicio del derecho fundamental a la libre empresa, comercio e industria consagrado por el artículo 50 de nuestra Ley Fundamental: Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes.

TC/0002/15, numeral 10, f–j, pág. 27 — PDF oficial

k. Por los motivos expuestos, en lo atinente a la modificación del artículo 4 de los estatutos sociales de la recurrente, ordenada mediante la aludida sentencia núm. 566/2013, el Tribunal Constitucional estima que la jurisdicción a-quo actúo dentro del marco de la preceptiva constitucional y legal que rige la acción de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, así como el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0002/15, numeral 10, k, pág. 28 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc. (CCPALT) contra la Sentencia núm. 566/2013, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, CONFIRMAR la indicada sentencia núm. 566/2013, incluido el astreinte de quinientos pesos dominicanos (RD$500.00) impuesto por esta a la hoy recurrente, Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc. (CCPALT), por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, a partir de su notificación, y en favor de Cuerpo de Bomberos de la provincia La Altagracia.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Cámara de Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia, Inc. (CCPALT), a la parte recurrida, Ovipo Pérez Ramírez, y al Cuerpo de Bomberos de la provincia La Altagracia, beneficiario del astreinte.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0002/15, del 28 de enero de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0002-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.