Sentencia TC/0002/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 4 de enero de 2017 · Expediente TC-05-2016-0332
recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Miguel Severino Peralta contra la Sentencia núm. 00407- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de octubre de dos mil quince (2015).
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Temas: Derecho a la seguridad social
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0002/17?
El Tribunal admitió el recurso porque se interpuso antes de la notificación de la sentencia recurrida y porque el caso permitía continuar el desarrollo jurisprudencial sobre la pensión como parte del derecho fundamental a la seguridad social (TC/0002/17, numeral 10, a–d, pág. 11; TC/0002/17, numeral 10, e–f, pág. 12). La inadmisión por notoria improcedencia fue incorrecta: las razones del juez de amparo correspondían a un examen de fondo y era necesario determinar si se había vulnerado el derecho a la seguridad social. Por ello, el Tribunal revocó la sentencia y, por economía procesal, conoció directamente la acción de amparo (TC/0002/17, numeral 11, c–e, pág. 14; TC/0002/17, numeral 11, f–h, pág. 15).
La Ley núm. 87-01 mantiene los regímenes anteriores de pensiones únicamente para las categorías previstas en sus artículos 35 y 38. El accionante no reunía las condiciones para permanecer en el régimen de la Ley núm. 1896 y ya recibía una pensión por discapacidad total en el régimen de capitalización individual. Su pretensión de percibir una segunda pensión por discapacidad o invalidez carecía de sustento en el sistema vigente. La solicitud de aumento de la pensión tampoco podía examinarse por vía de amparo, pues debía tramitarse por el procedimiento correspondiente (TC/0002/17, numeral 11, f–h, pág. 15; TC/0002/17, numeral 11, i–k, pág. 16; TC/0002/17, numeral 11, l–m, pág. 17; TC/0002/17, numeral 11, n, pág. 17).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo y revoca la Sentencia núm. 00407-2015. Rechaza la acción de amparo contra el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“En efecto, no opera aplicar este medio de inadmisión, por cuanto se evidencia un conflicto que requiere un análisis del fondo de la cuestión, a fin de determinar si la autoridad pública ha conculcado el derecho a la seguridad social del señor Miguel Severino Peralta.” (TC/0002/17, numeral 11, f–h, pág. 15)
“Así pues, el beneficio de la pensión por discapacidad debe ser otorgado bajo el nuevo sistema instaurado en la Ley núm. 87-01, sobre Seguridad Social.” (TC/0002/17, numeral 11, i–k, pág. 16)
“De manera que desestimamos la referida pretensión, pues se trata de un asunto que escapa del ámbito de protección del amparo.” (TC/0002/17, numeral 11, n, pág. 17)
Normas interpretadas
Constitución, artículo 72, in fine; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 66, 95 y 100; Ley núm. 87-01, artículos 35, 38, 45 y 46; Ley núm. 1896-48, artículo 56, invocado como fundamento de la pensión solicitada bajo el régimen que el Tribunal consideró inaplicable al accionante.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/0294/14, TC/0306/15, TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14 y TC/0127/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
En la especie, el conflicto se origina con motivo de la acción de amparo incoada por el señor Miguel Severino Peralta contra el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), a fin de solicitar que se le asigne una pensión de invalidez por enfermedad. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la Sentencia núm. 00407/2015 declaró inadmisible la referida acción de amparo, por entender que no se ha conculcado el derecho a la seguridad social alegado por el amparista. Inconforme con la referida sentencia, el señor Miguel Severino Peralta interpone el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, con el cual persigue la revocación de la decisión de marras.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia
de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.
b. La sentencia recurrida fue notificada al recurrente el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016), mediante el Acto núm. 143/2016, del veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016), y el recurso de revisión constitucional fue interpuesto el veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016). En ese sentido, se puede comprobar que el recurrente interpuso el presente recurso previo al cumplimiento de esta formalidad, por lo cual el mismo no había vencido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
c. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la referida ley núm. 137- 11, es decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos fundamentales.
d. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
f. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos del expediente que nos ocupa, consideramos que el presente caso tiene relevancia y trascendencia constitucional, ya que le permitirá a este tribunal constitucional continuar con el desarrollo jurisprudencial en lo relativo al derecho a recibir una pensión como parte del contenido del derecho fundamental a la seguridad social.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. El presente caso se contrae a una revisión constitucional en materia de amparo interpuesta contra la Sentencia núm. 00407-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de octubre de dos mil quince (2015), la cual declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el señor Miguel Severino Peralta contra el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
b. El tribunal apoderado de la acción de amparo declaró la inadmisibilidad de la misma, bajo el entendido de que el tribunal ha podido advertir del examen de los elementos probatorios que reposan en el expediente que el accionante solicitó pensión por discapacidad ante el IDSS, donde cotizó únicamente hasta diciembre de 2005, por lo que no procedía su solicitud, además de que por la discapacidad que presenta ya está recibiendo el beneficio a través de su AFP, es preciso señalar en cuanto a la solicitud de aumento de pensión que el afiliado recibe la suma de RD$3,483.16, mensuales y al hacer un promedio de su salario se constató que es de RD$5,806.00, por lo que al recibir el 60% de dicha suma, de lo anterior se infiere que la accionada no ha incurrido en violación de derecho fundamental alguno que amerite la introducción de una acción de amparo tendente a la tutela de los mismos, pues en virtud de lo argumentado y aportado por el accionante no se percibe conculcación alguna de derechos fundamentales.
c. Al examinar la decisión de amparo en esta sede constitucional, es ostensible que el juez de amparo obró incorrectamente al declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo por notoria improcedencia, puesto que del análisis de las motivaciones brindadas por el juez a quo, pudimos constatar que las mismas se corresponden con el estudio del fondo de la referida acción, por lo que procede revocar la sentencia impugnada mediante el presente recurso de revisión constitucional.
d. Sobre la aplicación de la referida causal de inadmisibilidad, este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0294/14 determinó lo siguiente:
p. Conviene precisar, además, que “notoriamente” significa manifiestamente, con notoriedad. “Infundada” significa que carece de fundamento real o racional. Aplicando esta definición al contexto en que se plantean los supuestos antes señalados, nos permite afirmar que una acción resulta manifiestamente infundada cuando el cuadro fáctico y jurídico en que ella opera cierra toda posibilidad de que a través de su cauce pueda ser tutelado el derecho fundamental o impide que su amenaza se consuma; o bien porque la situación que se pretende llevar al juez de amparo haya sido dirimida en forma definitiva por la jurisdicción ordinaria produciendo cosa juzgada, que en la especie no es el caso 1 (…).
e. Así mismo, esta sede constitucional se pronunció al respecto en su Sentencia TC/0306/15 determinando: 1 Subrayado es nuestro. En relación con la causal de notoria improcedencia en materia de amparo, cabe precisar que la acción de amparo es notoriamente improcedente cuando se tratare de pretensiones ostensiblemente absurdas, insólitas, imposibles, respecto de las cuales, claramente, no estuvieran envueltas violaciones de derechos fundamentales. De ahí que obró incorrectamente la Corte a-qua al emplear la referida causal de inadmisibilidad.
f. En efecto, no opera aplicar este medio de inadmisión, por cuanto se evidencia un conflicto que requiere un análisis del fondo de la cuestión, a fin de determinar si la autoridad pública ha conculcado el derecho a la seguridad social del señor Miguel Severino Peralta. En ese sentido, procede que, en aplicación del principio de economía procesal, y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), este tribunal constitucional se avoque a conocer de la presente acción de amparo.
g. En la especie, el señor Miguel Severino Peralta, por medio de la presente acción de amparo, procura que se le asigne una pensión de invalidez por enfermedad, por cuanto padece de glaucoma progresivo, en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 56 de la Ley núm. 1896-48, sobre Seguros Sociales, del treinta (30) de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948).
h. Sobre el particular, este tribunal debe señalar que en lo que corresponde al sistema de pensiones, en la República Dominicana coexisten varios regímenes, puesto que la norma vigente en la actualidad, es decir, la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, mantiene la vigencia de los sistemas de pensiones establecidos mediante las leyes núm. 1896, del treinta (30) de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), y núm. 379, sobre Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado, del once (11) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981).
i. Ahora bien, esta especie de prórroga de vigencia es señalada por el artículo 35 del referido texto legal y limita el beneficio a los actuales pensionados y jubilados, a los afiliados en proceso de retiro y a la población que permanecerá en dicho sistema, de conformidad con el artículo 38 de la referida ley.
j. En efecto, el referido texto legal establece lo siguiente: Art. 38.- Afiliados que permanecen en el sistema actual: Permanecerán en el sistema de reparto, los afiliados que reúnan las siguientes condiciones: Los trabajadores del sector público y de las instituciones autónomas y descentralizadas, de cualquier edad, que estén amparados por las leyes 379- 81, 414-98 y/o por otras leyes afines, excepto aquellos que deseen ingresar al sistema de capitalización individual contemplado en la presente ley; y Los pensionados y jubilados del Estado, del IDSS, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía (ISSFAPOL) y del sector privado que actualmente disfrutan de una pensión de vejez, discapacidad y sobrevivencia en virtud de las leyes 1896 y 379, o de una ley específica.
k. De manera que, contrario a lo que alega en su escrito introductivo de la presente acción de amparo, el señor Miguel Severino Peralta no califica para continuar amparado bajo el régimen jurídico instaurado en la Ley núm. 1896, pues no cumple con ninguno de los requisitos enumerados con anterioridad. Así pues, el beneficio de la pensión por discapacidad debe ser otorgado bajo el nuevo sistema instaurado en la Ley núm. 87-01, sobre Seguridad Social.
l. En tal sentido, vale destacar que del estudio de la glosa procesal que conforma el expediente, pudimos constatar que en la actualidad el amparista es beneficiario de una pensión por discapacidad total, tal como lo consigna el artículo 46 de la Ley núm. 87-01, por haber cotizado en el nuevo régimen de capitalización individual. En definitiva, la pretensión del amparista de beneficiarse de dos pensiones por concepto de discapacidad o invalidez no encuentra sustento en el sistema jurídico actual instaurado por la referida ley núm. 87-01, de Seguridad Social, pues resulta incompatible que un mismo sujeto se beneficie del derecho a cobrar dos pensiones bajo igual régimen, ya que tal duplicidad redundaría en una concurrencia de un mismo beneficiario calificado para un mismo régimen de seguridad social.
m. Por otro lado, vale destacar que el amparista una vez cumpla la edad de sesenta (60) años puede solicitar la asignación de una pensión por vejez, una vez reúna los requisitos del artículo 45 de la Ley núm. 87-01. De manera que no quedaría desprovisto de percibir este beneficio al término de la actual pensión recibida por concepto de discapacidad total.
n. Finalmente, en cuanto a la solicitud de aumento del monto percibido por concepto de pensión por discapacidad total, esta sede constitucional considera que esta pretensión no ha de ser evaluada a través de esta acción de amparo, por cuanto el señor Severino Peralta debe agotar el proceso de lugar para llevar a cabo este cometido. De manera que desestimamos la referida pretensión, pues se trata de un asunto que escapa del ámbito de protección del amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Miguel Severino Peralta contra la Sentencia núm. 00407-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de octubre de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 00407-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) de octubre dos mil quince (2015).
TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor Miguel Severino Peralta contra el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por los motivos antes expuestos.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Miguel Severino Peralta; y la parte recurrida, Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0002/17, del 4 de enero de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0002-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.