Sentencia TC/0005/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 31 de enero de 2020 · Expediente TC-01-2017-0020
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (FUNPREL), Manuel Alejandro Bordas Nina y Lorenzo Almonte Vizcaíno contra el artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, del veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecisietes (2017).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Derecho al trabajo
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0005/20?
En la acción directa de inconstitucionalidad se presumen la legitimación activa y el interés legítimo y jurídicamente protegido. Para las personas físicas, la presunción está sujeta a que gocen de sus derechos de ciudadanía; para las personas jurídicas, se requiere verificar su constitución y registro conforme a la ley y acreditar la relación entre su objeto social o un derecho subjetivo del que sean titulares y la aplicación de la norma impugnada. El Tribunal reconoció la legitimación de FUNPREL porque comprobó que estaba constituida y registrada conforme a la ley y que la impugnación se enmarcaba en su objeto social de realizar estudios jurídicos (TC/0005/20, numeral 8, d–f, pág. 21; TC/0005/20, numeral 8, g–h, pág. 21).
El límite de sesenta y cinco años para ejercer como chofer de transporte público vulnera el derecho al trabajo. El artículo 62.5 de la Constitución solo admite excepciones a la prohibición de discriminar en el acceso al empleo o durante la prestación del servicio cuando estén previstas por ley y tengan por finalidad proteger al trabajador. La medida no supera los dos primeros pasos del test de razonabilidad del artículo 40.15: la ley no identifica una finalidad de protección al trabajador ni justifica la restricción, y la edad por sí sola es un criterio discriminatorio para determinar la aptitud para conducir. El artículo 57, además, manda promover la integración de las personas de la tercera edad a la vida activa. Al no superarse el examen del fin ni el del medio, el Tribunal consideró innecesario examinar la relación entre ambos o pronunciarse sobre los demás derechos invocados (TC/0005/20, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 23; TC/0005/20, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 24; TC/0005/20, numeral 9, 9.18–9.19, pág. 35; TC/0005/20, numeral 9, 9.22, pág. 38; TC/0005/20, numeral 9, 9.23, pág. 39).
Decisión
Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la acoge en cuanto al fondo y declara no conforme con la Constitución el artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17. Declara el proceso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“Es así que, de acuerdo con la precitada disposición normativa, la adopción de cualquier medida que pudiera dar lugar a un tratamiento diferenciado debe estar prevista en una norma con rango de ley y debe tener por finalidad la de proteger al trabajador o trabajadora.” (TC/0005/20, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 23)
“Del examen de esta doctrina comparada, se advierte que es contraria a la constitución toda norma que anule el contenido esencial de la libertad de trabajar basada en una “presunción de ineptitud basada en la edad”.” (TC/0005/20, numeral 9, 9.15, pág. 29)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 2, 6, 7, 40.15, 57, 62 (en particular, 62.5) y 185.1. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 9, 36 y 37. Ley núm. 63-17: artículo 101.2. Ley núm. 87-01: artículo 45.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0047/12, TC/0345/19, TC/0044/12, TC/0049/13 y TC/0093/12. En derecho comparado: Sentencia 22/1981 del Tribunal Constitucional español y, en la cita de TC/0093/12, Sentencia T-1318/05 de la Corte Constitucional de Colombia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Legitimación activa o calidad del accionante
8.1. En cuanto a la legitimación activa o calidad de la parte accionante, el Tribunal expone las siguientes consideraciones:
a. La legitimación procesal activa es la capacidad procesal reconocida por el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes estatales, en los términos previstos por la Constitución o la ley, para actuar en procesos y procedimientos, en este caso, de justicia constitucional.
b. En la República Dominicana, a partir de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), se adoptó un control abstracto y directo de la constitucionalidad de las normas para, ante este tribunal constitucional, hacer valer los mandatos constitucionales, velar por la vigencia de la supremacía constitucional, defender el orden constitucional y garantizar el interés general o bien común. Lograr este objetivo conllevó la predeterminación de un conjunto de autoridades u órganos estatales que por su posición institucional también tienen a su cargo la defensa de la Constitución, legitimándoles para accionar ante este fuero, sin condicionamiento alguno, a fin de que este último expurgue del ordenamiento jurídico las normas inconstitucionales. De igual forma, se extendió esta prerrogativa a cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
c. Sobre tal legitimación o calidad, en el artículo 185, numeral 1), de la Constitución dominicana se dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido.
d. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
e. Tal y como se advierte de las disposiciones preceptivas esbozadas precedentemente, si bien la Constitución vigente no contempla una acción popular, existe la posibilidad de que cualquier persona, con un interés legítimo y jurídicamente protegido, pueda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad. Ahora bien, desde la primera sentencia dictada por este tribunal en el marco de un recurso de inconstitucionalidad (Sentencia TC/0047/12), estos requisitos han sido aplicados con diversos matices.
f. En este orden, a los fines de reducir esa brecha en la interpretación de los requisitos que establece el citado artículo 37 de la Ley núm. 137-11, este tribunal adoptó la Sentencia TC/0345/19, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se precisan los criterios aplicables para valorar la legitimación activa de los accionantes. En efecto, de ahora en adelante, atendiendo al criterio sentando por la citada Sentencia TC/0345/19, tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia con lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana.
g. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley y, en consecuencia, se trata de una entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal, legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo.
h. En el caso concreto, atendiendo a que la parte accionante constituye una persona jurídica, procederemos a verificar el cumplimiento de los requisitos que han sido precisados por la jurisprudencia para estos casos. En este orden, hemos podido comprobar que FUNPREL está constituida y registrada conforme a la ley y que, siendo su objeto la realización de estudios jurídicos, la impugnación en inconstitucionalidad de la norma atacada forma parte de su objeto social, lo cual conduce al reconocimiento de su legitimación activa para accionar en el presente proceso.
9. Sobre el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad
9.1. La acción directa en inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para impugnar los actos jurídicos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución y 9 y 36 de la Ley núm. 137-11 -leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas-. Por su parte, la presente acción tiene como finalidad la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, en concreto, la contenida en el artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17.
9.2. En este sentido, tal como ha sido indicado, la parte accionante señala que el numeral 2), del artículo 101, de la Ley núm. 63-17, es contrario a los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana. A continuación, haremos un análisis de constitucionalidad atendiendo a los argumentos invocados por la FUNPREL.
9.3. En relación con la presunta vulneración del derecho al trabajo los accionantes invocan lo siguiente: …el numeral 2 del artículo previamente citado, [artículo 101 Ley núm. 63-17] establece una limitación inconstitucional al derecho al trabajo, toda vez que la Carta Política de la República Dominicana dispone de manera clara y precisa en su artículo 62 lo siguiente: “El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. […] el Estado no puede impedir que las personas trabajen para poder vivir dignamente, por lo que debe respetar entre otras cosas, su capacidad física e intelectual, no pudiendo discriminar el acceso al empleo por edad.”
9.4. Con respecto al contenido esencial de este derecho, Díez-Picazo señala que el valor o bien jurídico protegido por el derecho al trabajo es la vita activa, entendida como el despliegue de las energías individuales a fin de producir bienes y servicios de toda índole; y ello tanto para ganarse el sustento como, más en general, para desarrollar la propia personalidad. (Díez-Picazo, 2013, pág. 487) . En efecto, tal como señala el referido autor, el derecho al trabajo no solo protege el derecho a producir bienes y/o servicios que nos permitan vivir dignamente, sino también que constituye un medio para desarrollarnos como personas a través de la realización de tareas afín con nuestras competencias, de manera tal que trabajar no es solo un medio para mantenerse, sino también un camino para la perfección del espíritu.
9.5. En este orden, el referido artículo 62 de la Constitución prohíbe toda clase de discriminación, señalando, expresamente, en su numeral 5) que se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora. Es así que, de acuerdo con la precitada disposición normativa, la adopción de cualquier medida que pudiera dar lugar a un tratamiento diferenciado debe estar prevista en una norma con rango de ley y debe tener por finalidad la de proteger al trabajador o trabajadora.
9.6. En este orden, a continuación, someteremos la norma impugnada al test de la razonabilidad, a los fines de determinar si la misma se justifica de acuerdo con nuestro orden constitucional. El principio de la razonabilidad prescrito en el numeral 15, del artículo 40 de la Constitución dominicana, que establece lo que sigue: a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica, el Tribunal Constitucional es del criterio que procede someter la norma atacada al test de razonabilidad, conforme a la práctica que se viene siguiendo en las más variadas jurisdicciones constitucionales comparadas.
9.7. El principio de la razonabilidad prescrito en el numeral 15, del artículo 40, de la Constitución dominicana, establece lo que sigue: “a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”; por tanto el Tribunal Constitucional es del criterio que procede someter la norma atacada al test de razonabilidad, conforme a la práctica que se viene siguiendo en las más variadas jurisdicciones constitucionales comparadas.
9.8. En este sentido, de acuerdo con el precedente fijado en la Sentencia TC/0044/12, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), el Tribunal Constitucional ha establecido que, por la alegada violación al principio de razonabilidad de la norma cuestionada como inconstitucional, es oportuno someter la misma a un examen, en la cual se pueda establecer si dicho texto normativo cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el numeral 15, del artículo 40, de la Carta Magna. 1. El análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin”. 8 Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve (…) El test leve se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo esta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…) De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria.
9.9. El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia TC/0049/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), ha fijado que el test de razonabilidad sigue pasos precisos que le estampan objetividad al análisis de constitucionalidad. La jurisprudencia nacional encabezada por la Sentencia TC/0049/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), desarrolló el test en tres pasos: a) El análisis del fin buscado por la medida; b) El análisis del medio empleado y c) el análisis de la relación entre medio y fin.
9.10. Con respecto al primer criterio del test de razonabilidad relativo a “el análisis del fin buscado con la medida”, lo primero que habría de destacarse es que el código laboral no establece una edad máxima límite para trabajar, encontrándose algunas previsiones especiales a este respecto en la Constitución para el ejercicio de determinadas funciones públicas 1 . Por lo que respecta al requisito establecido en el artículo 62.5 de la Constitución dominicana, este tribunal advierte que el impugnado artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17 no hace referencia a las razones que justifican la previsión de una edad máxima para dedicarse a la conducción del transporte público, tampoco en los considerandos ni demás artículos de la misma.
9.11. Por su parte, la Cámara de Diputados, para justificar la pertinencia de la norma impugnada señala en su dictamen que los sesenta y cinco (65) años fue la edad establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Social para el retiro y pensión de los trabajadores que han cotizado al sistema. Sobre este aspecto, este tribunal considera necesario indicar que, de acuerdo con la ley general vigente en materia de pensiones, Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, del nueve (9) de mayo de dos mil uno (2001) 1 En este sentido, por ejemplo, la Constitución señala que la edad mínima para ser presidente de la República es de 30 años (artículo 123.2), veinticinco años para ser senador o diputado (artículos 79 y 82 CD); mientras que determina como edad de retiro de los jueces del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia los 75 años (artículo 151.2 puesto en relación con el 187 de la Constitución). (en adelante, “Ley núm. 87-01”), para que los asalariados vinculados al sistema de capitalización individual puedan acceder a la pensión, es necesario cumplir con los requisitos de tener sesenta (60) años de edad y trescientos sesenta (360) cotizaciones, de manera tal que el cumplimiento de uno solo de estos requisitos no da acceso a la pensión 2 . Es así que las personas que habiendo alcanzado la edad de los sesenta (60) años y aun no dispongan de las trescientos sesenta (360) cotizaciones tienen la opción de seguir empleados hasta alcanzar las cotizaciones necesarias o bien solicitar la devolución de las aportaciones realizadas.
9.12. De manera que el establecimiento de los sesenta (60) años como edad mínima para acceder a la pensión no significa, a diferencia de como alude la Cámara de Diputados, que una vez alcanzada la misma la persona no se encuentra en condiciones de seguir laborando, sino que lo que se persigue es que, realizadas las trescientos sesenta (360) cotizaciones exigidas y acreditada esa edad mínima, las personas que hayan aportado al sistema el equivalente a treinta (30) años de trabajo hayan conseguido acumular lo suficiente para garantizarse una tercera edad digna, para que, si así lo quieren, opten por no tener que trabajar.
9.13. Este beneficio del que disfrutan los asalariados conforme a las normas legales que han sido aprobadas a los fines de consolidar el Estado Social de Derecho que nuestra constitución proclama lastimosamente no ha alcanzado todavía a todos los sectores de la sociedad dominicana, motivo por el cual muchas personas tienen no solo las condiciones físicas y mentales para seguir haciéndolo, sino también la necesidad de mantenerse activos para poder 2 Art. 45 de la Ley núm. 87-01- Pensión por vejez La pensión por vejez comprende la protección del pensionado y de sus sobrevivientes. Se adquiere derecho a una pensión por vejez, cuando el afiliado acredite:
a) Tener la edad de sesenta (60) años y haber cotizado durante un mínimo de trescientos sesenta (360) meses; o
b) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al cincuenta por ciento (50%) de la pensión mínima. subsistir. Al respecto, por ejemplo, el párrafo tercero de la Recomendación R162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la que el país es miembro, Recomendación sobre los trabajadores de edad, adoptada en Ginebra, 66ª reunión CIT del veintitrés (23) de junio de mil novecientos ochenta (1980), suscrita por la República Dominicana, establece que en el marco de una política nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación y práctica relativas a tal política, todo Miembro debería adoptar medidas para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en materia de empleo y de ocupación.
9.14. En este orden, el Tribunal Constitucional español, en su Sentencia 22/1981, del dos (2) de julio de mil novecientos ochenta y uno (1981), en relación con un supuesto parecido al actualmente planteado en el que se impugnaba la disposición adicional quinta de la Ley núm. 8/1980, del diez (10) de marzo de mil novecientos ochenta (1980), del Estatuto de los Trabajadores, que establecía la jubilación forzosa a los setenta (70) años de edad, precisó las siguientes cuestiones para motivar la inconstitucionalidad de dicha norma que limitaba la libertad de trabajar basada,, exclusivamente en el criterio de la edad: …no cabe duda de que algunas actividades exigen unas condiciones físicas o intelectuales que el transcurso del tiempo puede menoscabar, por lo que en estos casos puede presumirse razonablemente que esa disminución de facultades resulta ya patente a una edad determinada y sobre esta base establecerse la extinción de la relación laboral. Pero, dadas las distintas aptitudes requeridas en las diversas actividades laborales, lo que ya no es razonable es presumir esa ineptitud con carácter general y a una misma edad para todos los trabajadores cualquiera que sea el sector económico en que se hallen integrados y el tipo de actividad que dentro de él desarrollen. Y aún más difícil resulta alegar esa ineptitud para justificar una limitación al derecho al trabajo si se tiene en cuenta que se presume no de todos los ciudadanos que alcanzan una edad determinada, sino sólo de los trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el art. 1 del Estatuto de los Trabajadores que no se hallen expresamente excluidos del ámbito regulado por dicha Ley, de tal suerte que esa presunción de ineptitud desaparece si al llegar a la edad fijada el trabajador ejerciere libremente la misma actividad profesional. En cualquier caso, la incapacitación generalizada para trabajar basada en una presunción de ineptitud iuris et iure carecería de base constitucional, pues afecta a la raíz misma del derecho al trabajo entendido como libertad de trabajar, anulando de hecho su contenido esencial. (el subrayado es nuestro).
9.15. Del examen de esta doctrina comparada, se advierte que es contraria a la constitución toda norma que anule el contenido esencial de la libertad de trabajar basada en una “presunción de ineptitud basada en la edad”. Este, junto a otros argumentos condujeron a la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma impugnada por vulnerar el derecho al trabajo.
9.16. De igual forma, hemos revisado la legislación vigente en materia de tránsito en algunos países de Iberoamérica y hemos constatado que en ninguno de ellos se establecen criterios basados exclusivamente en la edad. A continuación, presentaremos lo señalado por las normativas de derecho comparado revisadas: País Normativa Criterio establecido Argentina Ley núm. 24.449, de Tránsito, publicada el 6 de febrero de 1995. Art. 13.c) Las licencias podrán otorgarse con una validez de hasta CINCO (5) años, debiendo en cada renovación aprobar el examen psicofísico. […] Art. 13.e) A partir de la edad de SESENTA y CINCO (65) años se reducirá la vigencia de la Licencia Nacional de Conducir. La autoridad expedidora determinará, según los casos, los periodos de vigencia de las mismas, dentro de los parámetros que establezca la reglamentación. Colombia Ley núm. 769, por la que se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, de fecha 6 de agosto de 2002. Artículo 22: Vigencia de la licencia de conducción. Las licencias de conducción para vehículos particulares tendrán una vigencia indefinida. Las licencias de conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia de 3 años, al cabo de los cuales se solicitará su renovación adjuntando un nuevo certificado de aptitud física y mental y el registro de información sobre infracciones de tránsito del período vencido. Párrafo: Todos los conductores de servicio público mayores de 65 años deberán renovar su licencia de conducción anualmente, demostrando su aptitud mediante certificación competente e idónea. Costa Rica Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, Ley núm. 9078, Artículo 92: Vigencia de la licencia de conducir.
a) Cuando se expida por primera vez, su vigencia será de tres años.
b) Cuando se expida por renovación, se aplicará lo siguiente: del 26 de octubre del 2012.
i. Si al momento de renovar la licencia el conductor ha acumulado cuatro puntos o menos, de conformidad con el sistema definido en el artículo 134 de esta ley, la renovación de su vigencia será por seis años. Además, el conductor solo deberá cancelar el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la renovación de la licencia.
ii. Si al momento de renovar la licencia el conductor ha acumulado entre cinco y ocho puntos, de conformidad con el sistema definido en el artículo 134 de esta ley, la renovación de su vigencia será por cuatro años. Además, el conductor deberá realizar un curso de sensibilización y reeducación vial, cuyas condiciones se establecerán reglamentariamente. iii. Si al momento de renovar la licencia el conductor ha acumulado entre nueve y once puntos, de conformidad con el sistema definido en el artículo 134 de esta ley, la renovación de su vigencia será de tres años. Además, el conductor deberá asistir a un curso de sensibilización y reeducación vial, cuyas condiciones se establecerán reglamentariamente.
iv. Los puntos serán acumulados, únicamente, durante el período de vigencia de la licencia de conducir respectiva; al momento de la renovación se reiniciará el computo de puntos.
c) Cuando se expida por reacreditación, su vigencia será de tres años. (en Costa Rica no se establece límite de edad máxima para expedición de licencia por primera vez o renovación). España Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. Artículo 4: Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo: 2. El permiso de conducción será de las siguientes clases:
l) El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de dieciséis pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
m) El permiso de conducción de la clase D1 + E autoriza para conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase D1 y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos. La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
n) El permiso de conducción de la clase D autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de veinticuatro años cumplidos. Artículo 12. Vigencia del permiso y de la licencia de conducción. 1. El permiso de conducción de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+ E tendrá un período de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de tres años a partir de esa edad. Perú Aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2009- MTC. DECRETO, de fecha 22 de abril de 2009: Artículo 29.- Requisitos para la habilitación como conductor del servicio de transporte terrestre. Para ser habilitado como conductor de vehículos destinados a la presentación del servicio de transporte terrestre, y mantener tal condición, el conductor debe cumplir con los siguientes requisitos:
29.1 Ser titular de una Licencia de Conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre vigente.
29.2. No superar la edad máxima para conducir vehículos del servicio de transporte, la misma que queda fijada en ochenta (80) años. A partir de los 65 años, el conductor del servicio de transporte deberá rendir y aprobar los exámenes médicos semestrales que establezca la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT). La no presentación de estos exámenes, implica la inmediata inhabilitación del conductor para el servicio de transporte terrestre.
29.3 Encontrarse en aptitud física y psicológica para conducir vehículos de transporte. Estas condiciones son evaluadas mediante el examen médico que debe realizarse con ocasión de los trámites relacionados a la licencia de conducir y mediante los exámenes médicos aleatorios destinados a comprobar la aptitud psicofísica del conductor.
9.17. Como se observa, en ninguno de los países consultados se establece una edad límite de sesenta y cinco (65) años para los choferes de vehículos de transporte público. El factor en común que sí comportan estas normas en materia de autorización es el aumento significativo de los controles de supervisión administrativa para los conductores de servicio de transporte público que superan la edad de los sesenta y cinco (65) años, obligándoles a hacer renovaciones más periódicas que incluyan las correspondientes pruebas de aptitud que acrediten su competencia para seguir dedicándose a la actividad del transporte público. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, ni siquiera se establece condiciones especiales para los conductores de servicios públicos mayores de sesenta y cinco (65) años, sino que les resulta de aplicación el proceso de autorización general basado en un sistema de puntos, que mide la calidad de la conducción de todas las personas que portan licencia de conducir.
9.18. En República Dominicana, en virtud del contenido esencial del derecho al trabajo, así como de nuestro compromiso de cumplir con todas las disposiciones y recomendaciones suscritas por el país con la OIT, antes que poner trabas innecesarias a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, debe actuar con razonabilidad valorando cada elemento que integra la norma –y de manera especial aquellas que tienen como finalidad la restricción de derechos– para determinar su pertinencia, ya que el derecho al trabajo en su condición de derecho económico y social está protegido por el principio de progresividad y la cláusula de no retroceso que impiden a las instituciones del Estado desmejorar las condiciones originalmente preestablecidas, salvo razones rigurosamente justificadas.
9.19. En el caso concreto, en relación con las limitaciones que incorpora el artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17 para el desarrollo de la actividad de chofer de transporte público, este tribunal es del criterio de que las mismas no cumplen con el requisito establecido en el previamente citado artículo 62.5) de la Constitución, así como tampoco con el primer criterio del test de razonabilidad, ya que la ley no prevé cuales serían las razones de protección al trabajador con base en las cuales se restringe el ejercicio del derecho al trabajo, ni las razones que justifiquen dicha medida. Téngase en cuenta que la propia constitución, en su artículo 57, establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.
9.20. En este orden ya se ha pronunciado este tribunal declarando la inconstitucionalidad de una norma que limita el acceso al disfrute de un derecho fundamental basada en una medida discriminatoria en relación con la edad. Al respecto, a través de su Sentencia TC/0093/12 este tribunal estableció lo siguiente:
9.3.4. Asimismo, se ha podido advertir que la modificación unilateral introducida por el literal a), del artículo 1, del referido Decreto No. 452- 02 a los contratos de viviendas de interés social en el sentido de que los beneficiarios deberán tener como límite para el pago de las cuotas fijadas la edad de setenta (70) años, constituye una disposición discriminante en perjuicio de las personas envejecientes que no se corresponde con las (sic) obligación constitucional que pesa sobre el Estado de protección a las personas de la tercera edad (artículo 57 de la Constitución de la República), ni con la letra y espíritu del artículo 10 de la Ley No. 352-98, de fecha quince (15) de agosto del mil novecientos noventa y ocho (1998) sobre Protección de la Persona Envejeciente que reza de la siguiente manera: “Artículo 10.- Todo(a) envejeciente tiene derecho a una vivienda digna y adecuada. El Instituto Nacional de la Vivienda, la Administración General de Bienes Nacionales y las demás entidades públicas relacionadas con la vivienda, le proveerán mayores facilidades de financiamiento para la obtención de su vivienda (…)”. Al establecer el Decreto en cuestión, que el límite de pago de las cuotas de las viviendas de interés social deberán ser pagadas antes del beneficiario cumplir los setenta (70) años, está excluyendo por razones de edad a potenciales propietarios de viviendas que no pudieran pagar la totalidad de las cuotas antes de llegar a esa edad, limitación ésta que no está contemplada en la ley que rige la materia y que además no fue consignada en el contrato, por lo que la misma deviene en inconstitucional al resultar discriminante para la población en dicho rango de edad.”
9.21. Y es que resultaría contradictorio el hecho de que, por un lado, la Constitución, en su artículo 57, establezca como deber del Estado la promoción de las personas de la tercera edad en la vida activa, mientras que, por el otro, el Congreso apruebe una ley que limite el acceso al disfrute de cualquier derecho fundamental basado exclusivamente en el criterio de la edad. En este sentido, en ocasión del dictamen de la referida Sentencia TC/0093/12 el tribunal también precisó lo siguiente: Dichas condiciones de accesibilidad a la propiedad de las viviendas de interés social revisten, por la naturaleza prestacional del derecho a la vivienda digna como derecho social, de una protección jurídica especial -respecto de otros derechos fundamentales– sustentada esencialmente sobre la base del principio de progresividad y la cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales que impide a las instituciones del Estado desmejorar las condiciones originalmente preestablecidas salvo razones rigurosamente justificadas. Tal es el criterio que en ese sentido desarrolla la jurisprudencia constitucional comparada: “La denominada cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes…En ciertos casos el mandato de progresividad y la prohibición de medidas regresivas puede estar en estrecha conexión con el principio de confianza legítima, pues en última instancia ambos presentan un elemento común cual es el respeto por parte de las autoridades estatales del marco jurídico o fáctico previamente creado para la satisfacción de derechos prestacionales. También desde la perspectiva del principio de confianza legítima es reprochable el cambio intempestivo de las condiciones previamente definidas por la Administración para la satisfacción de derechos prestacionales, y a ésta en todo caso le corresponde la carga argumentativa de justificar el cambio intempestivo de las reglas de juego inicialmente acordadas [Sent. T-1318/05, del catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005); Corte Constitucional de Colombia].
9.22. Con respecto al segundo criterio del test de razonabilidad relativo a “el análisis del medio empleado”, este tribunal entiende que incurre en un error la norma impugnada al partir del establecimiento de una edad límite máxima para dedicarse a la conducción de vehículos de transporte público como parámetro para mejorar la seguridad del tránsito. En efecto, también en relación con este criterio, este tribunal considera discriminatorio, conforme al previamente citado artículo 62.5 CD, el hecho de establecer una limitación del acceso al disfrute del derecho fundamental al trabajo –derecho que también constituye un deber y una función social del Estado– basado en el criterio de la edad. Téngase en cuenta que, conforme ha aumentado la esperanza de vida de los dominicanos – situada en los setenta y cuatro (74) para el dos mil dieciséis (2016), de acuerdo con el Banco Mundial 3 – es importante establecer las condiciones para que las personas envejecientes se mantengan activas el mayor tiempo posible, conforme señala el artículo 57 de la Constitución dominicana. Y es que hoy en día, gracias a los avances en la medicina, podríamos encontrar personas mayores de sesenta y cinco (65) años en perfecto estado de salud y en mejores condiciones físicas y mentales que pertenecen a grupos etarios de menor edad, para el desarrollo de la actividad de chofer de transporte público así como cualquier otra actividad, razón por la que el establecimiento de un criterio basado exclusivamente en la edad resulta contrario a los valores que reconoce nuestra constitución y, en concreto, al derecho al trabajo constitucionalmente reconocido como derecho fundamental en el artículo 62 de la Constitución dominicana. Basado en estos argumentos hemos de concluir que la norma impugnada tampoco acredita el cumplimiento del segundo criterio del test de razonabilidad.
9.23. La relación con el tercer criterio del test entendemos que no es necesario pronunciarse ya que, tal como ha sido señalado supra, ni el fin buscado con la medida ni el medio empleado para hacerlo efectivo se cumplen con la norma impugnada, por lo que resulta irrelevante hacer una relación entre los dos primeros criterios. De igual forma, al considerarse contrario al derecho al 3 Tomado de la página web: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.LE00.IN Consultada por última vez el día ocho de abril de 2019. trabajo consagrado constitucionalmente en el artículo 62, tampoco es necesario verificar si se vulneran los demás derechos invocados por los accionantes. Basado en estos criterios este tribunal procede a declarar no conforme con la Constitución de la República del artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17 en cuanto a establecer la edad máxima de sesenta y cinco (65) años para dedicarse a la actividad de chofer de transporte público. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente: Alba Luisa Beard Marcos y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson Gómez Ramírez, así como el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (FUNPREL), Manuel Alejandro Bordas Nina y Lorenzo Almonte Vizcaíno Consuegra el veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), contra el artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción descrita en el ordinal anterior y, en consecuencia, declarar no conforme con la Constitución la disposición contenida en el artículo 101.2 de la Ley núm. 63-17.
TERCERO: DECLARAR los procedimientos de este proceso libres de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte accionante, la Fundación para la Promoción de Estudios Legales (FUNPREL), Manuel Alejandro Bordas Nina y Lorenzo Almonte Vizcaíno Consuegra; al Senado de la República, Cámara de Diputados y a la Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0005/20, del 31 de enero de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0005-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.