Sentencia TC/0049/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de abril de 2013 · Expediente Expediente No. TC-01-2003-0017
La acción directa en inconstitucionalidad incoada por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Incorporada (ANADEGAS), contra la Resolución No. 70, de fecha cuatro (4) de abril del dos mil tres (2003), dictada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
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Temas: Derecho a la libertad de empresa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0049/13?
El Tribunal reconoció a ANADEGAS legitimación como «parte interesada» conforme a la Constitución de 2002, vigente al interponerse la acción. Para decidir el fondo aplicó de inmediato la Constitución de 2010, pues esta conservó los derechos y principios invocados sin alterar el alcance procesal de la acción (TC/0049/13, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 12; TC/0049/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 13). Aunque la venta de combustibles al por mayor y a domicilio y la venta al detalle en estaciones pertenecen al mismo sector, son actividades distintas que requieren regulaciones diferentes. Al faltar supuestos fácticos semejantes, no procedía examinar los demás elementos del test de igualdad (TC/0049/13, numeral 9, 9.1.3–9.2, pág. 15). La exigencia de una licencia y el pago de una tasa tampoco vulneran la libertad de empresa, pues no impiden a los detallistas acceder al mercado mayorista, ofrecer sus propias condiciones comerciales ni contratar con consumidores y usuarios (TC/0049/13, numeral 9, 9.2.3, pág. 16; TC/0049/13, numeral 9, 9.2.4–9.3, pág. 17).
La Resolución No. 70 es razonable y proporcionada porque persigue un fin constitucionalmente legítimo —facilitar a los establecimientos de alto consumo el acceso a combustible de calidad— mediante licencias sujetas a requisitos iguales para todos los solicitantes, que permiten verificar estándares de calidad, proteger a los consumidores y garantizar la libre competencia y la igualdad de oportunidades (TC/0049/13, numeral 9, 9.3.3–9.3.4, pág. 18; TC/0049/13, numeral 9, 9.3.5–9.4, pág. 19). Tampoco produce efectos retroactivos, pues regula la venta al por mayor y a domicilio y no surte efecto sobre el mercado minorista en el que los detallistas ya habían realizado sus inversiones (TC/0049/13, numeral 9, 9.4.2, pág. 20).
Decisión
Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de ANADEGAS, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución la Resolución No. 70. Declara el proceso libre de costas y ordena la comunicación de la sentencia y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“no se reúnen las condiciones para configurarse el primer elemento del test de igualdad, lo que hace inoperante la verificación de los otros dos (2) elementos, toda vez que los mismos son elementos consecuentes” (TC/0049/13, numeral 9, 9.1.3–9.2, pág. 15).
“en nada afecta el derecho a la libertad de empresa de los detallistas, pues no les impide su plena incursión al mercado regulado mediante la Resolución No. 70” (TC/0049/13, numeral 9, 9.2.3, pág. 16).
“Dichas razones son suficientes para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la norma; por lo que el presente medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado.” (TC/0049/13, numeral 9, 9.3.5–9.4, pág. 19).
Normas interpretadas
Constitución de 2002: artículos 8.5, 8.12, 47 y 100, identificados como antecedentes de las disposiciones vigentes.
Constitución de 2010: artículos 39, 40.15, 50, 53, 110, 217 y 219.
Ley No. 407: artículo 1.
Ley Orgánica No. 137-11: artículo 7.6.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0013/12, TC/0033/12, TC/0027/12, TC/0044/12, TC/0024/12 y C-263/11 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Legitimación activa o calidad de la accionante
7.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año 2004, la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución dominicana del 2002 (vigente al momento de la acción), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su condición de parte interesada.
7.2. En ese orden de ideas, la accionante, Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Incorporada (ANADEGAS), resulta una denunciante de la presunta inconstitucionalidad de una norma o un acto jurídico, por lo que ostentaba la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestida de la condición de “parte interesada” bajo los términos de la Constitución del 2002. Ese criterio se corresponde con el precedente constitucional que en ese sentido, y en un caso análogo, estableció el Tribunal en su sentencia TC/0013/12, del trece (13) de junio de dos mil doce (2012).
8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa en
inconstitucionalidad
8.1. La Constitución de 1966, modificada en 1994 y en el año 2002, fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta Sustantiva del 26 de enero de 2010, siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo los mismos principios y derechos constitucionales que invoca la accionante, a saber:
a) El principio de igualdad, establecido en el artículo 100 de la Constitución del 2002, se encuentra instituido en el artículo 39 de la Constitución del 2010.
b) El derecho a la libertad de empresa, consignado en el artículo 8.12 de la Constitución del 2002, se encuentra señalado en el artículo 50 de la Constitución del 2010.
c) El principio de razonabilidad, consagrado en el artículo 8.5 de la Constitución del 2002, se encuentra establecido en el artículo 40.15 de la Constitución del 2010.
d) El principio de irretroactividad de las normas jurídicas, señalado en el artículo 47 de la Constitución del 2002, se encuentra consignado en el artículo 110 de la Constitución del 2010.
8.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el alcance procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por las partes accionantes al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto las disposiciones constitucionales invocadas en su acción directa, procede, en consecuencia, aplicar los textos de la Constitución vigente del 2010, a fin de establecer si la norma atacada (Resolución No. 70) resulta inconstitucional.
9. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados
9.1. En cuanto a la alegada violación al principio de igualdad (artículo 39 de la Constitución de la República)
9.1.1. La accionante aduce que la resolución impugnada en inconstitucionalidad quebranta al principio de igualdad, al otorgar al licenciatario del servicio de venta de combustible al por mayor y a domicilio un trato preferencial distinto al que se dispensa a los detallistas de gasolina.
9.1.2. El principio de igualdad, consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República, obliga a las instituciones del Estado a fomentar y ofrecer un trato igualitario, en términos jurídicos o normativos, a todas las personas físicas, y aún a las morales, salvo los casos de discriminación positiva debidamente justificados. En ese sentido, mediante el precedente constitucional establecido por este Tribunal en su sentencia TC/0033/12, de fecha quince (15) de agosto del dos mil doce (2012), se instituyó el uso del test o juicio de igualdad, a los fines de establecer si una norma viola o no el principio de igualdad, cuyos criterios son: • La existencia de casos o supuestos fácticos semejantes; • Que tal diferenciación resulte objetiva, proporcional y razonablemente justificada; • Que no implique consecuencias desproporcionadas en cuanto a la finalidad perseguida.
9.1.3. En cuanto al primer elemento del juicio o test de igualdad (existencia de casos o supuestos fácticos semejantes), el Tribunal ha podido constatar que los licenciatarios de permisos para vender combustibles al por mayor y a domicilio intervienen en el mismo sector comercial que los detallistas o vendedores en estaciones o bombas al por menor. Se trata, sin embargo, de actividades comerciales diferentes, pues los detallistas, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 407, de fecha dos (2) de mayo de mil novecientos setenta y dos (1972), son aquellas personas que venden hidrocarburos directamente al consumidor en estaciones o bombas debidamente autorizadas, mientras que la Resolución No. 70, de fecha cuatro (4) de abril de dos mil tres (2003), regula el negocio de la venta de combustible al por mayor –no al detalle, como las bombas o estaciones- y a domicilio, por lo que se trata de situaciones comerciales diferentes y como tal requieren una regulación jurídica distinta.
9.1.4. En tal virtud, y al quedar en evidencia de que se trata de casos o supuestos facticos diferentes, no se reúnen las condiciones para configurarse el primer elemento del test de igualdad, lo que hace inoperante la verificación de los otros dos (2) elementos, toda vez que los mismos son elementos consecuentes; por tanto, no se incurre en violación alguna al principio de igualdad y, en consecuencia, procede desestimar, por las razones anteriormente expuestas, el medio de inconstitucionalidad formulado.
9.2. En cuanto a la alegada violación al derecho a la libertad de empresa (artículo 50 de la Constitución de la República)
9.2.1. La accionante alega que mediante la aludida Resolución No. 70, se transgrede el derecho a la libertad de empresa, pues sólo exige al licenciatario del servicio de venta de combustibles al por mayor y a domicilio el pago de una tasa para proveerse de la licencia correspondiente, mientras que los detallistas que deseen incursionar en dicho negocio, al ostentar la calidad de empresas, no están exentos del pago del impuesto sobre la renta (ISR); y además, deben incurrir en costos operacionales, lo que produce una competencia desigual y desleal.
9.2.2. El derecho a la libertad de empresa, consagrado en el artículo 50 de la Constitución de la República, puede ser conceptualizado como la prerrogativa que corresponde a toda persona de dedicar bienes o capitales a la realización de actividades económicas dentro del marco legal del Estado y en procura de obtener ganancias o beneficios lícitos. Esta es la concepción más aceptada en el derecho constitucional comparado, tal y como se puede evidenciar de la jurisprudencia que en ese sentido ha desarrollado la Corte Constitucional colombiana: “La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica; (ii) la libre iniciativa privada” (Ver Sentencia C-263/11, de fecha 6 de abril del 2011; Corte Constitucional de Colombia).
9.2.3. En la especie, el hecho de que el Ministerio de Industria y Comercio, disponga la regulación del mercado de venta de combustibles al por mayor y a domicilio, disponiendo el pago de tasas para la concesión de las licencias de operación en dicho negocio, en nada afecta el derecho a la libertad de empresa de los detallistas, pues no les impide su plena incursión al mercado regulado mediante la Resolución No. 70. Además, la circunstancia de que los detallistas de combustible requieran de un determinado nivel de inversión para operar en el negocio de venta de hidrocarburos al detalle y en las estaciones de gas o gasolina (mercado distinto al regulado por la referida Resolución No. 70), no puede interpretarse como un obstáculo a la libre competencia, pues la prealudida resolución no les impide a los detallistas concurrir al mercado, ofrecer condiciones y ventajas comerciales que consideren oportunas, ni la posibilidad de contratar con cualquier consumidor y usuario; condiciones que configuran la libre competencia, de conformidad con la jurisprudencia constitucional comparada (Ver Sentencia C-263/11, de fecha 6 de abril del 2011; Corte Constitucional de Colombia).
9.2.4. La regulación por parte de las agencias del Estado, de un determinado sector de la economía nacional no implica, en modo alguno, violación al derecho fundamental a la libertad de empresa. Este ha sido el criterio fijado por este Tribunal en el precedente establecido mediante la Sentencia TC/0027/12, de fecha cinco (5) de julio del dos mil doce (2012), al señalarse: “Respecto del alegato de violación a la libertad de empresa y a la prohibición de monopolios, es el criterio de este tribunal que no se evidencia tal violación, por cuanto a nadie se le ha impedido realizar la actividad económica de que se trata, sino que el Estado, a través de la resolución de marras, entre otras cosas lo que ha hecho es condicionar la venta directa de combustibles a particulares no detallistas, esto es, regular las actividades comerciales entre los detallistas de combustible y los distribuidores. Tal accionar tiene su sustento jurídico en las disposiciones del artículo 221 de la Constitución y en el artículo 2B letra g) de la Ley No. 290-66, de fecha 30 de junio de 1966, y su reglamento de aplicación No. 186-66, del 26 de octubre del año 1966, pues las facultades reglamentarias de la administración pública autorizan al Estado a intervenir, incluso dictando normas que garanticen la libre competencia y los niveles de precio, sin que ello implique violación a la libertad de empresa.” Por tanto, y en atención a las anteriores consideraciones, procede desestimar el presente medio de inconstitucionalidad.
9.3. En cuanto a la alegada violación al principio de razonabilidad (artículo 40.15 de la Constitución de la República)
9.3.1. La accionante invoca como infracción constitucional el hecho de que la Resolución No. 70, del cuatro (4) de abril de dos mil tres (2003), viola el principio de razonabilidad, pues dicha norma fue dictada sin que se justifique una situación de falta de abastecimiento del mercado de los combustibles, ya que los detallistas son capaces de satisfacer la demanda sectorial de los carburantes.
9.3.2. Para poder determinar la razonabilidad de una norma legal se recurre, en el derecho constitucional comparado, a someter la disposición cuestionada a un test de razonabilidad, a fin de establecer si cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de la República en cuanto a la justicia y utilidad de la norma. En ese sentido, el instrumento convencionalmente más aceptado, tanto por la jurisprudencia constitucional norteamericana, como por la colombiana, es el test de razonabilidad, cuyos componentes ya han sido desarrollados por este tribunal en el precedente fijado en la Sentencia TC/0044/12, de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012): • Establecer qué se busca con la norma objetada (análisis de la finalidad); • Determinar cómo se va a lograr lo buscado (análisis de medio) • Determinar qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin).
9.3.3. En cuanto al primer criterio del test de razonabilidad, (el análisis del fin buscado), advertimos que la aludida Resolución No. 70 procura regular el mercado relativo a la venta de combustibles al por mayor y a domicilio a las grandes industrias, edificios comerciales, condominios, restaurantes, colegios y hoteles; estableciéndose una regulación para la concesión de la licencia para operar en dicho negocio, así como la cantidad mínima de galones de combustible que se puede comercializar, con lo que se procura un fin constitucionalmente legítimo, pues satisface la gran demanda de combustibles que requieren estos establecimientos. Con ello se les permite el acceso a bienes y servicios básicos, como resulta el uso de los combustibles para el desarrollo económico (artículo 219 de la Constitución dominicana).
9.3.4. En relación con el segundo criterio (análisis de medio), la prealudida Resolución No. 70, al exigirles a los solicitantes de licencia, para operar en el negocio de venta de combustibles al por mayor y a domicilio, una serie de requerimientos a los fines de calificar si merecen ser titulares de una licencia, resguarda los derechos de los consumidores (artículo 53; Constitución de la República), en cuanto a la exigencia de determinados estándares de calidad que deben ser observados por las personas físicas o morales solicitantes de la licencia. Además de garantizar un marco de libre competencia e igualdad de oportunidades al exigirles a todos los solicitantes de licencia los mismos requisitos (Art. 217; Constitución de la República).
9.3.5. En cuanto al tercer elemento del test (análisis de la relación medio-fin), el fin perseguido por la norma impugnada es el acceso de ciertos establecimientos comerciales o residenciales de alto consumo de combustible (industrias, hoteles, condominios, etc.) a un producto básico y de calidad; mientras que el medio para asegurar dicho propósito es la concesión de una licencia, previa constatación de ciertos estándares que garanticen la calidad del servicio (solvencia económica, garantía financiera, cumplimiento de las normas de calidad oficiales, propiedad de camiones de transporte, etc.) en condiciones de acceso de igualdad para todas las personas físicas y morales interesadas en intervenir en dicho negocio. Dichas razones son suficientes para determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la norma; por lo que el presente medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado.
9.4. En cuanto a la alegada violación al principio de irretroactividad de las normas jurídicas (artículo 110 de la Constitución de la República)
9.4.1. El principio de irretroactividad de las normas jurídicas, consagrado en el artículo 110 de la Constitución de la República, establece que toda disposición normativa debe regir para el porvenir, salvo las cuatro (4) excepciones procesales identificadas por este Tribunal en su Sentencia TC/0024/12, de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), relativas a los casos de favorabilidad penal (al subjúdice o cumpliendo condena); ultraactividad de la ley; existencia de un derecho adquirido o una tutela judicial más garantista por parte de la ley anterior. La accionante arguye, como sustento de su medio de inconstitucionalidad, la violación de dicho principio de irretroactividad al establecer la referida Resolución No. 70 que los licenciatarios autorizados para la venta al por mayor y a domicilio de combustibles, con sólo pagar la tasa correspondiente a la licencia pueden intervenir en dicho negocio; mientras que los detallistas que deseen intervenir, además de pagar la tasa de lugar, tienen una inversión económica ya realizada, que no han hecho los licenciatarios para la venta al por mayor y dicha situación constituye una afectación a su seguridad jurídica por parte de la norma impugnada.
9.4.2. Se advierte que, en el caso ocurrente, no se trata de la aplicación retroactiva de la señalada Resolución No. 70, pues el ámbito de aplicación de la misma no es la venta al detalle de carburantes en las estaciones o bombas de expendio de combustibles, mercado en el cual intervienen y han realizado inversiones los agentes detallistas representados por la accionante. Muy por el contrario, la resolución antedicha regula el mercado relativo a la venta al por mayor y a domicilio de combustible, ámbito distinto al que alude la accionante y respecto del cual no surte efecto alguno la referida Resolución No. 70, por lo que no podría hablarse en el caso de efecto retroactivo alguno; razón por la cual se rechaza el medio invocado por la accionante. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Milton Ray Guevara, Juez Presidente, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa en inconstitucionalidad, de fecha nueve (9) de diciembre de dos mil tres (2003), incoada por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Incorporada (ANADEGAS), contra la Resolución No. 70, del cuatro (4) de abril de dos mil tres (2003), dictada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (hoy Ministerio de Industria y Comercio), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Incorporada (ANADEGAS), y, en consecuencia, DECLARAR CONFORME a la Constitución de la República la Resolución No. 70, de fecha cuatro (4) de abril de dos mil tres (2003), dictada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (hoy Ministerio de Industria y Comercio), por no resultar violatoria del derecho a la libertad de empresa ni de los principios de igualdad, razonabilidad e irretroactividad de las normas jurídicas.
TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No.137-11 del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Incorporada (ANADEGAS); a la interviniente voluntaria, Ministerio de Industria y Comercio; así como también a la Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0049/13, del 9 de abril de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0049-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.