Sentencia TC/0006/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de enero de 2014 · Expediente TC-04-2012-0069
Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia incoado por el Ing. Hipólito Mejía Domínguez y compartes, contra la sentencia TSE-025-2012, dictada por el Tribunal Superior Electoral, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Derecho de acceso a la justicia y acceso al recurso · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0006/14?
La revisión constitucional de una decisión jurisdiccional firme por violación de derechos fundamentales no permite reexaminar los hechos del proceso: la vulneración debe ser imputable de modo inmediato y directo al órgano que dictó la sentencia. El Tribunal admitió el recurso contra la decisión del Tribunal Superior Electoral, dictada en única instancia, y apreció especial relevancia constitucional en determinar el alcance de las garantías de los artículos 68 y 69 de la Constitución en materia electoral y en relación con la libre organización de los partidos políticos (TC/0006/14, numeral 9, 9.1–c, pág. 16; TC/0006/14, numeral 9, d–e, pág. 17; TC/0006/14, numeral 9, f–h, pág. 17; TC/0006/14, numeral 9, i–j, pág. 18).
El Tribunal concluyó que no se vulneró el debido proceso: el Tribunal Superior Electoral cumplió la decisión preparatoria que ordenaba citar a los demandados no comparecientes y podía aplicar supletoriamente el desistimiento en materia electoral cuando operara como renuncia pura y simple a la demanda. Tampoco se vulneraron la legalidad, la seguridad jurídica ni la libertad de organización de los partidos políticos, pues la lectura conjunta de los artículos 34, 54 y 55 de los estatutos del PRD estableció una relación de jerarquía acorde con el diseño institucional del partido, como resultado de la interpretación judicial y no de la creación de una norma retroactiva (TC/0006/14, numeral 10, i–j, pág. 23; TC/0006/14, numeral 10, k–l, pág. 23; TC/0006/14, numeral 10, v–10.2, pág. 27; TC/0006/14, numeral 10, e–h, pág. 28; TC/0006/14, numeral 10, o–p, pág. 31).
Decisión
Declara admisible el recurso de revisión constitucional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la sentencia TSE-025-2012. La solicitud de suspensión queda sin objeto por el rechazo del recurso, por lo que el Tribunal la considera inadmisible sin consignarlo en el dispositivo.
Citas textuales clave
“Desde esta óptica, la aplicación del desistimiento en materia electoral es practicable en tanto opere como renuncia pura y simple de la demanda” (TC/0006/14, numeral 10, k–l, pág. 23).
“Resulta oportuno indicar que los estatutos forman un todo cuyos textos deben ser analizados en su relación con aquellos que le otorguen mayor armonía y afinidad a la cuestión planteada, puesto que de hacerse en forma aislada conduciría a una interpretación fraccionada de su contenido.” (TC/0006/14, numeral 10, a–d, pág. 28).
“De manera que los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de libertad de organización de los partidos políticos no han sido vulnerados por la decisión dictada por el Tribunal Superior Electoral con la interpretación del texto de los aludidos estatutos.” (TC/0006/14, numeral 10, o–p, pág. 31).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 40.13, 40.15, 68, 69 (en particular, 69.7), 110, 216 y 277.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 7.12, 53 y 54 (en particular, 54.5).
Ley núm. 29-11: artículo 3.
Código Civil: artículo 102.
Código de Procedimiento Civil: artículos 61, 69.7, 402 y 403.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0038/12, TC/0048/12, TC/0100/13 y TC/0120/13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y argumentos invocados, se trata de una demanda en nulidad interpuesta por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), representado por el Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, contra la convocatoria para la reunión de la Comisión Política del primero (1º) de junio de dos mil doce (2012), por algunos miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la solicitud de medida cautelar de suspensión de dichas resoluciones, de la cual resultó apoderado el Tribunal Superior Electoral. Dicho tribunal, dictó en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), la sentencia núm. TSE- 025-2012, declarando, entre otras cosas, la nulidad de dicha convocatoria y dejando sin ningún valor ni efecto jurídico las resoluciones adoptadas en la indicada reunión. Contra esta decisión se interpuso el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, incoado por Hipólito Mejía Domínguez y compartes.
9. Admisibilidad del recurso de revisión
9.1. Es de rigor procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la materia, para lo cual pasamos a exponer las siguientes consideraciones:
a. La facultad del Tribunal Constitucional de revisar las decisiones firmes constituye un mandato expreso establecido en los artículos 277 de la Constitución y 53 de la referida Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, al expresar que todas las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero del dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
b. En el presente caso se cumple el indicado requisito, toda vez que la decisión recurrida fue dictada por el Tribunal Superior Electoral, el 27 de junio de 2012, y, de conformidad con el artículo 3 de su Ley Orgánica 29-11, sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y sólo pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional cuando las mismas sean contrarias a la Constitución.
c. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
d. En la especie, los recurrentes alegan que la decisión vulnera el derecho de obtener un fallo en derecho, el acceso a la justicia, al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho a la legalidad en la confección de una decisión judicial, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la libertad de organización de los partidos políticos; es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma;
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada, y
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá revisar.
e. Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se exige la especial transcendencia o relevancia constitucional, según dispone el último párrafo del mencionado artículo 53. En el mismo texto, se pone a cargo del tribunal la obligación de motivar la decisión.
f. En ese sentido, para que pueda configurarse la violación de un derecho fundamental, la vulneración debe ser la consecuencia directa de una acción u omisión causada por el órgano jurisdiccional que dictó la decisión; es decir, una violación que se produce al margen de la cuestión fáctica del proceso que esté referida a la inobservancia de las garantías constitucionales establecidas para la aplicación y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos durante el desarrollo del proceso. En adición a esta cuestión, es necesario que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado oportunamente y agotado los recursos correspondientes sin ser subsanado, ya que e1 tribunal no podrá revisar los hechos; cuestión que en la especie no sería exigible, puesto que las vulneraciones se le imputan al órgano electoral que dictó la decisión en única instancia.
g. En ese sentido, se verifica el cumplimiento de los indicados supuestos, en razón de que se invoca la violación de los derechos fundamentales antes citados contra la sentencia impugnada, se han agotado todos los recursos disponibles ante el órgano electoral y las violaciones se le imputan, de modo inmediato y directo, al órgano que ha dictado la decisión impugnada.
h. La revisión de sentencia firme persigue fijar criterios uniformes para asegurar la efectiva protección y armonización de los bienes jurídicos derivados de procesos que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada, para propiciar niveles óptimos de protección de los derechos fundamentales.
i. Como se observa, el procedimiento para el ejercicio de esta acción, delimitado en la citada Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, constituye uno de los mecanismos establecidos por la Constitución para controlar los actos de los poderes públicos; de manera que siendo la Constitución la norma suprema del ordenamiento jurídico, no deben subsistir actos emanados de estos poderes que resulten contrarios ella, lo que apuntala el fundamento axiológico de este recurso.
j. En ese sentido, el tribunal habrá de determinar si, al dictar la decisión, el Tribunal Superior Electoral ha incurrido en vulneración de las garantías de los derechos fundamentales previstas en los artículos 68 y 69 de la Constitución, así como el alcance que estas comportan en relación a la materia electoral y el derecho a la libre organización de los partidos políticos, donde radica la especial transcendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada. En tal virtud procede declarar la admisibilidad del recurso y examinar el fondo del mismo.
10. El fondo del presente recurso de revisión
a. Conforme el artículo 54.5 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, en materia de revisión constitucional de sentencias firmes, el Tribunal Constitucional debe dictar dos decisiones: una para decidir la admisibilidad o no del recurso, y otra sobre el fondo en caso de ser admitido; sin embargo, por economía procesal determinó que en tales circunstancias solo debía dictar una. Esta posición fue asumida por el tribunal en su sentencia TC/0038/12, del 13 de septiembre de 2012, por lo que procede en la especie reiterar dicho criterio.
b. En ocasión de la acción en nulidad contra la convocatoria, reunión y resoluciones adoptadas, en fecha primero (1º) de junio de dos mil doce (2012), por algunos miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la solicitud de medida cautelar de suspensión de dichas resoluciones, el Tribunal Superior Electoral dictó, en fecha veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), la sentencia objeto de revisión constitucional. Para decidir el fondo del recurso, el Tribunal Constitucional entiende pertinente analizar las vulneraciones denunciadas en el mismo orden que han sido planteadas por los recurrentes.
10.1. Violación de los derechos a obtener un fallo en derecho, acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso
a. Los recurrentes sostienen que en el proceso que dio lugar a la sentencia ahora impugnada fueron emplazados incorrectamente más de 130 integrantes de la Comisión Política del PRD, procediendo el Tribunal Superior Electoral a aplazar el conocimiento de dicha demanda para el día quince (15) de junio de dos mil doce (2012), a fin de que los accionados fueran debidamente citados; que, a raíz de esto, la parte accionante se desinteresó de la acción frente a 44 personas que habían sido puestas en causa y que el tribunal no verificó las previsiones legales para el cumplimiento de su sentencia; y que al aceptar el desistimiento irregular de la demanda ha vulnerado las garantías antes citadas.
b. Conforme a la redacción de la sentencia atacada, el Tribunal Superior Electoral procedió a dictar el auto núm. 033/2012, de fecha cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), mediante el cual se dio trámite a la indicada acción en nulidad y se fijó audiencia para el día ocho (8) de junio de dos mil doce (2012).
c. En la decisión recurrida consta que a esta audiencia comparecieron, tanto los abogados de la parte demandante como los de una parte de los demandados, adoptando ese tribunal las siguientes decisiones: Se libra Acta de la exclusión del Instituto José Francisco Peña Gómez y del Comando de Campaña del Hipólito Mejía Domínguez. Primero: Aplaza el conocimiento de la presente audiencia para el día viernes que contaremos a quince del mes de junio del año 2012, a las 9:00 horas de la mañana, a celebrarse en la Sala de Audiencias de este Tribunal, con la finalidad de que los demandantes citen regularmente, conforme a la Ley, a los demandados no comparecientes. Vale citación para las partes presentes y representadas. Segundo: En cuando a la solicitud formulada por los demandantes, mediante la cual requieren como medida cautelar la suspensión de todas las resoluciones adoptadas por la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), celebrada el 1ero. de junio del año 2012, este Tribunal Superior Electoral dispone, solamente, la suspensión como medida cautelar provisional de las resoluciones Sexta, Séptima y Octava, adoptadas por la indicada Comisión Política, hasta tanto este tribunal conozca y decida el fondo de la presente demanda.
d. A la audiencia fijada celebrada el quince (15) de junio de dos mil doce (2012), solo comparecieron los abogados de la parte demandante, quienes formularon conclusiones respecto a la citación de los demandados que el tribunal ordenó citar por sentencia preparatoria, en el sentido siguiente: Queremos hacer precisiones en cuanto a la citación para economía procesal del Tribunal, con relación a los accionados que fueron autorizados en el emplazamiento mediante auto del Tribunal, tenemos una lista aquí, que voy a pasar a la secretaria de lo que voy a leer de personas que fue imposible localizar y sobre la cual no tenemos interés en que permanezcan en su condición de demandado, por lo que desistimos formalmente de los mismos en razón de la falta de interés […] Queremos hacer del conocimiento del Tribunal también con relación a algunas personas que el Tribunal en su oportunidad localizará los actos de alguacil que fueron depositados bajo inventario, que sin embargo no fueron autorizados a emplazar y que nosotros en un afán garantista depositamos por si tenían algún interés de ellos estar presentes a través de la intervención, en ese sentido nosotros desistimos de estas personas que voy a mencionar, de los actos de alguacil, emplazamiento y citaciones que reposan en el tribunal por no estar los mismos como parte demandada ni ser autorizado su emplazamiento […].
e. Luego de producirse las citadas conclusiones, el tribunal comprobó, mediante llamamiento de la secretaria, que en el estrado no se encontraban las partes demandadas que aparecen en el auto de fijación de audiencia ni sus representantes legales, procediendo a otorgarles la palabra nueva vez a los abogados de la parte demandante para producir conclusiones sobre la demanda; después de ello declaró cerrados los debates, pronunció el defecto de los no comparecientes y reservó el fallo para una próxima audiencia.
f. Relatadas las incidencias del proceso que dio lugar a la decisión recurrida, corresponde entrar a analizar el elemento controvertido relativo a la falta de verificación del cumplimiento de la sentencia preparatoria que ordenó citar a los demandados no comparecientes y el desistimiento formulado por la parte demandante.
g. Conviene precisar que el Tribunal Superior Electoral, mediante el citado auto núm. 033/2012 con el que dio trámite a la acción en nulidad, autorizó a emplazar a los demandados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 1 del Código Civil y 61 2 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. En el primero de estos textos legales se establecen las reglas para determinar el domicilio de una persona, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles; en el segundo, se enuncian los requisitos elementales que a pena de nulidad debe contener el acta de emplazamiento.
h. En la documentación aportada consta que del universo de los demandados puestos en causa en la referida demanda en nulidad y el auto de fijación de audiencia, una parte de ellos fueron convocados por acto de alguacil que aparecen en el legajo de piezas del proceso; mientras que a otros 1 El Artículo 102 establece que “El domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es el del lugar de su principal establecimiento”. 2 El artículo 61 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente: “En el acta de emplazamiento se hará constar a pena de nulidad: 1o. la común, el lugar, el día, el mes y el año del emplazamiento; los nombres, profesión y domicilio del demandante; la designación del abogado que defenderá por él con expresión del estudio del mismo, permanente o ad hoc, en la ciudad donde tenga su asiento el tribunal llamado a conocer del asunto, estudio en el que se considerará haber elegido domicilio el intimante, si por el mismo acto no lo hace, expresamente en otro lugar de la misma ciudad, salvo previsiones especiales de la ley; 2o. el nombre y residencia del alguacil así como el tribunal donde ejerza sus funciones; los nombres y residencia del demandado; y el nombre de la persona a quien se entregue la copia del emplazamiento; 3o. el objeto de la demanda, con la exposición sumaria de los medios; y 4o. la indicación del tribunal que deba conocer de la demanda, así como la del plazo para la comparecencia”. codemandados se les notificó en virtud del artículo 69.7 3 del Código de Procedimiento Civil por no tener domicilio conocido.
i. Comprobada esta situación, el indicado tribunal procedió a conocer el proceso y fallar en la forma antes citada. De lo que se infiere que, contrario a los argumentos expuestos por los recurrentes, el Tribunal Superior Electoral dio cumplimiento a la sentencia preparatoria que había dictado al efecto en la audiencia del ocho (8) de junio de dos mil doce (2012), en aplicación de las normas supletorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil sobre la materia.
j. Por otro lado, el desistimiento que dio lugar a que se decretara la exclusión de una parte de los demandados tiene su fundamento, según las conclusiones de los demandantes, en la imposibilidad material de su localización y en la falta de interés de que permanecieran en la instancia en tal condición. Sin embargo, plantean los recurrentes que la aceptación del desistimiento vulneró las garantías antes citadas, porque en todo caso les son oponibles los efectos de la sentencia objeto de revisión.
k. El desistimiento es una institución de frecuente uso en el derecho común. Su desarrollo legislativo aparece en los artículos 402 y 403 del Código de Procedimiento Civil y, conforme a su configuración legal, puede hacerse y aceptarse por simples actos bajo firma privada de las partes o de quienes los representan. La aceptación del desistimiento implica de pleno derecho la reposición de la cosa en el mismo estado en que se encontraba antes de la demanda y para quien desiste pesa la obligación de pagar las costas. Hay que precisar, sobre este último aspecto, que en el ámbito civil la situación es 3 El numeral 7mo. del artículo 69 del citado Código establece que: “A aquéllos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, en el lugar de su actual residencia; si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta principal del local del tribunal que deba conocer de la demanda, entregándose una copia al fiscal, que visará el original”. distinta a los procedimientos constitucionales y electorales, puesto que estas materias están exentas de costas procesales.
l. Desde esta óptica, la aplicación del desistimiento en materia electoral es practicable en tanto opere como renuncia pura y simple de la demanda, en consonancia con el principio de supletoriedad previsto en el artículo 7.12 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que prevé para la solución de toda imprevisión “la aplicación supletoria de las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales”.
m. La actividad procesal donde se planteó el desistimiento estaba precedida por la comprobación que hizo el tribunal de la incomparecencia de los demandados y sus abogados, dando lugar a que se pronunciara la exclusión del proceso de las personas en cuyo favor fue solicitado; es decir, sin que este aspecto fuera objeto de controversia. En esas circunstancias, no fueron expuestos argumentos que pusieran al tribunal en condiciones de valorar la respuesta procesal de los demandados frente a las conclusiones de exclusión.
n. Desde el inicio de sus labores jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional ha concebido el desistimiento como una figura del derecho común aplicable supletoriamente a los procedimientos constitucionales, por lo que nada se opone a que pueda ser aplicada también a los procesos en materia electoral.
o. Al llegar a este punto del análisis, resulta oportuno señalar que la Constitución consagra un conjunto de garantías para la aplicación y protección de los derechos fundamentales, como mecanismo de tutela para garantizar su efectividad, así como los principios para la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales que forman parte del sistema de protección.
p. El debido proceso previsto en el artículo 69 de la Constitución está conformado por un conjunto de garantías mínimas que tiene como puerta de entrada el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. Este primer peldaño es de trascendental relevancia, porque a través de él se entra al proceso, y es precisamente dentro del proceso donde pueden ejercitarse las demás garantías del proceso debido.
q. Este tribunal, al referirse al alcance que comportan estas garantías y su relación con otras provenientes de las fuentes convencionales, ha dicho [TC/0048/12 del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), letra i, página 15], que: El debido proceso y sus correspondientes garantías, así configuradas en nuestra norma constitucional, han sido prescritos también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 8.1, reza: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
r. De manera que poder acceder a la justicia sin ningún tipo de obstáculo ni impedimento constituye una garantía prevista, además, en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 4 ; lo mismo que en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 4 Cfr. “Caso Cantos”, párrafo 50, la Corte, en relación a esta garantía ha dicho que de esa disposición [8.1] se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegido.
s. Ahora bien, que el proceso sea debido significa que las actuaciones que se llevan a cabo sigan los parámetros establecidos por normas destinadas a su regulación como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos 5 ; pues si bien el debido proceso opera como límite frente a los órganos públicos, también impone reglas para quienes lo ejercitan.
t. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa, es otro de los pilares que sustenta el proceso debido. Este derecho, cuya relevancia alcanza mayor esplendor dentro del juicio, implica poder responder en igualdad de condiciones todo cuanto sirva para contradecir los planteamientos de la contraparte. El derecho de contradecir es un requisito procesal imprescindible que persigue garantizar la igualdad entre las partes, manifestaciones inequívocas de su dimensión sustantiva y adjetiva. Se trata, pues, de un componente esencial que perpetúa la bilateralidad 6 a lo largo del desarrollo del proceso.
u. El derecho a obtener un fallo es otra prerrogativa derivada del derecho de acceso a la justicia. El objetivo de impulsar un proceso persigue que quienes participan en él lo hagan movidos por el interés de que los órganos encargados de dirimir los conflictos adopten decisiones para zanjar las diferencias que afectan la convivencia social. 5 Cfr. OC-18/03, cit. del 17 de marzo de 2003, párrafos 123 y 124. En esta la ocasión, la Corte señaló que el debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier […] acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (…) Asimismo, la Corte ha indicado que el elenco de garantías mínimas del debido proceso legal se aplica en la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 6 En Cfr. TEDH, caso Ruiz Mateos v. España, fallo del 23 de junio de 1993, considerandos 15, 61, 63 y 65, al referirse al tema, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que “el principio de igualdad de armas representa un elemento de la noción más amplia de proceso equitativo, el cual engloba también el derecho fundamental al carácter contradictorio de la instancia”. Y más adelante vuelve a señalar que “[...] en el marco de un procedimiento […] se les debe garantizar, en principio, el libre acceso a las observaciones de las demás partes, y una verdadera posibilidad de comentarlas”.
v. Debe precisarse, asimismo, que si bien la Constitución consagra que ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con plena observancia de las formalidades propias de cada juicio, se trata de una previsión general que debe ser interpretada de conformidad con las formalidades propias de cada materia. En efecto, el Tribunal Superior Electoral, al pronunciar el defecto contra los demandados no comparecientes y acoger las conclusiones de exclusión antes señaladas, utilizó las normas del Código de Procedimiento Civil para suplir las imprevisiones de su Ley Orgánica núm. 29-11, toda vez que ella no contiene disposiciones particulares para regular el cauce de los procesos que entran en su competencia.
w. En ese sentido, las garantías del debido proceso que alegan los recurrentes les han sido vulneradas por el Tribunal Superior Electoral comportan gran relevancia para la administración de la justicia constitucional, puesto que resultan imprescindibles para alcanzar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos protegida por la Constitución.
x. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha observado que el Tribunal Superior Electoral, al dictar la sentencia objeto de revisión constitucional, no ha limitado el derecho de los recurrentes al libre ejercicio de las garantías del debido proceso previstas en el artículo 69 de la Constitución y en los estándares establecidos por el sistema interamericano de protección.
10.2. Violación de los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y libertad de organización de los partidos políticos Dada la estrecha relación que guardan estas violaciones, el tribunal entiende pertinente abordarlas en forma conjunta.
a. Antes de entrar a analizar este aspecto del recurso, se hace necesario recordar que si bien las decisiones dictadas por el Tribunal Superior Electoral constituyen sentencias firmes que, por disposición del artículo 3 de su Ley Orgánica 29-11, pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional, en virtud del procedimiento instituido en los artículos 53 y 54 de la referida Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, su competencia está limitada a determinar violaciones de derechos fundamentales imputables al tribunal que dictó la sentencia.
b. Los recurrentes sostienen que el Tribunal Superior Electoral, para justificar la anulación de la convocatoria de la reunión del primero (1º) de junio de dos mil doce (2012), realizada por algunos miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hace una interpretación del artículo 34 de los estatutos generales de esa entidad que violenta la letra del referido estatuto, toda vez que pretende establecer un orden de prelación para la convocatoria del referido órgano; derivando de ello las indicadas violaciones.
c. Como se observa, tanto la violación de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, así como el derecho a la libre organización de los partidos políticos, a juicio de los recurrentes, dimana de la aplicación de la referida norma estatutaria, lo que hace necesario dirigir el análisis hacia los fundamentos de la sentencia atacada y, en esa medida, a las concretas pretensiones externadas por los recurrentes.
d. Resulta oportuno indicar que los estatutos forman un todo cuyos textos deben ser analizados en su relación con aquellos que le otorguen mayor armonía y afinidad a la cuestión planteada, puesto que de hacerse en forma aislada conduciría a una interpretación fraccionada de su contenido.
e. Los jueces, en su labor intelectiva, parten de la premisa que les aporta la ley para aplicarla a la cuestión fáctica que se presenta, para luego extraer de su análisis la inferencia lógica que formulan mediante conclusiones en la decisión que resuelve el caso concreto.
f. Adscribirle significado a la interpretación de la norma constituye un ejercicio que entra en la facultad de los jueces, siempre que el mismo no desborde los límites que le imponen la Constitución y la ley, pues en el proceso de interpretación el significado atribuido al texto debe mantener coherencia con la otra norma del sistema analizado.
g. En la especie, el Tribunal Superior Electoral analizó las disposiciones previstas en el artículo 34 en su relación con los artículos 54 y 55 de los estatutos, arribando a las conclusiones formuladas en la sentencia recurrida que conducen a establecer una relación de jerarquía entre las autoridades de esa organización política acorde con su diseño institucional.
h. Afirmar que con la interpretación del artículo 34 de los referidos estatutos el Tribunal Superior Electoral crea una ley ex-post-facto que abre la posibilidad de diseñar disposiciones normativas a la medida de las circunstancias, como expresan los recurrentes, equivale a desconocer que la interpretación de los jueces produce efectos jurídicos derivados de su labor de concreción de la norma, que en la especie es el resultado del análisis integrado de los citados textos estatutarios.
i. El principio de legalidad presupone que todas las actuaciones de las autoridades quedan sujetas a la Constitución y las leyes. Es un principio cardinal del Estado de derecho que protege al individuo de las actuaciones arbitrarias y discrecionalidades de las autoridades. La ley debe preexistir a su aplicación, es decir, que los ciudadanos deben estar conscientes de las consecuencias de sus actos y a qué se atienen cuando actúan en determinada dirección.
j. La Constitución dominicana, en relación al principio de legalidad, consagra en el artículo 40, numerales 13 y 15 que: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”. “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”. Esta noción también está prevista en su artículo 69.7 constitucional que expresa: “Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”.
k. Asimismo, la seguridad jurídica constituye otro principio en virtud del cual se establece que la ley solo dispone y aplica para el porvenir y que no tiene efecto retroactivo, según lo dispone el artículo 110 de la Constitución. En consecuencia, ninguno de los poderes públicos o la ley podrán alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas con una legislación anterior.
l. Al referirse a este tema, en la sentencia TC/0100/13 del veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), numeral 13.18, el tribunal ha dicho que: La seguridad jurídica, es concebida como un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios [...].
m. Asimismo, la Constitución dedica su artículo 216 a proclamar la libertad de organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, sujetándolos a los principios por ella enarbolados. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respecto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.
n. Los partidos políticos en cuanto contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, reciben financiamiento público y la Constitución les exige respeto a la democracia interna y a la transparencia. Constituyen, además, un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad.
o. De manera que los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de libertad de organización de los partidos políticos no han sido vulnerados por la decisión dictada por el Tribunal Superior Electoral con la interpretación del texto de los aludidos estatutos.
p. En consecuencia, el tribunal no ha comprobado las violaciones invocadas por los recurrentes, por lo que procede rechazar el recurso de revisión constitucional.
11. Solicitud de demanda en suspensión de ejecución de sentencia
Resulta oportuno indicar que conjuntamente con el desarrollo de los motivos que sustentan el presente recurso de revisión constitucional, los recurrentes además han formulado una solicitud de medida cautelar tendente a obtener la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia recurrida hasta que se conozca el fondo del recurso, para lo cual el tribunal expone las siguientes consideraciones:
a. Para el Tribunal Constitucional la solicitud de suspensión de ejecutoriedad provisional de la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional, que presentó el recurrente de manera conjunta con el recurso y que luego ratificara, carece de objeto en vista de que las motivaciones precedentemente expuestas sufragan a favor del rechazo de dicho recurso; por tanto, no es necesaria su ponderación. (Sentencia TC/0120/13 del 4 de junio).
b. En tales circunstancias, el tribunal entiende que la medida cautelar de suspensión provisional de la sentencia recurrida está indisolublemente ligada a la suerte del recurso de revisión con el que coexiste, por lo que procede declarar su inadmisibilidad sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Jottin Cury David y Víctor Gómez Bergés, jueces; por motivo de inhibición voluntaria. Figura incorporado el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional incoado por el señor Hipólito Mejía Domínguez y compartes contra la sentencia núm. 025-2012, de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal Superior Electoral.
SEGUNDO: RECHAZAR el recurso de revisión constitucional incoado por el señor Hipólito Mejía Domínguez y compartes contra la sentencia núm. 025- 2012, de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal Superior Electoral; y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida. TERCERO COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su conocimiento y fines de lugar, a las partes que integran el presente proceso.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0006/14, del 14 de enero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0006-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.