Sentencia TC/0027/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de marzo de 2013 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0058

Recurso de Revisión en materia de Amparo interpuesto por la Jefatura de la Policía Nacional en fecha cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012), contra la Sentencia No. 086-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha veinte (20) de junio de dos mil doce (2012.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a no ser discriminado

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0027/13?

El recurso reviste especial trascendencia constitucional porque exige precisar el alcance de la dignidad humana y la integridad moral frente al registro y la divulgación de antecedentes policiales. Mantener en un sistema de información pública una ficha registrada por error, pese a la certificación de que el afectado no tenía expediente penal en el período examinado, vulnera su dignidad e integridad personal y obstaculiza su libre desarrollo. Para retirar la ficha debió bastar la solicitud del interesado. Aunque el hábeas data permite pedir la corrección de datos erróneos o falsos, el amparo fue en este caso la vía más efectiva para obtener protección inmediata, y su tramitación respetó el debido proceso (TC/0027/13, consideraciones, a–c, pág. 7; TC/0027/13, consideraciones, a–d, pág. 8; TC/0027/13, consideraciones, e–i, pág. 8; TC/0027/13, consideraciones, j–m, pág. 9; TC/0027/13, consideraciones, n–p, pág. 10).

La exposición de por vida de antecedentes penales en registros de acceso público obstaculiza el ejercicio de derechos, en particular el derecho a no ser discriminado, aun si la persona fue condenada. Ello no impide que las entidades estatales encargadas de investigar delitos conserven archivos para consultarlos en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal consideró procedente fijar una astreinte para garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de la sentencia: su naturaleza es coercitiva, no indemnizatoria, por lo que su eventual liquidación no debe favorecer al agraviado (TC/0027/13, consideraciones, q–u, pág. 11; TC/0027/13, consideraciones, v, pág. 12).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo de la Jefatura de la Policía Nacional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 086/2012, que ordenó retirar la ficha policial. Concede quince días hábiles desde la notificación para cumplir la sentencia, fija una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retardo a favor del Patronato Nacional Penitenciario y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“El mantenimiento de dicha ficha, por parte de la Policía Nacional, luego de haberse establecido que el referido ciudadano no ha tenido expediente penal a cargo, constituye una grave violación a los derechos invocados por él, lo que deviene un obstáculo para que alcance de manera plena su libre desarrollo personal y pueda convivir dignamente en la sociedad.” (TC/0027/13, consideraciones, e–i, pág. 8)
“De ahí que, al prescindir el amparo de formalidades y su procedimiento ser preferente, deviene como la alternativa más efectiva.” (TC/0027/13, consideraciones, e–i, pág. 8)
“Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior no implica que las entidades del Estado, responsables de la investigación de los crímenes y delitos, no puedan preservar un archivo de informaciones que le permita hacer consultas al momento de cumplir sus funciones.” (TC/0027/13, consideraciones, q–u, pág. 11)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 38, 42, 72 (in fine) y 185.4.

Ley Orgánica núm. 137-11: artículos 7.6, 64, 66, 93, 94 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12 y TC/0048/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

Consideraciones y fundamentos

7.- Síntesis del conflicto El presente caso parte del hecho de que el recurrido en revisión de amparo, José Agustín Abreu Hernández, solicitó en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil doce (2012) un préstamo a la financiera Soluciones Scotiabank, y, en fecha veintiséis (26) de mayo del mismo año, esta entidad crediticia le comunicó el rechazo de dicha solicitud, bajo la consideración de que contra él pesan antecedentes penales revelados por una ficha instrumentada en la Policía Nacional. Ante tal situación, solicitó una certificación a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, a los fines de cerciorarse sobre la existencia de algún expediente penal en su contra, ocasión en que se percató de que no existía nada al respecto, pero sí confirmó la existencia de la referida ficha. En tales circunstancias, el once (11) de junio de dos mil doce (2012), el señor José Agustín Abreu Hernández interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, contra la Jefatura de la Policía Nacional, con el propósito de que se ordenara el retiro de la ficha policial de referencia. El juez le concedió el amparo, y la Jefatura de la Policía Nacional, no conforme con los resultados de la sentencia, sometió el presente recurso de revisión de amparo ante este Tribunal. 8.- Competencia Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso, en virtud de lo que dispone el artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 94 de la referida Ley Orgánica No. 137-11. 9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de amparo reúne los requisitos establecidos en el artículo 100 de la ley que rige la materia. En tal sentido:

TC/0027/13, consideraciones, pág. 6 — PDF oficial

a) El precitado artículo señala: “La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.”

b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es una noción abierta e indeterminada, razón por la cual este Tribunal la definió en su Sentencia TC/0007/12, dictada en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

c) Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, arribamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional porque la solución del conflicto de que se trata obliga a este Tribunal a determinar los alcances de los derechos a la integridad moral y a la dignidad humana; y, de manera singular, precisar en cuáles casos la autoridad puede radicar o colocar una ficha o publicitar información personal sobre antecedentes en ocasión de realizar pesquisas, investigaciones o interrogatorios con relación a un determinado crimen o delito. 10.- Fundamentos del presente recurso En lo que concierne al presente recurso de revisión de amparo, el Tribunal Constitucional vierte los siguientes razonamientos:

TC/0027/13, consideraciones, a–c, pág. 7 — PDF oficial

a) La pretensión de José Agustín Abreu Hernández, en el sentido de que fuera retirada la ficha policial o información personal sobre antecedentes de investigaciones delictivas que pesa en su contra, fue acogida por la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al dictar la Sentencia No. 086-2012, de fecha veinte (20) de junio de dos mil doce (2012). Dicho fallo se basó en la consideración esencial de que, en el caso de que se trata, se violaron los derechos fundamentales relativos a la dignidad humana y a la integridad personal.

b) La parte recurrente en revisión de amparo, la Jefatura de la Policía Nacional, alega que no se ha observado el debido proceso, pues la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional no tomó en consideración que el recurso interpuesto por José Agustín Abreu Hernández no era el indicado.

c) Al respecto, este Tribunal estima que dicha Sala Penal actuó con estricto apego al debido proceso, y valoró adecuada y acertadamente la conculcación de los derechos fundamentales invocados por el accionante en amparo, conculcación que entraña la afectación de otras elevadas prerrogativas, tales como el derecho al trabajo, el acceso al crédito y el derecho al honor.

d) La referida Sentencia No. 086-2012, dictada por la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dispuso el retiro de la indicada ficha policial basándose, entre otros elementos probatorios, en una certificación expedida por el Ministerio Público que precisa que el señor José Agustín Abreu Hernández no ha tenido en los archivos a su cargo ningún proceso judicial de carácter penal.

TC/0027/13, consideraciones, a–d, pág. 8 — PDF oficial

e) El mantenimiento de dicha ficha, por parte de la Policía Nacional, luego de haberse establecido que el referido ciudadano no ha tenido expediente penal a cargo, constituye una grave violación a los derechos invocados por él, lo que deviene un obstáculo para que alcance de manera plena su libre desarrollo personal y pueda convivir dignamente en la sociedad.

f) En la especie, al recurrido en revisión de amparo le asiste el derecho de procurar la vía más efectiva para conseguir el levantamiento, retiro o eliminación de la ficha del sistema de información pública, cuestión que le sigue afectando, pese a que en su favor ha intervenido una decisión judicial que bajo ninguna circunstancia puede ser soslayada.

g) Toda persona que advierta que sus derechos fundamentales están lesionados o amenazados tiene en la vía de amparo su más oportuno aliado, y cuando ejercita esta vía ha de encontrar la protección inmediata. De ahí que, al prescindir el amparo de formalidades y su procedimiento ser preferente, deviene como la alternativa más efectiva.

h) En el presente caso, se ha cumplido el debido proceso, toda vez que han sido aplicadas las disposiciones y normas previstas; cada parte ha hecho valer con entera libertad y de forma plena sus escritos y pruebas, cuestión que le permitió al tribunal a quo edificarse y decidir en el sentido que lo hizo.

i) De lo expresado en el literal anterior, se deriva que carece de mérito el alegato de la Jefatura de la Policía Nacional de que en este caso se ha violado el debido proceso al agotarse la vía de amparo en procura de radiar la información personal sobre antecedentes de investigaciones delictivas.

TC/0027/13, consideraciones, e–i, pág. 8 — PDF oficial

j) Este Tribunal considera correcta la aplicación que ha hecho de la ley la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, tras comprobar que la Policía Nacional dispuso contra José Agustín Abreu Hernández, en fecha diecisiete (17) de noviembre de dos mil siete (2007), la colocación de la ficha número 07010573; no obstante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional haber certificado que dicho ciudadano no tenía ningún expediente penal registrado, en el lapso del dieciséis (16) de noviembre de dos mil siete (2007) al treinta (30) de diciembre de dos mil ocho (2008).

k) Además, se puso de relieve que en el caso se trata de un registro de antecedentes radicado por error y que, por tanto, debió bastar para su subsanación tan sólo la solicitud del interesado, sin necesidad de cumplir ningún otro trámite para la eliminación o retiro de la referida ficha del sistema de información pública, ya que esto le hubiera permitido a la institución del orden subsanar su propia deficiencia o inexactitud.

l) Con respecto a la cuestión que nos ocupa, el artículo 38 de la Constitución de la República establece: “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

m) Así mismo, el artículo 42 del antes indicado texto supremo, dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenazas, riesgo o violación a las mismas (…)”.

TC/0027/13, consideraciones, j–m, pág. 9 — PDF oficial

n) El hábeas data constituye una vía recursiva legal que se pone al alcance del ciudadano para que puede acceder a los sistemas de información pública o privada y tener la posibilidad de requerir la subsanación de un dato erróneo o falso que le resulte perjudicial; de ahí que el artículo 64 de la antes indicada Ley Orgánica No. 137-11, establece: “Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, conforme la ley.”

o) Nuestro país es signatario de los más importantes instrumentos jurídicos internacionales que procuran el respeto de los derechos fundamentales. Entre estos figura la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 12 proclama: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

p) El espíritu del precepto citado en el literal anterior se encuentra incorporado íntegramente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.

TC/0027/13, consideraciones, n–p, pág. 10 — PDF oficial

q) Este Tribunal considera que ni José Agustín Abreu Hernández ni ninguna otra persona, aun tratándose de un condenado a penas privativas de libertad, puede ser mantenido soportando de por vida el fardo de antecedentes penales destacados en registros de acceso público, lo que constituye un serio obstáculo para el ejercicio de importantes prerrogativas ciudadanas, en especial el derecho a no ser discriminado pudiendo, en determinados casos, generar daños irreparables.

r) Sin embargo, lo expresado en el párrafo anterior no implica que las entidades del Estado, responsables de la investigación de los crímenes y delitos, no puedan preservar un archivo de informaciones que le permita hacer consultas al momento de cumplir sus funciones.

s) En otro orden, el artículo 93 de la referida Ley Orgánica No. 137-11, expresa: “El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”.

t) En lo que se refiere a la astreinte, este Tribunal Constitucional sentó criterio al respecto mediante la Sentencia No. TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), y en tal sentido expresó: “la naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado”.

u) Este Tribunal Constitucional consideró en la referida sentencia la posibilidad de elevar los alcances de esta figura jurídica, estableciendo que se debía: “(…) procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta… sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte”.

TC/0027/13, consideraciones, q–u, pág. 11 — PDF oficial

v) Este órgano advirtió que el tribunal a-quo no tomó en consideración la solicitud formulada por el amparista, en el sentido de que se fijara una astreinte, cuestión que consideramos conveniente fijar, toda vez que es una garantía que se orienta a lograr el efectivo y oportuno cumplimiento de la sentencia. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; así como también el voto parcialmente disidente y parcialmente salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Constitucional

TC/0027/13, consideraciones, v, pág. 12 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión de amparo interpuesto por la Jefatura de la Policía Nacional contra la Sentencia No. 086/2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión de sentencia de amparo y, en consecuencia, CONFIRMAR, la Sentencia No. 086/2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), objeto del presente recurso de revisión.

TERCERO: OTORGAR a la Jefatura de la Policía Nacional un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para que la misma sea cumplida.

CUARTO: FIJAR un astreinte de CINCO MIL PESOS CON 00/100 (RD$5,000.00) a favor del Patronato Nacional Penitenciario, por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente sentencia por parte de la Jefatura de la Policía Nacional.

QUINTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, Jefatura de la Policía Nacional; al recurrido, José Agustín Abreu Hernández y a la Comisión Nacional de Reforma Carcelaria.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11.

SEPTIMO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0027/13, del 6 de marzo de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0027-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.