Sentencia TC/0056/18

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de marzo de 2018 · Expediente TC-04-2017-0023

Relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública contra la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de defensa

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0056/18?

En materia contencioso-administrativa, el artículo 42 de la Ley núm. 1494 dispone que la notificación de las sentencias del Tribunal Superior Administrativo corresponde a su secretario, por lo que no se exige un acto de alguacil. La entrega de la sentencia por la Secretaría General al asistente judicial facultado para recibirla en representación de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, acreditada mediante certificación con acuse de recibo, constituyó una notificación válida a la propia parte. No era aplicable la Sentencia TC/0034/13, que se refería a una notificación en el domicilio de los abogados que habían llevado el proceso y no directamente a la parte (TC/0056/18, numeral 10, f, pág. 18; TC/0056/18, numeral 10, g, pág. 18; TC/0056/18, numeral 10, h–i, pág. 19; TC/0056/18, numeral 10, j–k, pág. 20).

Entre la notificación del 3 de marzo de 2014 y la interposición del recurso de casación el 24 de abril de 2014 transcurrieron más de los treinta días previstos en el artículo 5 de la Ley núm. 3726. Al declarar inadmisible el recurso por extemporáneo, la Suprema Corte de Justicia aplicó el plazo legal y no vulneró el debido proceso, el derecho de defensa ni los precedentes TC/0034/13 y TC/0011/14 (TC/0056/18, numeral 10, j–k, pág. 20; TC/0056/18, numeral 10, l, pág. 20).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 695 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el procedimiento libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“toda sentencia del Tribunal Superior Administrativo será notificada por el Secretario dentro de los cinco días de su pronunciamiento al Procurador General Administrativo y a la otra parte o partes” (TC/0056/18, numeral 10, h–i, pág. 19).
“Queda demostrado que, tal como lo consideró la sentencia recurrida, la entrega de la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014), por parte de la Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, al señor Dikinson Duvergé Tejeda, en su condición de empleado de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, constituye una notificación válida.” (TC/0056/18, numeral 10, j–k, pág. 20).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69 y 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 (numerales 2 y 3) y 54.1.

Ley núm. 1494: artículo 42.

Ley núm. 3726, modificada por la Ley núm. 491-08: artículo 5.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0143/15, TC/0057/12, TC/0073/15, TC/0404/14, TC/0034/13, TC/0011/14 y TC/0216/16.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del caso

El presente caso tuvo su origen en el traslado que dispuso la parte recurrente Oficina Nacional de la Defensa Pública, para que la parte recurrida desempeñara sus funciones de defensora pública en el departamento judicial de San Pedro de Macorís, en vez del Distrito Judicial de La Romana. La recurrida no estuvo de acuerdo con dicho traslado y procedió a interponer un recurso contencioso administrativo, el cual fue acogido, dejándose sin efecto el referido traslado por carecer de motivación y no contar con el consentimiento de la recurrida; esa decisión fue adoptada mediante la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. La Sentencia núm. 00064-2014 fue recurrida en casación por la actual recurrente, recurso que fue declarado inadmisible, por extemporáneo, mediante la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta última decisión es el objeto del presente recurso de revisión.

TC/0056/18, numeral 7, pág. 10 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión

a. El plazo para interponer el referido recurso está contenido en el artículo 54, literal 1, de la Ley núm. 137-11, cuando señala: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”.

b. En el caso que nos ocupa, el presente recurso fue interpuesto el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016), por lo que se le aplica la fórmula de cómputo dispuesta en la Sentencia TC/0143/15, del primero (1°) de julio de dos mil quince (2015), la cual establece que el plazo para la interposición del recurso de revisión jurisdiccional, es de treinta (30) días francos y calendarios contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida. En el presente caso, la notificación de la sentencia recurrida se llevó a cabo mediante el Acto núm. 369/2016, del dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016), por lo que haciendo el cómputo del tiempo transcurrido entre esta última fecha y la de la interposición del recurso, excluyendo el día de notificación de la sentencia, el dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016), así como el día de interposición del recurso, el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016), transcurrieron veintinueve (29) días y, por ende, se recurrió conforme al plazo en cuestión.

TC/0056/18, numeral 9, a–b, pág. 11 — PDF oficial

c. Por otra parte, de conformidad con los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales está sujeto, en cuanto a su admisibilidad, a tres (3) requisitos, entre los cuales se encuentra:  Que se trate de una sentencia revestida de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En este caso, la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de un recurso de casación que pone fin a un proceso judicial en materia contencioso-administrativa.  Que dicha sentencia hubiere sido dictada con posterioridad al 26 de enero del 2010, fecha de proclamación de la actual Constitución de la República. La sentencia impugnada fue dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015).  Que se trate de alguno de los casos señalados en el artículo 53 de la Ley No. 137-11; Estos casos son los siguientes: “1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental”.

TC/0056/18, numeral 9, c, pág. 12 — PDF oficial

d. En cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, citados en los numerales 2) y 3) del párrafo anterior, se advierte que la parte recurrente alega que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia violó los precedentes establecidos en las sentencias TC/0034/13 y TC/0011/14, dictadas el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) y el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), respectivamente, así como la violación al derecho al debido proceso y al derecho de defensa, al declarar la inadmisibilidad del recurso de casación que interpuso dicha parte, por considerarlo extemporáneo. Quedan, pues, configurados los requisitos dispuestos en los numerales 2 y 3 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que se refieren a la violación de un precedente del Tribunal Constitucional, así como a la violación de un derecho fundamental imputable, de modo inmediato y directo, al órgano jurisdiccional que adoptó la decisión impugnada.

TC/0056/18, numeral 9, d, pág. 13 — PDF oficial

e. En cuanto al tercer requisito de admisibilidad y está sujeto, a su vez, a cuatro (4) condiciones:  Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso. En el presente proceso no fue posible su invocación, porque la presunta violación al debido proceso y al derecho de defensa, fueron cometidas al dictarse el fallo en casación. En ese sentido, el tribunal ha desarrollado la doctrina de los requisitos inexigibles por imposibilidad de materialización y ha establecido al respecto: “La lesión cuya reparación se reclama la ha producido una decisión judicial que, como la que es objeto del presente recurso, pone fin al proceso, por lo que la recurrente no ha tenido, en términos procesales, oportunidad para presentar el referido reclamo, situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigible” [Sentencia TC/0057/12, del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012)].  Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente. En este punto se aplica la misma doctrina esbozada en el párrafo anterior respecto de los requisitos inexigibles. El Tribunal ha señalado, en la Sentencia TC/0057/12, lo siguiente: Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del artículo 53.3, pues si se acepta que su invocación ha sido imposible, a fortiori ha de aceptarse que no ha habido recursos previos que agotar para subsanar una violación que ni siquiera ha sido invocada previamente, situación en la que también aplica la inexigibilidad referida en el párrafo anterior.  Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional. En este caso, la recurrente le enrostra a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrir en violación al derecho al debido proceso, de modo específico al derecho de defensa, al declarar inadmisible, por extemporáneo, el recurso de casación que interpuso contra la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, toda vez que dicha sentencia no le fue debidamente notificada y, por ende, no se hizo un correcto cómputo del plazo que se tenía para interponer tal recurso.  Cuando el caso esté revestido de especial trascendencia o relevancia constitucional. La trascendencia o relevancia constitucional significa que el asunto a conocer reviste importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. Este recurso tiene relevancia constitucional, porque le permitirá al Tribunal reiterar su criterio en torno a la validez de la notificación de sentencia hecha por el secretario del tribunal que dictó esa sentencia en materia contencioso-administrativa.

TC/0056/18, numeral 9, e, pág. 13 — PDF oficial

f. La parte recurrida plantea la inadmisibilidad del presente recurso con el argumento de que la sentencia recurrida no viola los precedentes establecidos en las sentencias TC/0034/13 y TC/0011/14, dictadas el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) y el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), respectivamente, como sostiene la parte recurrente y que, por lo tanto, el recurso no cumple con el requisito de admisión previsto en el numeral 2 del artículo 53 de la Ley núm. 137-11; sin embargo, procede rechazar dicho incidente sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente sentencia, en vista de que la recurrente cumplió con invocar y enumerar los pretendidos precedentes violados, siendo su examen una cuestión de fondo.

TC/0056/18, numeral 9, f, pág. 15 — PDF oficial

10. En cuanto al fondo del recurso

a. El recurso de revisión que nos ocupa impugna la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo; esa inadmisibilidad fue sobre la base de que el recurso de casación fue interpuesto cuando ya había vencido el plazo que la ley establece para recurrirse en casación en materia contencioso-administrativa [artículo 5 de la Ley núm. 3726, de Casación, del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), modificada por la Ley núm. 491-08, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil ocho (2008)]. En efecto, el referido artículo 5 de la Ley de Casación señala al respecto: En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia.

TC/0056/18, numeral 10, a, pág. 15 — PDF oficial

b. En la sentencia recurrida se estableció que la sentencia objeto del recurso de casación le fue notificada a la recurrente, Oficina Nacional de la Defensa Publica, el tres (3) de marzo de dos mil catorce (2014), mediante entrega de la sentencia dictada en manos del señor Dikinson Duvergé Tejeda, quien es empleado de la recurrente; notificación que fue considerada válida por la Suprema Corte de Justicia, El recurso de casación fue interpuesto el veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014), por lo que el mismo fue considerado extemporáneo, por haberse incoado fuera del plazo franco de los treinta (30) días que indica la ley de casación.

c. La parte recurrente, Oficina Nacional de la Defensa Publica, alega que el simple retiro, en la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo, de la sentencia dictada por la Tercera Sala de dicho tribunal, no puede ser tenido como la notificación de esa sentencia, ya que nuestro ordenamiento jurídico establece que esa diligencia procesal debe agotarse por medio de acto de alguacil, lo cual nunca sucedió, porque la recurrida, Luisa Testamark de la Cruz, no le hizo tal notificación, por lo que tampoco empezó a correr el plazo para interponer el recurso de casación. Le enrostra a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que al declararle inadmisible su recurso de casación por extemporaneidad, no tomó en cuenta que no se le notificó debidamente la sentencia recurrida y, por tanto, se incurrió en una violación a los precedentes contenidos en las sentencias TC/0034/13 y TC/0011/14, dictadas el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) y el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), respectivamente, las cuales tratan el derecho al debido proceso y el derecho de defensa.

TC/0056/18, numeral 10, b–c, pág. 16 — PDF oficial

d. El derecho al debido proceso, este tribunal constitucional lo ha considerado del modo siguiente: “Este tribunal estima que el debido proceso previsto en el artículo 69 de la Constitución representa un conjunto de garantías mínimas que tiene como norte la preservación de las garantías que deben estar presente en todo proceso y que deben ser protegidas por todos los tribunales de la República” [Sentencia TC/0073/15, dictada el veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015)]. En tanto que, en lo referente al derecho de defensa, se ha adoptado el siguiente criterio: …podemos afirmar que uno de los pilares del derecho de defensa, es la posibilidad que tiene la persona de estar presente en todas las etapas del proceso judicial donde está en juego algún interés o derecho fundamental que le pertenece. La presencia de las partes en un proceso se garantiza, de manera principal, mediante la notificación a cada parte de la fecha, hora y lugar donde se discutirán los asuntos relativos al proceso” [Sentencia TC/0404/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014)].

e. La parte recurrida argumenta que la persona que hizo el retiro de la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, es funcionario de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, lo que explica que tal notificación se le realizó a la misma parte y no a sus abogados, como alega la recurrente. Sostiene que se cumplió con los artículos 42 y 46 de la Ley núm. 1494, de mil novecientos cuarenta y siete (1947).

TC/0056/18, numeral 10, d–e, pág. 17 — PDF oficial

f. En el expediente consta la certificación, del tres (3) de marzo de dos mil catorce (2014), expedida por la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, en la cual se expresa que mediante la misma se notifica la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo. En esa certificación figura dando acuse de recibo Dikinson Duvergé Tejeda, rubricando la misma con su nombre, su número de cédula de identidad y la fecha tres (3) de marzo de dos mil catorce (2014) escrito por su puño y letra, además de estampar su firma. También consta en el expediente, la relación de empleados de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, correspondiente al mes de abril de dos mil catorce (2014); en ella se lee que el señor Dikinson Duvergé Tejeda tiene la posición de asistente judicial de dicha entidad.

TC/0056/18, numeral 10, f, pág. 18 — PDF oficial

g. Lo explicado anteriormente confirma que el señor Dikinson Duvergé Tejeda, ciertamente retiró el tres (3) de marzo de dos mil catorce (2014), la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014), en la secretaría de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo; que el señor Duvergé Tejeda, al hacer dicho retiro, lo estaba haciendo en representación de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, entidad para la cual labora precisamente como asistente judicial. En cuanto al precedente invocado por la recurrente y presuntamente violado por el tribunal a quo, es decir, el contenido en la Sentencia TC/0034/13, dictada el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), relativo al mandato ad-litem de los abogados, el cual finaliza cuando se ha emitido fallo sobre el proceso para el cual fueron apoderados; es necesario señalar que ese precedente no aplica al presente caso, porque el señor Dikinson Duvergé Tejeda no era uno de los abogados que representaron a la parte recurrente, Oficina Nacional de la Defensa Publica, ante la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, sino que es un empleado de dicha institución, ya que las abogadas apoderadas fueron las Licdas. Maritza Ramírez y Migdalia Brown Isaac, según se comprueba con el escrito de defensa presentado el veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010) ante esa jurisdicción.

TC/0056/18, numeral 10, g, pág. 18 — PDF oficial

h. En cuanto a la alegada violación al precedente de la Sentencia TC/0034/13, dictada el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), presenta un perfil factico distinto al presente caso, porque en dicha sentencia la situación que se presenta trata de la notificación de una decisión en el domicilio de los abogados que habían llevado el proceso, obviando hacerla directamente a la parte, como manda la ley; pero en este caso quien recibe la notificación de la sentencia ante la secretaría del Tribunal Superior Administrativo es, precisamente, la misma parte, Oficina Nacional de la Defensa Publica, por intermedio de uno de sus empleados, facultado para tal gestión.

i. La parte recurrente insiste en alegar que la notificación de la sentencia que decidió el recurso contencioso-administrativo para que se tome como tal, debió hacerse mediante acto de alguacil y no por la entrega de la misma en la secretaría del Tribunal Superior Administrativo; sin embargo, en el ordinal quinto de la parte dispositiva de la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014), se dispuso lo siguiente: “QUINTO: ORDENA la comunicación de la presente sentencia, por secretaría, a la parte recurrente, DRA. LUISA TESTAMARK DE LA CRUZ, a la parte recurrida Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP). y a la Procuraduría General Administrativa”; siendo el fundamento legal de tal disposición el artículo 42 de la Ley núm. 1494, que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del dos (2) de agosto de mil novecientos cuarenta y siete (1947), en el cual se establece que “toda sentencia del Tribunal Superior Administrativo será notificada por el Secretario dentro de los cinco días de su pronunciamiento al Procurador General Administrativo y a la otra parte o partes”.

TC/0056/18, numeral 10, h–i, pág. 19 — PDF oficial

j. Queda demostrado que, tal como lo consideró la sentencia recurrida, la entrega de la Sentencia núm. 00064-2014, dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil catorce (2014), por parte de la Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo, al señor Dikinson Duvergé Tejeda, en su condición de empleado de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, constituye una notificación válida.

k. Por las razones antes expuestas establecemos que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al declarar inadmisible, por extemporáneo, el recurso de casación interpuesto por la ahora recurrente, porque se estableció que entre la fecha de la notificación de la sentencia recurrida en casación, el tres (3) de marzo de dos mil catorce (2014) y el veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014), fecha en que se interpuso dicho recurso, transcurrieron más de los treinta (30) días que el artículo 5 de la Ley núm. 3726, de Casación, del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), modificada por la Ley núm. 491-08, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil ocho (2008), prevé como plazo para interponer el referido recurso en materia contencioso-administrativa.

TC/0056/18, numeral 10, j–k, pág. 20 — PDF oficial

l. Por lo tanto, la Corte de Casación, al decidir como lo hizo en este proceso no incurrió en violación al derecho al debido proceso y al derecho de defensa de las partes ni a ningún otro derecho fundamental, así como tampoco se violan los precedentes contenidos en las sentencias TC/0034/13 y TC/0011/14, dictadas el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013) y el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), respectivamente. La decisión objeto de este recurso estuvo apegada a las disposiciones legalmente establecidas y, en casos como el que nos ocupa, en la Sentencia TC/0216/16, dictada el catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), se ha señalado lo siguiente: En ese mismo orden de ideas, a partir de la Sentencia TC/0057/12, del dos (2) de noviembre de dos mil doce (2012), el Tribunal Constitucional ha fijado el criterio de que cuando la Suprema Corte de Justicia emite una decisión apegada a lo dispuesto en una norma emitida por el legislador no se le puede imputar una actuación que tenga por consecuencia la violación de derechos fundamentales… Por tanto, procede rechazar el presente recurso revisión constitucional interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública contra la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; en consecuencia, procede confirmar dicha sentencia. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano y Rafael Díaz Filpo, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0056/18, numeral 10, l, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por la Oficina Nacional de la Defensa Pública contra la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por haber sido interpuesto de conformidad con la Ley núm. 137-11.

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 695, dictada el veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137- 11.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte recurrente, Oficina Nacional de la Defensa Pública, y a la parte recurrida, Licda. Luisa Testamark de la Cruz.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0056/18, del 22 de marzo de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0056-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.